La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) expresó su repudio a la intención de aprobación del proyecto de la Cámara de Representantes, (PC 139) que pretende facultar a los cuerpos de Policía Municipal, a ejecutar órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés).
La presentación del proyecto contraviene la política pública anunciada desde el 2021 por la Legislatura y la Fortaleza, los cuales han prometido impulsar ordenanzas y leyes pro inmigrantes. De hecho la hoy gobernadora Jenniffer González fue activa en reclamar el voto de la comunidad inmigrante en particular la dominicana, la cual ha sido el mayor blanco de las redadas de ICE.
“El P. de la C. 139 burla los compromisos de alcaldes, legisladores y del Ejecutivo de proteger a nuestra población migrante,” afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, en comunicado de prensa. El proyecto fue presentado por los representantes del PNP, Ángel Morey Noble y Swanny Vargas Laureano.
La ACLU denunció que la medida fue llevada a vistas públicas el pasado 5 de marzo, a la cual solo se notificó e invitó a cuerpos policiacos y alcaldes, excluyendo a la comunidad migrante, a defensores y expertos de derechos humanos y a la propia sociedad civil.
La directora ejecutiva de ACLU advirtió que autorizar a la policía — en particular a la municipal— a firmar convenios con agencias federales de seguridad para asumir las tareas que estas les deleguen es, en realidad, un paso directo para convertir a las fuerzas locales en instrumentos de ejecución de la ley migratoria.
“Delegar funciones migratorias a la policía municipal local fractura la confianza comunitaria, disminuye la denuncia de delitos y expone a los oficiales municipales a demandas por violaciones a derechos civiles para las que el Gobierno federal no responderá”, expresó.
Agregó que la medida atenta contra la seguridad pública debido a que si los agentes municipales visten un “segundo sombrero” de inmigración, las víctimas y testigos dejarán de reportar crímenes, lo que pone en riesgo a toda la población. Se desvían recursos locales ya escasos, incluyendo que Puerto Rico carece de oficiales suficientes para responder a emergencias propias. El proyecto obligaría a los municipios a destinar tiempo y presupuesto para hacer cumplir leyes federales que no les competen. Además de que la
Policía Municipal, incurrir en detenciones ilegales, ni ICE ni DHS cubrirán los daños, quien tendría que responder serian los municipios y, por ende, los contribuyentes.
La ACLU reclamó que se convoque a nuevas vistas públicas, con participación de organizaciones comunitarias, expertos en derechos civiles y la propia población migrante, que se desarrolle un protocolo insular de no colaboración con ICE , que refuerce la seguridad pública al asegurar que todos los residentes puedan acudir a la policía sin temor a deportación.
Por otra parte la ACLU de Puerto Rico se unió a una demanda de clase en el foro federal en
representación de más de 100 estudiantes en New Hampshire, Massachusetts, Maine, Rhode Island y Puerto Rico, a quienes su estatus migratorio de estudiantes F-1 les fue cancelado de manera abrupta e ilegal, sin que se especificara la razón. La demanda solicita a la corte que restituya su estatus F-1, lo que no les permitiría continuar sus estudios.
Se denunció que las cancelaciones por parte del DHS han estado ocurriendo al menos desde el 1 de marzo de 2025 y han afectado a cientos, si no a miles, de estudiantes internacionales en Estados Unidos y sus territorios. La revista Inside Higher Ed estima que, hasta el 17 de abril de 2025, más de 210 universidades e instituciones han identificado a más de 1,400 estudiantes internacionales y recién graduados cuyo estatus legal ha sido modificados. Esto incluye a 112 estudiantes en New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island y Puerto Rico.
