Columnista Invitado
1.
Cuando se aprobaron las leyes que rigen el ordenamiento de la Universidad de Puerto Rico, se entendía necesario que, para que la universidad cumpliera su rol en esta sociedad cambiante, esta requería asegurar cierta estabilidad financiera, fuera de los vaivenes que pudieran darse en el gobierno. Por eso, la Ley 2 del 1966, según enmendada, fijaba que la Universidad de Puerto Rico recibiría el 9.6% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
El obtener un porciento fijo del presupuesto propiciaba que el sistema universitario pudiese hacer proyecciones a largo plazo. Por otro lado, si la economía del país enfrentara un golpe, la disminución que recibiría la universidad sería proporcional a la reducción en los recaudos que llegaran al Fondo General. Lejos de representar un privilegio para el sistema universitario, permitía que el sistema se organizara fiscalmente dentro de las fluctuaciones de la economía puertorriqueña. Como para todo proyecto que busca asegurar cierta independencia de criterio y ordenamiento, esta autonomía fiscal que buscaba proveer la fórmula presupuestaria era una pieza clave de la autonomía universitaria a la que se aspiraba (aunque valga aclarar que esta última nunca se ha logrado).
Si bien es cierto que la fórmula presupuestaria no da cuenta de la totalidad del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, sí es su elemento más importante precisamente porque podía darle mayor estabilidad a la institución.
Desde el 2015, la fórmula presupuestaria se ha hecho inoperante, aunque la Ley 2 nunca se haya enmendado o derogado propiamente. Ese año, el gobierno de Alejandro García Padilla congeló los fondos que recibiría la UPR, para demostrarles a los bonistas que Puerto Rico quería y podía negociar su deuda de buena fe (¡!).
Con la entrada de la Junta de Control Fiscal, se continuó con la violación de la Ley 2-1966. Sin embargo, ya no era suficiente congelar el presupuesto, sino que había que constantemente recortarlo. La misma operación cobraba ahora una lógica distinta, perversa.
Sin entrar en detalle en lo que ha ocurrido desde el 2015, veamos el presupuesto universitario en los años más recientes.
Para el año fiscal 2021-2022, según fue aprobado, el Fondo General consistía en $10,100 millones. La aportación del estado a la UPR, de aplicarse la fórmula presupuestaria, hubiese sido de $970 millones. Sin embargo, los recursos que la UPR recibió del Fondo General fueron unos $581 millones. Esto representa un recorte de 40% de lo que se supone fuese el presupuesto de la UPR proveniente del Fondo General, lo que representa un 5.7% del mismo.
Para el año fiscal 2022-2023, el Fondo General aumentó en un 22.77% al llegar a la cifra de $12,400 millones. El 9.6% del Fondo General equivale a unos $1,190.4 millones de dólares. Pero el presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR solo indica que recibirá unos $590 millones provenientes del Fondo General. Esto representa una reducción porcentual de 50.5%. La cifra representa el 4.7% del Fondo General.
Ya vemos la primera desigualdad oculta del presupuesto de la UPR: aunque el Fondo General ha crecido de manera dramática, la política del recorte presupuestario continúa. En términos proporcionales, el Fondo General aumenta y la aportación estatal hacia la UPR disminuye.
2.
El enemigo principal en esta lucha presupuestaria es la Junta de Control Fiscal. Y, si bien es cierto que, según la propia Ley PROMESA, la Junta no se supone que dirija la política pública de Puerto Rico, las garras del colonialismo siempre pueden más que sus máscaras legales. Así, con el impulso de los McKinsey Boys, empezó el discurso que buscaba desmantelar el sistema público de enseñanza.
La Junta dice que privilegia como modelo a la universidad pública de Estados Unidos. Pero documentos de la propia Junta demuestran que el promedio de inversión estatal en la educación superior es 9.8%, menos que lo que establece la fórmula presupuestaria de la UPR que se viola. La Junta reconoce, además, que, con estos recortes, la UPR se ha convertido en la segunda institución universitaria en los Estados Unidos con la reducción presupuestaria más alta en un periodo de 10 años.
Gráfica 1, del Plan Fiscal 2021-2022 de la UPR, aprobado por la Junta de Control Fiscal. Una aclaración: la tabla indica una inversión estatal de 4.1% del Fondo General, en lugar del 5.7% que indicamos más arriba, correspondiente al año fiscal pasado, porque el 4.1% que indica la Junta no incluye los fondos no-recurrentes asignados provenientes del Fondo General.
Ya vemos la segunda desigualdad oculta del presupuesto de la UPR. La Junta habla de equiparar la UPR a estándares de los Estados Unidos, pero exige que se cumpla con la mitad de estos estándares.
3.
Todas estas políticas neoliberales, de desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, pretenden ignorar un elemento fundamental: si hay una salida a la crisis de Puerto Rico, esta requiere la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico, lejos de achicarse, debería ampliarse, aumentar su oferta académica y su matrícula de estudiantes, para crear las bases profesionales y de análisis para una economía alterna a la actual (colonial, dependiente, en crisis permanente).
Es, también, junto a la escuela pública, el espacio que más ha propiciado el pensamiento crítico y creativo en toda la sociedad, un elemento necesario de camino al futuro. Imposible medir su influencia en estas áreas.
Incluso, en esta crisis, la Universidad de Puerto Rico cuenta con grandes logros, como lo reconoce el propio gobierno cómplice de las políticas de austeridad. La siguiente información se desprende del informe del presupuesto (anulado por la Junta de Control Fiscal) del gobierno de Puerto Rico (páginas 9 a 13). Por cada dólar invertido en la UPR se genera un retorno de $1.5. Por cada 100 empleos que crea la UPR, se crean unos 164 empleos indirectos. Es decir, lejos de ser un gasto, los fondos dirigidos hacia la universidad son una inversión productiva.
El mismo informe de presupuesto reconoce lo siguiente. Por lo menos un 68% de la producción intelectual del país proviene de la Universidad de Puerto Rico. Los recintos ofrecen servicios gratuitos (salud, comida, educación, servicios legales, servicio comunitario) a las poblaciones circundantes. El Servicio de Extensión Agrícola cuenta con 42 oficinas a lo largo de la isla para el apoyo y desarrollo de la agricultura. Ciencias Médicas capacita a la mayor parte de los profesionales de salud en Puerto Rico, y su facultad y estudiantes ofrecen servicios a más de 27,000 pacientes en Centro Médico. El Recinto Universitario de Mayagüez cuenta con la Red Sísmica de Puerto Rico. Más de 100 agencias reciben adiestramientos por parte de la UPR, entre las que se destacan los adiestramientos a más de 64,000 personas del magisterio…
¿Por qué, entonces, este plan de desmantelamiento del sistema público de enseñanza, por parte de la Junta de Control Fiscal, con la total complicidad de la Junta de Gobierno de la UPR, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista? ¿Por qué tantas mentiras, tantas cifras ocultas, para implementar este plan?
Precisamente, porque la Universidad de Puerto Rico es un foco de cambio, de resistencia, de alternativas, con el que no pueden transar ni convivir los poderes coloniales y capitalistas. Como único las políticas patronales y neoliberales pueden continuar profundizándose es sofocando todo espacio que es capaz de generar esperanzas. Y eso, todavía hoy, con todas sus limitaciones y todos sus dolores, lo brinda la Universidad del pueblo.
El autor forma parte de la Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU). Es miembro de Democracia Socialista.
