(1ra.parte)
CLARIDAD
Discriminatorias, injustas, humillantes, hasta competencia desleal dirigida a arrinconar a los y las puertorriqueñas en su propio suelo, eso es lo que son las Leyes 20 y 22. Ambas aprobadas por la administración de Luis Fortuño.
En entrevista, la economista Marta Quiñones Domínguez explicó que se supone que el propósito de la Ley 20 es atraer inversionistas para fomentar las exportaciones en Puerto Rico. Con ella se busca que vengan empresarios a la isla para que desde aquí exporten sus servicios hacia Estados Unidos. La persona no tiene que haber vivido o vivir en la isla para acogerse a ese beneficio contributivo, aunque sí hay empresarios puertorriqueños que se han acogido a la ley. Para ello, lo que han hecho es poner una oficina en Estados Unidos y solicitar desde esa ubicación. El beneficiario de la Ley 20 paga un 4 % sobre sus ganancias de exportación.
Si se compara esta tasa de impuestos con lo que pagan otras empresas en la isla que no están acogidas a esa ley, se ve entonces lo injusta y hasta parcializada que resulta la Ley 20. La ley no hace justicia a los empresarios que fabrican, venden o dan servicios en Puerto Rico, porque que estos pagan impuestos de las tarifas regulares. A juicio de Quiñones Domínguez, ese es uno de los elementos que tiene que mejorarse de la Ley 20 y la Ley 71, ya que el nivel de impuestos a pagar debería ser equitativo a todos los empresarios en el país, independiente de si exportan o no. Por ejemplo, a un agricultor que vende su producción en la isla no le aplica la Ley 20, pero si vende su producción exclusiva a EE. UU., con lo que desvía su ganancia hacia EE. UU., no paga impuestos en ninguno de los dos países. Esto representa una competencia desleal para el que mantiene toda su operación en la isla.
El razonamiento de esa ley, explicó Quiñones Domínguez, es que supuestamente había que aumentar los niveles de exportación de Puerto Rico. El problema es que no reconoce las diferencias que representa la producción y exportación en una isla pequeña versus un escenario mayor, y aunque la mayoría acogidos a la ley son servicios profesionales, comoquiera, representa una competencia desleal. Censuró, de paso, que mientras, el Gobierno aquí contrata empresas del exterior como, por ejemplo, LUMA y HMS Ferries.
“Esa es la parte ideológica, y los contratamos mucho más caros que las contrataciones aquí en Puerto Rico. Son contradicciones de la colonia que hay que superar. La ley aplica desde investigación y desarrollo; ejemplo, aplica a los Monsanto de la vida. Y ahí vemos la otra cara perversa. El agricultor de Puerto Rico que da un servicio para mejorar la producción de la isla, ese no está cubierto”.
La economista recomendó que la ley aplique a los empresarios puertorriqueños. No obstante, recordó que está siendo cuestionada por el Servicio de Rentas Internas de EE. UU. Comentó que allá se deben estar preguntando cómo es posible que unas personas que quieran ser parte de ese país hagan una trampa tan grande cuando Estados Unidos necesita los impuestos para dar servicios, como todos los países.
Por si no fuera suficiente, la Ley 22 es la peor porque esta es exclusiva para gente que tenga dinero y venga a la isla a comprar una propiedad. La ley otorga una exención de 100 % sobre los ingresos pasivos, sobre las inversiones y en cuanto a las ganancias de capital a largo plazo. Estos beneficios, independiente de que provean o no beneficios a Puerto Rico, cobija a los individuos hasta el 1 de enero de 2036. “Esos eran los 100 inversionistas que dijo Fortuño que iba a traer a invertir en Puerto Rico. El problema es que esa inversión en la que ellos van a comprar y contratar gente en Puerto Rico, eso lo hacemos todos”.
Quiñones Dominguez denunció que lo más perverso que está pasando es que está viniendo gente por la Ley 22 a comprar tierras a la isla y no les están aplicando la ley de los 500 acres. “Están comprando montones de terrenos, vienen con la excusa de que son para producir productos orgánicos, desplazan al joven agricultor puertorriqueño que está tratando de impulsar esa línea en la isla y los desplazan. Es lo peor: o eres empleados de ellos o sencillamente te eliminan”, afirmó.
Los millonarios y los multimillonarios
Por otra parte, un estudio realizado por la firma Estudios Técnicos, Inc.,para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Desempeño de Programas de Incentivos Ley 20 y ley 22 de 2012, reveló que entre el 2015 y mediados de 2019 se habían otorgado1,680 decretos por la Ley 20. De todos estos decretos, el 35 % fue a empresas locales. Según el informe, los impactos económicos de la ley a los ingresos fiscales fueron significativos, al totalizar $210 mil millones. El promedio de los trabajos apoyados por este decreto fue de 8,257 empleos directos, con un ingreso de alrededor de $36,000 anual.
Sobre estos datos, Quiñones Domínguez apuntó que si bien es cierto que hubo ese movimiento de capital, en la medida en que venden más, se va a pagar más impuestos y se va a traer esa ganancia a la isla, pagando ese 4 %. Ahí es que se ven los beneficios. Pero objetó una vez más que solo el 35 % de estas empresas son puertorriqueños que no pueden competir con las empresas estadounidenses, que siguen vendiendo sus servicios fuera y solo pagan el 4 %. El problema sigue siendo en dónde se queda la ganancia.
En cuanto a los datos de la Ley 22, entre el 2015 al 2019, se otorgaron 2,202 decretos y otros 410 entre 2012 a 2014; un total de 2,612. Un 35 % de los beneficiarios de esta Ley 22 inició negocios en la isla bajo la Ley 20. La inversión total en bienes raíces de los acogidos a la Ley 22 se estimó en $1.3 mil millones entre el 2015 y 2019. Según los datos del estudio, las inversiones de capital planificadas se estimaron en $678 millones. Hubo $141 millones en consumo directo de bienes y servicios y el 68% compró una propiedad en la isla. El costo fiscal, es decir lo que le costó al pueblo de Puerto Rico conceder esas exenciones, se estimó en $29 millones por un solo año, el 2019.
Entre el 2015 y mediados de 2019, los agraciados con la Ley 22 generaron $1.3 mil millones en inversiones inmobilarias, quiere decir, en la compra de propiedades, y el impuesto derivado de la propiedad rondó los $8.8 millones.
En cuanto a la procedencia de los beneficiarios, el estudio dice que se concentran en California, Florida, Nueva York y Texas. Los municipios con más beneficiados son San Juan y Dorado.
En una observación que resulta algo cínica —para esta periodista—, el estudio dice que es “una gran idea errónea” creer que las personas beneficiadas con la Ley 22 son “súper ricas”, ya que el 82 % de ellos tienen un patrimonio de menos de $10 millones. En un país donde el ingreso familiar promedio es de $19, 775, como precisa el mismo Estudios Técnicos, y el 50 % de las familias vive bajo los niveles de pobreza, cualquiera que tenga $10 millones de dólares como patrimonio es rico. El que solo un 4 % de los beneficiarios tenga un patrimonio neto de más $50 millones, no subsana el hecho de que la ley constituya un privilegio arbitrario.
Considerar, como plantea el estudio, que puertorriqueños en Estados Unidos con un patrimonio neto de más de $1 millón consideren la Ley 22 para reubicarse en la isla es equivocado. Esta continúa siendo un privilegio para los que tienen dinero, sean o no sean puertorriqueños.
La profesora Quiñones Domínguez coincidió con que de todas maneras las personas que se benefician de esa ley son más ricos que la mayoría de la gente en Puerto Rico. “Comparado con los ingresos que recibimos en la isla, para nosotros sí son millonarios. Lo mismo sucede con los que invierten en bitcoins cuando 10 mil dólares es el salario de muchas familias en la isla”.
En cuanto al raciocinio o justificación de que la ley tenga un plazo de 23 años, comentó que esta parece estar atada a la deuda, incluso hasta la misma Junta de Control Fiscal (JCF) se supone que sea por 20 años.
Al inicio de esta sesión legislativa, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago, radicó la resolución RS 40 con el propósito de derogar ambas leyes. La resolución fue referida a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y la Junta de Supervisión Fiscal del Senado.
