Cuando el Congreso de Estados Unidos impuso la Ley PROMESA en Puerto Rico en 2016, y el entonces Presidente Obama nombró la primera Junta de Control Fiscal (JCF) con el propósito expreso de reestructurar la deuda pública de $72 mil millones e imponerle disciplina fiscal al gobierno de Puerto Rico, se establecieron unas premisas que, con el pasar del tiempo y la falta de interés del propio Congreso, resultarían fallidas. Primero, que el costo total de la gestión del ente fiscal extranjero, pagadero por el pueblo puertorriqueño, rondaría los $370 millones aproximadamente.
Segundo, que dicha gestión sería temporera, toda vez que la pericia, experiencia y eficiencia operativa del ente fiscal sería tal que se lograría la reestructuración de la deuda y la restauración del crédito de Puerto Rico en un término máximo de 10 años, posiblemente mucho menos a la luz de la experiencia de Detroit y otros procesos de quiebras municipales en Estados Unidos.
Hoy, casi nueve años después de aquella PROMESA, la JCF está atornillada en Puerto Rico, sin que se vislumbre su salida, y los gastos asociados a su gestión, ya pagados por nuestro pueblo, ascienden a más de $ 2 mil millones, casi cinco veces la cantidad original proyectada. Lo que es peor aún, el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)se encuentra empantanado en una controversia sin aparente solución, lo cual ha obligado a un larguísimo y fallido esfuerzo de negociación del cual serán vencedores los grandes bonistas amparados por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston. Como se ve la cosa, el pueblo de Puerto Rico quedará pillado por tarifas incosteables de servicio eléctrico, ahora en manos de las indolentes privatizadoras LUMA y GeneraPR.
Durante este largo tiempo, tres veces ha cambiado la composición de la JCF, por donde también han pasado una directora y un director ejecutivo y decenas de otros oficiales de alto nivel. En este momento, el ente ya cuenta con una plantilla de más de 80 empleados directos, amén de una activa puerta giratoria por donde pasan decenas de consultores, asesores, bufetes de abogados, contables y «peritos» de todo pelaje. En fin, un enorme y pesado andamiaje de gastos descontrolados y burocracia montado sobre las espaldas del pueblo puertorriqueño, de los trabajadores y pensionados del sector público e instituciones públicas de Puerto Rico, que han visto esfumarse salarios, pensiones, beneficios y servicios esenciales, así como sus presupuestos constreñidos hasta hacerlas inviables.
Según un reportaje reciente del Centro de Prensa Investigativo ( CPI), lejos de contemplar retirarse de Puerto Rico, la JCF se encuentra en este momento en su punto de mayor integración y penetración del gobierno de Puerto Rico, con intervenciones continuas en asuntos puntuales, más allá del ámbito de los objetivos originales de la Ley PROMESA.
Por otro lado, el más reciente informe de la organización de análisis económico y de promoción de gobierno abierto y transparencia fiscal, Espacios Abiertos (EA)- presentado hoy en conferencia de prensa -identifica que la JCF ha gastado, y el pueblo puertorriqueño ha pagado, $308.1 millones a consultores y abogados para asuntos fuera del proceso de quiebra del gobierno, $11.3 millones al oficial que examina y autoriza el pago de las facturas, y $1.7 mil millones a consultores y abogados asociados al proceso del Tribunal de Título III de PROMESA (quiebra) para un total de $2.2 mil millones. Los consultores con los contratos de mayor cuantía son el bufete Proskauer & Rose, al que se le han pagado más de $ 355 millones, y los $307 millones pagados a McKinsey & Company, el notorio asesor estratégico, el mismo que tuvo que pagar $650 millones para evitar que continuara la investigación por su » asesoría» a Purdue Pharma de impulsar la venta del peligroso opioide Oxicontin. Cabe señalar que estos son gastos facturados y pagados solo hasta el primer trimestre del año 2024, los más recientes que se encuentran disponibles.
El informe de EA resalta también varias instancias de falta de transparencia y descontrol de gastos de la JCF, lo cual contrasta con los requerimientos y exigencias que el ente hace a las agencias e instituciones públicas de Puerto Rico. Por ejemplo, hace solo unos días, la JCF emitió una fuerte advertencia y requerimiento de informes sobre asignación de fondos y gastos a la Universidad de Puerto Rico, institución que ha sido particularmente afectada por las políticas de austeridad de la JCF, aún cuando se trata del único sistema universitario público de nuestro país. Por su parte, la JCF es muy recelosa y poco transparente y abierta hacia el Congreso en cuanto a sus gastos, y el Congreso muy laxo e indiferente en exigirle rendimiento, celeridad y cumplimiento con la Ley PROMESA.
Tal pareciera que tras lo nebuloso de este comportamiento está la intervención de poderosas fuerzas económicas cercanas y ajenas al proceso de quiebra fiscal de Puerto Rico, manejando desde afuera los hilos de la presencia, permanencia y acciones de la Junta de Control Fiscal en nuestro país.
