Especial para CLARIDAD
¿Quién hubiera pensado que en abril, después de finalizar el período de entrega de las planillas, con el canto victorioso a los cuatro vientos de haber ampliado la base contributiva, aumentando significativamente lo recaudado, que el mismo flamante Secretario de Hacienda iría a fines de junio a una estación de radio a denunciar la existencia de una mafia institucionalizada en el Departamento de Hacienda? Era innegable que algo extraño sucedía. En medio de la discusión del presupuesto, en un ambiente polémico entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal, Raúl Maldonado, el hombre de los tres sombreros, había desaparecido. El ambiente noticioso parecía estallar. ¿Quién pensó que el hombre estrella del gobierno, el portador de las canas, había estado colaborando con el FBI?
Por un lado, una denuncia como la de Raúl Maldonado fue una sorpresa, pero por otro lado, no lo fue. En diferentes agencias del gobierno ya el tema de la corrupción había adquirido la dimensión de una epidemia. Se habían hecho arrestos en la legislatura al calor de empleados fantasmas y en el Departamento de Educación se habló del despilfarro de más de $900 millones de fondos federales. En diferentes agencias salió a relucir un semillero de cabilderos y contratistas con la pezuña metida en contratos millonarios. El nombre de Elías Sánchez sonó desde Nueva York como un astro del cabilderismo desmedido. Había dejado una estela inconfundible en múltiples oficinas del gobierno. También en el Departamento de Salud había rumores de cabilderos y contratos con el letrero de investigación encendido. Pero, ¿cómo olvidarlo? El mismo Departamento de Hacienda había estado bajo la lupa de la prensa. La renuncia de la Secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, el 25 de enero y del sub-secretario, Juan Carlos Puig, levantaron el polvorín de la sospecha. Se conocieron los contratos de Virtus, Integrity, Optima Consulting y OGP Technology, además de los subcontratos del hijo de Maldonado. Antes de irse, Teresita Fuentes manifestó sus preocupaciones al Gobernador y a la Secretaria de Justicia. A pesar de todo, Ricardo Rosselló le dio un espaldarazo a su Principal Oficial Financiero.
Después de la denuncia de Maldonado y después de las declaraciones agresivas de su hijo señalando como corrupto al gobernador, las cosas se han ido complicando. Se ha revelado con mayor claridad y evidencia, la madeja de cabilderos y contratistas en Hacienda, en Educación y en Salud. Vale la pena destacar, claro que sí, qué significa esta proliferación y dónde ocurre. Ocurre nada menos que en el lugar donde se recauda el dinero y desde donde se distribuye para atender el funcionamiento del gobierno. También ocurre donde se hacen las leyes y se aprueban los presupuestos. Pero sobre todo, donde se organiza el trabajo de educar a los niños y niñas de nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, y en la institución que debe velar y atender por la salud de nuestro pueblo. Además, no podemos olvidar que otro escándalo de miles de millones salió a relucir en la AEE, precisamente en el proceso de establecer la calidad del petróleo que durante años ha comprado esta agencia. Si observamos con cuidado, estos escándalos de corrupción ocurren en las agencias que ofrecen servicios esenciales a la población: educación, salud y electricidad.
Ahora podemos entender el escándalo mayor: la negación del gobierno y de la Junta de Control Fiscal ante la urgencia de definir los servicios esenciales, como dispone la Ley PROMESA. Lo que pone sobre la mesa el escándalo del cabilderismo inescrupuloso y el festival de contratos en las agencias del gobierno, es la poderosa razón del gobierno y de la Junta de Control Fiscal para no hacer dos cosas fundamentales ante el problema de la deuda y de la crisis fiscal: definir los servicios esenciales y exigir una auditoría rigurosa de la deuda. Destaco este aspecto del problema porque la “mafia institucionalizada” de que habló Maldonado, o la “red de corrupción” que ha mencionado Douglass Leff, no se reduce al gobierno: incluye también a la Junta de Control Fiscal. Allí esta sentado, entre otros personajes del mundo financiero, nada menos que Carlos García, director del Banco Gubernamental de Fomento durante el gobierno de Luis Fortuño. Una auditoría de la deuda lo pondría, sin duda, en una posición difícil.
No es una casualidad que poco antes de la denuncia de Maldonado saliera a relucir una figura clave: Alberto Velázquez Piñol, íntimo amigo de Luis Fortuño, quien comenzó su brillante carrera de contratos con el gobierno de Pedro Rosselló. Fue entonces director ejecutivo de administración y finanzas en la Compañía de Turismo, entonces dirigida por Fortuño. Luego, bajo su gobierno, ocupó cargos destacados: administrador del Departamento de Educación y director, al mismo tiempo, de la oficina de Nueva York del Banco Gubernamental de Fomento. En 2011 tuvo una importante encomienda: dirigió el equipo encargado de monitorear las finanzas de ASES, entonces colocada en sindicatura bajo el BGF. Así se explica la presencia notable de este personaje en diferentes agencias y que se convirtiera en contratista de BDO, la firma que tiene más de $50 millones en contratos con el gobierno desde 2017: $22.2 millones en Hacienda, $15.8 en Educación, $5.8 en AEE, $4.6 en ASES y $2.2 en Aafaf, además de otros contratos, incluyendo la UPR.
Cuando se dieron los arrestos en el Capitolio, incluyendo al director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz, también presidente de la Legislatura Municipal de Bayamón, la cabeza de la fiscalía federal en la corte de San Juan dijo lo siguiente sobre este caso de empleados fantasmas: “Creo que todos sabemos que ha sido así por muchos años y es momento de decir basta ya”. ¿Dónde estuvo Rosa Emilia Rodríguez durante esos años? ¿Qué hizo el FBI? ¿Encubrieron esa corrupción tan conocida? Si entonces la jefa de fiscalía federal y el FBI se hacían de la vista larga, ¿qué ha cambiado ahora con la agresividad expresada por Douglass Leff contra “la red de corrupción”? Se trata de una pregunta que nos obliga a estar atentos. En este cuatrienio el PNP, como promesa de campaña, aseguró conseguir la estadidad para la isla. La verdad es que no han cesado la retórica estadista, pero después del huracán María, más que la estadidad, les hace la boca agua los miles de millones esperados en ayuda federal.
Pero en ese contexto de espera por los fondos, con los colmillos afilados de cabilderos y contratistas, el Presidente Trump ha acusado al gobierno de corrupto y figuras principales del liderato del Senado, como Mitch McConnell, se han manifestado contra la estadidad. Queda, por tanto, en el aire la siguiente pregunta: ¿la agresividad del FBI contra la red de corrupción, encubre un solapado ataque al PNP? No cabe duda que algo se ha transformado en el ambiente político local. Lo que ayer era impunidad, hoy está bajo fuego. Si alguien duda, pregúntese por qué en julio sale a relucir una grabación de Ricardo Llerandi, Secretario de la Gobernación, de una reunión que se dio el 28 de enero, para recoger fondos de campaña entre jefes de agencia y contratistas. Cuando un tramposo siente el foco de la investigación sobre su nuca, habla para salvarse. El acecho del FBI ha creado incertidumbre en “la red de corrupción” y fuera de ella. Ahora hablan unos para cuidar su pellejo, otros para desquitarse. Por eso Anthony Maceira no se arrepiente de haber dicho que volarían cabezas ante la infidelidad. El hombre fiel al gobernador no se avergüenza del intento de convertirse en el administrador del silencio ante la corrupción.
