Especial para CLARIDAD
Desde el comienzo de la segunda administración presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, se observa un ambiente de incredulidad ante cada nueva y barbárica acción ejecutiva que dispone el fanfarrón y abusivo ocupante de la Casa Blanca. El compañero abogado Francisco Concepción le ha llamado “El hombre del Sharpie”, para no nombrarlo y por la cantidad de órdenes ejecutivas que con tal instrumento ha firmado pletórico de orgullo, llevándose por el medio disposiciones constitucionales y precedentes judiciales. Desde las deportaciones migratorias hasta la imposición de aranceles impensables que han desbalanceado los mercados, incluso los de su país, pasando por el decreto de la eliminación de la orientación sexual y la identidad de género para borrar de un plumazo la aceptación de las diversidades y de la inclusión; el presidente número 47 de la nación que, sin razón, ha pretendido ser guardián de la democracia universal, se ha convertido en el terror del Mundo.
Suele decirse que lo que se considera catarro en la metrópoli aquí en la colonia es una pulmonía, pero en esta ocasión se trata de una virulenta enfermedad que afectará de forma contundente al pueblo estadounidense, al nuestro, sin duda alguna, pero también tendrá repercusiones internacionales.
Miles de personas empleadas en el gobierno federal han sido despedidas, personal de las agencias de aquí que trabajan en programas que funcionan con asignaciones de dinero de Estados Unidos también lo han sido o están en proceso de recibir las notificaciones. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales (ONGs), que les ofrecen servicios a las mujeres y a la niñez sobrevivientes de violencias, a la comunidad LGBTTQ+, a personas que son discriminadas por raza, estatus migratorio, diversidad funcional y otras condiciones, enfrentan la probable pérdida de fondos de propuestas relacionadas con los criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI), los cuales han sido declarados pecados capitales por el Trumpismo.
Mientras tanto, aquí en Puerto Rico, la mayoría legislativa comandada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha presentado múltiples proyectos, algunos de ellos en complicidad con Joan Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad. Compiten entre sí para ocupar el primer puesto en las políticas conservadoras de derecha. También ha sido apoyado en algunas medidas por la escasa minoría del Partido Popular Democrático (PPD). Primero aprobaron el P. del S. 495 que, so color de prevenir las agresiones sexuales en menores de 15 años, requiere la autorización de una de las personas con patria potestad para la terminación de un embarazo. Sin embargo, no muestran el mismo interés cuando se trata de jóvenes con las mismas edades que llevan a término el embarazo, aunque también podría existir la duda en cuanto a si se trata del resultado de una agresión sexual. No existe en nuestro país un problema de abortos en jóvenes de las edades señaladas y así surge de las estadísticas del Departamento de Salud, pero lo importante para los traga aldabas de la derecha es recortar derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Las otras dos medidas recientemente aprobadas en el Senado, que atentan contra los derechos de sectores vulnerados, son el de la mal llamada de libertad religiosa (P. del S. 1) y el 350 que prohíbe los tratamientos hormonales y las cirugías de afirmación de género en menores de 21 años. El primero es innecesario por demás pues existen garantías constitucionales en Puerto Rico sobre el particular. Sin embargo, la semilla del discrimen en el proyecto reside en que le permite a una persona que provee servicios negárselos a otra, escudándose en sus creencias religiosas; por ejemplo, a una persona Trans, con las consecuencias negativas para la vida que ello podría implicar en casos de salud, de educación, entre otros. Esta misma medida ofrece protecciones adicionales a las familias que se niegan a vacunar a sus crías por razones religiosas. El otro proyecto relacionado con la afirmación de género fue llevado a votación por descargue; es decir, sin aviso y sin discusión en el hemiciclo. La medida obstruye los derechos de jóvenes de la comunidad LGBTTQ+ cuya identidad sexual no coincide con su sexo biológico, a recibir los tratamientos que atiendan sus necesidades, aunque cuenten con el apoyo y autorización de sus familias. Contradictoriamente, para el tema de las vacunas los promotores de esta legislación restrictiva exigen a ultranza los derechos de las personas encargadas de las crías a decidir sobre su bienestar, pero para el derecho a la intimidad, la afirmación de la diversidad y la inclusión relacionada con sus hijas e hijos, opera de forma contraria. Su propósito no es el bienestar de la niñez y de la juventud, sino satisfacer su fanatismo ideológico, profundamente patriarcal.
La gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado utilizan una aplanadora análoga a la que utiliza Trump para impulsar sus posiciones y lo hacen con gran destreza. A veces están de acuerdo y otras pulsean entre sí. Así, confirmaron al Secretario de Recursos Naturales, a pesar de sus resbalones éticos y muestras de incompetencia y al Secretario de Salud, no empecé las contundentes investigaciones periodísticas sobre sus cuestionables actuaciones como presidente del Colegio de Médicos. Es la misma falta de democracia y transparencia con la que también confirmaron a Astrid Piñeiro Vázquez como Procuradora de las Mujeres, sin vistas públicas y sin consultar a las organizaciones de mujeres, en violación a la Ley orgánica de la Procuraduría. Después de tanto forcejeo partidista entre el presidente del Senado y la gobernadora Jenniffer González, ésta nominó a una persona cuyo nombre no tiene eco entre las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y cuyas capacidades para el puesto ni siquiera fueron demostradas, ante la falta de una vista pública. Quién sabe cuál fue la negociación entre Fortaleza y el Senado que llevaron a Piñeiro a la OPM y a Madeline Bermúdez, la eterna procuradora interina, a la Judicatura, luego de haber aspirado tantos años a ocupar el puesto en propiedad.
No es exagerada la preocupación, la ansiedad y el temor que sentimos en estos momentos los sectores que defendemos los derechos humanos en su más amplia diversidad, de que ocurran retrocesos en caminos andados y reivindicaciones alcanzadas a lo largo de esforzadas luchas y largos años. El que ataca desde el imperio y sin balance alguno pues tiene todo el aparato de estado consigo (presidencia, congreso, la más alta judicatura y una victoria amplia en las urnas), cuenta con un poder casi ilimitado. Todavía no se han levantado de forma contundente los sectores progresistas del pueblo norteamericano, que sin duda los hay, para enfrentar sus políticas. En nuestra Patria sumamos circunstancias similares en el gobierno que administra la colonia: triunfo arrollador del PNP y del sector republicano (la ultra derecha), la arrogancia y el “no me importa” en La Fortaleza; el autoritarismo en la Legislatura y el partidismo poco disimulado en la judicatura. Además, lo que ocurre en Estados Unidos les envalentona
Pero, es en circunstancias como las que vivimos que debemos crecernos en voluntad, resistencia, unidad, solidaridad y creatividad en las estrategias de lucha, para no dar ni un paso atrás. Aplica igual para las mujeres, para la comunidad LGBTTQ+ y la erradicación de todo tipo de discrimen; para la defensa del ambiente y por supuesto, para la lucha por la liberación nacional; para afirmar nuestra cultura y para evitar que las personas en más desventaja económica queden solos en la pobreza, en la falta de vivienda, de alimentación.
Nos viene bien repetir como un mantra para hacerlo realidad, la afirmación de nuestra querida María Dolores “Tati” Fernós, “SOLO PIERDE QUIEN NO LUCHA”.
