CLARIDAD
Entre este mes de febrero y el próximo mes de marzo se vislumbran culminantes para el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según se desprende de entrevista al experto en casos de quiebra y la ley PROMESA, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.
La jueza Laura Taylor Swain, le dio a la Junta de Control Fiscal (JCF) hasta este 28 de febrero para que le presente la fecha de certificación del plan fiscal de la AEE y el itinerario para la enmienda al plan de ajuste de deuda (PAD) de la AEE. Además la jueza mantiene la paralización de los litigios, hasta el 24 de marzo. Emmanuelli Jiménez, explicó que en ese período la JCF tiene que informar a la jueza todos los detalles y el itinerario de las enmiendas al plan de ajuste de deuda (PAD) que va a seguir en la negociación con los acreedores de la AEE.
Aunque desde su punto de vista, Emmanuelli Jiménez, entiende que no hay nada que negociar con los bonistas, porque no hay dinero, indicó que la certificación del plan fiscal es vital porque ahí está la proyección de la demanda de la energía y los ingresos de la AEE y por ende se sabe si sobra algo de dinero para pagar a los bonistas. Si saliera un plan fiscal que evidencie que sobra dinero habría margen para negociar, pero si no sobra no se puede negociar afirmó.
Agregó que, aunque la mediación con los bonistas va a continuar hasta el 24 de marzo, los bonistas que no están de acuerdo con el PAD radicaron una moción para que se levante la paralización automática del pago de la deuda, que otorgó la ley Promesa. Esa moción se va a ver el 19 de marzo. De aprobarse -expuso- la moción los bonistas podrían ir al Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan a pedir que se nombre un sindico para que entonces el síndico tome el mando de la AEE.
“Ese es el otro desenlace de todo esto por un lado la Junta puede presentar su PAD pero por otro lado la jueza va a ver las mociones que los bonistas estén presentando y los bonistas tienen también pendiente una moción de desestiman de la deuda”.
Emmanuelli Jiménez, aclaró que si la juez Swain levanta la paralización el acreedor, este queda libre de la ley Promesa y puede ir al TPI a pedir un síndico. Observó que la petición del síndico no sería la única alternativa, pero si la más probable porque ese es el remedio principal que tienen los bonistas para cobrar. Una vez se tiene el síndico, éste iría al Negociado de Energía para pedir un aumento de la tarifa. No obstante observó que la ley dice que el NE puede elevar las tarifas pero de manera “razonable”, es decir que no quiebre a la AEE. El experto apuntó a que mientras más se aumente la tarifa más presión económica recibe la AEE porque la gente empieza ahorrar, más gente se desconecta del sistema, o simple no puede pagar y se la cortan por lo que subir la tarifa a un nivel irrazonable, significa menos dinero para la AEE.
El representante legal del Plan de Retiro de la UTIER (Union de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) en el caso de la AEE comentó que ve a la jueza Swain molesta porque lo que ella creía que iba a resultar en un acuerdo no ha resultado, es decir la mediación. Por ejemplo la juez suspendió la vista del 5 de febrero cuando la JCF le dijo que ‘no había manera de llegar a un acuerdo y que iba a preparar un nuevo plan’.
Sobre la postura de la JCF que sigue obstinada en su PAD y no mejora su oferta, mientras solicita que se le aumente el pago mensual de $50 mil a $100 mil al mes a la firma de mediadores, Wilkiefar & Gallagher LLP, el licenciado Emmanuelli Jiménez, denunció que el problema es que la JCF es parte del andamiaje de saqueo del pueblo de Puerto Rico y no tiene ningún escrúpulo en no proteger el dinero de Puerto Rico mediante estos procedimientos.
“El que no se pueda llegar a un acuerdo con los bonistas es porque la Junta le ha metido tanto costos adicionales al sistema eléctrico con las privatizaciones, bonificaciones lo realidad están haciendo insostenible el sistema eléctrico”.
Mientras por parte de la Comisión Ciudadana para la Auditoria del Crédito Público (CCACP), su directora ejecutiva licenciada Eva Prados, indicó sobre la entrega por parte de la JCF del plan fiscal que estarán pendientes de que se radique un plan que recoja la realidad de la AEE que es el problema que tiene para recaudar el dinero que los bonistas están pidiendo que se les pague.
Apuntó a que el plan fiscal va a decir cuánto visualiza van a ser los ingresos que tiene la AEE y lo que proyecta serían los ingresos netos indistintamente lo que haya resuelto el Tribunal de Apelaciones del Circuito de que si bien le dio un espaldarazo a los bonistas no significa que estos pueden cobrar el 100% de su deuda.
Sobre la posibilidad de que la JCF y los bonistas lleguen a un acuerdo la directora ejecutiva de la Comisión compartió que hasta ahora la información que tiene es que los bonistas y la JCF no han llegado a un acuerdo consensuado todavía. “Si eso es así podemos prever que la Junta se mantenga en su postura de que no se vislumbra que la AEE tenga más ingresos que pueda satisfacer las pretensiones de los bonistas buitres”.
Apuntó a que se imagina que el PAD debe mantener una mirada bastante pesimista en lo que hay de ingresos, y aunque puede que en definitivo se mueva a buscar una oferta adicional, pero que no satisfaga del todo a los bonistas.
Por otra parte resaltó que lo que le preocupa a la Comisión Ciudadana es el elemento de que AAFAC (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), aun cuando no tiene la última palabra de lo que se le dice los bonitas, ésta la tiene la JCF, haya intervenido y contratado a un equipo de asesores, para, alegadamente, lograr un acuerdo consensuado con los bonistas opositores al PAD presentado por la JCF.
Prados denunció que la firma contratada por AAFAC, el grupo Houlihan Lokey se opuso a que Puerto Rico pudiera tener cualquier acceso a un proceso de quiebra, incluyendo a Promesa, y planteó que Puerto Rico no debía recibir ese beneficio porque entre otras cosas decían que se podía lograr unos acuerdos.
“Si en algo podemos coincidir con la JCF y esto se da muy pocas ocasiones es que ha reconocido gracias al esfuerzo de todos los sectores que el país no puede pagar mas a los bonistas en ese sentido ver que este nuevo gobierno traiga a un actor que siempre participó de las vistas del Congreso cuando se solicitó por Pierluisi, cuando fue comisionado residente presentó un proyecto en el Congreso para que a Puerto Rico se le permitiera acudir al proceso de que dispone la Ley de quiebra, el proyecto no incluía una junta de control, sino una alternativa de quiebra que ya está permitido a otras ciudades y gobiernos locales en EE UU”, manifestó Prados.
Sobre el aumento a los mediadores solicitado por la JCF denunció que es la misma historia de los asesores que está contratando AAFAF, atribuyó que ambos son una pérdida de dinero y tiempo y crea también la idea de que sacrificar al pueblo de Puerto Rico estos asesores si van a llegar acuerdos. Subrayó que ambos mediadores y asesores han estado al lado de los acreedores y no tienen el interés de defender lo que es el problema del pago, “es el bolsillo de los puertorriqueños los que vamos a pagar”.
Sobre la posibilidad de un síndico dijo que no descarta esa posibilidad, pero reparó en que se ha llegado demasiado lejos y entiende que la jueza esta buscando a que se llegue a un acuerdo. “Hay que mantenerse firmes en que el país no puede pagar lo que ellos pretenden”.
