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 Intempestivas

— e.s. ortiz-gonzález

 

Intempestiva con «Regaño al corazón», de Roberto Roena

  1. En «Regaño al corazón» de Roberto Roena se plantea un problema del obsequio y su intercambio. Un obsequio, para ser obsequio debe ser dado sin más. No admite ser pedido de vuelta. Empero, se escucha en el coro: «Si tú me lo das, por qué me lo quitas?» Qué es lo que ha sido dado que luego se reclama el haber sido arrebatado?
  2. He ahí el requiebro de amor; sea desde o al corazón propio o al otro. «Jorobita jorobá, lo que se da no se quita». Con Lacan, parafraseo: se da lo que no se tiene a quien no es. Pero también se da con una petición de rechazo: «Yo te demando que rechaces lo que ofrezco, porque no es» (Je te demande de me refuser ce que je t’offre, parce que c’est pas ça). Dar lo que no se tiene y rechazar aquello que no es. La belleza del intercambio (im)posible. «Que mirando tu imagen me entretengo, y por eso me regaña el corazón».
  3. En otra ocasión vincularé esto con el acto masturbatorio en «Linda» de Daniel Santos.

Hint: Sabrá dios cuántos estarán pintando ahora pajaritos en el aire.

 

Intempestiva sobre la repetición

  1. Repetir es volver a pedir, volver a tender la mano. Recordar es volver a llevar al corazón, no al órgano en sí, pero a lo que se representa a través del latido. Está también religión, el anudar vínculos, siempre una vez más.
  2. Está el inventario de lo deshecho. Está la postura del suplicante, el mesar de barbas por parte de lo que no es sujeto sino figura, desnudez. En el mundo antiguo suplica quien no es ciudadano. Quien vestido, carece de presencia, de lugar.
  3. El presente es tiempo, promesa: obsequio. El anfitrión es un rehén (host).

Hablo, en fin, de lo (im)posible.

Repetir. Esa y no otra es la melodía.

 

 

Puerto Rico, un país  viejo

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A partir del siglo XX en Puerto Rico hubo políticas para disminuir la población, como lo fueron la experimentación con la píldora anticonceptiva y las esterilizaciones en masa. Nunca ha habido una política para el aumento de la población. Al presente, según el censo del 2024, la población en Puerto Rico es de 3, 203,295, unos cuantos menos que la del 1980,  que era de 3,200, 933. En términos demográficos, somos el tercer país más viejo del mundo con 24.7 % de la población mayor de 65 años de edad.

En entrevista con CLARIDAD, el  demógrafo Josean López Rodríguez nos explica cómo hemos llegado a ser el tercer país más viejo del mundo. Solo nos ganan Mónaco y Japón. En términos demográficos, indicó, la disminución poblacional está relacionada con la disminución en las tasas de natalidad y la emigración. A partir  del 2005, en Puerto Rico hemos tenido un aumento en la emigración, la cual fue  aumentando hasta que, en el  2017, luego del  huracán María, hubo una emigración fuerte, una  emigración neta que llegó casi a las 100 mil personas.

La cifra de población más alta fue a inicios de este siglo XXI de 3,810,605. Esa cifra comenzó a bajar en el 2010 hasta 3,726,157. Ahora, en el 2024, el estimado es de 3,203, 295, lo que significa que en el periodo del 2010 al 2024 la disminución de población fue de 522,862. Eso incluye la baja natalidad, el aumento en las defunciones y un crecimiento natural negativo en el 2016, cuando hubo más muertes  que nacimientos.

“Eso no ocurría en Puerto Rico desde 1899. Nunca el país ha llegado a cuatro millones. La población de Puerto Rico en 1910 era de 1 millón y pico, tampoco era mucho”.

Para un país tener un crecimiento demográfico positivo, explicó, el indicador que se discute es que haya una tasa global de fecundidad o tasa de natalidad de 2.1 hijos por mujer en etapa reproductiva. En teoría, se supone que, para que se mantenga la población estable, cada pareja deberá tener dos hijos que sustituyan a sus  padres, unas defunciones por debajo de los nacimientos, porque siempre se van a estar añadiendo nacimientos, y  un saldo migratorio estable.

En el caso de Puerto Rico, no se están añadiendo nacimientos, por lo tanto, no se está añadiendo población. Si los nacimientos sobrepasan las defunciones, esas son personas que se añaden. Pero Puerto Rico está perdiendo población porque las defunciones superan por 13 o 14 mil al año los nacimientos. Cuando se compara el crecimiento poblacional, el crecimiento natural negativo, debe haber —al menos para que esté estable la población—, una tasa de fecundidad de reemplazo de 2.1 hijos, una emigración estable y una disminución en las defunciones.

En  el 1950 los nacimientos en la isla estaban sobre 85,456 al año y las defunciones en 21,917. Hasta el 2005, casi hubo 60 mil nacimientos al año y se tenía un promedio de 29,030 defunciones, por lo que  se mantenía ese indicador de reemplazo de población con cerca de 2 hijos por mujer.

Pero al entrar en el 2000, principalmente entre 2005 y 2010, se empezó a perder nacimientos, hasta que en el 2016 se dio el fenómeno de crecimiento natural negativo en donde hubo 8, 44 nacimientos, pero 29,649 defunciones. Eso no ocurría desde el 1899.

Sobre las causas de este cambio, desde el aspecto sociológico-demográfico, López Rodríguez explicó que lo que se ha visto en las últimas décadas es que hay una relación directa con aspectos económicos, cambios en la manera en que se estructura la sociedad o los nuevos conceptos de familia; en fin, en cómo cambia el modelo social, en donde las prioridades no necesariamente es tener hijos. Aclaró que esto no es una actitud lineal y defendió que sí hay mujeres, parejas, que quieren tener hijos. Incluso señaló que las tasas de cesáreas en Puerto Rico, que son el 50% de los nacimientos, desalienta el que una mujer quiera volver a tener un hijo.Se ve en los datos que cuando el primer parto es cesárea la mujer no vuelve a parir.

Para atender la situación demográfica del país, tanto en lo que respecta al envejecimiento como a la baja natalidad desde el punto de vista de política pública, el demógrafo destacó que el gobierno debe empezar por reconocer  que hay una  crisis demográfica. “Hay que partir de ahí. El gobierno debería tener conciencia de que es un problema, porque ya lo estamos viviendo, ya vivimos en un país envejecido, que es el tercer país  con más personas de 65 años o más en el mundo”.

El envejecimiento de la población tiene unas implicaciones que van desde lo económico, lo social, en la adquisición de bienes de consumo, transportación y vivienda. En particular, el sistema de salud hay que  montarlo en función de las prioridades de la población envejecida, que requieren más servicios como farmacias y hospitalizaciones. El modelo empieza a cambiar porque la estructura de edad y la fotografía demográfica del país es otra. Observó que hoy se tiene la población casi idéntica del 1980, pero en aquel momento solo el 8.1%  tenía 65 años o más; ahora es el 25%, es decir, una cuarta parte.

Por otra parte, recalcó que sí hay quienes quieren tener hijos, por lo que el Estado debe tener las políticas de población necesarias para que tengan los recursos para ello. “Es una cuestión hasta de derechos humanos: si alguien quiere tener hijos, el Estado debe tener los recursos para  apoyarlo”.

En esa línea, apuntó que hay que tener presente que las políticas de población dirigidas a aumentar la natalidad para tener una población que pueda sostener un país es un trabajo a mediano y largo plazo.  “No es hacer parchos de dos o cuatro años”. A su juicio, es imperativa una campaña de concientización  al país para que entienda la situación.

López Rodríguez  considera que es necesario un plan económico que pueda ir a la par, según se añada población. Por supuesto, lo básico: apoyo a las mujeres que quieran parir, como centros de cuido accesibles, horarios extendidos en las escuelas públicas; para los padres que trabajan: las licencias de maternidad y paternidad. Incluso comentó que el gobierno debe gestionar que haya horario extendido en las escuelas privadas, sin que eso conlleve un pago adicional. Otra de sus propuestas es fomentar las uniones matrimoniales con incentivos variados dado a que es probable que haya un aumento en los nacimientos. Al presente, 6  de cada 10 mujeres que paren conviven o son madres solteras.

Además de lo anterior, propuso adoptar una política de migración de retorno, incentivos para que las personas regresen al país o la política transgeneracional, que es atraer a hijos o nietos que nunca han estado en Puerto Rico pero que se identifican con el país.

López Rodríguez considera que es necesario que se tenga una oficina demográfica para manejar la crisis, ya que es importante que la situación se estudie de manera consistente. “No sabemos cuánto va a durar esta crisis demográfica, pero se necesita tener una estructura que pueda trabajar las políticas de población, los estudios de población y compartir la información con las demás agencias, partiendo de que hay una crisis. Que sea una oficina que relacione con todos los sectores las políticas establecidas”.

Preguntamos si no habría retorno en caso de que el ritmo de nacimientos siguiera como va; si se podría determinar cuánto será la población en una década o dos décadas. La respuesta fue que los estimados  del Censo son que, para el 2050, la población de Puerto Rico será de 2.1 millones. Hay otros estimados que indican que eventualmente la población estaría cerca de 2 millones, pero por debajo de 2.3 millones de personas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultras pierden fuerza en EU

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York

 

 

CLARIDAD

Casi todos los análisis que se han hecho de las elecciones celebradas en alguna ciudades y estados de Estados Unidos el pasado 4 de noviembre coincide en ver el resultado como un “golpe a Trump”, pero algunos van un poco más allá y concluyen con la derrota de candidatos apoyados por el mandatario se ha revertido el viraje hacia la ultraderecha de la sociedad estadounidense. Sobre esto último mi opinión es que, aunque los resultados de esas elecciones son importantes, no constituyen una muestra lo suficientemente grande para llegar a esa conclusión.

Elecciones como las del pasado 4 de noviembre de ordinario no generan interés más allá de los estados o ciudades donde se vota, pero con el “trumpismo” entronizado en Washington y, además, habiéndose implicado personalmente Trump en varias de las contiendas, los principales medios noticiosos del mundo las cubrieron como un acontecimiento importante. La alcaldía de Nueva York fue la carrera más observada, seguida por las contiendas por la gobernación en New Jersey y Virginia. En California hubo otra consulta para una redistribución de los distritos representativos al Congreso que, por lo que puede implicar para las elecciones del año próximo, también generó mucho interés.

La contienda por la alcaldía de NY capturó el imaginario porque un joven que se proclama socialdemócrata, Zohran Mamdani, comandaba las encuestas desafiando la creencia de que sólo desde el centro político o desde la centroderecha se puede detener a los ultras. La intromisión directa de Trump tratando de reunir apoyos para Mario Cuomo, otro “demócrata” con largo historial en la ciudad, disparó el interés mediático en la votación.

La victoria de Mamdani -por su juventud, por no rehuirle al calificativo socialista y por el apoyo que obtuvo (50.4%) enfrentándose a una amplia coalición de opositores- es, sin duda, una gran noticia. Se enfrentó, además, a la maquinaria tradicional demócrata que, desde los tiempos del Tammany Hall en el lejano siglo XIX, controla la política de la ciudad. Pero muy poco de lo que ocurre en Nueva York puede proyectarse al resto de Estados Unidos. El exdirector de CLARIDAD Ramón Arbona, quien vivió, trabajó y luchó muchos años allí decía que la ciudad era “otro país”. Su composición poblacional, su tamaño y su historia como centro políticamente diverso y, en ocasiones progresista, la diferencian no sólo de Estados Unidos, sino hasta del resto del estado.

La advertencia de Arbona sigue siendo cierta, pero el triunfo de Mamdani levantó una ola de ilusión muy necesaria dentro y fuera de Estados Unidos. El movimiento hacia la izquierda dentro del Partido Demócrata que comenzó Bernie Sanders y que ha continuado desarrollando Alexandra Ocasio Cortés, se adjudicó una victoria muy importante con Mamdani. Por eso no resulta raro ver que, además de los trumpistas y republicanos, los sectores tradicionales demócratas también empiezan a preocuparse, aun cuando el mismo 4 de noviembre ese mismo sector obtuvo victorias importantes en New Jersey y Virginia.

Esas otras dos victorias demócratas, particularmente la de Virginia, deben tener muy preocupados a los analistas ultras porque en ambas tanto Trump como el movimiento MAGA se implicaron directamente, apoyando a los candidatos republicanos. Estos, distinto a Cuomo, también se identificaron con las políticas del mandatario, adoptando su retórica. La derrota contundente que ambos sufrieron inevitablemente se extiende a Trump.

En el caso de New Jersey el candidato republicano, Jack Ciattarelli, había estado muy cerca de un triunfo en 2021 cuando quedó a apenas 3 puntos porcentuales de Phil Murphy, el incumbente reelecto. En esta ocasión, distinto a 2021, asumió abiertamente las posiciones trumpistas, pero ni siquiera repitió los números de la elección anterior, sino que quedó a 15 puntos porcentuales de la ganadora.

En Virginia, estado sureño con gobernador republicano y donde la vicegobernadora se postulaba para sucederle, se produjo un resultado similar al de New Jersey. A pesar del apoyo explícito de Trump a la republicana, la demócrata Abigail Spanberger se impuso con soltura.

Estas fueron las primeras elecciones celebradas luego de que el trumpismo y el movimiento MAGA se encumbraran en 2024 y el resultado les resultó negativo. El avance de la ultraderecha perdió fuerza, pero habrá que esperar por las cruciales elecciones de 2026, las llamadas “de medio término”, cuando el control de las dos cámaras del Congreso vuelve a estar sobre el tapete. Allí los estadounidenses tienen la última oportunidad de, al menos, frenar la demolición del establishment tradicional que se desarrolla en Washington.

Volviendo a Nueva York, con la elección de Mamdani se abre un nuevo capítulo de crispación, hasta ahora inédito, entre la ciudad y el gobierno federal. MAGA y el trumpismo, controlando los amplios recursos del gobierno central, harán todo lo posible por ahogar la nueva administración municipal dirigida por alguien que es y representa todo lo que ellos combaten: inmigrante, musulmán y progresista. Las confrontaciones institucionales y las batallas legales serán intensas.

 

 

La reconfiguración de la educación superior: La universidad neoliberal

 

 

Especial para CLARIDAD

 

Desde finales del siglo XX, la educación superior ha sido profundamente transformada por la expansión del paradigma neoliberal. Más que un conjunto de reformas económicas, el neoliberalismo constituye una forma de gobierno de las subjetividades y de las instituciones, que redefine la relación entre conocimiento, poder y sociedad. Es una racionalidad política y cultural que redefine las formas de pensar la sociedad, el sujeto y el conocimiento. En las universidades, su influencia no solo se manifiesta en la organización institucional o en los mecanismos de financiamiento, sino también en la redefinición del sentido político y ético de la educación. Lo que antes era concebido como un bien público orientado al desarrollo social y la emancipación, ahora se traduce en un bien de consumo, medido por su rentabilidad y por su capacidad de insertarse en el mercado. En este marco, la universidad deja de concebirse como un espacio público de producción crítica del saber y pasa a funcionar como una empresa del conocimiento, sometida a las lógicas del mercado y la competitividad. La llamada universidad neoliberal no solo reorganiza su estructura institucional, sino que altera su sentido ético y político, transforma el modo en que pensamos el saber, el sujeto y el propósito mismo de la educación. La universidad neoliberal es un proyecto cultural que redefine qué significa aprender, enseñar y producir conocimiento.

El neoliberalismo impulsa una mutación estructural en la educación superior, impulsado un proceso de mercantilización de la educación, en el que las universidades se ven forzadas a operar bajo la lógica de la eficiencia, la competitividad y la productividad. La universidad deja de entenderse como un bien común —una institución orientada al desarrollo humano y social— para convertirse en una organización regida por criterios de eficiencia, productividad y rentabilidad.

Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, adoptan modelos de gestión empresarial, con estructuras jerarquizadas que privilegian la evaluación cuantitativa, la captación de recursos externos y la vinculación con el sector privado. En este contexto, el financiamiento público disminuye y las universidades se ven obligadas a competir por fondos, atraer estudiantes-clientes y generar ingresos propios. Se introduce una cultura gerencial que privilegia los indicadores cuantitativos (ranking, impacto, acreditaciones) sobre la reflexión crítica o el compromiso social.

La universidad se transforma así en una empresa de servicios educativos, donde el conocimiento se produce, distribuye y evalúa según su valor económico. Las carreras se orientan a la empleabilidad, la investigación se vincula al sector privado, y la innovación se mide por su capacidad de generar patentes o atraer inversión. Lo que antes se concebía como un derecho o un espacio de formación integral, ahora se traduce en una mercancía educativa. La educación deja de ser un derecho, un bien público o un espacio de formación ciudadana, para convertirse en una inversión individual.

Uno de los efectos más profundos del neoliberalismo es la reconfiguración del sujeto que habita la universidad. Tanto estudiantes como docentes son interpelados por una lógica de autoexplotación y competencia permanente.

A nivel subjetivo y pedagógico, la racionalidad neoliberal promueve un tipo específico de sujeto, el emprendedor de sí mismo. Los estudiantes ya no son concebidos como ciudadanos en formación, sino como clientes que invierten en su propio “capital humano” con la expectativa de obtener una rentabilidad futura. La educación se presenta como una inversión privada destinada a maximizar la empleabilidad, no como un proceso ético y político de formación integral. Su éxito o fracaso se interpreta como responsabilidad individual, ocultando las desigualdades estructurales que condicionan el acceso y la permanencia en la educación superior.

El docente, por su parte, se convierte en gestor de su propia productividad académica, debe publicar constantemente, conseguir financiamiento y demostrar “impacto” medible. El docente por contrato que puede ser contratado o despedido según la demanda y el presupuesto, debe asumir múltiples tareas (docencia, gestión, investigación) sin garantías de estabilidad ni beneficios. Vende su perfil académico, compite con otros colegas precarios por contratos, becas o reconocimiento. La vocación intelectual y la reflexión crítica ceden ante la presión de los indicadores. Se instala así una cultura del rendimiento que naturaliza la precariedad laboral, la competencia y la falta de tiempo para el pensamiento profundo.

La precarización docente permite a la universidad comportarse como empresa para reducir costos, aumentar productividad y adaptarse al “mercado educativo”. A su vez, destruye las condiciones para la libertad académica y la crítica institucional, porque los precarios no pueden arriesgarse a cuestionar sin perder su empleo. La universidad se convierte así en un espacio donde la docencia y la investigación se subordinan a la lógica del rendimiento, y el pensamiento crítico se margina. La universidad neoliberal produce, en suma, un tipo de sujeto adaptado a la lógica del mercado, autónomo en apariencia, pero disciplinado por la exigencia constante de rendimiento y eficiencia. Simboliza la transición completa de la universidad pública a la universidad neoliberal.

El impacto del neoliberalismo no se reduce a la estructura institucional; afecta el sentido mismo de la educación superior como proyecto político y ético. La universidad, históricamente vinculada a la producción de pensamiento crítico y al cuestionamiento del orden establecido, se ve hoy tensionada por una lógica que subordina el saber al capital. Se produce, en palabras de Wendy Brown (2015), una “desdemocratización del conocimiento”, esto es la reducción del valor educativo al valor económico.  En la universidad neoliberal, el saber pierde su valor intrínseco como búsqueda de verdad o como herramienta de transformación social. Se convierte en capital cognitivo: un recurso económico que debe generar beneficios tangibles.

En este contexto, la ética universitaria se redefine en términos de productividad, eficiencia y éxito individual, mientras que se diluyen los principios de justicia social, bien común y compromiso con la verdad. La formación ética ya no apunta a la construcción de sujetos reflexivos y solidarios, sino a la adquisición de “competencias blandas” que faciliten la inserción en el mercado laboral. La dimensión política de la educación —su capacidad de cuestionar, imaginar y transformar— se ve reemplazada por la gestión técnica de recursos humanos. Entonces la investigación aplicada desplaza a la teórica o crítica. Los campos de conocimiento no rentables (como las humanidades o las artes) sufren recortes y deslegitimación. Y el lenguaje de la gestión sustituye al de la deliberación intelectual: se habla de “proyectos”, “resultados”, “impacto”, “rendimiento”.

El conocimiento se somete a un régimen de productividad cuantificable, lo que genera una paradoja, nunca se produce tanta información, pero cada vez se piensa menos críticamente sobre su sentido. La universidad neoliberal acumula datos, pero erosiona el pensamiento.

La transformación neoliberal no afecta solo a la estructura o al financiamiento de la universidad; altera el sentido político y ético de la educación superior. Se debilita la idea de la universidad como espacio de pensamiento crítico, debate, construcción democrática y compromiso con la justicia social. Se erosiona la autonomía académica, los intereses del mercado y los criterios de productividad sustituyen el debate intelectual y la libertad de cátedra. La “desdemocratización” del conocimiento, pues solo aquellos con recursos pueden acceder o beneficiarse plenamente del sistema, reproduciendo desigualdades.

En cambio, bajo el neoliberalismo, se impone una lógica tecnocrática que despolitiza el conocimiento, se privilegia la gestión eficiente sobre la reflexión, el consenso técnico sobre el conflicto de ideas. En el plano ético, se sustituye la noción de responsabilidad colectiva por la del mérito individual. Se valora la competencia, no la cooperación; la excelencia personal, no la justicia social. La universidad deja de pensarse como comunidad de saber y se redefine como mercado de trayectorias individuales en detrimento de valores como la solidaridad, la cooperación o la búsqueda desinteresada de la verdad.

A pesar de la fuerza del paradigma neoliberal, en la universidad emergen espacios de resistencia y reinvención. Movimientos estudiantiles, colectivos docentes, pedagogías críticas y proyectos de investigación crítica reivindican una educación pública, inclusiva y emancipadora. Estos espacios de pensamiento libre, plural y comprometido con la justicia social buscan recuperar el sentido público y emancipador de la educación superior.

Estas iniciativas apuntan a reconfigurar la educación no desde la lógica del mercado, sino desde la ética del cuidado, la cooperación y la responsabilidad colectiva. En ellas, la educación se entiende nuevamente como práctica política, una forma de construir comunidad, de imaginar futuros posibles y de disputar los significados del conocimiento en el siglo XXI. Recuperar la universidad como bien común implica defender la autonomía del pensamiento frente al mercado y re imaginar la educación como práctica ética, solidaria y democrática.

La universidad neoliberal representa una de las expresiones más visibles del capitalismo contemporáneo, una institución que, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, somete el conocimiento a la lógica del valor económico. Sin embargo, también encierra una tensión, mientras se la instrumentaliza para servir al mercado, sigue siendo uno de los pocos espacios donde puede pensarse críticamente ese mismo orden.

El neoliberalismo ha reconfigurado la educación superior de manera profunda, transformando su estructura institucional, su modo de producción de conocimiento y su horizonte ético-político. Bajo su influencia, la universidad corre el riesgo de reducirse a un engranaje más del aparato económico global. Sin embargo, reconocer esta transformación es el primer paso para recuperar la universidad y educación como bien común y para reconstruir su sentido democrático. Recuperar la dimensión política y ética de la universidad implica resistir la lógica del capital y apostar por una formación que no solo prepare para el trabajo, sino para la vida en común.

El desafío actual consiste en restituir el sentido público y emancipador de la universidad, resistiendo la colonización del pensamiento por la economía neoliberal. Una universidad verdaderamente libre no es aquella que se adapta a la competencia global, sino la que enseña a imaginar otros mundos posibles.

Estas alternativas defienden una visión de la universidad como comunidad de pensamiento, no como empresa; como espacio de deliberación democrática, no como plataforma de entrenamiento para el mercado. Por recuperar la UPR para el pueblo y con el pueblo.

La corrupción tiene nombre y apellido

 

 

Especial para CLARIDAD

 

Un inesperado abrazo entre un fiscal federal y un prominente líder pipiolo, en pleno estacionamiento del tribunal de la calle Chardón, marcó el epílogo de un proceso judicial tan bochornoso como inolvidable. El juicio contra el doctor Yamil Kouri, que cumple 26 años este noviembre, dejó para la posteridad una frase lapidaria: “En Puerto Rico, la corrupción tiene nombre y apellido.” Pronunciada con absoluta soltura por el jefe de fiscales del distrito, esta sentencia adquirió una fuerza demoledora, revelando con crudeza el entramado político que se escondía tras el telón de la justicia. El dedo apuntaba directamente al Partido Nuevo Progresista.

El juicio contra Yamil Kouri y sus cómplices fue más que un proceso legal: fue un ajuste de cuentas moral, político y social. El médico cubano, figura central del caso, parecía una sombra escapada del Caribe revolucionario. Su rostro, desgastado por el cinismo, compartía escena con Janet Sotomayor Vázquez, una administradora arrogante de modales ostentosos, y Armando Borel Barreiro, un empresario opaco cuya ambición lo llevó al borde del abismo. Juntos urdieron un esquema de fraude que, en otro contexto, habría sido apenas un escándalo administrativo. Pero aquí, se convirtió en tragedia.

Los fondos desviados —más de 2.2 millones de dólares— estaban destinados a comprar medicamentos, pagar tratamientos y sostener el primer centro especializado en VIH/SIDA del Caribe y América Latina. En lugar de eso, se usaron para financiar campañas políticas, costear lujos personales y comprar silencios. La evidencia era abrumadora: empresas ficticias, lavado de dinero internacional, manipulación de testigos y grabaciones comprometedoras.

La fiscal a cargo, en avanzado estado de gestación, se movía por la sala como un transatlántico que avanza con firmeza. Su actitud era la de un tiburón rondando a su presa, segura de que los tenía acorralados. Las grabaciones del FBI se escuchaban por altavoces. Algunas eran embarazosas, como la de Sotomayor insultando a la fiscal, convencida de que no era persona de interés. La grabación se logró gracias a la colaboración de su empleada doméstica, quien narró con humor cómo mantenía cerca de su patrona la cartera con el micrófono oculto.

El caso Kouri removió fibras sensibles. Desviar recursos destinados a tratar una enfermedad estigmatizada y mortal fue más que un delito: fue una declaración de desprecio hacia los sectores más vulnerables. Fue el recordatorio cruel de que, a veces, el sistema prefiere mirar hacia otro lado.

Desde entonces, Puerto Rico ha sido testigo de una secuencia vergonzosa de escándalos de corrupción que no cesan. Los partidos que se han alternado el poder —el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)— parecen no haber aprendido la lección. Al contrario, cada nuevo caso revela un patrón más descarado, más impune, más corrosivo.

Entre 2019 y 2025, más de 30 funcionarios públicos han sido acusados o condenados por corrupción. La lista incluye:

  • Julia Keleher (PNP), exsecretaria de Educación, condenada por fraude electrónico.
  • Wanda Vázquez Garced (PNP), exgobernadora, acusada por el FBI de aceptar sobornos para financiar su campaña.
  • Alcaldes de ambos partidos, arrestados por aceptar pagos ilegales a cambio de contratos municipales.
  • Demandas del Departamento de Justicia (2024) contra más de 30 exfuncionarios por pérdidas de más de 30 millones de dólares al erario.

Estos casos no son errores aislados. Son síntomas de un sistema que ha normalizado el saqueo, donde el servicio público se ha convertido en una plataforma para el enriquecimiento personal.

En 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón se vio envuelta en una controversia por construcciones ilegales en La Parguera, propiedad de sus suegros. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), bajo su designado Waldemar Quiles, archivó la investigación sin consultar a otras agencias. Se denunció la tala de manglares y la remodelación de estructuras en zona protegida, sin permisos.

La intervención del FBI y las denuncias del senador independiente Eliezer Molina han puesto en evidencia un posible abuso de poder. La gobernadora ha evadido preguntas clave, mientras el país observa cómo el aparato estatal se pliega ante los intereses familiares de quien ocupa la silla ejecutiva.

Lo más alarmante no es solo la frecuencia de los escándalos, sino la falta de sonrojo. La corrupción ya no se esconde: se exhibe. Se archivan investigaciones, se protegen aliados, se manipulan agencias. El pueblo, cada vez más hastiado, observa cómo los partidos tradicionales se reparten el poder mientras el país se hunde en la desconfianza.

La alternancia entre el PNP y el PPD ha sido una danza de espejos: cambian los rostros, pero no las prácticas. Ambos partidos han demostrado ser incapaces de erradicar la corrupción, porque están atrapados en una cultura política que la tolera, la reproduce y la premia.

Este momento exige más que indignación. Exige acción. Puerto Rico necesita una transformación radical en su modelo de gobernanza. No basta con cambiar de partido: hay que cambiar de paradigma. Se necesita transparencia real, fiscalización independiente, participación ciudadana activa y una cultura política que ponga al país por encima de los intereses personales.

La corrupción no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas. Y esas decisiones pueden —y deben— cambiar.

La autora es asambleísta por Victoria Ciudadana en el Municipio de San Juan.