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Fakenews y ciberataques contra la seguridad pública serán delitos en Cuba

 

Corresponsal de CLARIDAD 

La Habana, Cuba-Cuba anunció la pasada semana la aprobación del Decreto Ley Número 35, que tipifica como delito el uso de los servicios públicos de telecomunicación para propagar noticias falsas, ataques ofensivos contras personas, contenido sexual o atentar contra la seguridad pública y el orden constitucional.

Publicado en Gaceta Oficial, el llamado Decreto Ley de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el Uso del Espectro Radioeléctrico es el primero de este tipo incluido en la legislación cubana y con él el país caribeño se une a decenas de otros países en todo el mundo que en años recientes han aprobado leyes similares.

“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las TIC, la cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y son medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, reza la medida.

La legislación incluye una sección sobre los “derechos y deberes de los usuarios públicos de las TIC”, en las que se determina el derecho al acceso “en condiciones de igualdad a todos los servicios públicos de las TIC” y el “trato eficiente y de calidad” de dichos servicios.

Entre los puntos medulares, el Decreto Ley No. 35 condena el uso de las TIC para “atentar contra la seguridad y el orden interior del país, transmitir informes o noticias falsas” –conocidas mayormente como Fake News– o publicar contenido que incite a “cometer actos ilícitos”.

 También busca evitar el uso de las telecomunicaciones para publicar ataques ofensivos, de contenido sexual o que resulten en acoso contra personas, así como la difamación con impacto en el prestigio del país. Estas últimas tipificadas como de “alta peligrosidad”.

Dentro de ese renglón entra también la difusión de contenidos que atenten contra “los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”.

 Con un nivel “muy alto” de peligrosidad están tipificadas las acciones de “Ciberterrorismo” que tengan por objetivo subvertir el orden político y social o desestabilizar al país.

 UNA LEGISLACIÓN DE ORDEN GLOBAL

La inclusión del Decreto Ley 35 en la legislación cubana ha desatado una ola de críticas –muchas de ellas desde la desinformación y la omisión de datos– por quienes afirman que se trata de un “ataque a la libertad de expresión” y un modo de “censura” aplicado por el gobierno tras las protestas y los disturbios del pasado 11 de julio.

Sin embargo, este Decreto Ley de Cuba no es el único de su tipo en el mundo. Decenas de países han aprobado recientemente legislaciones similares –algunas mucho más restrictivas, incluso– con el fin de regular el uso que se le da a las nuevas formas de comunicación.

Tal es el caso de la Unión Europea (UE), organismo que ya en 2018 aprobó el denominado “Plan de Acción contra la Desinformación” con el que sus países miembro se han propuesto “detener las campañas de desinformación y proteger sus sistemas democráticos”, además de “contrarrestar cualquier campaña de Fake News, tanto dentro como fuera de Europa”.

Países como Alemania, Francia y Perú también tienen leyes similares, medidas destinadas a proteger a la población del uso que se le da a las nuevas formas de comunicación, en especial, las redes sociales y el ciberespacio.

España, por ejemplo, puso en marcha este mismo año un “Plan de Choque de Ciberseguridad” para la “prevención, detección, protección y defensa frente a la materialización de ciberamenazas”.

La irrupción en Cuba de las nuevas formas de comunicación y espacios de información ha supuesto un reto para las autoridades locales que han denunciado el uso de redes sociales –como Twitter, Facebook e Instagram– para lanzar campañas de manipulación y mentira sobre la realidad del país. Desde las plataformas digitales se ha visto en las últimas semanas a personas adversas a la Revolución, tanto dentro como fuera de Cuba, llamar a una invasión extranjera, pedir nuevas sanciones contra el pueblo, convocar a disturbios en las calles o incitar directamente a ataques contra la integridad física de miembros del gobierno.

Con el Decreto Ley 35, el gobierno cubano busca entonces atemperarse a las legislaciones globales ya vigentes como mecanismo de defensa contra posibles ataques internos y externos.

 

 

 

 

José Elías Torres, protagonista de una vida bien vivida

 

Especial para Claridad

El miércoles  18 de agosto de 2021 estuve temprano en la noche en el velorio en Ponce del recién fenecido periodista mayagüezano José Elías Torres, director de noticias de WPAB Radio, cargo que llevaba desempeñando por dos décadas. Su muerte nos tomó a muchos por sorpresa, ya que contaba sólo con 57 años de edad y la vitalidad de su quehacer periodístico no levantaba sospecha alguna de que estuviese próximo a concluir. De golpe y porrazo se puso fin a la radical agricultura de quien abordaba su vocación como militante de las causas y contradicciones muchas veces ocultas detrás de las informaciones sobre hechos.

Al llegar al velorio encuentro que se está celebrando un pequeño servicio religioso, en el cual escucho a un pastor evangélico exclamar “¡alabado sea el Señor!” ante la muerte del compañero. Según éste, la muerte de José Elías estuvo predeterminada por Dios. ¡Otro fabricante de imaginarios fatulos que sólo sirven para simbolizar su propia ignorancia y desdén absoluto de lo real! No pude soportar esa barbaridad y abandoné el salón. Habrá quien diga que últimamente estoy criticándolo todo implacablemente y debo confesar que ya hace un tiempo tengo poca o cero tolerancia con las imbecilidades o necedades que se leen y escuchan a diario en nuestro país.

¿Toda muerte está predeterminada? ¡Que sentimiento más trágico acerca de la vida! ¿Las muertes producto de tragedias naturales también están predeterminadas por una voluntad divina? ¿Dios quiso las sobre cuatro mil muertes cuando el paso del huracán María? ¿Constituye la pandemia también un acto divino y las muertes bajo ésta también algo fríamente predestinado? ¿También están predeterminados los crímenes de lesa humanidad que se cometen a través del planeta? ¿La historia es producto de una voluntad divina o es producto de los actos u omisiones de los seres humanos al calor de sus circunstancias? Y una vida bien vivida, con reconocida autenticidad, como la de José Elías, ¿es el resultado de su propia voluntad y méritos, o está también predeterminada por una voluntad divina? En este caso, se le negaría ser protagonista de su propia historia, reduciéndolo a una condición existencial como mero sujeto constituido por Otro.

Me niego a aceptar estos oscuros designios fundamentalistas. Por mi parte pienso que la muerte de José Elías fue el resultado de uno de esos hechos arbitrarios o azarosos con los que nos sorprende continuamente una existencia a la que no logramos descifrar aún todos los misterios de su dialéctica material.

Al compañero José Elías Torres lo conocí allá para 1995 a raíz de una entrevista que me hizo para una emisora de radio en Añasco sobre la recién estrenada Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, ese histórico proyecto a cuya fundación nos dedicamos Juan Mari Bras y yo, entre otros. Sería la primera entrevista de varias realizadas por éste desde otras emisoras de radio locales donde laboró, tales como WORA y WTIL.

Ya desde 1990, José Elías había dejado el magisterio en el que se desempeñaba enseñando Historia en el Colegio San Benito de Mayagüez y la Escuela Superior de la Universidad Interamericana en San Germán, institución universitaria donde estudió y se graduó. Pero fue ese tiempo que pasó como maestro que marcaría eventualmente la función educativa que le asignaría al periodismo. Por eso siempre se le seguiría llamando “profesor”. Si bien el periodismo radial se convirtió en su segunda  y definitiva vocación, se dedicaría a ella desde la perspectiva de un maestro que abordaba los temas como oportunidades para no sólo informar sino que también para enseñar y formar consciencia.

Ya en el 2000, pasa a ser designado Director de Noticias de la señera emisora radial ponceña WPAB, también conocida afectuosamente por mi generación como “Radio Moscú” por ser abiertamente un foro radial progresista contra el colonialismo en nuestra patria y a favor de todas las causas justas que ahondaban en sus crecientes grietas. José Elías ya se hallaba colaborando con dicho medio desde un año antes como corresponsal en la región oeste.

Con su afiliación y plena integración a WPAB, mi relación con José Elías va tomando un rumbo más diverso, ya no circunscrito a informar y denunciar sobre las tribulaciones que enfrentaba la Facultad de Derecho mayagüezana producto de una serie de acciones discriminatorias e ideológicamente motivadas por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fui colaborador asiduo de “Enfoque Internacional”, uno de los nuevos programas creados por él, dedicado al análisis crítico de los eventos y las relaciones internacionales. Fue un programa único y pionero en la radio puertorriqueña usualmente concentrada casi exclusivamente en noticias de Puerto Rico y Estados Unidos. José Elías también incluyó la transmisión de noticias y análisis de BBC Mundo, la división en español de la agencia británica. Con ello, diversificó la fuente y perspectiva de las noticias sobre todo en torno a la América Latina y el Caribe.

En ese sentido, José Elías no era nada insularista, sino que en todo caso internacionalista en su visión de mundo.  Claro está, su punto de partida en ese mundo lo serían siempre las regiones sur y oeste de Puerto Rico. La importancia casi exclusiva del referente metropolitano de San Juan, siempre le pareció exagerada y nada representativa necesariamente del resto de nuestro país.

Dicho programa se juntaba a otra de sus creaciones, “Hoy mismo”, de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes. En éste abordaba las noticias del día o del momento en su sentido más amplio, sobre todo aquellas que se le escapaban o que decidiesen ignorar los otros medios radiales. Iniciaba con su “cátedra periodística” para luego pasar a una serie de entrevistas con colaboradores regulares del programa, entre los cuales se encontraban otros periodistas como Wilda Rodríguez; sindicalistas como el expresidente de la UTIER Ricardo Santos; escritores de renombre como Eduardo Lalo; o especialistas en temas legales y económicos como el jurista Rolando Emmanuelli Jiménez. Además, cooordinaba otro programa, en este caso sabatino, de 8 a 10 de la mañana, conocido como “Análisis Radial”, en el que Alfonso “Tuto” Giménez, el dueño de la emisora y su hijo Alfonso Jiménez Lucchetti, el presidente y gerente general de WPAB, así como otros colaboradores, eran entrevistados por José Elías en torno a los temas más acuciantes de la semana.

José Elías será recordado por haberle hecho una última e histórica entrevista, en agosto del 2005, al líder Machetero Filiberto Ojeda Ríos poco antes de que éste fuese asesinado el 23 de septiembre de ese mismo año por fuerzas del Buró Federal de Investigaciones (FBI), con el apoyo de la Policía colonial.

Como resultado de la entrevista de 2005, José Elías publicó al año siguiente un libro titulado Filiberto Ojeda Ríos: su propuesta, su visión (coeditado por Ediciones Callejón y Claridad, San Juan, 2006). Tuve el honor de que decidiera incluir en éste un artículo mío titulado “Diagnóstico y cauces: La propuesta de Filiberto Ojeda Ríos”. Tanto José Elías como yo entendíamos que en la entrevista reciente suya con el líder revolucionario boricua había una propuesta política histórica ante la profundización de la crisis colonial-capitalista en nuestro país y los retos que ésta le planteaba al movimiento de liberación nacional y social en Puerto Rico. Estoy plenamente convencido que la enorme repercusión que tuvo dicha entrevista, contribuyó finalmente a la decisión imperial de ejecutarlo.  Los masivos actos fúnebres posteriores y las denuncias generalizadas del acto represor, tienden a confirmar cuánto había crecido el respeto y admiración en Puerto Rico por la figura de Ojeda Ríos.

José Elías veía en Filiberto Ojeda Ríos la más importante voz del independentismo en ese momento, creencia que llegué a compartir con él, sobre todo luego de la segunda entrevista. Yo había tenido ocasión de compartir por lo menos en un par de veces en San Juan con el líder Machetero durante los años en que me desempeñaba como Delegado del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) y encargado de su Misión Permanente en Cuba (finales de 1973 hasta finales de 1977). Allá recibía yo visitas esporádicas de su esposa e hijos que vivían exiliados en La Habana y éstos aprovechaban mis esporádicas idas a Puerto Rico para enviarle correspondencia a su ser querido quien estaba forzado a vivir en la más absoluta clandestinidad dentro de la Isla. A partir de estos encuentros, que se fraguaban tomando siempre los debidos cuidados, se trabó una relación de amistad y mutuo respeto.

Sin bombos ni platillos, el líder máximo del Ejército Popular Boricua fue también un asiduo colaborador de José Elías, por invitación expresa suya, a partir de la primera entrevista que éste le realizó en el verano del 2002. Ello incluía el envío de los comunicados que emitían los Macheteros con cada vez mayor frecuencia sobre diversos temas. Con ello, José Elías contribuyó a incrementar la presencia pública de Filiberto Ojeda Ríos y dar a conocer su pensamiento revolucionario, tanto el coyuntural como el estratégico.

Ya en su segunda entrevista del 2005, el líder Machetero inscribe las posibilidades históricas que se le abre a la independencia de Puerto Rico dentro de la nueva coyuntura latinoamericana y caribeña inaugurada por la victoria de Hugo Chávez Frías y el desarrollo de la revolución bolivariana en Venezuela, así como la aparición de otros gobiernos progresistas a través de la región. De particular interés, le resultaba los esfuerzos de integración económica y política que se estaba promoviendo desde Caracas.

Incluso, en una visita que realizamos José Elías y yo a Caracas luego del vil asesinato de Ojeda Ríos, acompañando a su viuda Elma Beatriz Rosado, pudimos testimoniar el enorme reconocimiento que existía en Venezuela hacia el revolucionario boricua recién caído. Tan es así que se colocó un busto suyo en el extremo oeste de la céntrica Avenida Bolívar, en lo que se conoce como el Paseo de los Insignes. Junto al busto de Ojeda Ríos, se encontraban ya en dicho Paseo bustos de Ernesto “Che” Guevara de la Serna, Manuela Sáenz, Ezequiel Zamora, Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Farabundo Martí, Martin Luther King, Jr. y Oscar Arnulfo Romero. Lamentablemente, turbas terroristas de la derecha venezolana destruyeron en el 2013 el busto de Ojeda Ríos.

Mi última interacción con José Elías fue el pasado sábado 7 de agosto cuando me entrevistó sobre un artículo publicado por Carlos Severino y yo esa semana en Claridad titulado «Amores que matan», sobre las críticas contra Cuba de algunos y algunas de la izquierda en Puerto Rico y lo que ello refleja sobre la creciente domesticación ideológica de ésta y su desarraigo de cualquier horizonte socialista y revolucionario.

Sus restos fueron finalmente puestos a yacer en su ciudad natal de Mayagüez, aunque sus huellas quedarán inmortalizadas como parte de la historia del periodismo puertorriqueño. En vida fue merecedor de múltiples reconocimientos por su extraordinaria labor periodística.

Echaré de menos su voz emblemática. ¡Hasta siempre, compañero!

Editorial: La epidemia del maltrato de menores en Puerto Rico

 

En Puerto Rico, no es solo la pandemia del COVID-19 la que nos está afectando gravemente. Hay otras, que quizás como secuela de esta, se han exacerbado durante los años 2020 y 2021, provocando un repunte en la violencia y el maltrato contra las y los menores de edad en nuestro país. La propia secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen González Magaz, así lo ha confirmado. En la totalidad del año 2020 el DF recibió 10,874 referidos de maltrato, 1,819 de estos debidamente fundamentados. En los meses transcurridos de este año, ya la cifra de referidos por maltrato de menores va por la cantidad de 6,621, con 621 fundamentados, un aumento de 21.4%con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa que, detrás de esos números fríos, hay miles de niños y niñas de carne y hueso en Puerto Rico, que viven bajo condiciones de extrema vulnerabilidad a las diversas manifestaciones de la violencia que convulsan nuestro país. De hecho, números publicados indican que, en lo que va de 2021, 11 menores han sido muertos en sucesos de violencia en nuestro país.

Lo que más nos estremece y toca la fibra de la conciencia es cada vez que un niño o niña muere a causa del maltrato físico por parte de un padre, madre o familiar cercano. Así sucedió en días pasados con la muerte a golpes del niño Jeiden Elier Santiago Figueroa a manos de su padre biológico. Por propia admisión del padre, sabemos que el hombre reiteradamente maltrató físicamente al niño durante el tiempo en que vivió con él, conducta que pasó inadvertida para el DF, y dejó desprotegido al pequeño de tan solo 8 años frente a la brutal violencia de su progenitor.

Aparentemente, el DF no conocía- porque no lo había investigado- ni el carácter ni el estado mental del padre antes de decidir remover al menor del hogar que compartía con su madre y entregarle el niño al hombre. La remoción del menor y la entrega a su padre se había hecho en lo que se investigaba una alegación de abuso sexual contra el niño por parte de un familiar materno, que el propio Jeiden trajo ante el padre y personal de un hospital. Del hospital fue referido al DF y de ahí al Tribunal, iniciándose el vaivén de trámites, papeleo y dilaciones que se extendieron por más de un mes, y culminaron con la muerte del niño a manos de su padre.

Más allá de ser investigada en todos sus detalles, y adjudicadas todas las responsabilidades que correspondan a los funcionarios del Estado- del DF, del Tribunal o ambos- que arrastraron los pies y fallaron en su deber de proteger a este niño, esta tragedia ha puesto de manifiesto la realidad de la incompetencia, la burocracia y el desinterés que hay detrás de los procesos y las decisiones en estos casos, sobre todo, cuando a los mismos se les despoja de humanidad y se les convierte en números.

Nuestro país no puede ser indiferente ante al maltrato infantil porque con ello nos jugamos el futuro. Por eso, hay que reclamar y exigir que los funcionarios de todas las ramas del Gobierno a cargo de trabajar con estas situaciones, y aún más, aquellos y aquellas con la responsabilidad de tomar decisiones, sean personas de la más alta calidad y mérito profesional y humano, y no meros burócratas, protegidos de los políticos, y nombrados para realizar tareas de tanta consecuencia sin las destrezas ni el temperamento para acometerlas como es debido.

Durante las últimas décadas, y especialmente en estos últimos años de declive económico acelerado, nuestro país atraviesa por el recrudecimiento de los males asociados a la violencia y el deterioro marcado en los indicadores de salud mental de la población. Es una situación que va más allá del alcance del trabajo parcelado de comités y “task forces”. El momento requiere de una visión de país, liderada con la inteligencia, el profesionalismo y la dedicación que pueda conducir a la transformación eventual de Puerto Rico en una sociedad libre de violencia y, sobre todo, libre de maltrato de menores.

 

“La Cooperativa es la única fábrica que le queda a Comerío”

 

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

“Aquí no se fallaba en la renta; era lo primero que se pagaba”, recordó Lilliam Fontánez Ortega que era lo que hacía el anterior administrador de la Cooperativa Industrial de Comerío.

Fotos Alina Luciano/CLARIDAD

A las trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa de Comerío el emplazamiento de desahucio por parte del Departamento de Desarrollo Económico (PRIDCO) el pasado 30 de julio les tomó por sorpresa, al igual que a sus homólogas de la Cooperativa Creación de la Montaña de Utuado.

Fontánez Ortega, quien es socia fundadora y que luego de haberse retirado de la fábrica trabaja como administradora voluntaria, indicó que antes del emplazamiento no habían recibido ninguna notificación al respecto ni acercamientos de conversación por parte de PRIDCO. La cantidad adeudada es de apenas  $27, 130 dólares. “Siempre se le pagó renta por los tres edificios. Por un tiempo estuvimos pagando a $1.75 el pie cuadrado y ahora son $2.55”, agregó.

Tras darse a la luz pública el emplazamiento, por intervención del representante Juan José Santiago Nieves, presidente de  la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, la acción de desahucio se encuentra detenida. De todas maneras, la cooperativa contestó la acción judicial mediante abogado. “Tenemos que recibir una respuesta, eso hay que solucionarlo de una vez por todas y ahora hay que ir con la Ley 239 en la mano”, indicó Fontánez Ortega en referencia a que no hay nada por escrito por parte de PRIDCO sobre la paralización del desahucio, que se supone fuese el próximo 31 de agosto, y a que se les aplique la ley de cooperativas, la cual dispone que  estas empresas no paguen renta por ocupar un edificio público.

El devenir de la cooperativa

Fundada en el 1992, en sus buenos tiempos la cooperativa de costura organizada bajo el modelo cooperativo  llegó a emplear a 236 personas. Durante el cuatrienio de Pedro Rosselló la cooperativa ofreció comprar el edificio, pero PRIDCO se negó a venderle. La actual operación de la cooperativa ocupa la parte de atrás del edificio. Fue a partir del 2014 que el trabajo comenzó a declinar, luego de que su principal cliente se llevó su producción. De ahí en adelante comenzaron a coser otras piezas de ropa y uniformes para escolares y para empleados municipales, entre otros. “Ahora mismo, no conseguimos tela; qué está pasando, no sé”, dijo Fontánez sobre la adquisición de la materia prima de las fábricas de costura. Añadió que la cooperativa nunca ha participado en  las subastas del Gobierno y reconoció que “teníamos  todos los huevos en una sola canasta y a la canasta se le fue el fondo”.

Pero fue  el huracán María el que vino a darle el “jaque mate”. Cuando pasó el huracán en el 2017, Comerío, como otros pueblos de la montaña, fue uno de los más afectados. La cooperativa tuvo que dejar de operar hasta febrero del 2018, cuando volvieron a tener el servicio de energía eléctrica. Al regreso del servicio de  luz, un grupo de voluntarios de la cooperativa se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio y pasaron a ofrecer clases gratuitas de costura, a coser alguna pieza en particular, de haber el pedido, y a organizar otras actividades.

Así estuvieron hasta llegar la pandemia. Mientras la pandemia representó el cierre de algunos negocios, para la cooperativa fue un reinicio, debido a que a los pocos días de decretarse el cierre el alcalde de Comerío, Josean Santiago, les pidió que cosieran mascarillas. Luego de que el alcalde hiciera las gestiones debidas para que la cooperativa pudiera operar en medio de la pandemia, en adelante comenzaron otra vez a coger empleados y a tener nómina. La gente hacía fila para comprar mascarillas en esos primeros meses. La mayoría de las y los trabajadores  llevan tiempo en la cooperativa, a excepción de su artista gráfico a cargo de la máquina de bordado,  el joven Leonel Rivera Torres, de 27 años.

Aun estando operando durante toda la pandemia, la cooperativa no recibió ni un centavo de las ayudas a los patronos, supuestamente por no haber tenido nómina antes, a pesar de que el único tiempo en que no pagó nómina fue después del huracán María, por no tener clientes.

Después de la intervención del representante y de la reunión que sostuvieran el director ejecutivo de PRIDCO, Javier Bayón Torres, y el director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, con las compañeras de la Cooperativa de Utuado y con la directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, Mildred Santiago, la  expectativa de la cooperativa es que se desista de ambos desahucios.  “Nosotras  vamos a seguir luchando y esperamos  que nos honren y borren la deuda, tanto a la cooperativa  de Utuado como a la nuestra de Comerío”, dijo Fontánez Ortega.

El DDEC y PRIDCO dicen no saber sobre el desahucio

En entrevista por separado, el representante por el distrito 28, Juan José Santiago Nieves, que representa a Comerío, Naranjito y Corozal, confirmó a CLARIDAD que al enterarse de las acciones de cobro y desahucio contra la cooperativa se comunicó con el secretario del Desarrollo Económico. Manuel Cidre le dijo que no estaba de acuerdo con los procesos de desahucio que se estaban llevando a cabo contra todas esas fábricas y dijo estar dispuesto a recibir información al respecto. “Me parece curioso porque él es  parte de la sombrilla de PRIDCO”.

Santiago Nieves  añadió que le envió a Cidre toda la información respecto a la demanda. Aclaró y destacó que de su parte y de la cooperativa no reconocen la deuda debido a que ya hace varios años que la fábrica no tiene contrato con PRIDCO, sino que con quien tiene contrato es con el municipio de Comerío, que  solo les cobra una renta nominal de un dólar: “Por lo tanto, no hay una deuda que valga”. Precisó que PRIDCO  hace referencia en la demanda a una supuesta contratación con  la cooperativa desde el 2011 hasta el 2021, alega que hay un contrato firmado y que hay una renta corriendo mensual que no se está pagando.

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes informó que también se comunicó con el director ejecutivo de PRIDCO, licenciado Javier Bayón Torres, y “ahí fue donde más me levantó bandera”, dado a que todas esas órdenes de desahucio se estaban llevando a cabo sin su debido consentimiento.  “Al parecer es la oficina legal de PRIDCO la que tomó la decisión de las  órdenes de desahucio, sin el visto bueno final del director de PRIDCO. Obvio,  eso levanta bandera sobre la poca comunicación que hay en la agencia y, por otro lado, nos parece sumamente indignante e innecesario que se esté pasando por esos malos ratos”.

Añadió que el director de PRIDCO le pidió disculpas y le aseguró que se iba a comunicar con la fábrica y a dar instrucciones a la oficina legal para que dejara sin efecto la acción judicial, además de estar dispuesto a sentarse con la cooperativa  para buscar alternativas  y aclarar la situación del contrato.

Santiago Nieves alertó de que  la Cooperativa Industrial es la única fábrica que le queda a Comerío y es reconocida en el pueblo como una institución “que va más allá” en desarrollar la economía del pueblo. “La  cooperativa es una solidaria, que participa de otro sinnúmero de eventos comunitarios.  Sirve de centro de práctica para  que las  personas interesadas en esta actividad pasen y conozcan el proceso de la fábrica”.

A pesar del compromiso del DDEC y PRIDCO aún siguen a la espera del documento oficial  por parte de ambos. El supuesto desconocimiento de estos levanta preocupaciones sobre la comunicación y la información atrasada en ambas agencias. Santiago Nieves hizo un llamado a la Liga de Cooperativas a que “nos sentemos a la mesa y busquemos alternativas para ayudar  estas cooperativas, sobre todo para que el Gobierno tenga actualización sobre lo que están haciendo y que esto no vuelva a ocurrir”.

 

 

 

Sigue la controversia en Rincón

Foto Alina Luciano

 

 CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Aun cuando las irregularidades por parte de las agencias de gobierno concernidas y sus proponentes en los procesos de permisos de construcción no son cosa nueva en Puerto Rico el caso de la construcción del complejo recreativo del condominio Sol y Playa en Rincón parecen salirse de proporción producto de la supuesta reforma de permisos implantada por el gobierno de Luis Fortuño en el 2009. Así se desprende del recuento de las controversias e irregularidades del proceso a través del tiempo ofrecido en entrevista con este semanario por el licenciado Pedro Sadeé Lloréns.

El licenciado en Derecho Ambiental se remontó en primera instancia a la aprobación del deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) cuando se aprobó la construcción del edificio en los años 90′. Indicó que en el expediente del caso en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) falta información de cómo se originó el permiso y la que hay es una esquemática lo que en esencia deja obvio que hubo un manejo preferencial y otras violaciones de ley a los reglamentos de permisos. “Lo que sucede es que no se puede decir que este es un caso único, el manejo y las excepciones, el favoritismo en los otorgamientos de permisos no es algo nuevo en Puerto Rico y lo que hace es agravarse con unos cambios estructurales en la legislación”.

Antes de la reforma de permisos era la Junta de Calidad Ambiental (JCA) la agencia que analizaba los documentos ambientales e indicaba sin cumplían o no con la ley y el reglamento. Con el objetivo supuesto de mejorar la eficiencia y mejorar el ambiente de negocios en Puerto Rico una de las cosas que hizo la llamada “reforma de permisos” fue colocar dentro de la misma Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) la otorgación de permisos y la aprobación del cumplimiento ambiental. En otras palabras, se le quitó esa facultad a la JCA. Aunque los municipios otorgan permisos el cumplimiento ambiental está en manos de OGP.

“Ahí tenemos una mezcla de una práctica indeseable provocados por unos cambios estructurales”, afirmó.

La controversia actual deviene en el 2019 cuando el condominio comienza el proceso de permisos del complejo recreativo que se llevó el huracán Maria en el 2017. En este proceso señaló Sadeé Lloréns hay dos tipos de permisos fundamentales. Uno el deslinde de la ZMT que la misma administración de Sol y Playa admite que tenía que hacerlo y ahí -observó el licenciado- se entra en los defectos que pueda tener ese permiso.

El segundo permiso es el de construcción propiamente que lo tiene que dar la OGP. Pero como parte del proceso de aprobación del permiso de construcción es la misma OGP, que es la que también aprueba la reglamentación ambiental entonces ahí es que se entra en los aspectos personales.

Como salió a relucir en las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Ildefonso Ruiz, quien trabajó en el DRNA cuando se hizo el deslinde de la ZMT, intervino en el proceso de otorgamiento del permiso estando en la OGP como gerente de la División del Medio Ambiente. de construcción. Además se descubrió en las vistas que el consultor ambiental contratado por el condominio para gestionar los permisos Ángel Román Mas, admitió que él y Ruiz tenían amistad e inclusive fueron socios en una empresa. “Ahí hay una mezcla de tipo personal con un elemento estructural”, subrayó Sadeé Lloréns.

El otro elemento que sucede dentro de OGP es el llamado cumplimiento ambiental que lo hicieron por la vía de exclusión categórica, lo que significa una excepción reglamentaria en el cual no hay que hacer ningún análisis de impacto ambiental adicional.

Las consecuencias de esta exclusión fue el que: “Este proyecto lo aprobaron de forma ilegal sin completar el proceso de análisis ambiental porque utilizaron el mecanismo de exclusión categórica”. Recalcó en que el proyecto no cualifica como exclusión categórica primero porque no es un tipo de acción típica de esa exclusión y por las condiciones de zona inúndable y de anidaje, que es la playa Los Almendros.

Cuando se aborda el aspecto de las categoría de permisos e intervenciones impropias en este otorgamiento de permiso entra entonces Fortaleza, cuando la secretaria de la gobernación, Noelia García. Ruiz solicitó el expediente de OGP del proyecto y llamó a una reunión en Fortaleza para indagar cómo iba el permiso del condominio. A juicio del licenciado el llamado de parte de Fortaleza con la excusa de indagar cómo iba el permiso es una forma de poner presión.

En tanto por parte del DRNA entran los temas de la ZMT y la protección de las tortugas y área de anidaje del carey y el tinglar. En el DRNA cada uno de estos asuntos tienen dos casos administrativos distintos en marcha. En cuanto al deslinde de la ZMT el primer planteamiento es que este estuvo mal hecho debido a que el único criterio que se utilizó fue donde es el nivel del mar.

“Ahí tenemos el problema de que las mareas en Puerto Rico varían muy poco por ende cuando se tira la línea en la marea mas alta se está excluyendo grandes espacios de áreas de playa. Inclusive el mismo reglamento del DRNA dice que aun en caso que se utilice el criterio del nivel de las mareas se tiene que tomar en cuenta dunas, y otros elementos que aquí no se incluyeron como vegetación porque todos esos indicios te pueden decir hasta donde a penetrado el mar”.

Esta controversia resaltó es importante porque se trata de fijar cuáles son los criterios que se deben usar en la isla para fijar la ZMT. “Aquí en una actuación incorrecta usaron exclusivamente las mareas no usaron otros criterios que están contemplados en la ley y el reglamento”, recalcó sobre el deslinde que se aprobó para el condominio Sol y Playa.

Debido a que el deslinde de la ZMT adolece de varios defectos el resultado neto es que se redujo lo que es la zona pública -la playa- que se supone es un bien de dominio público. Amplió que el DRNA no utilizó el criterio que es el más aplicable en Puerto Rico que es hasta dónde llega el oleaje en tiempo de tormenta u otros criterios como lo son la vegetación y las dunas. Reiteró que al utilizar el criterio de las mareas para delimitar la ZMT como estas en la isla no varían mucho en altura eso tiene como resultado el achicar la ZMT que a su vez tiene unas consecuencias de índole social del disfrute de los bienes, protección de las especies.

Por su parte el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, luego de la determinación de la Junta de Planificación (JP) que ordenó el cese y desista de los trabajos de construcción del complejo recreativo-hay que observar que se habla de una piscina pero la construcción son dos piscinas, una para adultos y otra para niños un jacuzzi, gazebo y aceras- insiste en que la responsabilidad de detener la obra no era de su departamento pero sigue tomando decisiones sobre el asunto.

La mas reciente a días de la determinación de la JP Machargo Maldonado se reunió con la administración de Sol y Playa e hizo cambios a una orden que el mismo emitió el 17 de julio que tienen que ver con medidas de restauración del lugar. Según la orden vigente del DRNA se supone que el condómino haya eliminado la verja que da hacia el mar y hubiese recogido todos los materiales y encubrir la zanjas que abrió para la construcción. “Por el contrario el secretario se reunió con la administración del condominio para acabar de mutilar su misma orden emitida en julio 17. Ahora es poner una verja para impedir el acceso de las tortugas a su hábitat”, denunció Sadeé Lloréns.

Mas aun la orden ahora dispone que la verja la va a construir Recursos Naturales, solicita la presencia de la Policía y pretende impedir que las personas continúen pernoctando en el campamento de protesta que se ha levantado en la playa y que ha permitido que la construcción ilegal haya advenido a la luz pública. “Yo pienso que eso es una provocación porque allí hay personas que han estado demostrando la situación y hay un derecho a la libre expresión”.

Tras la determinación de la JP el 6 de agosto declarando la construcción ilegal y la orden de cese y desista el caso ahora está ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), sala de Aguadilla. Este es otro de los aspectos de la reforma de permisos de Fortuño que expertos en derecho ambiental objetan. La reforma le quitó a la JP el poder de implementar sus determinaciones y en el afán de dar primacía a los permisos de construcción se dispuso que la decisión final sobre la revocación de un permiso esté en manos de un tribunal. Mientras se supone que la orden se cumpla de manera estricta y que las obras de construcción estén paralizadas.

Una nueva reforma de permisos

Ante el alto perfil que ha desatado la construcción ilegal del complejo recreativo de este condominio privado Sadeé Lloréns lo atribuyó a que ahora hay una mayor conciencia del pueblo de proteger sus espacios públicos y del proceso del cambio climático. “Es algo que la gente le está dando importancia y se supone que las agencias le den importancia a eso y es sorprendente como a pesar de que hay supuestamente una política pública consciente del cambio climático pues no lo vemos en la aplicación”. Comentó que todo eso ha llevado a que el caso de Sol y Playa en Rincón se convierta en un caso símbolo.

A la luz de esta y otras experiencias el profesor de Derecho Ambiental trajo a la atención a la necesidad de que se haga una verdadera reforma sobre los procesos de permisos y el cumplimiento ambiental y en particular objetó que estos procesos estén en las las manos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

En esa línea comentó que era curioso que el director ejecutivo del DDEC no se haya expresado sobre la controversia cuando el es el jefe de esa secretaria auxiliar de permisos. Otro aspecto que dijo hay que mencionar -y que no se ha dicho- es que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha estado impulsando una línea de política pública en la cual lo más importante es que los permisos se otorguen de forma acelerada y se reduzcan los escrutinios ambientales. “Y aquí vemos un escrutinio ambiental disminuido, manipulado y las consecuencias las estamos viendo en una reducción de unos terrenos públicos, en una reducción en la protección de las especies”, concluyó.