Especial para CLARIDAD
Ellos pintaron la raya
Para que yo la brincara
Y me llaman invasor
Es un error bien marcado
Nos quitaron ocho estados
¿Quién es aquí el invasor?
– Los Tigres del Norte
Las políticas migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, no son un asunto de seguridad nacional. Son un asunto de puro racismo y miedo ante una creciente diversidad étnica, que cada vez más ocupa espacios que antes eran inimaginables de ocupar, tanto en la esfera política, como en la sociedad civil. Esta es la verdadera amenaza para la raza blanca anglosajona, quienes poco a poco han visto cómo se ha ido reduciendo su supremacía racial.
En la primera semana de su segundo término como presidente, Trump ha firmado más de doce órdenes ejecutivas que impactan directamente la política de inmigración y que pone en riesgo a millones de personas que residen en Estados Unidos. De un plumazo y por decreto, el presidente estadounidense pretende eliminar la ciudadanía para personas nacidas en Estados Unidos, cuyos progenitores sean inmigrantes; abrió paso para que, de manera expedita y sin que medie la corte de inmigración, se comience a detener y deportar masivamente a personas inmigrantes, bien sea por medio de redadas en las comunidades o por deportación directamente en la frontera. Este plan incluye a personas que tienen algún estatus migratorio, protección humanitaria, o que están esperando por una contestación de parte del gobierno respecto a sus solicitudes. Cabe mencionar que muchos de estos trámites de inmigración pueden tardar años, en algunos casos más de diez.
También eliminó el programa de refugiados, dejando en un limbo a miles de personas que ya tenían sus casos aprobados. Este programa protege a personas que viven bajo riesgo de tortura y muerte en sus respectivos países, y somete a quien lo solicita a un escrutinio riguroso antes de llegar a Estados Unidos ya con un permiso de entrada. Muchas de estas personas se encuentran a medio camino y no pueden regresar a sus países ni entrar a Estados Unidos porque Trump dio la directriz de eliminarlo de un día para otro. En estas mismas condiciones se encuentran miles de familia en la frontera con México, que ya tenían entrevistas calendarizadas para solicitar la entrada al país y eventualmente pedir asilo.
Trump eliminó también los programas de orientaciones legales dentro de los centros de detención, que permitían a las abogadas y abogados preparar a las personas que están enfrentando procesos de deportación y servirles de guía para que puedan representarse ante la corte de inmigración de una forma informada. Esto, porque, a pesar de que el proceso de deportación es bien parecido a un proceso penal, los inmigrantes no tienen derecho de asistencia legal paga por el estado, hay escasez de abogados y abogadas que brinden servicios de representación gratuita, y la mayoría de las personas inmigrantes no pueden pagar por servicios legales. Estos programas servían como un mínimo de garantía al debido proceso de ley consagrado en la Constitución de E.U., el cual se supone que cobije a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Pero la más nefasta de las acciones del presidente, es haber firmado la ley Laken Riley, con la cual se espera que aumente sustancialmente las cantidades de detenciones y por tal razón Trump propone el uso de la cárcel en Guantánamo para detención de inmigrantes, como si no supiéramos la cantidad de atrocidades cometidas en este lugar por militares estadounidenses contra árabes, luego de los hechos del 11 de septiembre de 2001.
La Ley de Inmigración y Naturalización (INA por sus siglas en inglés), ya establecía qué delitos cometidos por la persona inmigrante requerían detención obligatoria mientras enfrenta el proceso de deportación. Esto solía ser para personas que hubiesen cometido delitos graves, como lo son asesinato o distribución de drogas y armas. Ahora, con esta nueva ley Riley, firmada la semana pasada, las persona que enfrentan procesos de deportación pueden estar bajo detención obligatoria por delitos menores, sin posibilidad de salir bajo fianza y sin que el caso penal se haya visto en sus méritos. Tan sólo basta una mera acusación. Al final, la persona inmigrante puede terminar siendo deportada, aunque no se haya resuelto el caso penal, como si no le asistiera derecho a la presunción de inocencia.
El sistema migratorio es por diseño un negocio sumamente lucrativo para el gobierno federal, pero, sobre todo, para las empresas privadas que brindan “servicios” directos, muchas de las cuales invierten muchísimo dinero en cabildeo en el Congreso. Algunas de estas empresas son las que administran los mal llamados centros de detención, que no son otra que una prisión, con uniformes, verjas con serpentinas, trabajo forzoso, guardias armados y confinamiento solitario. Funcionan como cualquier sistema carcelario; son las propias personas detenidas quienes llevan a cabo las labores operacionales (cocina, lavandería, limpieza, etc.), por una paga miserable, si alguna, que puede ser tan baja como $2 la hora. Y ese dinero, sólo lo pueden utilizar para comprar en la tienda de la cárcel, que vende sus productos carísimos, por tanto, todo es ganancia para la empresa.
El suplidor más grande de servicios de administración en estos centros, GEO Group, duplicó sus acciones, luego de que Trump entrara nuevamente en funciones. El año pasado solamente, esta empresa tuvo contratos con el gobierno por 747 millones de dólares y se espera que esa cantidad aumente en al menos $400 millones. Muchos oficiales que trabajaban para la división de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas en inglés), recomendaron a GEO como contratista y ahora trabajan como altos ejecutivos en esta empresa. GEO Group también ha tenido varios y serios señalamientos de maltrato, de los cuales yo pude ser testigo de algunos casos.
En cuanto al gobierno, el proceso de ajustar el estatus migratorio puede ser costosísimo. Casi todas las solicitudes, salvo muy pocas excepciones, requieren del pago de una cuota. Por ejemplo, una solicitud para obtener permiso de trabajo cuesta $465. Las fianzas para una persona que se encuentre detenida, comienza en $1,500. De ahí puede ser la cantidad que el juez de inmigración estime apropiada y, sea cual sea esa cantidad, se tiene que pagar en su totalidad, no el 10%, como suele ser en casos penales. Vi el caso de una persona que sin haber cometido delito alguno, la fianza se la fijaron en $8,000. Todo esto sin incluir los gastos legales. A esto le sumamos que es un proceso lento y sumamente burocrático, que no está exento de arbitrariedades por parte del sistema. El peso de la prueba recae sobre la persona inmigrante; las reglas de evidencia no aplican en estos procesos; muchos remedios disponibles para no ser deportados son a discreción del juez concederlos, aunque se cumpla con los requisitos, y así por el estilo. Es todo lo peor del sistema penal norteamericano, pero agravado.
Obviamente, por nuestra condición colonial, Puerto Rico no estará exento de sufrir las consecuencias directas de las atrocidades del plan de Trump. Las políticas migratorias están intrínsecamente ligadas a la dominación colonial. Ya los vimos hace unos días con las redadas en Barrio Obrero. El violento espectáculo que se llevó a cabo en esta comunidad, fue algo que todavía yo no he presenciado aquí en Estados Unidos; a plena luz del día y con autos militares en el medio de la calle. Esto no es casualidad. Que sean boricuas quienes se presten para esa barbarie, da vergüenza ajena.
Nadie es ilegal. El gobierno de Puerto Rico tiene la obligación ministerial de proteger a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, sean de la nacionalidad que sean. Muchos estados han adoptado medidas en protección de esta comunidad y han decido no cooperar con las autoridades federales y, por el contrario, hacerle frente a ICE. ¿Cómo es que el gobierno de Jenniffer González Colón se los va a entregar voluntariamente? La secretaria del Departamento de Justicia, que debe haber visto bastantes casos de violencia de género cuando era fiscal, ¿cómo es que ahora va a abandonar a estas víctimas porque no tienen un estatus migratorio y sin tan siquiera que alguien le haya pedido la información?
Todo este plan de deportaciones masivas y sus efectos colaterales, tendrá repercusiones directas en Puerto Rico. La falta de mano de obra para trabajos que no realizan los estadounidenses, como la agricultura, la construcción, servicios, entre otros, así como el propio costo que conlleva una operación de deportación, va a provocar un aumento en el costo de vida en Estados Unidos y, por ende, en nuestro archipiélago. Si la gobernadora de Puerto Rico no siente una onza de compasión por nuestra comunidad inmigrante, al menos que piense en el costo que tendrá para el territorio que se supone que ella defienda.
Nota: Si usted o alguien cercano necesita información acerca de algún asunto relacionado a inmigración, puede comunicarse con la línea de apoyo legal para inmigrantes de Ayuda Legal Puerto Rico, al 939-545-3030, de lunes a viernes, de 8am a 2pm.
La autora es abogada y trabaja en asuntos migratorios.
