No importa su ruta, ya sea cruzando el centro de la, isla o sus costas, la existencia de un gasoducto representa una amenaza para Puerto Rico por su condición de altamente volátil y nos aleja de la meta de la transición a energía renovable.
Nuevamente, un gobierno del Partido Nuevo Progresista anunció en días recientes la intención de construir un gasoducto entre las centrales de San Juan y Palo Seco. La organización de justicia climática, El Puente Puerto Rico, denunció en comunicado de Prensa que el propuesto gasoducto representa una seria amenaza para la seguridad, la salud y el bienestar de las comunidades de Cataño, Toa Baja, Guaynabo y San Juan, municipios que ya cargan con los impactos acumulados de la infraestructura energética basada en combustibles fósiles.
Según la información divulgada, el proyecto impulsado con el aval del Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico busca expandir el uso del llamado gas natural —principalmente gas metano— mediante nueva infraestructura que atravesaría zonas densamente pobladas. El Puente denunció que esta propuesta ignora los riesgos reales que conllevan el transporte y manejo de este combustible fósil en contextos urbanos y comunitarios.
“El gas metano no es una alternativa limpia ni segura. Es un combustible fósil altamente volátil que ha provocado explosiones, incendios, evacuaciones forzadas y pérdidas humanas en comunidades alrededor del mundo. Pretender ignorar este riesgo es irresponsable”, denunció Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente.
Las comunidades que se verían impactadas por el gasoducto ya enfrentan múltiples cargas ambientales, incluido contaminación industrial, cercanía a plantas generatrices, tráfico pesado, emisiones tóxicas y una infraestructura energética obsoleta. En lugar de aliviar estas condiciones que afectan la calidad de vida de estas comunidades, incluso riesgos a su salud, el proyecto del gasoducto profundiza la dependencia en un modelo energético que prioriza las ganancias de las compañías multinacionales de combustibles fósiles sobre la vida y la seguridad de las personas.
“Como residente de Cataño, me pregunto si solo importa el gas y las aparentes ganancias de unos pocos o si la seguridad de los residentes de Cataño, Guaynabo, San Juan y Toa Baja les importa”, denunció la hermana Lissie Avilés, de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz y residente de Cataño
“El aumentar el uso de un combustible fósil como es el gas metano es aumentar la peligrosidad de la zona. ¿Quién pone la vida o el cuerpo? No son los empresarios y funcionarios del gobierno, somos nosotros el pueblo. New Fortress no ha presentado a la ciudadanía su plan de desalojo en caso de emergencia y ahora Genera y el Gobierno federal quieren hacer un nuevo tubo. No hay seguridad, solo buscan puro beneficio económico y no el bien del pueblo. La excusa es que es para combatir la crisis energética; pero cuando se va la luz, la generadora de energía a gas metano no funciona. No es para el bien de la ciudadanía, es excusa para seguir lucrándose y hacernos esclavos del gas”, denunció la Hermana Avilés.
El licenciado Pedro Saadé, por su parte, señaló que este proyecto dará mayor control monopolístico a New Fortress, siendo esta una de las consecuencias de haber eliminado las metas intermedias de energía renovable. “Como otros proyectos y contratos de energía, se planifica secretamente y sin evaluaciones ambientales y sociales adecuadas”, puntualizó.
El Puente también alertó de que el proyecto se está promoviendo sin un proceso amplio de consulta comunitaria ni una evaluación transparente de los riesgos acumulativos que enfrentan las comunidades por donde transcurriría este gasoducto. “No se puede hablar de progreso cuando se toman decisiones a espaldas del pueblo y se expone a comunidades enteras a peligros innecesarios”, subrayó Cintrón Moscoso.
La organización de justicia climática reiteró que la expansión del gas metano contradice la meta de una transición energética justa y verdaderamente renovable y aleja al país de los compromisos establecidos hacia el 2050. La Ley 33 exige al Gobierno reducir los gases de efecto invernadero en un 50 % para dicha fecha, cosa que no ha hecho. Por el contrario, continúa expandiendo la infraestructura fósil en detrimento de nuestras comunidades y el medio ambiente. La entidad hizo un llamado a invertir en soluciones energéticas descentralizadas, renovables y comunitarias que fortalezcan la resiliencia energética sin sacrificar vidas ni territorios.
“Puerto Rico no necesita más infraestructura fósil. Necesita proteger a su gente, sus comunidades y su ambiente. El gasoducto entre San Juan y Palo Seco no es progreso, sino riesgo, contaminación y una amenaza directa para nuestras comunidades”, concluyó el director ejecutivo de El Puente Puerto Rico.
