CLARIDAD
Como dice el merengue…’tropecé de nuevo con la misma piedra… El gobierno de Puerto Rico, en esta ocasión, la administración de Jenniffer González Colón, su Zar de la Energía ingeniero, Josué Colón, anunció que el gobierno ya tiene suficiente documentación para iniciar el proceso de cancelación del contrato de Luma Energy (LE), compañía encargada de la transmisión y distribución (T&D) de la energía eléctrica.
Las declaraciones de Colón se dieron – a inicios de esta semana- en vistas públicas de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que investiga el desempeño de LE. Estas serían las segundas vistas públicas sobre LE en el recién pasado cuatrienio, el ahora ex legislador independiente Luis Raúl Torres también llevó a cabo unas vistas públicas, las cuales revelaron aspectos cuestionables de la operación de LE.
De si en efecto la administración de González Colón, del Partido Nuevo Progresista (PNP), cancela el contrato de LE sería la segunda ocasión en que una administración del PNP privatiza un servicio esencial para luego tener que cancelar el contrato. El primero fue el contrato de privatización de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado (AAA), en el 1995, bajo la administración del entonces gobernador Pedro Rosselló, a la empresa francesa Ondeo. El contrato por diez años fue cancelado 18 meses más tarde por la administración de la entonces gobernadora del Partido Popular Democrático (PPD) Sila María Calderón. La privatización de la T&D de la AEE se produjo en el 2020 bajo la administración nuevamente del PNP, Legislatura y Gobernación, esta vez con Ricardo Rosselló Nevares, hijo del gobernador Rosselló.
En entrevista con este medio sobre la posibilidad de la cancelación del contrato, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, apuntó que no sólo el dictamen sobre el incumplimiento y la ilegalidad del contrato de LE, que llevó a cabo una comisión del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), sino desde que se analizó cuando salió a la luz pública se evidenció de inmediato que el contrato de LE era uno leonino. Eso implica que todo es a favor de Luma y nada a favor de la AEE, el pueblo de Puerto Rico.
El ya experto en el tema de la AEE, que presidió la comisión especial del CAPR que realizó el estudio sobre los contratos de Luma y Genera PR, que fue presentado en octubre del 2024, reiteró que desde el inicio en que se dio a conocer el contrato se anticipó que este iba a permitir que “Luma hiciera y deshiciera sin ningún tipo de fiscalización y control que es en parte lo que nos ha llevado a que el sistema eléctrico esté ahora peor de lo que estaba cuando se les entregó el sistema”.
Añadió que las consecuencias del lenguaje en el contrato tan favorable a Luma es lo que se ve todo el tiempo, el malgasto de los fondos federales que Luma reparte en contratos que benefician a sus compañías matrices y afiliadas, que los costos son más altos, además de que en el contrato hay una serie de elementos que hacen que se incentive la ineficiencia de Luma.
Emmanuelli Jiménez, dijo creer que si el director ejecutivo de la AEE y de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) a estas alturas está diciendo que antes de fin de año va a cancelar el contrato, es que tiene más que evidencia. “Esa evidencia se ha presentado en el Negociado de Energía, ha estado en las investigaciones que se han hecho en la Legislatura, en el informe que se hizo por parte del Colegio de Abogados, creo que si él hizo esas afirmaciones él está ya seguro de que el contrato hay que cancelarlo”.
No obstante señaló la preocupación de que la cancelación no sea para volver a un privatizador porque esa es la esencia del problema por lo que volver a la privatización sería un error mayúsculo. En ese contexto dijo que lo que hace falta es cambiar la ley de la AEE para democratizarla, que tenga representación de todos los sectores, que no esté dominada por funcionarios de gobierno, que sea una junta que tenga profesionales de energía eléctrica y otros campos que puedan aportar conocimiento y que gobierne para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y no una privatizadora la cual trabaja para el beneficio de sus accionistas.
En ese aspecto sobre la posibilidad de que la gobernadora argumente el que si no se privatiza se pierden fondos federales, Emmanuelli Jiménez, desmintió que ese argumento como falso y que de hecho la razón por la cual la AEE no se pudo vender-lo cual era en su origen la intención del gobierno- es porque de venderla entonces sí que se perderían los fondos federales.
En tanto el licenciado -en entrevista por separado- Luis Ricardo Santini Gaudier, ex miembro de la Junta de Directores de la AEE como representante de los consumidores y quien participó del estudio del CAPR, dijo creer que “al fin algún gobierno está tomando acción sobre lo que debió tomarse hace tiempo atrás, es evidente que Luma no ha cumplido con sus responsabilidad ha sido súper negligente en la ejecución, estuvo más de un año para tratar de entender cuál era la situación real del sistema y parece que los $160 millones que se le pagaron para ello fueron desperdiciados porque ese estudiante llamado Luma luego de ese pago no pudo entender el sistema de Puerto Rico”.
Desde el punto de vista legal Santini Gaudier expuso que hay dos opciones, cancelar el contrato o rescindir el contrato. De su parte apuntó que siempre ha creído en prescindir el contrato debido a que el contrato fue otorgado a una entidad jurídica que no existía al momento en que se le otorgó y no sólo no existía, sino que no participó en el proceso de la licitación de la subasta, lo que calificó de una irregularidad mayúscula. Incluso comentó que en el informe del CAPR su opinión fue una disidente a la cancelación. En el caso de rescindir el contrato conlleva que Luma tenga que devolver las prestaciones, es decir devolver todo el dinero que ha cobrado. Según declaraciones del propio Josué Colón a Luma se le han pagado $320 millones.
Santini Gaudier, también advirtió que no se debe volver a la privatización. Dio crédito de que el presente gobierno cuenta con un llamado Zar de Energía que “ha demostrado que tiene conocimiento amplio y que no sólo tiene el conocimiento, sino que administró la totalidad del sistema. Creo que lo razonable en este momento es que se vuelva a manos públicas como ya sucedió con Ondeo, cuando fue cancelado el contrato y Acueducto fue otra vez devuelto a una entidad pública a la AAA, y hasta el día de hoy cerca de 20 años permanece bajo esa administración y ha sido efectiva”.
El documental de Luma
Por otra parte llama la atención que LE en un acto de publicidad contrató varios canales de televisión para presentar un alegado documental sobre la AEE. Esta presentación se dio tan solo a unos tres días antes de las declaraciones del director de la AEE.
A preguntas de CLARIDAD sobre su apreciación del documental, el presidente interino de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, reconoció que no se podía negar que hubo intervención política partidista en la AEE como presentó el documental, pero que siempre la campaña fue contra la UTIER. Agregó que es contradictorio que el documental atribuya la situación de la AEE a malas decisiones y a políticos que han gobernado y después tratan por los pelos de traer al sindicato como responsable, cuando también Luma atribuye que los responsables eran los políticos.
“El documental es una acción de relaciones públicas y propaganda que demuestra desesperación, de Luma frente a lo que ya es mas que necesario y evidente la salida de ellos”. Denunció que el documental carece de información importante para el pueblo tales como, por qué cuesta tanto la operación de Luma, por qué si se comprometieron en hacer un trabajo no han podido lograrlo.
En cuanto a la coincidencia de la presentación del documental y el anuncio de las intenciones de cancelar el contrato, afirmó que Luma sabe que hay una decisión tomada y que se está discutiendo. Señaló que, últimamente diferentes portavoces del partido de gobierno han cambiado su ataque visceral contra el sindicato y han tornado su narrativa de que ya es insostenible mantener a Luma.
“Eso llama mucho la atención, ver portavoces que tres años atrás eran todo lo contrario ahora venir a cambiar su narrativa creo que desde el miércoles santo para acá ha habido posibles señales”. Dio de ejemplo el que la Gobernadora hizo la conferencia sobre el apagón de Luma en las oficinas de la AEE lo que a su parecer esos pequeños detalles que antes no se daban pueden dar señales de que dentro de la consideración de la cancelación del contrato también está la consideración de volver al modelo público.
Apuntó que un detalle bien importante es que la Gobernadora ganó las primarias de su partido y las elecciones con la promesa de campaña de que iba a cancelar el contrato de Luma, por lo que ella y su equipo de trabajo saben que esto es determinante.
Mientras para Emmanuelli Jiménez, el documental además de ser un acto de publicidad sugiere que Luma se había estado anticipando al anuncio de cancelación. Dio como ejemplo el que la carta que escribió Josué Colón, hace unas semanas que tiene más de 600 páginas de señalamientos acentúa que están preparando un rompimiento de contrato. Aunque observó que un documental no se prepara de la noche a la mañana ambas líneas de acción tenían que estar corriendo de manera paralela.
Por su parte la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada Adriana Gutiérrez Colón, la cual a preguntas suyas en la vista pública el director de la AEE reveló sobre los planes del gobierno, expresó en comunicado de prensa que desde el PIP reclaman el regreso del servicio eléctrico a manos del pueblo de Puerto Rico. “Creemos firmemente en que el acceso a la electricidad es un derecho humano fundamental y un servicio esencial en la vida de los y las puertorriqueñas”.
Repetir el mismo proceso de contratación de Luma Energy (que como recordarán se aprobó en menos de una hora, en cuartos oscuros y mediante un trámite legislativo pusilánime y extremadamente deficiente) no puede ser una opción. El país los está velando”.
