CLARIDAD
Aun cuando las irregularidades por parte de las agencias de gobierno concernidas y sus proponentes en los procesos de permisos de construcción no son cosa nueva en Puerto Rico el caso de la construcción del complejo recreativo del condominio Sol y Playa en Rincón parecen salirse de proporción producto de la supuesta reforma de permisos implantada por el gobierno de Luis Fortuño en el 2009. Así se desprende del recuento de las controversias e irregularidades del proceso a través del tiempo ofrecido en entrevista con este semanario por el licenciado Pedro Sadeé Lloréns.
El licenciado en Derecho Ambiental se remontó en primera instancia a la aprobación del deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) cuando se aprobó la construcción del edificio en los años 90′. Indicó que en el expediente del caso en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) falta información de cómo se originó el permiso y la que hay es una esquemática lo que en esencia deja obvio que hubo un manejo preferencial y otras violaciones de ley a los reglamentos de permisos. “Lo que sucede es que no se puede decir que este es un caso único, el manejo y las excepciones, el favoritismo en los otorgamientos de permisos no es algo nuevo en Puerto Rico y lo que hace es agravarse con unos cambios estructurales en la legislación”.
Antes de la reforma de permisos era la Junta de Calidad Ambiental (JCA) la agencia que analizaba los documentos ambientales e indicaba sin cumplían o no con la ley y el reglamento. Con el objetivo supuesto de mejorar la eficiencia y mejorar el ambiente de negocios en Puerto Rico una de las cosas que hizo la llamada “reforma de permisos” fue colocar dentro de la misma Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) la otorgación de permisos y la aprobación del cumplimiento ambiental. En otras palabras, se le quitó esa facultad a la JCA. Aunque los municipios otorgan permisos el cumplimiento ambiental está en manos de OGP.
“Ahí tenemos una mezcla de una práctica indeseable provocados por unos cambios estructurales”, afirmó.
La controversia actual deviene en el 2019 cuando el condominio comienza el proceso de permisos del complejo recreativo que se llevó el huracán Maria en el 2017. En este proceso señaló Sadeé Lloréns hay dos tipos de permisos fundamentales. Uno el deslinde de la ZMT que la misma administración de Sol y Playa admite que tenía que hacerlo y ahí -observó el licenciado- se entra en los defectos que pueda tener ese permiso.
El segundo permiso es el de construcción propiamente que lo tiene que dar la OGP. Pero como parte del proceso de aprobación del permiso de construcción es la misma OGP, que es la que también aprueba la reglamentación ambiental entonces ahí es que se entra en los aspectos personales.
Como salió a relucir en las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Ildefonso Ruiz, quien trabajó en el DRNA cuando se hizo el deslinde de la ZMT, intervino en el proceso de otorgamiento del permiso estando en la OGP como gerente de la División del Medio Ambiente. de construcción. Además se descubrió en las vistas que el consultor ambiental contratado por el condominio para gestionar los permisos Ángel Román Mas, admitió que él y Ruiz tenían amistad e inclusive fueron socios en una empresa. “Ahí hay una mezcla de tipo personal con un elemento estructural”, subrayó Sadeé Lloréns.
El otro elemento que sucede dentro de OGP es el llamado cumplimiento ambiental que lo hicieron por la vía de exclusión categórica, lo que significa una excepción reglamentaria en el cual no hay que hacer ningún análisis de impacto ambiental adicional.
Las consecuencias de esta exclusión fue el que: “Este proyecto lo aprobaron de forma ilegal sin completar el proceso de análisis ambiental porque utilizaron el mecanismo de exclusión categórica”. Recalcó en que el proyecto no cualifica como exclusión categórica primero porque no es un tipo de acción típica de esa exclusión y por las condiciones de zona inúndable y de anidaje, que es la playa Los Almendros.
Cuando se aborda el aspecto de las categoría de permisos e intervenciones impropias en este otorgamiento de permiso entra entonces Fortaleza, cuando la secretaria de la gobernación, Noelia García. Ruiz solicitó el expediente de OGP del proyecto y llamó a una reunión en Fortaleza para indagar cómo iba el permiso del condominio. A juicio del licenciado el llamado de parte de Fortaleza con la excusa de indagar cómo iba el permiso es una forma de poner presión.
En tanto por parte del DRNA entran los temas de la ZMT y la protección de las tortugas y área de anidaje del carey y el tinglar. En el DRNA cada uno de estos asuntos tienen dos casos administrativos distintos en marcha. En cuanto al deslinde de la ZMT el primer planteamiento es que este estuvo mal hecho debido a que el único criterio que se utilizó fue donde es el nivel del mar.
“Ahí tenemos el problema de que las mareas en Puerto Rico varían muy poco por ende cuando se tira la línea en la marea mas alta se está excluyendo grandes espacios de áreas de playa. Inclusive el mismo reglamento del DRNA dice que aun en caso que se utilice el criterio del nivel de las mareas se tiene que tomar en cuenta dunas, y otros elementos que aquí no se incluyeron como vegetación porque todos esos indicios te pueden decir hasta donde a penetrado el mar”.
Esta controversia resaltó es importante porque se trata de fijar cuáles son los criterios que se deben usar en la isla para fijar la ZMT. “Aquí en una actuación incorrecta usaron exclusivamente las mareas no usaron otros criterios que están contemplados en la ley y el reglamento”, recalcó sobre el deslinde que se aprobó para el condominio Sol y Playa.
Debido a que el deslinde de la ZMT adolece de varios defectos el resultado neto es que se redujo lo que es la zona pública -la playa- que se supone es un bien de dominio público. Amplió que el DRNA no utilizó el criterio que es el más aplicable en Puerto Rico que es hasta dónde llega el oleaje en tiempo de tormenta u otros criterios como lo son la vegetación y las dunas. Reiteró que al utilizar el criterio de las mareas para delimitar la ZMT como estas en la isla no varían mucho en altura eso tiene como resultado el achicar la ZMT que a su vez tiene unas consecuencias de índole social del disfrute de los bienes, protección de las especies.
Por su parte el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, luego de la determinación de la Junta de Planificación (JP) que ordenó el cese y desista de los trabajos de construcción del complejo recreativo-hay que observar que se habla de una piscina pero la construcción son dos piscinas, una para adultos y otra para niños un jacuzzi, gazebo y aceras- insiste en que la responsabilidad de detener la obra no era de su departamento pero sigue tomando decisiones sobre el asunto.
La mas reciente a días de la determinación de la JP Machargo Maldonado se reunió con la administración de Sol y Playa e hizo cambios a una orden que el mismo emitió el 17 de julio que tienen que ver con medidas de restauración del lugar. Según la orden vigente del DRNA se supone que el condómino haya eliminado la verja que da hacia el mar y hubiese recogido todos los materiales y encubrir la zanjas que abrió para la construcción. “Por el contrario el secretario se reunió con la administración del condominio para acabar de mutilar su misma orden emitida en julio 17. Ahora es poner una verja para impedir el acceso de las tortugas a su hábitat”, denunció Sadeé Lloréns.
Mas aun la orden ahora dispone que la verja la va a construir Recursos Naturales, solicita la presencia de la Policía y pretende impedir que las personas continúen pernoctando en el campamento de protesta que se ha levantado en la playa y que ha permitido que la construcción ilegal haya advenido a la luz pública. “Yo pienso que eso es una provocación porque allí hay personas que han estado demostrando la situación y hay un derecho a la libre expresión”.
Tras la determinación de la JP el 6 de agosto declarando la construcción ilegal y la orden de cese y desista el caso ahora está ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), sala de Aguadilla. Este es otro de los aspectos de la reforma de permisos de Fortuño que expertos en derecho ambiental objetan. La reforma le quitó a la JP el poder de implementar sus determinaciones y en el afán de dar primacía a los permisos de construcción se dispuso que la decisión final sobre la revocación de un permiso esté en manos de un tribunal. Mientras se supone que la orden se cumpla de manera estricta y que las obras de construcción estén paralizadas.
Una nueva reforma de permisos
Ante el alto perfil que ha desatado la construcción ilegal del complejo recreativo de este condominio privado Sadeé Lloréns lo atribuyó a que ahora hay una mayor conciencia del pueblo de proteger sus espacios públicos y del proceso del cambio climático. “Es algo que la gente le está dando importancia y se supone que las agencias le den importancia a eso y es sorprendente como a pesar de que hay supuestamente una política pública consciente del cambio climático pues no lo vemos en la aplicación”. Comentó que todo eso ha llevado a que el caso de Sol y Playa en Rincón se convierta en un caso símbolo.
A la luz de esta y otras experiencias el profesor de Derecho Ambiental trajo a la atención a la necesidad de que se haga una verdadera reforma sobre los procesos de permisos y el cumplimiento ambiental y en particular objetó que estos procesos estén en las las manos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
En esa línea comentó que era curioso que el director ejecutivo del DDEC no se haya expresado sobre la controversia cuando el es el jefe de esa secretaria auxiliar de permisos. Otro aspecto que dijo hay que mencionar -y que no se ha dicho- es que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha estado impulsando una línea de política pública en la cual lo más importante es que los permisos se otorguen de forma acelerada y se reduzcan los escrutinios ambientales. “Y aquí vemos un escrutinio ambiental disminuido, manipulado y las consecuencias las estamos viendo en una reducción de unos terrenos públicos, en una reducción en la protección de las especies”, concluyó.
