CLARIDAD
“Si antes teníamos un problema con la ocupación de áreas naturales, playas, los mangles y las costas, ahora tenemos uno peor”, sentenció el experto en Derecho Ambiental, profesor Pedro Saadé Lloréns, sobre las consecuencias de la Orden Administrativa (OA) que legaliza la construcción ilegal de estructuras en terrenos de dominio público en el área de la Parguera. Esta fue firmada por el nominado a secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ingeniero Waldemar Quiles Pérez.
Sin siquiera haber pasado una semana de su designación como secretario del DRNA, Quiles Pérez firmó la OA 2025-1, en la que se ordena el archivo de las querellas administrativas contra José C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la gobernadora, Jenniffer González, y legitima la existencia de las estructuras privadas en dicha zona marítimo-terrestre.
Saadé Lloréns, veterano en casos ambientales, apuntó sobre las consecuencias de la OA que hay que tener en mente primero que hay unos principios tanto legales como sociales que rigen en las costas. Uno de ellos es que las costas son bienes de dominio público, lo cual está en el código civil, y es una tradición jurídica de mucho tiempo tanto bajo el derecho español como el posterior, además de que los puertorriqueños aprecian el que las playas puedan disfrutarlas todos. “Ese principio se ha estado violentado en distintas partes de Puerto Rico, incluida La Parguera. No se ha dado una solución como se debió dar desde hace tiempo y lo que ha hecho ahora el DRNA es algo peor: como no pudo resolver, lo que han hecho es permitirlo, reconocer y validar esas casas muelles, que pueden ser docenas en el área de La Parguera y otros sitios cercanos”.
Saadé expuso que la orden comienza diciendo que hay unas casas que llaman ‘caseta’, lo que considera es un asunto también ideológico, reconoce que se han construido en bienes de dominio público, pero cuando llega al derecho de otorgar que se queden mediante lo que se llama concesiones, incluye muelles, casetas o casas en el mar, en los mangles y en la zona marítimo terrestre (ZMT). Afirmó que un problema que debió haberse resuelto la OA lo que hace es empeorarlo porque entonces lo valida todo.
Saadé Lloréns cuestionó qué va a pasar con otras áreas de Puerto Rico que tienen la misma situación, ante las declaraciones de la Gobernadora de que se iban analizar otros lugares, sin que haya ningún estudio ambiental o análisis de qué consecuencias va a tener la orden en términos ecológicos, ambientales y sociales. Puntualizó que el área de La Parguera es una reserva natural y que incluso hay una ley que crea el Bosque de La Parguera.
Respecto a la OA agregó que esta también es ilegal debido a que el reglamento del DRNA sobre bienes costeros especifica cómo y cuándo es que se otorgan unas concesiones, especificaciones que no se siguieron, sino que se hizo una orden generalizada y se legalizó, “por decirlo así, automáticamente, todo de un sopetón”.
Otra parte objetable que denunció de la orden es que se archivan de manera automática todos los casos que estaban pendientes, en los que, por supuesto, se sabe que estaba el caso de los suegros de la gobernadora. “Aunque ese es el último párrafo, sabemos que ese fue el motor principal para la orden”, afirmó Saadé Lloréns y recalcó que se ha creado un problema mayor que va contrario a todo el derecho y legalidad, con unas consecuencias que están por verse de cómo la orden va a debilitar la reserva y cómo va a intensificar su uso.
Un aspecto que describió como una hipocresía es que la orden habla de Lajas como la “Venecia de Puerto Rico, de integración social”, a lo que denunció que en el área de La Parguera se están dando transacciones de millones de dólares de estructuras aun sin tener títulos de propiedad.
En cuanto a Quiles Pérez, expresó que todo indica que la orden fue una condición para su designación, lo que describió como un daño tremendo para la administración pública, porque se está nombrando a alguien incondicional, lo que es una forma de debilitar y lesionar la administración pública, razón por la que el nominado está descualificado para el puesto. “Esto es un golpe fuerte para el pueblo de Puerto Rico, para la protección de nuestras costas, y debemos cuestionarlo”.
En tanto, la portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, expuso en una grabación que la OA tiene dos efectos: uno, pretende legalizar mediante el pago de dinero la usurpación de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre y sobre los terrenos sumergidos sobre los que están construidos al presente 141 estructuras en La Parguera en bienes de dominio público.
Con la orden se pretende reconocer como un derecho adquirido algo que no puede existir en ley. “Es en especial peligroso en términos jurídicos que el secretario y la gobernadora piensen que es permisible mediante una orden administrativa legitimar la construcción de estructuras levantadas en violación a la ley”. La senadora cuestionó el que un secretario miembro del ejecutivo pueda actuar por encima de la voluntad legislativa expresada en el gobierno respecto a la ZMT.
Lo segundo que cuestionó es el que se haya ordenado el archivo de los casos —querellas— bajo el argumento de que es académico y destacó el no creer que haya ocurrido jamás el que un secretario viole el debido proceso de ley que asiste a los querellantes en controversias que estén pendientes de adjudicación. Describió como una acción en contra de la transparencia mínima de los procesos que se diga que los casos no se van a ver. Señaló que en el caso de los suegros de la gobernadora se han visto los informes preparados por el Cuerpo de Vigilantes del DRNA donde se dice con precisión que la extensión de la construcción es ilegal, donde se fundamentaba que era un acto en total ilegal que no podía ser permitido.
Resaltó además de que la OA tiene el efecto de que desde el ejecutivo se va por encima de la legislación vigente y por encima del criterio de los jueces administrativos y los oficiales examinadores. Al igual que el experto en Derecho Ambiental, la senadora del PIP adelantó que la orden va a presentar problemas importantes en el futuro, ya que primero se ordena un nuevo inventario que va a terminar legitimando no solo las estructuras que están en la mirilla del DRNA, sino que ahora todo aquello construido de manera ilegal va a ser parte de lo que la orden administrativa llama la ‘huella de construcción’ y va a constituir, en efecto, la concesión de titularidad sobre los manglares, sobre el salitral.
Santiago Negrón aclaró que como legisladora no tiene legitimación activa para acudir al tribunal, tampoco como ciudadana en pro del ambiente porque, hasta la fecha, la capacidad de pedir un remedio en temas ambientales ha sido consistentemente denegada. En términos legislativos dijo que está examinando cuáles son las opciones que se tienen para atender no solo el caso especifico de La Parguera, sino a preocupación que levanta el hecho de que un secretario pueda de un plumazo despachar los asuntos que estén pendientes en una agencia. Sobre un posible desarrollo judicial, dijo, quienes podrían tener legitimación activa serían los querellantes.
En lo que respecta al trámite senatorial de nombramientos expresó: “Me parece que esta acción lo descalifica (a Quiles Pérez) totalmente para actuar como un secretario del DRNA. Ha demostrado que es capaz de actuar por encargo de la gobernadora”.
Por su parte, en declaraciones escritas, la organización Sierra Club de Puerto Rico exigió el retiro inmediato de la nominación de Quiles Pérez. “Esta acción es una afrenta directa contra la protección ambiental y la justicia. Es inaceptable que el secretario del DRNA, cuya misión debería ser salvaguardar nuestros recursos naturales, utilice su posición para beneficiar a los suegros de la gobernadora. Esta orden no solo legitima el daño ambiental en La Parguera, sino que también muestra los verdaderos intereses del gobierno de Jenniffer González, acciones que denunciamos desde el día de su juramentación”, explicó Hernaliz Vázquez Torres, directora ejecutiva.
El Sierra Club reveló que a la renuncia de Anaís Rodríguez Vega como secretaria del DRNA, expuso la necesidad de continuar con la investigación sobre el manejo de los terrenos y aguas públicas en La Parguera.
“Esta medida no solo ignora las recomendaciones de seguimiento hechas por la secretaria saliente, sino que también prioriza intereses económicos a expensas del acceso público y la conservación ambiental. Desde Sierra Club Puerto Rico, denunciamos este retroceso como una muestra clara de cómo el Gobierno actual abandona su deber de proteger los derechos ambientales y perpetúa la corrupción en la administración de nuestros recursos naturales. Exigimos que se restablezca un enfoque transparente y participativo que garantice la justicia ambiental y el acceso equitativo a estos bienes comunes”, insistió.
La naturaleza tiene quien la defienda
En entrevista por separado, el activista ambiental Juan Camacho igualmente denunció que la gestión de la OA “va a abrir el camino para seguir haciendo lo que les dé la gana en este cuatrienio. La OE estaba hecha con toda la intención: la pasada secretaria no la firmó y se la pusieron en las manos a Quiles, que debía estar advertido de que eso iba a ocurrir y, como parte del plan, la firmó”.
Camacho censuró que ahora lo que pretende la gobernadora es radicar la OE como un proyecto de ley donde diga borrón y cuenta nueva. Recordó que en el cuatrienio de García Padilla se intentó una legislación similar y, aunque la Legislatura aprobó un proyecto, la presión de los grupos ambientalistas, comunitarios, la comunidad científica y expertos en Derecho convencieron al ejecutivo de no firmar la medida.
El activista admitió que en esta ocasión no es lo mismo, dado a que la Gobernadora y su partido (PNP) tienen mayoría Legislativa. En esa dirección, señaló que, la manifestación de organizaciones ambientales y comunitarias bajo la consigna de “La naturaleza tiene quien la defienda”, el día de la juramentación de la gobernadora, fue una manera que dar una alerta no solo a las organizaciones ambientales y comunitarias, sino de advertir al pueblo de Puerto Rico de lo que viene”.
