Además de su pico depredador, las garras son las señales más visibles de un buitre. Y aunque ser presa de buitres ha sido una constante de nuestro pueblo desde que Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos por España como botín de guerra en 1898, nunca había sido tan visible su presencia y rapacidad como durante las más recientes décadas.
Varios eventos ocurridos en Puerto Rico durante los últimos años sirven de marco a la presencia cada vez más asfixiante de «buitres del capital» quienes, cual invitados de lujo, sobrevuelan a Puerto Rico en bandadas, escogiendo qué parte de nuestro país devorar para satisfacer sus instintos insaciables de ganancias y riquezas. La puesta en vigor de la llamada Ley 22 ( hoy Ley 60), la quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico y la aprobación de la Ley PROMESA bajo una Junta de Control Fiscal (JCF) por el Congreso de Estados Unidos, sumadas a las crisis energética y económica disparadas tras los desastres provocados en Puerto Rico por un devastador huracán, poderosos terremotos y una mortal pandemia constituyen los factores precipitantes de la reciente bandada de «buitres del capital» que se ciernen sobre los recursos públicos y privados de nuestro país con intensidad acaparadora.
Aunque todos conocen el proceder de estas empresas e individuos bien conectados que asedian a Puerto Rico, la táctica de los sucesivos gobiernos del bipartidismo PNP-PPD, ha sido siempre la misma: servir de facilitadores a los políticos e intereses privados, sobre todo del Norte, cumplir con los cabilderos y donantes a sus campañas políticas y seguir apostando a la memoria corta de nuestro pueblo cada cuatro años para continuar alternándose en el gobierno y tener acceso al presupuesto público, los contratos, y los acomodos y beneficios para los miembros de sus respectivos partidos. Así, Puerto Rico ha ido desangrándose de población y recursos valiosos, enajenando y vendiendo nuestro patrimonio y perpetuando un «estatus quo» que obra en contra de los mejores intereses de nuestro pueblo y de las posibilidades de un desarrollo futuro con una mayor amplitud de oportunidades.
Sin distinción, nuestros gobiernos de turno recientes se han plegado ante el empuje del capitalismo neoliberal que favorece el interés privado sobre el beneficio público y que pretende imponer sus reglas del juego dondequiera. En Puerto Rico, se le han abierto las puertas a esos agentes del neoliberalismo, sobre todo desde la llegada de la JCF, principal portavoz y promotor de esa visión económica. Como respuesta a la crisis y la aún irresuelta quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a la principal firma asesora de la JCF, McKinsey & Company, se le encargó desarrollar el concepto para privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Esta lo hizo mediante la creación de compañías energéticas privadas «locales» , LUMA Energy y GeneraPR, ambas con matrices en Estados Unidos, a las que se les otorgaron contratos de privilegio a largo plazo y muchos millones de dólares para la generación (a GeneraPR), y para la transmisión y distribución de la energía eléctrica (a LUMA), tareas que antes aunaba la AEE.
Un titular del periódico Wall Street Journal (WSJ) del 10 de octubre del 2022 ya nos alertaba de un posible conflicto de interés en este asunto de la privatización eléctrica. Las matrices extranjeras de LUMA y Genera PR, Quanta Services y New Fortress Energy (NFE), ambas tenían relaciones de negocios con McKinsey. El titular casi subrayaba el conflicto: «In Puerto Rico Troubled Energy System, McKinsey Gets Paid by Both Government and Vendors».
Tres años más tarde de la advertencia de WSJ, Puerto Rico sufre las consecuencias de este conflicto en carne propia. El pasado 21 de junio de 2025 otro titular de prensa advirtió que en su más reciente informe financiero, NFE reportó una pérdida de $197 millones para el primer trimestre de este año. Unos días después, la casa acreditadora Fitch bajó la clasificación crediticia de NFE. Pero ninguna de estas realidades impidió que el gobierno de Jenniffer González ofreciera un contrato de exclusividad a NFE para comprarle gas metano licuado por 15 años al costo de $20 mil millones, un contrato tan desproporcionado, monopolístico y desfavorable que hasta la propia JCF lo ha cuestionado.
Este contrato ahora en suspenso, junto a los astronómicos aumentos anunciados en las tarifas de electricidad que entrarán en vigor próximamente, acrecientan la incertidumbre sobre la confiabilidad del sistema eléctrico y evidencian el fracaso del proceso de privatización, que se anunció como la gran solución para la crisis energética que nos asola.
El pueblo puertorriqueño intuye cuál debe ser la solución mientras confronta el riesgo que se cierne sobre su desarrollo energético y económico hacia el futuro. La respuesta es clara, brillante, limpia y gratuita como el sol en un trópico ardiente como el nuestro. Cada día, la ciencia acumula más conocimiento sobre cómo aprovechar al máximo el poder del sol como fuente de energía. En Puerto Rico, son cada vez más los individuos, familias y negocios que optan por la energía solar. Esa es la ruta a seguir. Lo demás son vuelos de buitres listos para apresarnos entre sus garras.
