En Puerto Rico, no es solo la pandemia del COVID-19 la que nos está afectando gravemente. Hay otras, que quizás como secuela de esta, se han exacerbado durante los años 2020 y 2021, provocando un repunte en la violencia y el maltrato contra las y los menores de edad en nuestro país. La propia secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen González Magaz, así lo ha confirmado. En la totalidad del año 2020 el DF recibió 10,874 referidos de maltrato, 1,819 de estos debidamente fundamentados. En los meses transcurridos de este año, ya la cifra de referidos por maltrato de menores va por la cantidad de 6,621, con 621 fundamentados, un aumento de 21.4%con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa que, detrás de esos números fríos, hay miles de niños y niñas de carne y hueso en Puerto Rico, que viven bajo condiciones de extrema vulnerabilidad a las diversas manifestaciones de la violencia que convulsan nuestro país. De hecho, números publicados indican que, en lo que va de 2021, 11 menores han sido muertos en sucesos de violencia en nuestro país.
Lo que más nos estremece y toca la fibra de la conciencia es cada vez que un niño o niña muere a causa del maltrato físico por parte de un padre, madre o familiar cercano. Así sucedió en días pasados con la muerte a golpes del niño Jeiden Elier Santiago Figueroa a manos de su padre biológico. Por propia admisión del padre, sabemos que el hombre reiteradamente maltrató físicamente al niño durante el tiempo en que vivió con él, conducta que pasó inadvertida para el DF, y dejó desprotegido al pequeño de tan solo 8 años frente a la brutal violencia de su progenitor.
Aparentemente, el DF no conocía- porque no lo había investigado- ni el carácter ni el estado mental del padre antes de decidir remover al menor del hogar que compartía con su madre y entregarle el niño al hombre. La remoción del menor y la entrega a su padre se había hecho en lo que se investigaba una alegación de abuso sexual contra el niño por parte de un familiar materno, que el propio Jeiden trajo ante el padre y personal de un hospital. Del hospital fue referido al DF y de ahí al Tribunal, iniciándose el vaivén de trámites, papeleo y dilaciones que se extendieron por más de un mes, y culminaron con la muerte del niño a manos de su padre.
Más allá de ser investigada en todos sus detalles, y adjudicadas todas las responsabilidades que correspondan a los funcionarios del Estado- del DF, del Tribunal o ambos- que arrastraron los pies y fallaron en su deber de proteger a este niño, esta tragedia ha puesto de manifiesto la realidad de la incompetencia, la burocracia y el desinterés que hay detrás de los procesos y las decisiones en estos casos, sobre todo, cuando a los mismos se les despoja de humanidad y se les convierte en números.
Nuestro país no puede ser indiferente ante al maltrato infantil porque con ello nos jugamos el futuro. Por eso, hay que reclamar y exigir que los funcionarios de todas las ramas del Gobierno a cargo de trabajar con estas situaciones, y aún más, aquellos y aquellas con la responsabilidad de tomar decisiones, sean personas de la más alta calidad y mérito profesional y humano, y no meros burócratas, protegidos de los políticos, y nombrados para realizar tareas de tanta consecuencia sin las destrezas ni el temperamento para acometerlas como es debido.
Durante las últimas décadas, y especialmente en estos últimos años de declive económico acelerado, nuestro país atraviesa por el recrudecimiento de los males asociados a la violencia y el deterioro marcado en los indicadores de salud mental de la población. Es una situación que va más allá del alcance del trabajo parcelado de comités y “task forces”. El momento requiere de una visión de país, liderada con la inteligencia, el profesionalismo y la dedicación que pueda conducir a la transformación eventual de Puerto Rico en una sociedad libre de violencia y, sobre todo, libre de maltrato de menores.
