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Editorial:La empecinada nación puertorriqueña

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Durante más de un siglo, los ideólogos anexionistas que han impulsado convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos han afirmado que es posible obtener “la estadidad” en coexistencia con nuestra identidad nacional puertorriqueña, nuestra cultura e idioma español, y nuestra soberanía deportiva, valores que tanto aprecia nuestro pueblo. Incluso, dos ex gobernadores de ideología anexionista les pusieron “nombres” a dicha ficción.  Luis A. Ferré le llamó “estadidad jíbara” y Carlos Romero Barceló, el “estado hispano.”

Pero, el espejismo se rompió para siempre tras la aprobación por el Congreso de la Ley PROMESA y el establecimiento de la Junta de Control Fiscal en 2016, y las recientes decisiones del Tribunal Supremo federal en los casos de Sánchez Valle y Vaello Madero. Ya no debe quedarle duda a nadie en Puerto Rico- como no le queda duda a nadie en Estados Unidos- de que a ésta, su principal colonia de ultramar, el Gobierno de Estados Unidos no tiene planes de incorporarla como un estado de la unión. Eso ha quedado descartado, precisamente por las extraordinarias condiciones que existen en el marco político actual de Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo no hay ambiente para emprender, ni siquiera para hablar, de experimentos jurídicos radicales que puedan provocar cambios definitivos en el ordenamiento constitucional y político en dicho país.

Estados Unidos actualmente atraviesa por una peligrosa división interna, y el clima de confrontación política, económica y social entre diversos sectores, es uno de los más álgidos de su historia contemporánea. Existe una pugna furiosa entre las visiones encontradas hacia el interior de sus dos grandes partidos, Demócrata y Republicano, y un gran resentimiento y desconfianza acumulados entre amplios sectores de la población, principalmente como secuela de las alteraciones económicas y sociales, la desigualdad y los movimientos migratorios provocados por el desenfreno del capitalismo de mercado global. La pandemia del COVID-19 ha sumado un elemento de tensión adicional, con un saldo de 800 mil fallecidos en Estados Unidos, el país puntero en el mundo en infecciones, hospitalizaciones y muertes por la pandemia. Además del impacto de estas crisis en toda la sociedad, Estados Unidos atraviesa por un realineamiento ideológico y de fuerzas entre las élites del complejo militar, industrial y financiero que mueven los hilos del poder en ese país. En otras palabras, en Washington las cosas no están como para “jamaquear el palo.”

En Puerto Rico también se atraviesa por profundos cambios de todo tipo, principalmente a raíz de que se advierte el desplome del experimento colonial de Estados Unidos en nuestro país. Las sucesivas crisis y catástrofes de los últimos años, el colapso económico, la quiebra fiscal del gobierno, la emigración de miles de personas, principalmente jóvenes, también provocan cambios y el realineamiento de fuerzas políticas, económicas y sociales. En  un año, ya se ha erosionado el 31% del voto que en noviembre del 2020 le permitió a Pedro Pierluisi y el PNP gobernar a Puerto Rico, y obtener un apretado resultado a favor  de la estadidad en el referéndum Estadidad Sí o No. La sumisión del Gobernador y la Asamblea Legislativa ante las políticas dictatoriales de la Ley PROMESA y las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal; su apoyo a un Plan de Ajuste de Deuda cargado contra trabajadores, pensionados y la Universidad de Puerto Rico; la sucesión de actos de corrupción pública que han provocado arrestos y vergüenza en estos días; la mediocridad e inoperancia del aparato gubernamental, y el prolongado e imparable azote de la pandemia del COVID-19, amenazan con pasarle, en las próximas elecciones, una factura abultada a los dos partidos que se han turnado el poder en Puerto Rico- PNP y PPD- cómplices de este cuatrienio de desgobierno que estamos viviendo.

Pero, el factor fundamental que aleja a Puerto Rico de la estadidad es nuestra empecinada voluntad nacional, la cual insiste en afirmarse una y otra vez, por encima de quienes la ocultan, y si no pueden ocultarla, entonces la ignoran, la ningunean y la atacan. El más reciente resumen de esa esencia nacional vibrante y única que compartimos las y los puertorriqueños aquí y en la diáspora, es el emotivo video que sirvió de introducción a los conciertos multitudinarios del artista Bad Bunny en San Juan, el fin de semana pasado. El audiovisual ya ha sido visto por cientos de miles de personas en Puerto Rico y otros países, y será visto por millones más en el mundo entero, a través de las plataformas digitales de entretenimiento que ahora nos interconectan inmediatamente. Por las hendijas que se han abierto tras siglos de colonialismo, nuestra porfiada identidad se cuela airosa, y le transmite al mundo el mensaje contundente de lo que ha sido la azarosa existencia y la heroica resistencia de la nación puertorriqueña.

 

Venezuela ante la agresión imperialista

 

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

El dramático bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, en especial en estos últimos tres años, no impidió que en las elecciones del pasado mes de noviembre el pueblo venezolano ratificara su Revolución Bolivariana, representada en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV. La Revolución Bolivariana ganó 19 de las 23 gobernaciones del país, 2/3 partes de las alcaldías, es decir 205 de 335 alcaldías, incluyendo la de la capital Caracas.

El triunfo hay que verlo en el contexto de la exposición Venezuela ante la Agresión Imperialista, ofrecida por el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional del PSUV, el diputado Jesús Faría Tortosa. La conferencia se presentó a distancia desde Venezuela a Puerto Rico, el 8 de diciembre, en el local de la UIA, y fue auspiciada por el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico (CSC), el Movimiento Solidario Sindical (MSS) y la Red de Solidaridad con Venezuela (RSV).

Las acciones de interferencia por el imperialismo yanqui, describió el diputado, tanto a Venezuela como a otros países latinoamericanos y caribeños se han dado a lo largo de los últimos 120 años, pero nunca habían visto una agresión de esta naturaleza tan dramática. En especial, en los últimos tres años, la escalada ha sido una sin igual por su impacto destructivo.

En estos tres años han ocurrido dos intentos de golpes de Estado, un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y un plan para colocar mercenarios a lo largo de las costas venezolanas. Este último, narró Farías Tortosa, fue derrotado, además de por sus fuerzas militares, por pescadores que se pusieron al frente de la operación. “Todo esto se ha concentrado en el periodo de 2019, 2020 a 2021; pero anterior, se venían desarrollando campañas y estrategias de desestabilización, de violencia, de agresión en contra de nuestro país”. Estas agresiones políticas han tenido, en unos casos, la participación y apoyo de países europeos y de la región.

Pero en cuanto al bloqueo económico, denunció que este se ha venido tejiendo a partir de un número de sanciones de manera abusiva y criminal por su impacto en la población. Las sanciones establecidas por el gobierno de EE. UU. contra Venezuela le impiden, en primer lugar, desarrollar las actividades normales de un país petrolero que depende de las divisas que le deja el petróleo. Ese ha sido el sector que ha resultado más afectado por el estrangulamiento económico. En este momento, Venezuela carece de mercados que le compren su crudo y sus derivados, en particular, ya no pueden colocar sus productos en EE. UU.

Incluso, hasta China y Rusia han dejado de comprarle petróleo a Venezuela debido a las amenazas de EE. UU. Solo Irán, quien lleva más de 40 años sancionado por EE. UU., desafía las sanciones. Venezuela tampoco tiene forma de acceder a la tecnología ni a los insumos para poder mantener su industria petrolera. Todos los suplidores de tecnología les han cerrado las puertas por las amenazas de EE. UU. Más aun, el Departamento del Tesoro de EE. UU. despojó a Venezuela de uno de sus principales activos en el exterior, la empresa Citgo, valorada en $10 mil millones y localizada en el sur de ese país.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional precisó que como resultado de esta situación, la producción petrolera se ha desplomado debido a que no tienen posibilidad de vender y producir las divisas necesarias para desarrollar la industria petrolera. Es decir, no tienen la posibilidad de utilizar el sistema bancario internacional para la compra y venta de insumos que son necesarios para esa industria. El economista reconoció que la producción del crudo genera el 95 % de las divisas que entran al país —lo que significa que es una economía sumamente dependiente— y además produce el 70 % de todos los ingresos que obtiene el Estado. El desplome de la industria petrolera ha provocado un desplome total del aparato productivo, admitió.

Al respecto, expuso que previo a este desplome, los ingresos anuales del país por concepto de la exportación petrolera oscilaban entre $40 mil y $35 mil millones y tuvieron un pico de $30 mil millones a comienzo de este siglo XXI. El año pasado, de esos $40 a $30 mil millones, se contrajo a menos de mil millones de dólares: “Una situación dramática para desarrollar las políticas económicas y sociales que necesitamos”.

En el 2017, cuando se iniciaron las sanciones, la producción se ubicó en 2 millones de barriles diarios y se llegaron a producir menos de 100 mil barriles diarios. En la actualidad, la producción ha recuperado y está llegando a un millón, que es la mitad de lo que había antes de las sanciones en septiembre de 2017.

Farías prosiguió con que todos los sectores de la economía están afectados; eso incluye el Banco Central de Venezuela. Al principal banco comercial del Estado, le tienen secuestrados más de $3 mil millones de dólares en bonos de título y en efectivo. Hay otros más de $6,500 millones colocados en el exterior que fueron confiscados por EE. UU. En una acción más reciente, Estados Unidos, que es el único país con poder de veto en el Fondo Monetario Internacional (FMI), se niega a que se le entregue a Venezuela la cantidad de $5,100 millones que le corresponden para atender la pandemia del coronavirus.

“Se pueden imaginar que cuando las bases materiales de la sociedad, la producción de bienes y servicios, se desploma, por supuesto, que esto afecta a toda la sociedad, empezando por las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

Es evidente que la lógica del plan consistía en crear una crisis económica de tal magnitud que llevara al pueblo a la ingobernabilidad del país y que a partir de ese momento se pudiera promover una insurrección con participación incluso de componentes de las fuerzas armadas compradas por la embajada yanqui, aseguró. Al momento, ya no hay embajada yanqui en Venezuela.

El miembro de la dirección nacional del PSUV indicó que el plan contemplaba hasta una intervención militar si hubiese sido necesario, lo que nunca fue descartado por el Gobierno de Donald Trump. No obstante, resaltó que todas estas agresiones, en cualquiera de sus modalidades, sobre todo las de uso más reciente, que es la contratación de mercenarios que han llevado acciones en contra de la estabilidad de la nación y en contra de la vida de los principales dirigentes de la revolución, son acciones que no se han podido realizar de manera plena, precisamente, “por la fuerza, por la fortaleza de la revolución bolivariana, en especial, por la unión cívico militar”.

En términos políticos, afirmó que el país tiene a un presidente sólidamente establecido al frente del Estado, con poderes públicos establecidos que actúan acorde con la ley y que actúan en función de los intereses de la patria, así como un partido revolucionario al frente de la vanguardia del proceso revolucionario:”Tenemos una estabilidad política muy importante”. Mientras, los partidos políticos plegados al intervencionismo y a la influencia yanqui se encuentran en una condición de división, de repliegue de sus fuerzas y en su peor situación a lo largo de los últimos 20 años.

Para recalcar la importancia de esa solidez política, trajo a la atención que en los últimos seis a siete años el producto nacional (PIB) se contrajo en más de un 60 %, producto de la guerra económica desatada en el 2019. La inflación llegó a un 180 mil % como resultado del desplome de los ingresos, lo que provocó una incapacidad de poder atender las necesidades de la población. Aun con toda esa inestabilidad, la consolidación de las fuerzas revolucionarias les dio una derrota contundente y estrepitosa a los partidos opositores en estas elecciones.

Sobre el plano diplomático internacional, Farías Tortosa se expresó confiado en que habrá cambios en la alianza construida por Estados Unidos contra Venezuela. En América Latina, en la práctica, todos los países que estaban alineados con la política de agresión contra Venezuela, el Grupo de Lima, han venido asumiendo condiciones de gobierno de fuerzas progresistas y espera que siga ocurriendo con las elecciones en Chile en el año entrante, en Colombia y en Brasil, en los cuales hay altísimas probabilidades de triunfo de las fuerzas de izquierda La Unión Europea, la cual incluso estuvo aplicando sanciones en estos momentos, ya no reconoce al golpista Juan Guaidó como presidente. Apuntó que tras la observación de las elecciones ya no hay ningún pretexto para no validar el proceso.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela destacó la solidaridad de los pueblos hermanos ante el triunfo en las elecciones, incluida la recibida de Puerto Rico, de Sur África, Vietnam, Cuba, Nicaragua y Bolivia, entre otros. “Ha sido un año muy difícil, muy adverso muy complejo”, admitió. Reconoce que en el ámbito social han quedado profundas grietas que ahora tendrán que atender. “Tenemos que la enorme responsabilidad de asumir la tarea económica de tal manera que podamos consolidar la productiva, la estabilidad macroeconómica, incluyendo el tema de los precios, el financiero, y todo esto con el fin de corregir las pobres condiciones de vida de nuestro pueblo, muy golpeadas por el imperialismo norteamericano. Y eso lo tenemos que hacer ya, aun contra el deseo imperialista”.

Mirada al País: Un mundo raro

 

Especial para CLARIDAD

En las postrimerías del 2021 es casi obligado concluir que está cerrando otro año extraño. Puerto Rico, desde hace rato, ha estado marcado por la contracción económica – en la que no han faltado inseguros “rebotes” provocados por el influjo de fondos federales –, por el peso de una deuda cuyo ajuste se anticipa como insostenible, por un desangramiento emigratorio que amenaza con desdibujarlo y por un gobierno inepto bajo la regencia de una junta imperial de corte neoliberal. Ni el gobierno ni la junta han estado ni están a la altura de los retos. Para colmo, contribuyen a la intensificación de los problemas.

Como si lo anterior no fuera suficiente, hace cuatro años el país sufrió el impacto de un poderoso y destructivo huracán del que todavía no se ha recuperado a cabalidad. Luego fue visitado por numerosos sismos que insisten en permanecer como huéspedes, sobre todo en los municipios del suroeste.

Tal vez sirva de consuelo que la última calamidad – hasta la fecha – es de alcance mundial: la pandemia. Sin embargo, no se debe olvidar el viejo dicho: “Mal de muchos, consuelo de tontos”. Las mascarillas quizás protegen, pero no unen.

De todas maneras, la pandemia le ayuda a todos a recordar que forman parte de un mismo mundo. Pero, como escribiera y cantara José Alfredo Jiménez, se trata de “un mundo raro”. En la triste canción del compositor mexicano, evidentemente inspirada en los consabidos infortunios románticos, se aconseja recurrir como consuelo, o recurso de disimulo, al subterfugio de la mentira: “Di que vienes de allá, de un mundo raro. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado”.

Desafortunadamente, la indiferencia e insensibilidad de la que se intenta presumir con tal mentira se asemeja a la cruda verdad que revela el historial de las sociedades humanas. El “mundo raro” no es extraño, ni singular o atípico. Es el que es, el que se manifiesta en la desigualdad, la pobreza, la violencia, la intolerancia, el crimen, la corrupción, el discrimen, la depredación ambiental… En todo caso, lo extraordinario y admirable es que en esa misma fragua puedan forjarse afectos, amores, acciones solidarias, en fin, relaciones sociales sanas.

El mundo es raro. También cambiante, sobre todo luego de superarse el pasado lejano. Durante el último milenio han aumentado significativamente, debido a numerosas innovaciones tecnológicas e institucionales, la producción de bienes y la población mundial. Un indicador que ilustra el cambio es la expectativa de vida al nacer como media mundial: se estima que hace un milenio era 24 años, hoy excede los 70 años. Pero el mundo no es menos raro. También han aumentado los males. Baste destacar dos: la desigualdad en ingresos y la degradación ambiental.

La brecha en ingresos y riquezas en el mundo es más amplia en la actualidad que en cualquier otro momento de la historia. El aumento en la desigualdad de la distribución de ingresos ha sido particularmente notable durante los últimos doscientos años. En el año 1820 la brecha interregional mundial – la diferencia en el ingreso per cápita entre la región más rica y la más pobre – era de tres a uno (3:1). Hoy, según las cifras del Banco Mundial, es más de veinte a uno (20:1). Cuando en lugar de comparar grandes regiones se comparan países tales brechas son superiores. En casos extremos se llega a sobrepasar la razón de cien a uno (100:1). Demás está decir que cuando se trata de clases sociales y de la instancia familiar las brechas se tornan abismales, con razones de miles a uno. Imagínese la impúdica distancia entre los multimillonarios, como muchos de los que gozan de privilegios tributarios bajo la ley 22 de Puerto Rico, y los asalariados o los desposeídos.

Tanto la desigualdad en ingresos y riquezas como la degradación ambiental, así como las otras características del llamado mundo raro, obedecen a las acciones de los seres humanos. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, compuesto por centenares de científicos de diferentes países, ha publicado una serie de voluminosos informes en los que se demuestra la responsabilidad de los seres humanos en el calentamiento de la tierra, el océano y la atmósfera. Es evidente – cada día que pasa lo será más – el aumento de la temperatura, el deshielo, el incremento del nivel del mar y la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos: olas de calor, lluvias torrenciales, huracanes…

Si la rareza de este mundo es responsabilidad del ser humano también lo es la búsqueda de soluciones a los males que se incuban en el mismo. No obstante, falta voluntad en los gobiernos, en las empresas privadas y en los propios ciudadanos para actuar en correspondencia con los retos. Las más de las veces les inhiben estrechos intereses económicos en camino a tornarse académicos – inoperantes en la puertorriqueñísima acepción de la palabra – si el calentamiento global llega al extremo de colocar en entredicho a la propia vida.

La desigualdad económica y la depredación ambiental no están desvinculadas. Así lo advierte Thomas Piketty, prominente economista cuya investigación sobre la desigualdad se ha convertido en un clásico del siglo 21: “…la solución al desafío climático no será posible sin un movimiento poderoso de reducción de las desigualdades sociales a todos los niveles…el uno por ciento más rico por sí solo emite más carbono que la mitad más pobre del planeta”.

El dilema que suscita la desigualdad es claro: por un lado, los países pobres, así como las clases pobres de los países ricos, quieren acceder a más consumo; por otro lado, los países ricos, así como las clases ricas de los países pobres, quieren mantener el suyo e, incluso, aumentarlo. Los pobres luchan por alcanzar el consumo de los ricos mientras los ricos quieren aumentar el suyo para conservar la distancia respecto a los pobres. Por su parte, el aparato corporativo no vacila en alimentar los deseos de unos y otros.

Por fortuna, hay científicos, organizaciones sociales y movimientos progresistas que no son indiferentes a la injusticia social ni a la degradación ambiental. Reconocen que la vida está en juego y, por tanto, trabajan con sentido de urgencia en vías de acción para conjurar los males, para lograr la alteración en los patrones de producción y de consumo que esto supondría. Pero, a la luz de los indicadores en ambas dimensiones, sus agendas no han calado lo suficiente. Ya se dijo. Se trata de un mundo raro…

 

 

Cambian los nombres y la corrupción es la misma

Foto: Alina Luciano Reyes/CLARIDAD

 

CLARIDAD

Menos mal que pudimos, viejos y jóvenes, distraernos con Bad Bunny ( y de paso educarnos un poco con el extraordinario video con que abrió con sus conciertos). A no ser por ese paréntesis de alegría, del que disfrutaron directamente cerca de cien mil personas, el fango y la sangre que corrió por el País la semana anterior a los conciertos nos hubiese ahogado a todos.

La sangre llegó desde Cidra junto a una escena terrible y cada vez más común: el asesinato a sangre fría de un grupo de personas. Las metralletas sonaron en una batalla más de la guerra civil que se desdobla en nuestras calles, alimentada por la droga que llega del sur camino al norte, y las armas que llegan del norte para custodiar el tráfico. Mientras los “soldados” se matan el gobierno mira impasible, incapaz de controlar ninguno de los factores que hacen correr la sangre. La escena filmada en el antes tranquilo municipio de Cidra dramatiza el desparpajo de criminales que se sienten inmunes a cualquier procesamiento judicial y solo le temen al bando contrario. Esas horribles escenas se han vuelto tan comunes, que ya las miramos como si fuera la película de la tarde.

Las gangas criminales, estimuladas por la impunidad que les da la incompetencia policial, hacen correr la sangre y esa misma impunidad estimula la otra gran tragedia nacional también manifestada la semana pasada: la corrupción. Mientras las metralletas sonaban en Cidra, en Guaynabo se desplegaban policías nacionales y federales para arrestar a un alcalde que hasta ese momento parecía una estrella política en ascenso.

El arresto de Ángel Pérez Otero, quien también era presidente de la Federación de Municipios, la entidad que agrupa a los alcaldes miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), no había sido adelantada en las filtraciones que de ordinario hace la fiscalía federal. Unos días antes, cuando se supo de la acusación criminal contra el alcalde de Cataño, el guaynabeño había comparecido ante la prensa para “denunciar” la corrupción y lamentar los actos impropios de su colega. Como es usual, parecía muy seguro en la denuncia.

Esta nueva saga es idéntica a todas las que hemos conocido en el pasado. Primero aparece uno de los integrantes del “sector privado”, un empresario interesado en “hacer negocios” con el gobierno, para poner el dinero por delante. Es irrelevante saber quién da el primer paso, si el funcionario público pide “la aportación” a cambio del contrato o si el empresario pone la oferta sobre la mesa. La intención está en ambos.

De ordinario, el asunto se disfraza como una “protección a los míos”. El contratista del “sector privado” se vincula al político en la última campaña electoral. Allí se establecen los lazos personales y tan pronto se asume el cargo, se cambian los contratistas anteriores para darle paso a los de “confianza”.

Oscar Santamaría, el abogado que aparece ahora en todas las tramas de alcaldes y legisladores del PNP, es similar a Anaudi Hernández, el “empresario” que aparecía vinculado a las tramas del PPD. Ambos trabajaron en las campañas y luego recibieron los beneficios de la contratación. También ambos corrieron a llegar a acuerdos con los investigadores federales para entregar a sus proveedores a cambio de una reducción en la pena. En cuatro o cinco años están listos para empezar de nuevo escondiendo su identidad detrás de una nueva ficción corporativa

Hace unos treinta años el contratista era de apellido Kourí, luego Hernández y ahora Santamaría. Entre uno y otro hubo muchos otros nombres, pero la historia es archiconocida. Es el mismo personaje de la misma novela que se ha estado publicando casi todos los años.

No hay que hacer mucho esfuerzo para averiguar por qué esa historia se repite tanto. Todos lo sabemos, pero no está demás decirlo. En primer lugar, porque los partidos políticos que la alimentan ser vienen alternando en el poder desde siempre. La corrupción está arraigada tanto en el PNP como en el PPD. Gracias a ella financian sus campañas y cada financiamiento produce un grupo de “empresarios del sector privado” al que hay que agradecerle el apoyo. De paso, el contratista deja caer un sobre con billetes en el asiento del carro.

En segundo lugar, la historia se repite porque muy rara vez la novela no tiene un final feliz. La estructura de procesamiento criminal de Puerto Rico está controlada por quienes se benefician del esquema y ese control les garantiza la necesaria impunidad. En cuanto a los federales, aunque intensifican la publicidad con cada arresto, realmente terminan procesando a muy pocos de los implicados. En esta ocasión, ya sabemos que el abogado Oscar Santamaría tenía contratos en 38 municipios y que, además, recibió más de un millón de dólares por “servicios” prestados a legisladores del PNP. La gran mayoría de esos benefactores no serán acusados. Se sabe, por ejemplo, que le legislador José Torres Zamora le consiguió más de $400 mil en contratos al abogado y, no solo no ha sido acusado, sino que es uno de los precandidatos para ocupar la alcaldía de Guaynabo.

Todo lo anterior nos indica que la solución para este problema va un poco más allá del procesamiento criminal. Para combatir la corrupción tenemos que cambiar el sistema político, hasta ahora representado por el PNP y el PPD, que la alimenta de cuatrienio en cuatrienio. De la misma forma, para atacar la violencia que llena las calles de sangre tenemos que comenzar a transformar la estructura social que la alimenta. Es por ahí que comienza todo.

 

 

 

Urgen detener privatización de la generación de energía

 

CLARIDAD

Con el envío de una carta a los presidentes de la Cámara y el Senado, en la cual les advierten que el Gobierno está recurriendo al mismo proceso sin transparencia en la privatización de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que utilizó para confeccionar el contrato de LUMA, la coalición Queremos Sol lanzó una campaña urgiendo a la ciudadanía a llamar a los líderes legislativos a detener este otro proceso de privatización.

En comunicado de prensa, Adriana González, directora del Sierra Club de Puerto Rico, organización que lidera la iniciativa, demandó que la Legislatura detenga el proceso de privatización debido a que “el pueblo no puede aguantar más contratos como los de LUMA, que subirán la tarifa y empeorarán el servicio eléctrico”. Puntualizó que los elementos leoninos del contrato de LUMA han hecho daño al país, incluida la falta de penalidades si LUMA sobrepasa su presupuesto, como ya hizo, y la negación de los derechos adquiridos de los empleados de la AEE, resultante en que la fuerza laboral de LUMA sea una inexperimentada e insuficiente.

El proceso de privatización de la generación está encabezado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), igual que lo estuvo el de LUMA, y se anticipa que los contratos estén completados próximamente. La Coalición advirtió de que de acuerdo con la Ley 120-2018, y como ocurrió con el contrato de LUMA, nunca ha habido estudios de deseabilidad y conveniencia para analizar esta privatización.

 

En vez de firmar contratos de largo plazo para el uso continuo de las plantas de combustibles fósiles, como propone la AAPP, la coalición Queremos Sol propone una transformación hacia un sistema de generación descentralizado y basado en la energía solar en techos, con almacenamiento. Según un análisis económico completado por CAMBIO, el uso de $9.6 mil millones de fondos federales para transformar el sistema energético a 75 % energía renovable distribuida, para 2035 resultaría en una tarifa estable de 15 centavos por kWh, de la cual aproximadamente la mitad, 7.5 centavos por kWh, representaría el costo de generación. La coalición también dejó saber su oposición al desarrollo de proyectos privados de energía solar a gran escala en terrenos agrícolas y en terrenos de valor ecológico.

Otro aspecto que destacan sobre la privatización es que el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE requiere el retiro de muchas de las plantas de generación para el 2025, por lo que cualquier contrato de privatización de generación necesita respetar estas fechas y no prolongar la dependencia de la isla en los combustibles fósiles.

En específico, la carta urge a la Legislatura “a adoptar legislación para desarrollar un proceso más transparente con participación pública sobre los contratos de privatización de generación y a públicamente rechazar cualquier acuerdo de privatización que: (a) no cuente con un análisis económico riguroso que demuestre cómo la transacción beneficia al pueblo y bajaría la tarifa; (b) no resulte en una tarifa de generación a largo plazo de menos de 7.5 centavos por kWh; (c) no requiera a la entidad privada tener que retener y contratar a los empleados existentes de la AEE y honrar sus derechos laborales y convenios colectivos; (d) no requiera que la entidad privada invierta su propio dinero en mejorar el sistema de generación; y (e) no impulse una transformación acelerada a la energía renovable distribuida a la vez que retira las unidades existentes según el PIR”.

La ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol, subrayó que “si la Legislatura no interviene en este proceso, no habrá transparencia ni oportunidad para la fiscalización pública antes de que se firmen los contratos de privatización. Como ya hemos visto, esta falta de transparencia es una receta para más contratos políticos que no representan los mejores intereses del país”.