CLARIDAD
La falta de transparencia en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) dificulta entender con precisión qué representa la pérdida de $401 millones de fondos federales y qué áreas específicas afectaría, respondió a CLARIDAD el Movimiento Amplio para Justicia Educativa (MAJE).
MAJE es un colectivo de organizaciones y personas movilizadas para promover la justicia educativa. Parte de sus miembros se retiraron del proceso de descentralización llamado IDEAR y otros son organizaciones no gubernamentales (ONG) que examinan la transparencia gubernamental.
A inicios del mes de abril, el Gobierno de Estados Unidos, mediante su Departamento de Educación, frenó el desembolso de $401 millones al DEPR, que ya estaban obligados para pagos de servicios como los de Educación Especial.
A preguntas de este medio sobre cómo afectaría la pérdida de esos fondos, MAJE expuso que la falta de claridad y la opacidad en la gestión presupuestaria del DEPR agravan aún más el riesgo de lo que significa esta pérdida, ya que impiden una evaluación completa del impacto.
Al respecto , planteó que según los datos publicados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el presupuesto del año fiscal 2024, en 2022 el 46 % del presupuesto consolidado gastado por el DE provenía de fondos federales. Para el 2024, ese porcentaje aumentó al 55 % (equivalente a $3,258 millones de un presupuesto consolidado de $5,891 millones). Para el 2025, el presupuesto aprobado proyecta una reducción significativa en los fondos federales disponibles de $3,258 millones a $2,433 millones. Sin embargo, el presupuesto aprobado para el año fiscal 2025 no está publicado en el portal tradicional de la OGP como en años anteriores; ahora se encuentra disponible en otro sitio web: https://www.presupuesto-aprobado-2024-2025.pr.gov/.
En la página de OGP, en lugar de las tablas presupuestarias tradicionales, solo se publicaron archivos de Excel sin explicación clara sobre su contenido. “Esto, sumado a que la estructura programática utilizada por la OGP no necesariamente corresponde con la que utiliza el DE para la asignación de recursos, complica aún más el análisis”, indicó la organización que se enfoca en movilizar comunidades para promover justicia educativa, crear alianzas, investigar, comunicar, fiscalizar y proponer soluciones.
Otro aspecto que reveló fue que la ONG Sembrando Sentido realizó un análisis adicional para entender mejor la dependencia del DEPR de fondos federales. Para este análisis se eliminó del cálculo la partida del Pay-Go (un programa destinado al pago de pensiones de empleados retirados), ya que, aunque constituye una parte significativa de la aportación estatal reflejada en el presupuesto (más de $1,000 millones anuales), no está disponible para gastos operacionales del DE. Al hacer este ajuste, se encontró que las proporciones de fondos federales en los presupuestos aprobados van aumentando desde el 2017 y bajan en el 2025. Las proporciones son las siguientes: 2017, 35 %; 2018, 37 %; 2019, 39 %; 2020, 53 %; 2021, 51 %; 2022, 62%; 2023, 65 %; 2024, 68 %, y 2025, 58 %.
Sobre estas proporciones se anotó que es importante contextualizar que estas se dieron dentro del marco de las emergencias recientes (huracanes, terremotos y pandemia), ya que durante dicho período el DEPR ha recibido cerca de $8,000 millones en fondos federales de emergencia. Paralelamente, el promedio de fondos federales recurrentes que Puerto Rico ha recibido anualmente durante este mismo período ha sido de aproximadamente $876 millones.
¿Podrá funcionar el DE sin ese dinero?
El colectivo recalcó que no se puede responder de manera definitiva si el DE podría funcionar sin esos fondos federales. Precisamente, la falta de transparencia y la poca disponibilidad de información clara sobre el origen y el uso de los recursos presupuestarios hacen que no sea posible ofrecer una respuesta responsable y fundamentada.
Reiteramos que esta falta de información accesible representa uno de los mayores riesgos en este asunto. Lo que sí sabemos es que el DEPR tiene una alta dependencia de fondos federales en comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos. Esta dependencia responde, en parte, a factores estructurales como la alta proporción de estudiantes en desventaja económica y el elevado porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial. Estos factores justifican un mayor flujo de fondos federales, pero también hacen que el sistema educativo sea particularmente vulnerable ante cualquier reducción significativa de estos recursos.
¿Qué medidas consideran podría adaptar el DEPR para ofrecer un mejor sistema?
Un punto de partida esencial para mejorar el sistema educativo en Puerto Rico es que el DEPR adopte una estructura presupuestaria clara, coherente y transparente. Contar con una estructura accesible permitiría examinar detalladamente el uso de los recursos públicos y cómo estos se relacionan con el logro de sus objetivos educativos. Si como país queremos aspirar a un sistema educativo público que garantice justicia salarial para los empleados del DEPR, que reduzca la cantidad de estudiantes por salón, que proporcione materiales de alta calidad y que asegure infraestructuras adaptadas a los retos climáticos, debemos reconocer que todo eso conlleva inversiones sustanciales. No se puede construir un sistema educativo justo, digno y sostenible sin asignar los recursos necesarios.
Aunque IDEAR ya fue abandonado, ¿no sería posible sin fondos federales?
Aunque el proyecto IDEAR ya fue abandonado, es importante señalar que su viabilidad no dependía exclusivamente de la disponibilidad de fondos federales. El problema fundamental de IDEAR fue la falta de participación ciudadana real en su diseño y la influencia de grandes intereses ajenos a las necesidades de las comunidades escolares. Por tanto, más allá de la fuente de financiamiento, el proyecto necesitaba y aún necesitaría, si se replantea en el futuro, ser repensado y reestructurado de manera profunda.
Incluso cuando la pasada administración contaba con los fondos para implementarlo, desde MAJE expresamos nuestro desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo, debido precisamente a la falta de un proceso inclusivo, transparente y participativo.
Es fundamental entender que la descentralización, si se implementa adecuadamente, puede ser una herramienta poderosa para aumentar la autonomía escolar, fortalecer la gobernanza participativa real y promover la despolitización de las decisiones educativas. Sin embargo, para lograr estos objetivos, las decisiones no pueden tomarse a puerta cerrada ni responder a intereses particulares. Es necesario un proceso abierto, donde las comunidades escolares tengan un rol central en la definición de sus propias prioridades y en la fiscalización de los recursos.
Para MAJE las áreas de prioridad del DEPR deben ser: Gobernanza participativa: asignación de recursos, distribución óptima de fondos, materiales, personal e infraestructura; Acceso y equidad: infraestructura, condiciones físicas y organizativas que aseguren una educación de calidad; Justicia climática: atención equitativa y justa a asuntos y desigualdades ante el cambio climático.
