CLARIDAD
La organización Planifiquemos, que promueve una mayor injerencia y un mejor uso de la profesión en el desarrollo del país, señaló que la Ley 102-2025, Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico, tiene dimensiones que van desde desvalorización de las licencias locales, la erosión de la rendición de cuentas, y representa un déficit democrático.
La ley, aprobada a inicios de agosto por la gobernadora Jenniffer González Colón, da paso a que profesionales con licencias emitidas en cualquier estado de Estados Unidos puedan ejercer en Puerto Rico sin necesidad de pasar por el proceso local de certificación. Además, permite la emisión de licencias temporeras para que los profesionales interesados puedan comenzar a ejercer mientras completen los trámites administrativos correspondientes que serían establecidos por las Juntas Administradoras adscritas al Departamento de Estado.
Esta ley es tan amplia que abarca desde asistentes de farmacia, barberos, arquitectos, arquitectos paisajistas, consejeros profesionales, cosmetólogos, dentistas, contadores públicos autorizados, electricistas, enfermeros, mecánicos, trabajadores sociales y agrónomos. En fin, prácticamente todas las profesiones y oficios. La excepción: los abogados. La mayoría de los gremios que agrupan a estas profesiones y oficios se expresaron en contra de esa ley.
Según el gobierno, la liberación en el reconocimiento de las licencias profesionales facilitará el desarrollo económico, agilizará la entrada de talento cualificado y servirá como un mecanismo para atraer a la diáspora boricua de regreso al país.
En el caso especٕífico de la planificación, el director ejecutivo de Planifiquemos, David Carrasquillo Medrano, en un análisis de la medida compartido con este medio, señaló que la Ley 160- 199, que reglamenta la profesión de la planificación en Puerto Rico, establece criterios rigurosos para proteger el interés público: grado académico a nivel de maestría, la aprobación de una reválida y adhesión a un código de ética específico. En el caso de la ley aprobada, esta no contempla salvaguardas robustas para garantizar que los profesionales con licencias externas conozcan la realidad local, el idioma, las normas éticas y las responsabilidades que su práctica implica para la ciudadanía puertorriqueña. Lo comparó con en el estado de Nueva Jersey, donde se permite practicar la planificación con un grado de bachillerato y experiencia práctica.
“Al abrir la puerta para que profesionales externos ejerzan sin demostrar conocimiento del contexto puertorriqueño, la Ley 102-2025 vacía de contenido este marco de protección y expone a la sociedad a riesgos concretos”, apuntó Carrasquillo Medrano.
Al respecto, Carrasquillo Medrano advirtió sobre proyectos que ignoren el Plan de Uso de Terrenos (PUT) o las regulaciones ambientales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), también sobre recomendaciones urbanas o territoriales desalineadas de la realidad social y cultural de las comunidades y sobre una mayor vulnerabilidad ante la gentrificación y el desplazamiento, al favorecer la ejecución de proyectos orientados al capital externo sin mediación local.
La organización Planifiquemos, rebate la premisa del gobierno de que facilitar la entrada de profesionales de Estados Unidos impulsará el desarrollo económico. De acuerdo con esa organización, no existe evidencia empírica de que la supuesta “escasez” de profesionales licenciados sea un obstáculo real para el desarrollo económico. Denunció que por el contrario, los retos principales para la inversión y la ejecución de proyectos en Puerto Rico radican en la burocracia administrativa, la falta de coordinación entre las agencias, la inestabilidad política y las limitaciones de financiamiento.
El director ejecutivo de Planifiquemos indicó que reconocer de manera automática licencias profesionales emitidas en otras jurisdicciones de EE. UU. refuerza la lógica colonial que equipara la validez profesional externa con la local, sin exigir reciprocidad ni adaptación al contexto puertorriqueño. El facilitar la entrada de profesionales externos sin mecanismos de integración local lo que puede provocar es el desplazamiento del talento residente y debilitar la capacidad profesional interna en lugar de fortalecerla.
A su juicio, la ley tampoco aborda la desigualdad, sino que, por el contrario, lo que hace es exacerbarla. En concreto, la liberación de las licencias podría facilitar la ejecución de proyectos orientados al mercado turístico, la inversión inmobilaria y la especulación de terrenos, todas actividades que históricamente han contribuido a la gentrificación y al desplazamiento, mientras no garantiza que los profesionales externos aporten a la planificación inclusiva o al fortalecimiento comunitario, denunció Planifiquemos.
