CLARIDAD
Eran las once de la mañana del viernes 15 de julio, y aunque se suponía que fuera un día normal de trabajo, el estacionamiento de un edificio de oficinas de Río Piedras estaba vacío. Los profesionales que desde allí trabajan habían tenido que cerrar porque el área amaneció sin energía eléctrica. El enésimo apagón. Como son tan frecuentes, ya nadie se sorprende ni se molesta en llamar a reportar “la avería”. Solo tratan de “resolver”. Las oficinas tuvieron que cerrar y el personal se fue a trabajar “a distancia”.
Esa es la realidad que vive Puerto Rico desde se privatizó el sistema que distribuye la energía eléctrica entregándola a un consorcio nuevo, creado por grandes inversionistas extranjeros. Antes el servicio era deficiente, pero desde que fue privatizado ha ido empeorando de manera constante. Prácticamente, cada familia o negocio experimenta, al menos, un apagón semanal con efectos serios sobre la economía personal y la calidad de vida. Ya el generador de emergencia es tan necesario como la nevera, aumentando el gasto familiar y de operación comercial.
Los continuos apagones reverberan sobre otros servicios. El fin de semana pasado decenas de miles de hogares que se suplen del Acueducto del Norte estuvieron sin agua por una falla eléctrica. Igual que sucede con los hogares, la autoridad que provee agua ha tenido que invertir enormes sumas en generadores de emergencia. Cuando este no existe, como en el caso del Súper Acueducto, la gente se queda a secas.
¿Quién responde por esto? La decisión de privatizar la distribución de energía fue del gobierno, que entonces dirigía Ricardo Rosselló, y de la Junta de Control Fiscal que controlaba las decisiones sobre la AEE bajo la ley PROMESA. Motivados por la visión neoliberal que estigmatiza lo público y privilegia lo privado, tomaron dos decisiones que resultaron fatales. La primera fue desmantelar todo el sistema de distribución energético, construido a lo largo de setenta años, reduciéndolo a cero, para entonces crear uno nuevo. La experiencia acumulada por miles de trabajadores e ingenieros, que conocían el sistema y sabían operarlo, fue descartada de un plumazo porque se tomó la decisión de que el nuevo operador traería su gente.
Esa acción, cuya fatalidad ahora es evidente, fue producto de la visión anti obrera y neoliberal que buscaba darle un golpe mortal a uno de los sindicatos más militantes de lo últimos cincuenta años, la UTIER. Desde hacía tiempo la propaganda oficial vinculaba los problemas con el sistema eléctrico al sindicato, preparando el camino para el golpe.
Lo lógico hubiese sido que el nuevo operador utilizara la experiencia y el conocimiento acumulado por la fuerza laboral, pero eso implicaba necesariamente mantener al sindicato que los representaba. Buscando acabar con la UTIER dejaron el sistema desnudo y a la intemperie un primero de junio, precisamente el día en que comenzaba una temporada de huracanes. Fue una decisión temeraria e irresponsable cuyos efectos nocivos los sufrimos todo.
La segunda decisión fatal fue entregarle el sistema a un operador que carecía absolutamente de experiencia y tenía cero personal. Luma Energy no existía antes asumir la difícil tarea de dirigir la distribución de electricidad en Puerto Rico, sino que fue creada desde cero por dos consorcios extranjeros, la estadounidense Quantas y la canadiense ATCO. Ni los gerentes ni mucho menos los empleados que comenzaron a reclutar conocían el sistema que había en Puerto Rico, y la mayoría de ellos ni siquiera había trabajado con estructuras parecidas. Y como querían destruir a la UTIER y alejar lo más posibles a los trabajadores que llevaban años operando el sistema, optaron por contratar gente sin experiencia.
No había que ser experto para predecir el caos si se descartaba toda la masa de trabajadores y técnicos que dirigía el sistema eléctrico, sustituyéndolo de un día para otro por personal nuevo, sin experiencia con la estructura que debían operar. En cualquier lugar donde eso ocurre es lógico esperar, al menos, un difícil período de ajuste. Pero si el sistema a operar es uno catalogado de “frágil”, que recientemente había sufrido la destrucción de un huracán categoría 5, en lugar de un “período de ajuste” tendríamos la debacle que ahora tenemos.
No sé si dentro de cinco años, tras la inversión de miles de millones de dólares adicionales, Luma Energy advenga a ser mínimamente eficiente. La realidad es que ahora no lo es y el país no puede esperar por esa hipotética mejoría.
La táctica del gobierno de Pedro Pierluisi es tratar de desligarse del problema diciendo que se trata de una empresa privada, como las que proveen telefonía o internet. En primer lugar, no se trata de un servicio como esos que, aunque importante, no resulta esencial y, además, es ofrecido por más de una empresa. En segundo lugar, la crisis fue creada por el gobierno y sus supervisores y son ellos los que tienen que resolverla. No es un problema entre un proveedor privado y su cliente, sino el de un servicio esencial que estaba en nuestras manos y que el gobierno y la Junta que lo supervisa nos lo quitó. Ellos crearon el caos y son los llamados a resolverlo.
