Especial para CLARIDAD

«Vida nada me debes… vida estamos en paz». Así me dijo recientemente Felo, citando a Amado Nervo a lo que contesté “así es, y tú tampoco debes nada pues te entregaste para que otras y otros tuvieran Vida”.

Padre Rafael Torres Oliver, a quien con amor llamamos Felo, siguió su camino hacia el Reino definitivo la noche del domingo, 23 de mayo de 2021. Según la fe cristiana, todas las personas estamos llamadas a la santidad, que significa ser personas buenas, justas, solidarias, compasivas, en búsqueda de la equidad y la justicia, siempre. Pocas personas lo consiguen, pero en mi opinión, Felo es una de ellas. Padre Felo nació en Ponce y desde joven tuvo inquietud misionera; por lo tanto, no solo es un patriota boricua sino un internacionalista que ha dejado partes de su corazón en África, República Dominicana y Haití. Iba mucho a Cuba y siempre llegaba con alegría y muchos cuentos.

Le encantaba preguntar, conocer y después contar historias, siempre viendo el lado bueno y bello de las cosas; a veces le añadía sus propias versiones a esas historias. Cuando llegaba a cualquier país (era misionero), buscaba las comunidades mas pobres y por ahí se iba, aunque no conociera a nadie e invariablemente, regresaba con muchos amigos y amigas. Recuerdo, que cuando trabajaba en Caguas había una mujer mayor que, por alguna razón, caminaba desde el residencial José Gautier Benítez hasta el centro del pueblo a buscar agua en una pluma (grifo) al lado de la Catedral y se iba caminando con su cubo. Inmediatamente, Felo se hizo amigo de ella y muchas veces le cargaba el cubo hasta el residencial (era lejos caminando).

Un día llegó tarde a celebrar la Misa de las 5pm en la Catedral de Caguas. Estaba quemado por el sol. Felo se excusó y dijo “si ustedes supieran dónde estaba me perdonarían”. Más tarde, en los noticieros salió en una protesta a favor de la salida de la Marina de Guerra de EU de nuestra Isla Nena, eso fue alrededor del año 1979. Cuando regresó de África a Borikén en el año 2001, la lucha por la paz de Vieques estaba en su momento más álgido. Inmediatamente se unió a la desobediencia civil. Fue arrestado y estuvo preso en la cárcel federal, pues tomó la decisión de no pagar la fianza.

En el 1977, Felo, con apoyo del Obispo Rafael Grovas, junto a Padre Miguel Mendoza, Padre Hilario Rivera, Sor Carmen Rosado, doña Carmen Borri y un grupo de laicos y laicas trajo a la diócesis de Caguas el proyecto de Guerra Contra el Hambre (Red de Esperanza y Solidaridad – REDES).

Con REDES tiene mucha historia; además de ser uno de sus fundadores, nos presentó a Haití a través de un pequeño niño llamado Elí Galiotte, a quien trajo a nuestra diócesis para que aprendiéramos a conocer a nuestros hermanos y hermanas de esta querida isla. A Eli lo amó como a un hijo y a Haití como a su Patria.

Siendo Vicario de Pastoral de la diócesis de Caguas, junto con la hermana Carmen Rosado, encargada del programa de Catequesis diocesana, visitó todas las comunidades de la diócesis de Caguas para orientar sobre las conclusiones del Concilio Ecuménico Vaticano II, los documentos de Medellín y Puebla a todos (as) los (as) catequistas y lideres parroquiales. A pesar de que ha estado de misionero muchas veces en otros pueblos fuera de la diócesis de Caguas y en otros países, la diócesis lo siente como parte esencial de su caminar como pueblo de Dios.

Felo, a pesar de que ya estaba bastante enfermo, quiso despedir a Don Rafael Cancel Miranda cuando éste se le adelantó hacia la eternidad. Creo que fue su último acto patriótico presencial, tomar su bandera y pararse en la autopista para despedir a uno de sus héroes. También, sin soltar la bandera, celebró junto al Obispo Corrada del Río la Misa de despedida a Cancel Miranda.

Hace como dos meses Alida Millán Ferrer (directora de este Semanario), nuestro Oscar López Rivera, Rafaela (Lala) Flores y la que suscribe fuimos a visitarlo a Guayama. Para él fue una inmensa alegría. Habló muchísimo con Oscar, hizo que éste les hablara a las compañeras que los ayudan en la casa parroquial y a los otros sacerdotes de la fuerza interior que tuvo (Oscar) para superar el tiempo en prisión y en solitaria, y lo escuchó como si Oscar estuviera dando la mejor homilía.

Creo que la poesía de Amado Nervo resume bien la vida de este hombre que dejó huellas en el camino de muchos pueblos y personas.

Paz

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

…Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas…

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Una determinación que choca contra cualquier principio de racionalidad jurídica, acuerdos sin ninguna fuerza de ley, solicitud de exoneración de responsabilidad, sabotaje provocado por la misma gerencia, cierre intencional de talleres, impedir que celadores y otro personal llevara a cabo sus trabajos, provocando que miles se hayan quedado a oscuras, han sido los sucesos vividos durante los días recientes por el pueblo de Puerto Rico en relación con el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Luma Energy Mangement. Comenzando con que la jueza Laura Taylor Swain, el jueves en la tarde rechazó el interdicto presentado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que pretendía detener que se pusiera en vigor el contrato LUMA el 1.⁰ de junio.

El representante legal de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, aclaró en entrevista con el periodista Jose Elías Torres que la sentencia de la jueza no es una final y firme, como la que se emite después de un juicio o de una moción de sentencia sumaria. Dado que el recurso presentado por la UTIER es un proceso de emergencia, la determinación no es una que pone fin al caso. El caso ahora tiene que pasar por la etapa de contestación a la demanda y, eventualmente, podría haber mociones de desestimación o podría haber una sentencia sumaria. La jueza entonces adjudicaría en sus méritos el asunto.

Emmamuelli explicó que en el punto de más énfasis de la UTIER es cómo la privatización afecta la Ley 120 y afecta los derechos de los empleados conforme a las leyes, reglamentos y los convenios colectivos. Aun cuando la jueza estima que hay una legitimación activa de la UTIER para llevar ese reclamo y que la UTIER se afecta de manera directa, cuando pasa a evaluar las reclamaciones que se hacen, las va descartando una a una, incluida la principal, que es el asunto de que se violan los derechos laborales conforme a la Ley 120. La jueza entonces dice que los derechos que tiene la UTIER y sus miembros conforme a los convenios colectivos no son derechos adquiridos (acquired rights).

Por el contrario, destacó Emmanuelli Jiménez, la Constitución de Puerto Rico establece, en su Artículo II sección 17, el derecho que tienen los obreros de las corporaciones públicas que funcionan como negocios privados a llevar a cabo negociaciones y convenios colectivos. La Ley 130, que es la que habilita esta cláusula constitucional, establece como política pública que los convenios colectivos hay que cumplirlos. Además, la Ley 120 dice que hay que darles todos los derechos y prerrogativas conforme a los convenios colectivos, y eso incluye la representación sindical que ha sido reconocida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos como un derecho adquirido.

“Entonces la jueza dice que la UTIER no pudo probar que los derechos que está reclamando en su moción de interdicto son derechos adquiridos. Con eso se puede ver la naturaleza de la decisión, que choca contra cualquier principio de racionalidad jurídica. Y eso se puede explicar dentro del contexto colonial en el que estamos viviendo. Así que el detalle es que, obviamente, significa un gran revés, no solo para la UTIER, es un gran revés para Puerto Rico”, expresó.

Un acuerdo sin fuerza de ley

Mientras, en una evidente acción para apaciguar las denuncias contra el contrato, el secretario de Estado, Larry Seilhamer, anunció en conferencia de prensa el mismo jueves que había firmado unos acuerdos con LUMA Energy para garantizar, entre otros asuntos, que la empresa no se vaya de la isla en caso de un evento atmosférico, garantizar los beneficios de pensión de los empleados que se queden trabajando con el privatizador y que la empresa se comprometa a cumplir con la ley de Política Pública Ambiental. Esta ley requiere que Puerto Rico alcance el 100 % de generación a base de energía renovable para el 2050, con progresiones intermedias.

Ante este anuncio, la coalición de organizaciones que apoya la propuesta Queremos Sol denunció mediante comunicado de prensa que los acuerdos son unos “simbólicos” y constituyen una aceptación por parte del Gobierno de que el contrato de LUMA es uno deficiente.

La licenciada Ruth Santiago, representante del Comité Diálogo Ambiental y miembro de Queremos Sol, señaló: “Es preocupante ver que el Gobierno con estos acuerdos reconoce que el contrato de LUMA les permite abandonar el servicio tras el paso de un huracán; pero que en vez de proceder a enmendar el contrato para corregir esta crasa deficiencia, presentan un acuerdo que no tiene validez legal alguna. Los pronósticos para esta temporada de huracanes son que será una sumamente activa, y si LUMA entra en operaciones, estaremos a la merced de una empresa que tras el paso de un evento atmosférico puede decidir dejar de ofrecer servicio, pues eso es lo que dice el contrato y eso no se enmendó con estos acuerdos simbólicos”.

En tanto, Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente y miembro de Queremos Sol, resaltó que el mero hecho de firmar un acuerdo simbólico que establezca que LUMA debe cumplir con la Ley de Política Pública Energética “confirma lo que hemos venido denunciando desde el pasado año. Este contrato no ordena que LUMA cumpla con los objetivos de energía renovable ni impone consecuencias contractuales si LUMA no alcanza estos objetivos. LUMA viene a dejarnos con el mismo sistema centralizado y vulnerable. Estos acuerdos en nada cambian la realidad de que el contrato no requiere que LUMA transforme la red eléctrica a una basada en energía renovable”.

 LUMA quiere exoneración por daños

La coalición Queremos Sol también dio a conocer que LUMA presentó ante el Negociado de Energía (NEPR), una cláusula de aprobación en la que pide la exoneración de responsabilidad (liability waiver) que le relevaría por todo daño causado por actos de “negligencia, negligencia grave o dolo” por parte de LUMA o sus empleados, agentes o contratistas. Esta cláusula aplicaría a todos los clientes.

Según Queremos Sol, con esta cláusula LUMA obtendría protecciones mucho más beneficiosas que lo que es la norma entre compañías de energía eléctrica en los Estados Unidos. Durante la vista, celebrada el martes 18 de mayo, informó Queremos Sol, uno de los asesores del NEPR, Agnes Rivera de la Cruz, describió la exoneración solicitada por LUMA como “más allá del alcance de relevos de responsabilidad en los Estados Unidos”. El comisionado Rivera también levantó cuestionamientos serios sobre la inclusión de este lenguaje.

Por su parte, la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y una de las portavoces de la coalición, expuso que este es un recurso que en la actualidad tienen disponible todos los clientes de la AEE: “Exigimos que el Negociado rechace esta cláusula abusiva de exención de responsabilidad”.

En tanto, el licenciado Pedro Saadé Lloréns, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UPR y miembro de Queremos Sol, confirmó a CLARIDAD que la citada cláusula es una de las muchas disposiciones del contrato de LUMA que son onerosas para el país. “Ya se ha mencionado lo oneroso que es para la energía renovable, para los trabajadores, por supuesto, y las tarifas. Y ahora este es un aspecto que está surgiendo y está en el contrato, que lo que busca en una forma increíblemente amplia es eximir de responsabilidad a LUMA por reclamos que puedan surgir de parte de los abonados en la entrega de energía eléctrica”.

Más allá de denunciar que la cláusula es una demasiada amplia y abusiva, que no es lo que ahora mismo tiene la AEE, y que esta significa un deterioro de los derechos del consumidor y del pueblo, Saadé catalogó de objetable la manera en que el Negociado está manejando el asunto, debido a que no ha celebrado un procedimiento amplio de vistas públicas. Censuró que para las próximas vistas, que se supone sean durante esta semana, solo se otorgó un día para que los interesados soliciten turno.

Además, reveló que hay varios procedimientos de LUMA que se están haciendo a última hora en el Negociado que reflejan que LUMA no está preparada para asumir las riendas, independiente del contrato y que no se ha cumplido con lo que debe decidir el Negociado de Energía. “Voy más lejos: si el Negociado debe saber que LUMA no está preparada, no le ha prestado atención, no ha tomado ninguna medida. El negociado está incumpliendo con su responsabilidades de ley con respecto al sistema eléctrico del país”.

A todo lo anterior se suman las denuncias que abundan en las redes sociales de parte de trabajadores de de la AEE que son miembros de la UTIER sobre las acciones que está llevando a cabo la alta gerencia, de paralizar y almacenar equipo de trabajo, como camiones; de cerrar oficinas y ordenar a los trabajadores que recogieran sus cosas y no dejarlos volver a entrar.

CLARIDAD

Desde que en la tarde del 25 de julio de 1978 el gobernador Carlos Romero Barceló anunció que la Policía había matado a dos “terroristas” en el Cerro Maravilla de Villalba, llamando héroes a los ejecutores, la dirección independentista de entonces concluyó que la historia oficial era falsa. La edición de CLARIDAD fechada 28 de julio no cubre el tema porque se confeccionó antes, pero el titular principal de la siguiente es: “El País condena la masacre; Romero solo”. Junto al titular aparece una foto de una multitud protestando frente a Fortaleza, y una imagen de encubierto Alejandro González Malavé con la siguiente nota: “he aquí al despreciable sujeto que condujo a dos jóvenes independentistas hacia un pelotón de fusilamiento.” Como sabemos, todo lo que dijo CLARIDAD en su primera edición tras los hechos posteriormente se corroboró, pero hubo que esperar 6 años. Una conspiración de silencio urdida por instituciones nacionales y federales mantuvo un manto encubridor durante ese tiempo, hasta que una investigación del Senado de Puerto Rico confirmó el vil asesinato de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví.

En la página 3 de aquella edición del 4 de agosto se reseña la declaración del único testigo directo de los hechos que no era policía, el conductor del vehículo secuestrado por González Malavé, Julio Ortiz Molina. Esa declaración era el hilo que conducía directamente hasta los asesinos, por lo que los verdaderos hechos pudieron haber sido esclarecido a solo días de la masacre de no haberse desplegado una segunda conspiración, la de encubrimiento. Para llegar otra vez hasta la simple verdad que ya se desprendía del testimonio de Ortiz Molina, fue necesario superar a las instituciones de “ley y orden” que operan en Puerto Rico: el Departamento de Justicia de aquí, el de Estados Unidos, la Policía, el FBI y el Tribunal Federal. Todo ese enjambre oficial se juntó para garantizar el encubrimiento, pero al final quedaron derrotados.

Hago ese breve recuento – ampliamente explicado en el libro Requiem en el Cerro Maravilla del periodista Manuel Suárez – porque recién circula la noticia del fallecimiento de Héctor Rivera Cruz, un nombre que estará ligado para siempre a los eventos del Cerro Maravilla. En el trabajo de la comisión del Senado que finalmente condujo a derrotar la conspiración de silencio participaron muchas personas, pero entre todas ellas el trabajo de Rivera Cruz fue fundamental.

Previo a que entrara en funciones el equipo de trabajo dirigido por Rivera Cruz, se habían producido dos aportaciones muy importantes. La primera que sobresale es el gran trabajo de algunos medios de prensa, aportando informaciones que resultarían vitales, y manteniendo viva la historia que se quería silenciar. CLARIDAD, además de dar el aldabonazo inicial, dedicó sus redactores y sus páginas al tema a lo largo de esos 6 años. De la prensa diaria se destaca la aportación de dos periodistas, Tomás Stella y Manny Suárez, quienes desde The San Juan Star desplegaron el mejor periodismo, aportando información nueva y cubriendo en detalle dos procesos que se daban en el Tribunal Federal, uno dirigido a descubrir la verdad y otro a ocultarla.

El dirigido a descubrir la verdad fue la demanda civil de los familiares de las víctimas incoada por los abogados José Antonio Lugo, Michael Avery, Peter Berkowitz, Judith Berkan y Rina Biaggi. El descubrimiento de pruebas de ese caso resultó altamente trabajoso porque, además de enfrentarse al abogado de los policías, Héctor Laffitte (quien también era abogado de El Nuevo Día y la familia Ferré) debieron superar la hostilidad del juez del caso, Juan Pérez Giménez. Paralelo a la demanda civil se produjeron dos investigaciones de un gran jurado convocado por el Departamento de Justicia federal, que no produjeron acusaciones y, gracias a las manipulaciones de Laffitte, sirvieron para reforzar el encubrimiento oficial.

En ese ambiente es que se produce la investigación que dirigió Rivera Cruz. El resultado de las elecciones de 1980, que le dio el control del Senado al PPD, permitió que se pudieran dirigir recursos públicos hacia una investigación seria. Ese grupo investigador tendría poder para compeler la presencia de testigos y requerir la producción de documentos, algo que no tenían los abogados que atendían la demanda de los familiares. Además, esa capacidad de investigación de la Legislatura no podía ser interferida por el Tribunal Federal donde Pérez Giménez y el todavía abogado (futuro juez) Laffitte, reinaban.

Pero, aun con esos poderes, no todas las investigaciones legislativas tienen los resultados buscados. A ellos hay que juntar la capacidad de los investigadores y la pasión dedicada a trabajo. Además de Rivera Cruz, el esfuerzo contó con las aportaciones del jurista Marcos Ramírez y de algunos senadores, pero fue él quien condujo con maestría el proceso investigativo que permitió reunir la evidencia necesaria para el procesamiento criminal de los asesinos. Gracias a los recursos del Senado las vistas se televisaron y todo el País pudo ver cómo el manto de mentiras se descorrió ante las incisivas preguntas del joven abogado.

Los policías asesinos fueron finalmente procesados con la prueba reunida en la investigación senatorial, pero el autor intelectual, Carlos Romero Barceló, quien desde Fortaleza ordenó que le dieran un “escarmiento” a los jóvenes independentistas, nunca pagó. Terminó muriendo de viejo, como tantos sátrapas de la historia, sin pagar por sus actos, aunque señalado para la historia como criminal y encubridor.