Las relaciones económicas y culturales entre Puerto Rico y Estados Unidos crecieron de forma dramática a partir de la implementación de la Real Cédula de 1815. Aquel documento autorizado por Fernando VII, “El Deseado”, a su regreso al poder, ratificó la fragilidad de las prácticas económicas intervencionistas y monopólicas de raíces mercantilistas en un orden internacional nuevo. En el contexto de las luchas separatistas hispanoamericanas el crecimiento de la actividad económica y, claro está de los recaudos del estado, requeriría el desarrollo de relaciones más intensas con el que se perfilaba como el adversario principal de España en el hemisferio: Estados Unidos.
La articulación de las reglas de 1815 se apoyó en el intercambio de bienes de capital y consumos de aquel país y el aprovechamiento de la producción azucarera puertorriqueña. Las autoridades hispanas confiaban en que Puerto Rico seguiría siendo español, pero el temor de que el “virus del separatismo” prosperara en la colonia se generalizó en las esferas de gobierno. Las prevenciones respecto de que grupos de interés de Estados Unidos o de la Gran Colombia fundada en 1819, animaran el movimiento separatista con fines anexionistas a uno u otro poder, emergieron entre los sectores de poder de inmediato. Dos conjuras, una de 1822 y otra de 1823, atribuidas a Luis Guillermo Doucoudray Holstein y a Antonio Valero de Bernabé respectivamente, ratificaron el recelo[1]. Las reflexiones de Pedro Tomás de Córdova[2], Secretario del gobernador Miguel de la Torre, están plagadas de afirmaciones de esa índole cercanas a las teorías de la conspiración. Todo sugiere que la nacionalidad española se bruñó alrededor de unos miedos precisos. Así como la invasión francesa de 1808 insufló a su identidad con un aliento antifrancés que giraba alrededor de los fantasmas de 1789, la situación surgida a partir del 1815 alentó el celo nacional con un fuerte componente anti sajón.
Representaciones políticas: integristas y separatistas
La situación era delicada y algo confusa. Aunque la fidelidad de las elites criollas de Puerto Rico a España era incuestionable y el “virus del separatismo” si bien contaminó a algunos sectores como temía Córdova, no alcanzó el éxito, nadie podía negar la admiración que despertaban los logros materiales y jurídicos de Estados Unidos en el liderato liberal y en un sector del conservadurismo. En términos generales el amor a España no inhibía ni estaba competido con la admiración a Estados Unidos. Los discursos económicos y políticos progresistas no iban de la mano. L fidelidad política no obligaba a la fidelidad económica. El progreso era un discurso que se ubicaba más allá de las especulaciones nacionalistas de la hispanidad en el siglo 19. Por eso, los criollos de tendencias liberales reformistas y autonomistas, que eran integristas convencidos siempre ansiosos de que se les reconociera como iguales por los peninsulares, vacilaban entre simpatía y la antipatía cuando del sajón, identificado como “norteamericano”, se trataba. La ambigüedad penetraba su representación de aquel poderoso competidor.
Los costos políticos de aquel doble discurso eran altos. En aquel complejo contexto aquella anfibología podía conducir a que se les acusara de separatistas. Los liberales resentían tanto que se les acusara de independentistas como de anexionistas porque ambas posturas implicaban una traición a la nacionalidad con la que se identificaban. La lealtad retórica duró hasta los días difíciles del 1898. Todavía en marzo de aquel año los autonomistas en el poder, agradecidos por un régimen concedido con prisa bajo la amenaza de una guerra, confiaban en que el heroísmo hispano echaría al sajón del territorio como lo habían hecho en 1797 con los ingleses.[3] La situación solo cambió una vez ocupado el territorio y declarado el cese al fuego cuando los autonomistas, fusionistas y ortodoxos, aceptaron sin resistencia la separación de España y comenzaron a elaborar alianzas tácticas con el nuevo soberano. El referido espíritu anti sajón disuelto en el meandro de la invasión de 1898 renacería, con nuevos contenidos en un contexto diferente, en el seno del nacionalismo puertorriqueño posterior al 1920. La deuda del discurso nacionalista de 1920 y 1930, el moderado y el radical, con el discurso liberal reformista, es un tema que valdría la pena tratar en algún momento.
Representaciones sociales: esclavismo y abolicionismo
Otro elemento clave para la figuración de la imagen de Estados Unidos en la clase política puertorriqueña fue la experiencia de la esclavitud. Aquel sistema laboral fue una nota común en ambos escenarios hasta 1865. La experiencia compartida favoreció la identificación de numerosos sectores de interés de Puerto Rico con el sur esclavista y agrario estadounidense. Aquel era un mercado importante para los productos tropicales y un suplidor de mano de obra para su reproducción. Hasta el final de la Guerra Civil, incluso muchos conservadores españoles estaban en posición de identificarse de algún modo con aquel país a pesar de las aprensiones políticas manifiestas en la retórica de Córdova y de la Torre, entre otros, y la retórica abolicionista de ciertos sectores liberales de aquel país. La situación cambió en el contexto de la Reconstrucción posguerra civil entre 1865 y 1877. Estados Unidos sin esclavitud tendría que ser resignificado.
La Reconstrucción, me parece importante resaltarlo, coincidió con lo que se ha denominado el Ciclo Revolucionario Antillano (1865-1878).[4] Desde la perspectiva de los abolicionistas el cese de la esclavitud en Estados Unidos al cabo de la guerra resaltaba aún más el carácter reaccionario y tozudo de España ante el “problema social”, eufemismo común para denominar aquel régimen laboral. Entre los defensores del abolicionismo, fuesen gradualistas y moderados o inmediatistas o radicales, se generalizó la práctica de invocar el ejemplo estadounidense de una diversidad de formas. La situación era complicada. El Ciclo Revolucionario Antillano puede ser interpretado como una intensa crisis política asociada al aumento de la presión abolicionista y separatista de tendencias independentistas y anexionista. Pero la crisis política se combinó con un importante desajuste en el mundo azucarero. Después de todo, lo que he llamado el “orden de 1815”, celebrado por la historiografía puertorriqueña emergente del siglo 19 por su eficacia tanto por historiadores conservadores como liberales, había terminado a mediados de la década de 1840.
Al interior del liberalismo integrista defendido por reformistas y autonomistas, la percepción de que la abolición de la esclavitud era un peldaño que había que subir para asegurar la ruta del progreso se incrementó. Lo mismo puede afirmarse de los abolicionistas que asociaban aquel reclamo como una necesidad en el tránsito hacia la separación para fines independentistas o anexionistas. Después de 1865, por ejemplo, un Puerto Rico esclavista no era un buen candidato a la anexión. Como se sabe, la Revolución de Septiembre de 1868 abrió las puertas para la redacción de un decreto de abolición en 1873. El proceso fue comedido y gradual, requirió leyes preparatorias y acabó por someter a los libertos, concepto que acabó por transformarse en un estigma social, a una condición de desigualdad ante la ley en Puerto Rico por un término de 5 años. El temor que, sobre la base de profundos prejuicios raciales animó la reforma de 1873, era extraordinario.
No todos los abolicionistas comprometidos celebraron el hecho. Dentro del sector separatista independentista, dominado por los inmediatistas o radicales, produjo incluso molestia. Betances sugería que el “ruido” que se hacía con la abolición era desproporcionado y que “lejos de ser (un acto) espontáneo” se anunciaba cuando “no ha sido posible eludirlo por más tiempo”.[5] Aquel no era un acontecimiento digno de ser celebrado, sugería, e invitaba a España a mirarse en el espejo de Estados Unidos a la luz de su guerra civil. El dato es valioso. En alguna medida aquel país sin esclavitud y donde el trabajo libre era la ley, se ratificó en el espectro político puertorriqueño como el modelo adecuado para “ser modernos”. Este no es el lugar para documentar la representación de ese fenómeno en el pensamiento integrista (liberal o conservador) o separatista (independentista o anexionista) pero la revisión de un caso emblemático servirá para calibrarlo.
Me refiero al Proyecto para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, manifiesto presentado en la Junta Informativa de Reformas de 1867 de Madrid, a pesar de la oposición de la mesa presidencial y de que el tema no estaba en agenda. Leo este documento como el testimonio más preciso del variopinto liberalismo en su tiempo y como una de las articulaciones más precisas del liberalismo puertorriqueño de la era del Ciclo Revolucionario Antillano. Si se interpreta la Junta de 1867, lo que me parece ajustado, como un preámbulo de la Insurrección de Lares de 1868, repensar el episodio con una mirada fresca puede ser de un valor incalculable. La convocatoria a la Junta en 1865 había estimulado una convergencia entre abolicionistas de afiliación integrista, es decir, liberales reformistas, y separatistas en general. José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones traducían a los primeros; Segundo Ruiz Belvis y su asesor Ramón E. Betances Alacán, quien había pretendido la representación puertorriqueña en la reunión de Madrid, a los segundos. Antes y después del evento de 1867, el liderato de ambos sectores se había consultado sobre ese y otros temas.[6]
Los separatistas, por su parte, se encontraban en un momento de inflexión que tenía que ver en gran medida con Estados Unidos. Desde 1865 cubanos y puertorriqueños en el exilio se debatían entre la estrategia independentista y la anexionista para culminar la separación del país sin que aquel asunto afectara sus lazos de solidaridad. El balance ideológico en el liderato de Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico es un ejemplo de ello. La cuestión de una confederación antillana para una u otro fin, como se sabe, no estaba en el panorama todavía y solo maduró después del 1868.
En los capítulos 3, 4 y 5 del Proyecto… se invocó el caso de Estados Unidos al menos 4 veces con el fin de llamar la atención de España sobre la necesidad de una abolición inmediata y sin compensación a los esclavistas.[7] Tómese en cuenta que la abolición no era otra cosa que un proceso de expropiación forzosa que ratificaba la condición de res o cosa del esclavo, considerado este una forma de propiedad más, por lo que la indemnización por la pérdida de ese bien era un aspecto importante. Nótese que lo que se pedía, a sabiendas de que sería negado, era algo por completo distinto a lo que impuso el gobierno de la Revolución de Septiembre en 1873 en Puerto Rico. Razones tenía Betances para devaluar la emancipación en 1873.
La primera referencia en el Proyecto… era para afirmar la tesis de que el trabajo libre era más “fecundo” y “barato” que el trabajo esclavo. La argumentación delataba la superexplotación con un “mínimo de subsistencia” a la que sometían algunos esclavistas de aquel país a sus trabajadores a fin de justificar lo contrario (61). La segunda aparecía al enumerar los avances de la emancipación durante el siglo 19 y celebraba la abolición en aquel país “después de una guerra sin ejemplo” mientras asumían, erróneamente, que aquella significó la “consagración de sus derechos” (66).
La tercera alusión poseía una peculiar importancia que podía ser considerada incluso premonitoria. Utilizaban el temor español a la “intervención de pueblos extraños en la vida de las Antillas”, fobia in crescendo desde 1815, para mover su voluntad política. Al afirmar que ese peligro era “mucho mayor” para una España esclavista desde el fin de la guerra civil, liberales reformistas y separatistas apelaban al fantasma de la agresión sajona y del anexionismo. Le recordaban a España que Estados Unidos, “que no han desistido nunca de ser el pensamiento y la cabeza de América”, podían consagrar sus esfuerzos a forzar la abolición de la esclavitud desde afuera e imponérsela en el futuro. El otro fantasma al que apelaban para mover el ánimo de España era la posibilidad de una “guerra de razas” tan temida en un orden dominado por el racismo institucional. Los negros esclavos de los ingenios insulares, conocedores de que sus “hermanos de los Estados Unidos” habían conseguido su libertad en medio del “ruido de las armas”, podrían reproducir el hecho en el país y alzarse contra sus amos (68).
La cuarta era una referencia para atenuar el temor a un levantamiento de los libertos una vez disuelta la institución, preocupación que incluso compartían algunos abolicionistas moderados y radicales. Dejando el caso de Haití a un lado, alegaban, los procesos de abolición por lo general no había estimulado las venganzas raciales. En Estados Unidos, afirmaban, gracias a un orden de hierro y a una “inhumanidad hasta un extremo que pone espanto en el ánimo”, ese tipo de confrontación no se había dado (70). En general, dado que asumían que el trabajo era una condición “natural”, aseguraban que los libertos, una vez festejaran y holgaran, regresarían sin remedio a las labores que el hábito, la necesidad y el mercado les habían impuesto (74). Un último detalle. No deba pasarse por alto que el lema que abría el Proyecto… era una cita de una Historia de los Estados Unidos escrita por Eduardo Renato Lefebvre de Laboulaye entre 1855 y 1866, un autor al cual Betances Alacán prologó para el público antillano el libro El Partido Liberal su progreso y su porvenir en 1869.[8]
Notas que no son finales
La representación de Estados Unidos en el Proyecto… de 1867 era bastante ambigua. En ocasiones se asume como un modelo a seguir y un fenómeno que se admira. En otras se invoca como un espantajo para atemorizar al gobierno de España y se le reconoce una voluntad hegemónica amenazante de la cual esta debe cuidarse. Su relectura sigue siendo útil para comprender cualquier disgusto de los abolicionistas radicales con la abolición de 1873. Igual que en cuestiones de mercado Estados Unidos tuvo un papel protagónico en la historia del país, su presencia en la reflexión política y social no fua nada detestable.
No me cabe la menor duda de que los eventos de 1868 y de 1873, y los debates que generaron al interior del liberalismo puertorriqueño abrieron una fosa entre los integristas y los separatistas que nunca sanó del todo. Las posibilidades de cooperación entre ambos sectores ideológicos quedaron cerradas después de aquellos eventos. El Ciclo Revolucionario Antillano marcó en fin de una época y el inicio de otra. La actitud que se adoptara ante Lares y la abolición escindió el liberalismo puertorriqueño en dos sectores que, si bien nunca dejaron de comunicarse, representaban extremos opuestos irreconciliables. Los hechos del 1898 atenuaron esa situación por algún tiempo como trataré de demostrar en otra ocasión.
Por último, si bien la frontera entre ambos territorios discursivos era bastante movediza y porosa, el tránsito de liberales de uno a otro campo también es un tema que aguarda una indagación cuidadosa.
El autor es historiador
