En Rojo
Menos herramientas para fiscalizar cómo se archivan, nuevos reglamentos que cambian la forma en que se registran y más carga para los pocos empleados que los vigilan son las posibles implicaciones de la recién aprobada Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI (Ley 107 del 2025), de acuerdo con ProSol UTIER.
“La nueva ley establece un nuevo organigrama para el Archivo General, y todo sin dinero asignado. El mayor problema lo va a tener la actual directora del Instituto de Cultura Puertorriqueña porque tiene que buscar un presupuesto para montar esto (el nuevo orden)”, advirtió Marisel Flores Patton, presidenta del sindicato que recoge a los trabajadores del ICP y el Archivo General.
Con un “presupuesto insuficiente para cumplir el mandato”, Flores Patton también alertó sobre la duplicidad institucional que provocaría esta nueva ley por no coordinarse con el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés), encargada de la digitalización del Gobierno de Puerto Rico, ni con el ICP. Las tres agencias, hasta ahora, se han dividido las tareas de la preservación documental en Puerto Rico.
“Imagínate que todo el mundo esté diciendo cómo interpretar la ley, y el PRITS dice ‘pues, a mí me toca velar los documentos digitales’, pues no. Quizás eso no le toca al PRITS, porque el PRITS es, al momento, un registro de contratistas y proveedores de servicios y equipos. Pero con esta ley, PRITS pudiera hacer muchas cosas más, sobre todo con cómo se va a establecer la política pública del manejo del documento digital”, mencionó la presidente del sindicato como ejemplo.
Además, a Flores Patton le preocupa la fragmentación de los archivos bajo la nueva ley, que dispone ahora de un archivo histórico por cada agencia estatal. El nuevo estatuto requiere inventarios anuales de documentos, un manual interno por cada dependencia y una Oficina de Reciclaje y Destrucción Controlada. Esta última división abre paso a la trituración de papeles.
“Fíjate que la Ley 5 (la que la nueva Ley 107 derogó) no era que no permitía las trituradoras de papel, era que se tenían que cumplir unos requisitos para tenerlas. Y en las más de 128 agencias y los 78 municipios, ninguno cumplía con ese plan. Y aun así, se perdían documentos. Ahora se entiende que cada una puede comprar trituradoras de papel”, añadió la trabajadora del Archivo General.
Con relación a la creación de archivos por municipios, Flores Patton recordó que hay ayuntamientos en donde los administradores de documentos no tienen computadoras, lo que complica la tarea de un recurso humano que ya ha venido mermando con los años. En este nuevo esquema de poder, el PRITS es la agencia responsable de pautar los nuevos requisitos de conservación.
“El documento que vas escaneando necesita unas características específicas para la conservación digital y la que se accede en línea. Por ejemplo, yo hago cuatro formatos para documentos de películas: para la preservación, para las referencias, para intermedios de servicios y otro formato divulgado en Internet. Eso cuesta mucho dinero”, comentó.
El precio de los escáneres de películas, por ejemplo, pueden rondar los $125,000 o más. Todas las nuevas disposiciones de la Ley 107 deben, por otra parte, implementarse en un plazo de tres años. Para Flores Patton, estos factores pueden afectar el acopio de documentos y, por consecuencia, la investigación de diversos temas. Algo tan sencillo como las imágenes seleccionadas para marbete pueden quedar olvidadas, cuenta la presidenta de ProSol UTIER.
“Cuando el PNP regresa en 2020, lo primero que hicieron Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez fue presentar esta medida, que se viene arrastrando desde la administración de Pedro Pierluisi. Nosotros incluso, en su momento, le enviamos un memorial explicativo a la gobernadora para que no firmara la ley, y ella nos dijo que no la iba a firmar, a una semana de su aprobación. Nos enteramos el lunes cuando se hizo ley”, repasó Flores Patton.
Para dialogar sobre las implicaciones del estatuto y la otra medida que propone transferir las tareas del ICP al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), ProSol UTIER se reunió con el presidente del Senado, ocasión en la que Rivera Schatz “reafirmó que no tiene intención de destruir al ICP ni nada parecido”. En ese sentido, Flores Patton destacó que el sindicato no busca desempeñar rebeldías, sino integrarse a las determinaciones que impactan al Archivo General y el ICP.
“Nosotros lo que queremos ver es una oportunidad para participar y llevar la conciencia de lo que se debe hacer o no. Solo quien trabaja con los documentos históricos entiende que ahí están las raíces de nuestra identidad, y que realmente fue la trinchera de la defensa de nuestra cultura”, concluyó la presidenta.
