CLARIDAD

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El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo Maldonado, continúa con una política cuyas acciones ponen en entredicho si más que proteger los recursos naturales van dirigidas a destruirlos. Lo más reciente es la pretensión de municipalizar la Reserva Forestal Bosque Río Abajo, la parte que pertenece al municipio de Utuado, para la explotación de maderas y el desarrollo de un parque temático en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana.

La voz de alerta sobre estas dos propuestas fue dada por la legisladora Mariana Nogales Molinelli. “Esta es la continuación de la política del secretario Machargo de ignorar sus deberes constitucionales y continuar destruyendo y enajenando nuestros recursos naturales. Vamos a darle seguimiento a las propuestas que escuchamos hoy para ofrecer la información que el DRNA y Fortaleza le están negando al público y vamos a prepararnos para defender nuestro patrimonio”, afirmó la legisladora, quien afirmó que Machargo Maldonado debe ser destituido de su puesto como secretario del DRNA.

La legisladora denunció que ambos asuntos fueron discutidos en una reunión celebrada en el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, a la cual asistieron el secretario del DRNA; el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia; el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, y otros seis legisladores, tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD).

Ambas propuestas, la municipalización y explotación del bosque, así como la del parque temático, provienen del alcalde Pérez Heredia, quien es miembro del PNP.

¿Es posible una industria maderera en Puerto Rico en ese bosque?

CLARIDAD entrevistó al dasónomo Edgardo González sobre la viabilidad o no de una actividad maderera en Puerto Rico, en particular en el bosque Río Abajo.

“Hay que definir industria, porque en ese bosque se sacó madera en la escala de Puerto Rico, un por ciento pequeño si lo comparamos con otros lugares donde se produce madera”, fue su primera reacción.

González, quien fue el director del Negociado del Servicio Forestal del DRNA hasta el 2009, puntualizó que se pueden establecer criterios para utilizar esos árboles. Una industria de madera basada en un solo bosque es muy ambiciosa y es no conocer lo que envuelve esa alternativa. Narró que en el caso particular del bosque Río Abajo, entre finales de los años 70 y los 80, se estableció una variedad de plantaciones de pino hondureño, con la intención de que se pudiera manejar para producir madera y fortalecer la alternativa de una industria de madera asociada a la escala de la isla. Hizo hincapié en el concepto de escala de Puerto Rico, destacando que uno de los problemas de una industria maderera es la competencia y que, en el caso de Puerto Rico, las importaciones son tantas que competir con este tipo de estrategia es sumamente difícil.

“Esa estrategia se cayó porque salía más barato comprar el pino cepillado en la ferretería, que el costo de producción. Así que esa es una de las cosas, que la gente que produce madera tiene relación con la parte económica”.

Explicó que el bosque tuvo un aserradero que funcionó por muchos años y que las plantaciones se manejaron con criterios de cuántos y de dónde se podría extraer. Esos patrones se seguían con asesoría del Instituto de Dasonomía Tropical. Para que se tenga una idea de la dimensión de una explotación forestal describió que los forestales hablan de lo que es un pie tablar, que es un cuadrado de 12 x12 de una pulgada de grueso.

En el bosque Río Abajo se llegó a producir, en sus mejores momentos, cerca de 40 a 50 mil pies tablares anuales. Subrayó que en el manejo de un bosque se extrae madera cuando se tiene una alternativa económica viable y cuando es menos impactante para el bosque en las épocas más secas. Fue a base de esos criterios que en río Abajo se llevó a cabo el proyecto demostrativo, aunque hubo otros bosques que también aportaron a la producción de madera, como Toro Negro, Maricao y Guilarte.

González indicó que muchas de las siembras que se hicieron en Río Abajo fue con la visión de ofrecer una alternativa de estrategia económica maderera a escala de Puerto Rico; pero aclaró que hay otros criterios que pueden ir por encima de esa actividad, como lo es mantener el recurso del agua para la población. Por ello hay que ver dónde se puede y dónde se debe mantener el recurso del bosque para a su vez proteger el recurso del agua.

En esa línea, precisó que si la intención es utilizar el bosque en un proceso demostrativo, eso es posible siempre y cuando exista alguna especie en particular que no se encuentre en otros lugares. En el caso de Río Abajo, las plantaciones principales que se sembraron fueron teca, caoba y el majo, que es una especie nativa de Jamaica. Trajo a la atención que sobre el 80% de los terrenos que tienen bosques en Puerto Rico son privados.

Para concluir, González advirtió que una industria maderera en Puerto Rico centrada en un bosque sería un error, a menos que esta sea subvencionada. Añadió que esa no debe ser la idea porque el manejo forestal tiene una visión sostenible. “Es la primera disciplina que trabaja más en el desarrollo sostenible, porque si no se siembra para que vuelvan a crecer, sin un sistema de rotación efectivo, te quedas sin negocio”.

Los bosques en la isla, tanto Río Abajo como el resto en manos del Estado, se sembraron entre las décadas del 40 y 50 del siglo pasado.

La violación de un santuario arqueológico

La segunda propuesta del alcalde de Utuado resulta igual de desatinada. En entrevista, el doctor en arqueología Reniel Rodríguez Ramos denunció en tono enfático que el planteamiento de hacer un parque temático en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana surge del desconocimiento, que es uno de los grandes problemas que hay en las propuestas de municipalización de ese sitio arqueológico tan importante.

“Caguana es ante todo un yacimiento arqueológico, posiblemente el más reconocido en todo el Caribe antillano. Eso tiene unas implicaciones bastante claras en términos de qué tipo de cosas se pueden hacer en ese espacio. No tengo ni idea de a qué se refiere el alcalde con el asunto de un parque temático”.

El profesor del recinto de Utuado de la UPR reclamó que hay que respetar Caguana como un espacio que fue uno sagrado para las sociedades indígenas. “Ahí uno no puede ir a convertir a Caguana en un Disney, porque ese no fue el tipo de espacio que contemplaron las sociedades indígenas”. Comentó que entiende que las ideas del alcalde son debido a que no ha recibido asesoramiento de arqueólogos que le puedan hablar de lo que puede y no puede hacerse en este tipo de espacios.

“Los yacimientos arqueológicos no son parques de pelota. Son sitios que requieren un manejo adecuado y que son regidos por la Ley 112 para la protección del patrimonio terrestre, que implica que en un sitio como este jamás se puede hacer ningún tipo de intervención sin haber hecho las consultas debidas antes de proceder”.

Expuso que por regla general los lugares arqueológicos se mantienen en su carácter original debido a que son recursos no renovables. Es decir, que una vez se impactan no se pueden regresar a su estado original. Por eso, la recomendación que se da desde el campo de la arqueología es que se intervenga en esos sitios lo menos posible porque el propósito es conservar el lugar para las futuras generaciones. “Propuestas como estas, que vienen sin ningún tipo de peritaje asociado a ellas, son verdaderamente preocupantes”, expresó.

De hecho, Rodríguez Ramos, quien es el único profesor de arqueología en el recinto de Utuado donde se llevó a cabo la reunión, confirmó que ni él ni el resto de la facultad tuvieron ningún tipo de información respecto a su celebración.

Reveló, además, que el alcalde ya le había hecho una propuesta al Instituto de Cultura (ICP) para que le cediera la titularidad de Caguana, lo cual advirtió sería un desastre total. “Caguana   no es patrimonio del pueblo de Utuado, Caguana es patrimonio del pueblo de Puerto Rico, y la experiencia cuando se municipalizan los recursos arqueológicos no es la más positiva. A veces los municipios no cuentan con arqueólogos en la plantilla de sus trabajadores”. Ante la pretensión del alcalde, Rodríguez Ramos le escribió una carta al Director Ejecutivo del ICP expresando su oposición. La respuesta del ejecutivo del ICP fue que la agencia no contemplaba dicha acción.

Mientras, Rodríguez Ramos, quien es también de Utuado, expresó que el pueblo está ajeno a las intenciones del alcalde, tanto en lo que respecta al bosque como al parque ceremonial.

CLARIDAD

En Puerto Rico las tormentas, incluyendo las que se anuncian y nunca llegan, obligan a pausar. Como los traumas acumulados nunca se van del inconsciente colectivo, desde allí llega la adrenalina que nos ayuda a enfrentar la nueva amenaza. La preparación para el nuevo evento nos consume y todo lo demás se olvida o baja en orden de prioridad.

Quien más se beneficia, tanto de ese olvido momentáneo como de la ansiedad que se generaliza, es el gobierno de turno. La tormenta le sirve de tribuna para promover la “eficiencia” de sus funcionarios, proyectados en conferencias de prensa televisadas hacia una audiencia cautiva, mientras los oyentes, nerviosos ante lo que viene, se olvidan de los últimos dislates.

Pero casi siempre el alivio que les permite la pausa es momentáneo. Si la tormenta llega con fuerza, como el terrible huracán de 2017, los retos de ordinario desbordan los límites angostos de un gobierno escaso de poderes, y su pequeñez se torna manifiesta. Si el peligro se desvanece, porque la tormenta azota con efectos mínimos o no llega, la otra realidad – la cotidiana que siempre es dura – nos vuelve a golpear. Entonces las insuficiencias públicas vuelven al primer plano.

Ahora escribo en medio de la pausa provocada por la tormenta Grace. Cuando todavía el “potencial ciclón tropical” carecía de nombre, el gobierno enfrentaba dos asuntos que superaban por mucho los esfuerzos de Pedro Pierlusi por mantenerse al margen de ellos. La táctica de no mirar hacia allá, para evitar que la fiera despierte, se había mostrado inefectiva.

En el primero de ellos, sus amigos de la Junta de Control Fiscal no tuvieron otra alternativa que darle una estocada. Cualquier gobernador proyectaría estar avergonzado, al menos, si un ente externo cancela un gasto de $36 millones porque la transacción apestaba. Pero Pierluisi ni siquiera reaccionó como si ya lo quedara vergüenza para mostrar. El hecho de que la operación continuara a pesar de la discusión pública que se había generado, y las evidentes señales de corrupción, lo señalaba como partícipe. Ahora el silencio ante la acción de la Junta lo vuelve a señalar.

La operación detenida es la compra de 28 mil purificadores de aire, que no cumplen con las especificaciones de salud y que, por tanto, serían inservibles. Fueron adquiridos a una entidad vinculada a previos actos de corrupción, propiedad de empresarios de la casa. La corporación que sirve de parapeto se llama Camera Mundi, la misma que hace unos años contrató con el mismo Departamento de Educación para “enseñar valores” a cambio de otro montón de millones. Como “Cuca Gómez”, el desaparecido personaje de comedia, los protegidos del PNP lo mismo enseñan “valores” que venden purificadores.

Con toda probabilidad, luego del portazo de la Junta, la transacción pasará al olvido sin que nadie del gobierno responda. O tal vez la reorganizan y, como ocurrió en el municipio de Cataño, y el protegido del PNP licita con otro nombre. Independientemente de cómo se reestructure el tumbe, el zarpazo vendrá digan lo que digan los procónsules, y la impunidad triunfará.

El segundo asunto que volverá tras la calma tormentera venía rondando desde hace semanas y, aunque localizado en el municipio de Rincón, ya es un escándalo nacional, con muchas ramificaciones. Inicialmente parecía un asunto de importancia local, pero su desarrollo ha dejado en evidencia toda la corrupción que se agrupa en las llamadas “agencias de permisos” que, a su vez, trastoca la protección de los recursos naturales y la protección del ambiente. La construcción de una piscina en medio de la playa, para beneficio de los propietarios de un condominio playero, ha puesto de manifiesto cómo el tráfico de influencias controla las dependencias gubernamentales donde se dan permisos. Lo que es más grave, también puso sobre el tapete la hipocresía y el cinismo con que operan las agencias que se supone protejan el medioambiente.

Los últimos desarrollos en ese caso desnudan la intervención directa de los ayudantes del gobernador, primero para que se emitiera el permiso de construcción, y más tarde para revertir la acción del Departamento de Recursos Naturales que paralizó la construcción. Otra vez la táctica de Pierluisi de no hablar del tema para que no lo relacionen, se tornó ineficaz cuando una investigación legislativa probó que el director de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) fue llamado a Fortaleza cuando procesaba en de Rincón para presionar por su concesión. Luego supimos que la acción del secretario del DRNA, Rafael Machargo, cambiando una orden emitida por un oficial examinador, fue ordenada por la Oficina del Gobernador.

Pierluisi ha tratado de mantenerse en la orilla para no mojarse, pero la marea lo arropa. Tanto en la operación millonaria del DE, que siempre conoció y facilitó, como en la madeja de actos corruptos que amenazan la playa de Rincón, está su mano y la de su partido.

Durante las próximas semanas vendrán otras tormentas para darle alivio. Mientras la gente se desvive en ansiedad desde que los fenómenos atmosféricos son tan solo “potenciales”, él respira tranquilo creyendo que los vientos se llevarán la mugre que lo arropa. Pero el alivio es pasajero.