CLARIDAD
La Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público (CCACP) denunció y advirtió que la alianza táctica de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), destruye la posibilidad de un acuerdo justo en el pago de la deuda de la AEE.
En semanas recientes, se dio a conocer que el grupo de acreedores liderados por Black Rock, la firma de inversores más grande del mundo, se retiró del “acuerdo de cooperación” con la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el plan de ajuste de deuda (PAD). Con el cambio de postura, precisó la Comisión, la mayoría de las aseguradoras se convierten en un solo bloque que representa al 90 % de los acreedores, entre los cuales figuran Golden Tree —que lideraba el grupo opositor en todo el proceso—, Syncora y Asssured, el grupo ad hoc original de los bonistas de la AEE, y, de manera significativa, al bloque institucional asesorado por el bufete Paul Weiss, que incluye a BlackRock, Nuveen, Franklin Advisers, Bay Capital Management, Taconic Capital Advisors y Whitebox Advisors LLC.
Según denunció Jiménez Lizardi, en un “nuevo acuerdo de colaboración” el grupo se comprometió a actuar como un frente único, compartir información legal, mantener confidencialidad, coordinar demandas y no romper filas sin autorización.
A pregunta de CLARIDAD sobre el cambio de postura del grupo liderado por BlackRock, Jiménez Lizardi señaló que el giro responde al desmantelamiento de la Junta por los despidos del presidente Trump, y no dudó en anticipar que el presidente nombre una junta que vaya en línea con el pedido de los bonistas.
Eso implica que ahora solo hay un grupo de bonistas que representa el 90 % de todos los bonos. “En el pasado, estaba dividido casi 50 a 50, lo que provocaba una negociación real. Ahora, el poder que tienen, con la probabilidad de salir con un reclamo enorme, pueden ganar casi la totalidad de lo que están pidiendo, que son $8 mil millones. En el valor de los bonos e intereses sería $12 billones”. Puntualizó que esa ha sido la línea del grupo que lidera Golden Tree.
“Reclaman que tienen derecho a un pago total, cosa que sería nefasto para el pueblo porque implica aumentar la tarifa para pagar y utilizar fondos que son para la reparación de la red”, añadió.
El asesor legal de la Comisión Ciudadana fue enfático en expresar que en términos de hecho, por más que los bonistas quieran, no hay el dinero para pagar lo que están exigiendo, algo que se ha podido documentar, reafirmó.
En entrevista por separado, el economista José Alameda, quien también es miembro de la Comisión, coincidió respecto a la incapacidad de la AEE para pagar la deuda. Explicó que el problema real de la AEE es que desde hace tiempo perdió parte de los ingresos que la mantenía. El primero de ellos, la desindustrialización del país; luego, con la salida de las empresas 936, farmacéuticas y el complejo petroleoquímico en Peñuelas, para el cual se construyeron las plantas en el sur. Ese tipo de empresas tenía un alto consumo de energía. Comentó que contrario a la impresión general, los consumidores domésticos no eran los que mantenían a la AEE. Añadió que otro factor ha sido la emigración; por lo tanto, menos abonados; la nueva tecnología, como la energía solar, y otra serie de factores que comenzaron a minar los ingresos de la AEE.
“La proyección que se hacía con estas empresas que se iban era que cada vez más iba a ser bien difícil para la AEE porque por el tamaño que había adquirido ya no se podía mantener, porque toda la economía de Puerto Rico, como siempre he dicho, se había achicado. De hecho, si se ve el índice del Banco de Desarrollo, tenemos hoy el mismo nivel de economía que lo que se tenía hace 20 años atrás; es decir, nuestra estructura de producción se ha reducido 20 años”.
El profesor Alameda coincidió con la apreciación de que con ese cuadro conocido fue un error la privatización de la empresa pública. No obstante, compartió que con los estudios que se hicieron sobre la privatización, la expectativa era que la empresa privada iba a añadir más eficiencia al servicio público e iba a ser más rentable socialmente producir en el sector privado, pero siempre iba a tener un regulador del Estado que serviría para mirar los desvíos de la empresa privada y los excesos para aumentar su volumen de ganancia.
“Pero en Puerto Rico lo que se hizo no fue que pasamos a una privatización a través de una alianza público privada, sino a un mal contrato. Se supone que la empresa privada la lleve a expelerse y el regulador vele y corrija. Aquí esa no es una alianza público privada, es un contrato leonino, donde la empresa está por encima de lo que era la AEE”, manifestó.
Alameda, quien ha participado como perito en el proceso de la quiebra de la AEE, recalcó que ahora con la alianza de los bonistas, por más que ellos quieren cobrar, por lo que se ve en el panorama, no hay manera de sacar el dinero, por la sencilla razón de que se debilitaron las bases reales de una empresa pública eficiente. Porque cuando se hizo el contrato con LUMA se le pasaron las funciones que tenía de presupuesto, las instalaciones y otras funciones que debieron estar en manos de la AEE, lo que debilitó su base estructural. La gente se está moviendo a otras alternativas, por lo que se está cobrando. Señaló que quienes dejaron la gran deuda fueron los políticos que negociaron los bonos, lo que ha debilitado las bases de una empresa sólida y que ahora no se pueda pagar.
“De imponerse las exigencias de los bonistas, se secuestra el futuro energético y económico del país por décadas. Los aumentos en la factura serían insostenibles en más de un 30 % por 30 a 40 años, provocando aumentos en el costo de vida y el cierre de negocios. A su vez, se perpetúa un servicio inestable y costoso, porque se podría desviar fondos que deberían destinarse a reconstruir y modernizar el sistema eléctrico para asegurar el pago a los bonistas. No hay dinero para pagarle a los bonistas sin poner en jaque la reconstrucción y la vida digna en este país”.
