Especial para CLARIDAD
Como un revés para la institución, la Junta de Control Fiscal trastocó, nuevamente, las arcas del primer centro docente del país.
En las pasadas semanas, la Junta de Control Fiscal (JCF) determinó que, para el año académico 2024-2025, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) contará con $102 millones menos de la aportación del Gobierno central, un recorte que le haría caer en una posible inoperancia, de acuerdo con la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras, Fabiola del Valle Marrero.
En entrevista con CLARIDAD, la representante estudiantil explicó que la UPR necesita $480 millones anuales para operar de forma mínima, $20 millones por debajo del presupuesto que le asigna la Ley 53 de 2021, mejor conocida como la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico.
“¿Qué pasa? Nos asignan $500 millones. Uno pensaría que está bien. Está dentro de lo que necesita la universidad; pero de esos $500 millones, 59 son [para] resoluciones conjuntas que no se pueden usar para operar”, elaboró Del Valle Marrero.
Esta partida del fondo, según evidencian los presupuestos de pasados años, se separa para distintas becas, cumplimientos de órdenes ejecutivas, salarios, gastos de funcionamiento y servicios, entre otras inversiones que conforman el total de $59 millones. Por ejemplo, el gasto de resoluciones conjuntas separó, en el año académico 2021-2022, $855,000 para el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP, en inglés), un servicio que facilita la accesibilidad, adquisición e implementación de soluciones de asistencia tecnológica para personas con discapacidad de todas las edades.
Con esta reducción, el presupuesto de la UPR quedaría por debajo de los $480 millones mínimamente requeridos para su operación, en $441 millones.
“Hay que subsanar esa cantidad, así que en el 2022, la primera vez que entraba en vigor la ley, la universidad pidió $40 millones adicionales para poder subsanar. Se le dieron, pero iba atado a que la universidad cumpliera con unos requisitos que ponía la Junta de Control Fiscal”, aseguró la presidenta del CGE.
El ente federal, agregó Del Valle, impuso los mismos requisitos al año siguiente, cuando la UPR solicitó $102 millones adicionales para mejoras a los recintos; pero con la nueva condición de que, para subsanar las resoluciones conjuntas, la institución debe usar esa misma partida de fondos. Un recorte para las mejoras, denunció la representante estudiantil.
“Para este año, la carta que envió el presidente de la Junta de Gobierno (JG) [Ricardo Dalmau] lo que dice, básicamente, son las proyecciones que hay para lo que le van a asignar a la universidad, que son los $500 millones ‘flat’. No hay ninguna suma aparte de los $40 millones que se necesitan”, mencionó Del Valle respecto al presupuesto del año académico siguiente.
El pasado 13 de mayo, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara de 2002, que precisamente trata esta disparidad de fondos. En la pieza, que pretende enmendar la Ley 53 de 2021, se aclara que los $500 millones asignados a la UPR son exclusivamente para usos operacionales.
“Aparte de eso, se busca que se asignen $102 millones anuales para mejoras de los recintos. Básicamente, que la universidad pueda obtener $602 millones en su presupuesto […] esto es para que podamos, recurrentemente, tener el dinero que nos hace falta, y no ocurre esta situación todos los años”, aseveró Del Valle.
Comunidad universitaria responsabiliza a la Junta de Gobierno
A pesar de los aprietos financieros que en gran parte la UPR enfrenta por las condiciones de la JCF, tanto la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) como la Junta de Retiro de la UPR coincidieron en que la Junta de Gobierno del sistema universitario ha respondido “tardíamente” a la situación.
“En vez de repudiar los recortes y luchar por que se le devuelva la asignación constitucional que en ley nos pertenece, se conforma con mendigar migajas a la Junta de Control Fiscal, esa que secuestró el futuro de la Universidad y del país. Esta actitud no solo es indigna, sino también peligrosa y criminal”, opinó el presidente de la HEEND, Carlos de León.
Además, el presidente de la HEEND aseguró que Ricardo Dalmau, presidente de la JG, “entregó su obligación de proteger y defender nuestra institución” por reaccionar tarde a las amenazas detrás de los recortes, que abundan en el bolsillo de la UPR desde la llegada de la JCF. “El comunicado de la Junta de Gobierno mendigando granos de sal resulta ser una defensa tímida, cobarde y tardía” reza el comunicado.
También, la colectividad reclamó “un Plan Fiscal ajustado a las necesidades universitarias; que acabe la atrición en los puestos no docentes; que garantice un Plan de Clasificación y Retribución que le haga justicia salarial a la clase obrera universitaria; que proteja el Plan Médico Único; que deje de atacar a nuestro Sistema de Retiro, el cual está mucho mejor en nuestras manos que cuando estaba en la de ellos” y la aprobación del Convenio Colectivo 2024-2027.
Por su parte, la Junta de Retiro de la UPR recalcó cómo, por años, distintas organizaciones universitarias han consultado con peritos y advertido sobre los diversos recortes y su efecto en la comunidad universitaria.
«Estas personas tienen una obligación de ley que están queriendo rehuir y su comportamiento es reincidente en menoscabar el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, al igual que lo hacen con la Universidad. Precisamente por eso, desde el inicio de este año, han recibido decisiones de magistrados federales y estatales que cuestionan el proceder de la administración universitaria, las cuales han sido también guiadas por AFAAF como ente de gobierno”, acusó el cuerpo creado en 1973.
Las expresiones de la Junta de Retiro se amparan en la Ley de Asignación a la Universidad de Puerto Rico, que garantiza un presupuesto estable para el sistema universitario. “Todo su proceder [de la Junta de Gobierno] ha sido en detrimento de la institución y ha propiciado esta quiebra silente de la universidad de la cual ellos son responsables”.
Ambas colectividades instaron a la comunidad universitaria a que reclame su derecho a un presupuesto digno, que no responda a las exigencias de la Junta de Control Fiscal que, desde 2016, desaliña las finanzas de la institución.
