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Las diversas valentías de don Pedro Albizu Campos

A menudo se cita la inspiradora frase de Albizu Campos de que “la patria es valor y sacrificio”. Lo que no se explica bien es que, para él, el primer acto de valor fue uno de carácter intelectual.

Efectivamente, a su llegada de Harvard Albizu concentró su atención en un acto intelectual de mucho valor. Se trataba de formular una nueva interpretación de la situación colonial de Puerto Rico. José Martí había hecho lo mismo, para Cuba, antes de la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Bolívar hizo lo mismo, para la América entera, después de su retorno de Europa, y de emprender lo que parecía una idea lunática: la libertad de nuestros pueblos.

No hay que moverse a error. El Puerto Rico a que Albizu regresó en 1920 presentaba una situación tan o más desesperante que el actual. La pobreza dominaba la vida diaria de las masas trabajadoras. Ni siquiera había una ‘Junta de Control’, que dictara la política económica de la colonia. Las decisiones las tomaba, de manera autocrática, un gobernador nombrado directamente por el presidente de Estados Unidos, bajo la supervisión directa del Departamento de Guerra. Ideológicamente, cundía el apego político-partidista a la presencia del imperio en nuestras vidas. Ninguno de los líderes importantes de la época planteaba la ruptura abierta con el régimen colonial. Ni en forma ni en contenido. Cuando más, coqueteaban para ganar prestigio, entre un pueblo que era fiel a su cultura. A la vez, el país era una rica fuente de ganancias para las compañías azucareras, tabacaleras e importadoras de medios de vida.

Lejos de refugiarse en el fatalismo o el academicismo abstracto, Albizu redefinió la década de los XX como una llena de oportunidades únicas para avanzar un proyecto radical de emancipación nacional. Es decir, invirtió el paradigma. Allí donde algunos sólo veían la inevitabilidad de colaborar con el régimen o de refo rmas secundarias, Albizu vio la posibilidad de quebrarle el espinazo al imperio. Esto, antes de que llegara las crisis del 1934 que, como hoy hizo María, jamaqueó la hegemonía del capital en la isla. Y Albizu llegó a esa visión mediante un acto de gran valentía intelectual. Sus escritos de 1926-1930 reconceptualizaron la visión que se tenía en Puerto Rico de nuestra historia. De ahí surge una nueva definición de la patria que, lejos de ser abstracta o idealizada como en José de Diego, quedó preñada de contenido concreto: la patria es, ante todo, el valor y sacrificio de organizarse para constituirnos en un pueblo independiente. Ya no era asunto de mugir, sino de embestir con inteligencia y efectividad.

Es difícil decir que en la década de los XX nuestro pueblo tenía más conciencia anticolonial que ahora, en un tiempo como ese en que hasta los independentistas enarbolaban en sus eventos la bandera de Estados Unidos. No creo correcto tampoco afirmar que en esa década había un espíritu de movilización mayor que el de ahora. Este es un pueblo que a lo largo del siglo XX no ha tenido otra disposición que no sea la de movilizarse. Sí, a veces en apoyo a partidos reformistas y coloniales, pero no pocas veces a favor de reclamos que indican una ruptura. ¡Ya habría querido Albizu Campos encontrarse con una coyuntura como la actual! ¡Qué no habría hecho!

Ante el reproche de qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan, hay que preguntarse qué hace la izquierda que no se unifica y que no acaba de revolucionar, de una vez por todas, esta isla llena de tanto desencanto. Ese paso no habrá de suceder meramente con consignas abstractas. ¡Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra! En particular los viejos, tenemos que abrir paso a la juventud, que hoy se muestra briosa y dispuesta al combate. No es que mi generación no haya dado lo mismo de sí; es que, aun así, nos quedamos cortos. Pues arranquemos de nuevo, no por los viejos caminos de las victorias parciales alcanzadas (que no han sido pocas), sino por senderos distintos. ¡Crear; é vsa es la palabra del momento! Como hizo Albizu, joven aún, en la década de los veinte.

El Proyecto Enlace: No cabe en ninguna otra agencia, ni bajo un privatizador

El Proyecto Enlace del Caño Martín Peña (PECM) trabaja para la rehabilitación de las ocho comunidades que le rodean con la finalidad de que se pueda llevar a cabo el dragado del Caño, con tan sólo un presupuesto de un millón de dólares al año. Mientras el presupuesto de la Junta de Control Fiscal (JCF), impuesta por el Congreso de Estados Unidos, sobre el pueblo de Puerto Rico tiene un presupuesto de $60 millones. El presupuesto de la Junta -que sale del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico- aumentará a más del doble para el próximo año fiscal.

La noticia de que el Proyecto Enlace figura entre las agencias que serían eliminadas en el nuevo Plan Fiscal del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, tomó por sorpresa al liderato del G8.

“Sí nos tomó por sorpresa entendiendo que esta noticia es de octubre 2017 tenemos la esperanza de que en el nuevo borrador fiscal no aparezca, esto es un atraso a este proyecto del dragado del Caño que llevamos muchos años luchando porque esto se realice ya que vemos la luz más cerca a esa esperanza es un golpe muy fuerte para todos nosotros”, declaró a CLARIDAD, Lucy Cruz, presidenta del G8, organismo que agrupa a las ocho comunidades que rodean el Caño.

Junto a la presidenta de la Comunidad Parada 27, Aileen Morales, las líderes comunitarias revelaron que hace una semana tuvieron una reunión en la Fortaleza con una ayudante del Gobernador, la cual dijeron “fue muy buena la reunión y salimos con más esperanzas de las que teníamos, entendemos que por esa parte nos sorprende entonces esa noticia”. Incluso indicaron que hace escasamente un mes el Gobernador nombró a los cinco integrantes a los que tiene derecho a nombrar a la junta de directores del PECM.

Ante lo inesperado de la noticia y en medio de su consternación Morales recordó que la propia JCF el pasado año en uno de sus informes al Congreso de EE UU dijo que el Proyecto Enlace era uno prioritario. “Así que es una cosa contradictoria en el mensaje del gobernador, hace un mes también dijo que era un proyecto prioritario y el Estuario de la bahía y el Caño de Martin Peña así que por eso es que nos sorprende”.

Las líderes comunitarias dijeron reconocer que hasta el momento han trabajado mano a mano con la actual administración y han logrado muchos avances, por lo que volvieron a expresar que la noticia les chocó. Tras el anuncio, Cruz dijo que la Junta de Directores está en proceso de reunirse. “No queremos dar palos a ciegas esto es especulativo en realidad, nadie sabe nada, son cosas que fluyen por distintos oídos”.

La presidenta del G8 defendió que el Proyecto Enlace es una corporación que ha probado ser eficiente que trabaja con un presupuesto operacional de un millón de dólares. “No creo que le hace gran daño al gobierno tenemos aquí empleados que tienen hora de entrada y prácticamente no tienen hora de salida porque tienen un compromiso con estas comunidades donde la participación ciudadana ha sido la pieza clave para que estos procesos tanto de realojo de ubicación de las personas y los trabajos de infraestructura puedan ser un éxito”.

En esa línea Morales se unió a su compañera Cruz y ambas destacaron que fueron los empleados del Proyecto quienes único los asistieron luego del huracán María y denunciaron que las agencias gubernamentales llegaron después de un mes. “La corporación fue la única que estuvo con nosotros luego de Maria y nos ayudó a salir hacia adelante porque aquí no hubo ninguna agencia gubernamental de ninguno…”.

Cruz fue más allá y cuestionó que luego de 16 años de organizado el Proyecto, haber recibido premios internacionales como el del Premio Mundial del Habitat, que otorga la ONU en el 2016, no ve por ningún lado razones para su eliminación, quién está asesorando al Gobernador y cuáles son sus intenciones, “porque también entendemos que tiene que haber algo detrás de esto, pienso yo”.

Otro cuestionamiento que señalaron es que la corporación se supone que tiene una vida corta de 25 años y casi van por 14, por lo que consideran que lo que queda es bien poco, una vez se drague el Caño la corporación se supone que se elimine. Hasta ahora el dinero invertido en el proyecto es alrededor de $30 millones. Explicaron que el dragado conlleva mucho trabajo de infraestructura y el realojo de familias que viven dentro del caño. El proyecto se trabaja con pareo de fondos federales e incluso con donaciones del sector privado.

Hasta el presente se han realojado más de 500 familias pero todavía quedan entre 400 a 500 por reubicar. Entre ellas familias a las cuales hubo que relocalizar por emergencia luego del paso del huracán. Según dijeron más de 1,200 familias se vieron afectadas por el paso del huracán, hubo familias que perdieron el techo de sus casas por completo o parcialmente y mas de 65 casas fueron destruídas por completo.

Enlace no cabe en ninguna otra agencia, ni bajo un privatizador

Por su parte la directora ejecutiva del PECM, Lyvia Rodríguez, reaccionó que hasta ahora lo que hay es un borrador que plantea el cierre de la corporación y en la eventualidad de que se apruebe finalmente hay que esperar a que el gobierno lo convierta en una acción legislativa que puede ser un plan de reorganización o puede ser un proyecto de ley, por lo que sería prematuro poder establecer qué pasara con el proyecto.

“Si sabemos en términos de principios generales que la corporación se creó con el propósito de viabilizar un plan de desarrollo integral que no cabe sin la participación de la comunidad en la mesa donde se toman las decisiones del dinero y los proyectos”, defendió y observó que el propósito fue salvar el proyecto de los vaivenes políticos.

Rodríguez no ve cómo el Proyecto Enlace pueda ser viable bajo algún otro modelo. Expuso que en este año corriente la corporación recibió del FG para fondos operacionales apenas $915 mil dólares para el próximo año fiscal (2018-2019) sólo el 60% del presupuesto será del gobierno de Puerto Rico, el resto provendrá del gobierno federal y de donaciones. A esto se le suma- continuó- una gran cantidad de voluntarios que en un año normal pueden llegar a 400. Por ejemplo, luego del huracán han recibido más de 800 voluntarios externos, sin contar todo el voluntariado del liderato comunitario, asesoría pro bono, todo eso se pierde si el proyecto se mete en otra agencia. En una agencia dijo “es otra conversación lo hacen porque es un proyecto que está liderado por la comunidad, que ven que hay continuidad, credibilidad, donan tiempo porque ven que va a tener un resultado concreto en la gente”.

Esa colaboración tampoco seria probable si el proyecto es un privatizador o una llamada alianza público privada. “En la medida en que la finalidad de este proyecto sea que la comunidad no sea desplazada es bien difícil levantar el tipo de capital que se requiere para invertir en infraestructura y el dragado del caño de parte del sector privado porque los números no van a estar por ahí para hacer ese tipo de inversión. Eso no quiere decir que en el proyecto no pueda haber algunas oportunidades para el sector privado, las hay y las hemos estado identificando”.

En esa dirección añadió que la idea de la corporación y la creación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña fue precisamente para evitar el desplazamiento de las comunidades y evitar que el dragado sólo fuese de beneficio para otros desarrollos de marinas y hoteles de cinco estrellas.

Rodríguez llamó la atención a que el planteamiento de eliminación es con respecto a la corporación y expresó que no querían enviar el mensaje a la comunidad de que esa eliminación vaya a destruir “necesariamente” al Fideicomiso y al G8. Ambos entes, dijo, continuarán “con unos retos distintos, con una dinámica de trabajo distinta porque ya no necesariamente el proyecto estaría en una entidad donde esa participación es vital y donde trabaje todo el mundo en la misma dirección pero va a continuar impulsando la agenda para la cual fueron creados”.

A lo anterior agregó que el proyecto del dragado está dentro de un convenio entre el gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros (USCI, siglas en inglés) el cual tiene un presupuesto de $215 millones que incluye la parte federal y la porción de pareo de fondos del gobierno de Puerto Rico. En estos momentos dijo “con los fondos de recuperación de desastres se supone que se le inyecten $15 mil millones al USCI para proyectos en lugares afectados por los huracanes.” El secretario auxiliar del Ejército es quien se supone tiene la potestad de escoger cuáles son los proyectos que va a financiar.

Al describir que el proyecto del caño es uno bien complejo a su vez reclamó que éste representa “una oportunidad para que Puerto Rico tenga un ejemplo de cómo hacer una recuperación por desastre en equidad integral que desplazando a las comunidades pobres afro descendientes sino por el contrario donde se trabaje de una manera respetuosa a la comunidad y con sensibilidad. Construir un proceso de recuperación que tenga sentido para todo el mundo y no sólo para algunos sectores”.

Alternativas ante la venta de nuestra cultura

La semana pasada se reveló públicamente un listado que evidencia el ejercicio de reducción que barajan la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno central para Puerto Rico. El canal de televisión del Estado, WIPR; la Corporación del Centro de Bellas Artes, la Corporación del Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas son sólo algunas de las 44 instituciones públicas que aparecen en la lista para ser vendidas, cerradas o traspasadas mediante contratos a agencias público-privadas (APP).

El anuncio de la venta o reducción de las instituciones que abogan por la cultura puertorriqueña, particularmente, no es el primero que se hace desde que la JCF está al mando del País. Antes del paso del huracán María, justo en junio 2017, la Resolución Conjunta 187 exponía que 36 proyectos se quedarían sin las asignaciones especiales que recibían a través de transferencia mediante el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, los Centros Culturales de Utuado, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, los coros de niños de San Juan y Ponce, Ballets de San Juan y la Fundación Nacional para la Cultura Popular fueron algunas entidades que se contemplaron para dejar de recibir fondos de esa partida gubernamental.

En aquella ocasión, además de denunciar los recortes de la JCF, el director del ICP, Carlos Ruiz Cortés, hizo un llamado a que se viera la cultura como parte del motor económico del país. “El llamado es el siguiente, quitándole (a la cultura) posiblemente nos hagan más difícil producir cualquier tipo de gesta cultural, pero también las generaciones van a demostrar que con presupuesto estatal o no, aquí se va a seguir haciendo cultura y muy buena”, expresó públicamente en aquel entonces.

Ante ese cuadro, Ruiz Cortés propuso que, a través del Programa de Promoción Cultural – el cual trabaja con los 36 centros culturales del país adscritos al ICP – se capacitaran y rediseñaran esos espacios para que pudieran lograr su autosuficiencia y autosustentabilidad.

No obstante, tras el anuncio de venta de cuatro bastiones culturales del país, CLARIDAD cuestionó a varios(as) artistas y hacedores de la cultura sobre alternativas ante esa movida del Gobierno y la JCF.

“¿Alternativas? Pero si la mejor actividad cultural de este país ya se nutre del arte alternativo, del arte en la calle. Pienso, por ejemplo, en la gestión de Mickey Negrón, de Tony González Walker, del evento Santurce es ley, entre otros. El arte en la calle es también el mejor museo de este país, que busca hasta debajo de las piedras para seguir ofreciendo los mejores talleres, las mejores exhibiciones: pienso en Santurce: un libro mural de Rafael Trelles y Francisco Font-Acevedo y en el Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo”, comentó la poeta Irizelma Robles en aras de reconocer “lo que se está haciendo” con la intensión de resistir los recortes.

“Nosotros(as) estamos gestionando arte continuamente y hay de todo: teatro, arte, poesía, libros, títeres. Pero, ¿hasta cuándo?”, continuó Robles.

La escritora y artesana Gloribel Delgado Esquilín coincidió con Robles al opinar que “si destruyen nuestras instituciones, crearemos nuevas. “Existen proyectos como El Local en Santurce, galerías, cafés, librerías, bares, plazas, organizaciones sin fines de lucro, teatros en azoteas, en casas, en la calle, ferias de artesanía autogestionadas que tienen un pulso cultural independiente a las instituciones oficiales”, indicó.

Por su parte, el actor Ángel Vázquez expresó que “estos cierres atentan contra nuestra identidad nacional, algo que evidentemente no es prioridad para el gobierno actual”. Para él, la alternativa es poner en manos de los y las artistas las agencias prestas a vender para que ellos formen cooperativas y reciban apoyo de entidades privadas. “Para que esto funcione, debe existir una política pública para que estas organizaciones culturales reciban exenciones sobre impuestos a la empresa cultural, así como al costo de sus boletos, publicidad. A manera de intercambio, estas nuevas organizaciones podrían a su vez ser la alternativa artística para los currículos de las escuelas del país”, considera Vázquez.

Asimismo, el dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos-Perea indicó a preguntas de este medio que una alternativa para denunciar la venta de nuestra cultura es que se unan los(as) gestores culturales y redacten un manifiesto en varios idiomas para que tenga alcance internacional.

El compositor Pedro E. Franco Fraticelli, profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico, de primera instancia ofreció como alternativa a la venta de nuestra cultura: “Qué privaticen el Gobierno” y definió privatización como la acción que “mercadea las necesidades y los derechos básicos del pueblo para beneficio de los que no los trabajan como se debería”.

En esa misma línea, Franco Fraticelli sugirió “reducir el presupuesto de todo el Gobierno, incluyendo agencias de publicidad, escoltas, corporaciones, hoteles, e invertirlo en el pueblo y la cultura”.

Crear una ruta turística cultural que contenga al Conservatorio, las Escuela de Artes Plásticas, el Centro de Bellas Artes, los parques nacionales y los museos como paradas; obtener dinero para el erario incentivando la cultura, no invisibilizándola y suprimiéndola; rehusarse de dar contratos millonarios a la música popular basura (“Despacito”), que lo que hace es adoctrinar a las masas: las tres son ideas que propone el profesor del Conservatorio.

“En fin, la solución no es recortarles a los más vulnerables, personas a las que ya de por sí le han recortado por años. Para el 2000, el Conservatorio recibía unos 7 millones del Gobierno y ahora, se entiende que serán menos de 2 millones. Todo esto mientras cierran más de 300 escuelas por ahorrarse 5 millones y mientras la Secretaria de Educación bota 17 millones ‘porque sí’”, concluyó Franco Fraticelli.

Ante la amenaza, “hay que tirarse a la calle a protestar creativamente…conseguir fondos económicos de instituciones independientes al Estado, apoyar las iniciativas locales y actuar con compromiso”, dijo Delgado-Esquilín. Para ella, el pueblo debe manifestarse en la calle para salvar la cultura puertorriqueña sin perder de perspectiva que “es tiempo de establecer conexiones con otras latitudes”.

“De cerrarse instituciones, plantearía un movimiento de “okupas” en la Isla, que en otros países ha dado pie a nuevas formas de administrar cines, teatros, fábricas. La experiencia internacional será vital para organizar nuevos espacios alternativos en la Isla. Países como Italia, España y Argentina tienen ejemplos de cómo los artistas crearon juntas que administraron proyectos cuando sus gobiernos intentaron destruir sus instituciones”, finalizó la artesana y escritora.

Los que se fueron

Una pregunta que siempre surge en el proceso migratorio es sobre la suerte del que emigra, del que se fue. En Puerto Rico solemos tener la impresión errónea de que el que emigra a Estados Unidos ha resuelto todos sus problemas, sobre todo los económicos; que consiguió un buen empleo, vivienda y una buena escuela para sus hijos. También nos preguntamos cómo habrá sido la recepción en su nuevo entorno.

De los que se fueron después del huracán María sabemos poco. Tomará algún tiempo para que los estudiosos de la emigración nos produzcan estudios empíricos que reflejen la verdadera condición de éstos. El censo decenal de los Estados Unidos tardará hasta el 2020, con la información más precisa, basada en proyecciones confiables.

Por ahora lo que tenemos es la información periodística, las entrevistas a los inmigrantes, que aunque no es información empírica, mediante un análisis de contenido podemos determinar indicios, actitudes y tendencias. Esta información tampoco se puede considerar que es al azar, por haber un elemento de selección, de subjetividad en cómo el periodista escoge y presenta la noticia, al igual que del posible interés del periódico al publicarla: sensacionalismo, influenciar la política pública, otro.

Aun así cuando revisamos un grupo de noticias en los meses subsiguientes al evento meteorológico, podemos descubrir datos que nos revelan mucho sobre la verdadera condición de los inmigrantes. El primer artículo en cuestión de Paul Brikman del Orlando Sentinel nos informa sobre las cifras o números de los recién llegados. Se cuestiona la exactitud de la cifra de “evacuados” ofrecida por el gobernador Rick Scott, quien la estima en 300,000.

Esa cantidad es puesta en duda, de acuerdo al artículo en cuestión, por tres profesores universitarios quienes estudian la inmigración y dudan de las fuentes que emplea el gobernador. Mientras que el gobernador Scott utiliza las cifras de las líneas aéreas que vuelan a Orlando, Miami y Tampa y que son obtenidas de la División de Manejo de Emergencias, éstas incluyen todo tipo de pasajeros: hombres de negocio, periodistas y viajeros regulares, entre otros. Los tres profesores mencionados, entre los que están un economista y un director de un Centro de Investigación sostienen que el número real de los que inmigraron sea probablemente unos 50,000, basándose en los números de matriculados en el sistema escolar y los que solicitan ayuda social del estado.

El tener un número confiable de nuevos inmigrantes para el desarrollo de un plan de servicios gubernamentales, entre los cuales se incluyen las escuelas, las viviendas y otros servicios estatales, sirve también para sustentar peticiones de fondos al gobierno federal y desarrollar política pública al respecto. Y en última instancia la población en general se mantiene también informada del impacto que un número significativo de nuevos residentes pueda tener sobre el equilibrio social de sus comunidades.

En una publicación anterior en el Orlando Sentinel el gobernador de Florida, Rick Scott escribe una columna titulada Florida se levanta con Puerto Rico en la cual comienza estableciendo que “cientos de miles de puertorriqueños se han mudado a la Florida” y que en sus viajes a través del estado ha escuchado a incontables ciudadanos que le han expresado cuán importante es el “apoyar a estas familias”. Hace una apología del estado, que él describe como “melting pot” (crisol de razas y culturas), donde se hablan más de 250 lenguas y “orgullosamente se reciben gentes de todas partes del mundo todos los días”. Anuncia que Florida fue el único estado dispuesto a entrar en un contrato de “estado huésped” con la Agencia Federal de Manejo de Emergencia para servir mejor a esas familias puertorriqueñas. A esos propósitos, ordenó también la apertura de Centros de Asistencia en el Aeropuerto Internacional de Orlando. El gobernador Scott está presentando los hechos a sus electores, pero también está enviando un mensaje subliminal a los nuevos potenciales electores, y a los hispanos en general, para sus planes políticos futuros y los del partido que él representa, el Republicano.

Durante el mes de diciembre, el periódico Orlando Sentinel siguió publicando otros artículos de primera plana con relatos conmovedores sobre los puertorriqueños que arribaban a Florida. Aunque hay un elemento de sensacionalismo en ellos, son reveladores respecto a qué esperar en el nuevo ambiente. El primero de éstos (Kate Santich, Evacuados de Puerto Rico están todavía llegando como manadas a Orlando, informa el caso de una mujer de 47 años y su esposo. Ella consiguió un nuevo empleo en Orlando como cajera en un establecimiento de comida en una parada del “turnpike” o autopista (en Puerto Rico era gerente regional de ventas). Su esposo, quien era supervisor de un almacén en Puerto Rico, ahora trabaja en la construcción de carreteras en un turno de diez horas al día, seis días a la semana. Junto a sus siete hijos actualmente viven en una habitación sencilla de hotel (single hotel room) “ahorrando para una casa”.

Otro artículo con el sugestivo título: Maestros evacuados desembarcan con un poquito de suerte, relata la historia de un matrimonio joven que emigró en busca de ayuda médica para la madre de uno de ellos, la acompañaban, pero no tenían intención de quedarse allá. No obstante, en el aeropuerto fueron interceptados por personal del sistema escolar del condado de Orange, que se encontraban en el Centro de Bienvenida y les ofreció empleo. Ambos con preparación en Física, Química y Matemáticas, áreas de difícil reclutamiento, fueron contratados para enseñar Matemáticas. El nuevo empleo significa una degradación en prestigio para ella (igual que los dos casos antes citados), pues enseñaba a nivel universitario en Puerto Rico. Nada se dice de los sueldos que recibirán que aunque posiblemente sean más altos que en Puerto Rico habría que atemperarlos a los gastos en el nuevo contexto.

Sus casos, al igual que muchos otros, a todas luces, representan un claro ejemplo de fuga de cerebros. Esto, de acuerdo a la ampliación de ese concepto, incluye científicos e ingenieros, pero también personal de “alta clasificación” y de “experiencia profesional” que se extiende hasta los médicos y maestros de escuela secundaria y primaria (Alesandro Sijil, “El mercado de cerebros”, Editorial Tiempo Nuevo).

Un último artículo revisado (Lauren Ritchie, Manejo de los estudiantes puertorriqueños en Lake, Orlando Sentinel) indica que unos 5,657 estudiantes puertorriqueños se han matriculado en Florida Central, mayormente en el Condado de Orange, con unos 2,670. Seguido por el Condado de Osceola con 2,198 matriculados y los condados de Lake y Seminole, con menos de 500 estudiantes puertorriqueños matriculados recientemente, cada uno. Esas cantidades se distribuyen con 30 estudiantes o menos por escuela, lo cual no requiere que se contraten nuevos choferes de guaguas, ni maestros. Tampoco ha sido necesario reclutar traductores, ya que existe un equipo de maestros bilingües considerable que ha sido formado a través del tiempo. El sentir de los administradores, es que éstos no son los últimos estudiantes puertorriqueños que llegarán, en lo que ha sido el patrón en los últimos años.

Además de la prensa escrita, la prensa televisiva en Estados Unidos, ha querido conocer también con mayor exactitud la cantidad reciente de inmigrantes puertorriqueños. Así lo han hecho mediante un análisis investigativo titulado: Éxodo de Puerto Rico: una guía visual de los investigadores John D. Sutter y Sergio Hernández de CNN. Reportaje que salió al aire el pasado 21 de febrero de 2018.

Partiendo de la asunción de que éste es el mayor éxodo de puertorriqueños en la historia de Puerto Rico, consideran que es un misterio el alcance y la forma de esa “diáspora”. Por eso presentaron, mediante mapas ilustrativos, datos obtenidos por otras fuentes, además de las cifras obtenidas de las líneas aéreas, proceso que se logró mediante el Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos. Esas fuentes fueron FEMA, con un millón de solicitudes de ayuda relacionadas al huracán María desde Puerto Rico y 10,600 desde Estados Unidos; 11,500 nuevas solicitudes de matrícula de niños a las escuelas de Florida; y 6,600 solicitudes de cambio de dirección postal hechas en Estados Unidos. De igual forma ratificaron la cifra del transporte aéreo; 179,000 pasajeros netos desde Puerto Rico durante los meses de septiembre a noviembre de 2017.

Después de presentar las opiniones de expertos en actitudes y movimiento de personas en condiciones de desastres, éstos, los entrevistadores, consideraron que lo que resulta de interés es saber a dónde la gente está yendo. La contestación fue categórica “se han mudado a todos los estados, incluso a Alaska y Hawaii”, ilustrando mediante gráficas el movimiento. No obstante, el énfasis fue en Florida por ser éste el estado que recibió mayor cantidad de inmigrantes después del huracán María.

El punto culminante del programa televisivo fue la pregunta: “¿Qué significa todo esto para la política en Estados Unidos?”. Refiriéndose, por supuesto, a la política partidista y las tendencias ideológicas de los votantes puertorriqueños en los Estados Unidos, que ellos llaman un voto a “la izquierda del centro”. Voto que se ha considerado que puede desestabilizar las elecciones presidenciales y perderse el predominio Republicano en ese estado.

En lo que sí están de acuerdo esos expertos es que el éxodo continuará por razones de la deuda externa y de la bancarrota económica de la Isla. Lo cual causará que la Isla se vacíe, que continuará el envejecimiento de su población y de que se atollará más la economía local.

La preocupación por la cantidad de los inmigrantes puertorriqueños que llegan, en los análisis citados, consciente o inconscientemente, señalan hacia una “minoría étnica”. Minoría que aceleraría lo que Samuel P. Huntington llamó El reto hispano (Foreign Policy, enero-marzo, 2004), reto que es la base del pensamiento actual de la derecha republicana y del Presidente Trump, verbalizado en el reclamo de “que no nos mandan lo mejor”, refiriéndose a México y lo mejor son los “noruegos y escandinavos” por ser blancos y más afines al blanco anglosajón (WASP), grupo dominante en Estados Unidos. Huntington temía que la continua inmigración de hispanos a Estados Unidos, su aumento numérico alarmante (debido a los valores reproductivos), la no asimilación y la resistencia al idioma inglés, constituían un grave reto.

Por eso en la medida que se continúe recopilando información, tendremos un cuadro más claro de la magnitud de la emigración, de la panacea que ello representa para los puertorriqueños y del reto que plantea al balance étnico y racial para los estadounidenses.

El autor es sociologo.

“Hay que estar atentos a la situación de las cooperativas”

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), salió a tranquilizar las dudas de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito tras la publicación del plan fiscal actualizado de la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC).

En comunicado de prensa, el presidente del CCPA, Ramón Ponte, hizo un llamado a un análisis abarcador de dicho plan. “Hemos leído y escuchado comentarios sobre el plan que pueden crear ansiedad entre los socios de las cooperativas,” indicó el CPA Ponte.

“Si bien es cierto que el plan fiscal indica que los bonos del Gobierno de Puerto Rico (incluyendo agencias y corporaciones públicas) representan 56% de la cartera de inversiones de las cooperativas, según se ha comentado en varias publicaciones, es importante reconocer que representan solamente 7% del total de activos de éstas al cierre de 2017, aseguró Ponte.

Según el CCPA aun si se redujera el valor de las inversiones en bonos del Gobierno a cero, las cooperativas en agregado tendrían un índice de capital de 19.3%, cifra que dijo “es muy saludable”.

Prosiguió que el plan fiscal reconoce que las inversiones en bonos del Gobierno de Puerto Rico no se registran de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, (GAAP por sus siglas en inglés) sino a base de la Ley 220-2015, que permite diferir el reconocimiento de las pérdidas en valor de esos bonos. No obstante Ponte expresó que cuando esta ley se aprobó, el Colegio se opuso a la medida, por considerar que es inaceptable que los libros de las cooperativas no reflejen las pérdidas de las inversiones en bonos cuando éstas se incurren. “Esto debe corregirse,” insistió.

Hizo la observación de que aunque el PF de COSSEC no detalla la situación financiera de las cooperativas individualmente, sí se provee información agregada de éstas, así como de COSSEC. “Ante la situación fiscal del Gobierno, es de esperar que algunas cooperativas hayan recibido un golpe fuerte, pero no vemos un problema sistémico. Claramente, el capital y las reservas de COSSEC no son suficientes para absorber la totalidad de las pérdidas en los bonos del Gobierno, pero entendemos es adecuado para ayudar a solventar a aquellas que estén en posición más débil, para proveer liquidez o facilitar su consolidación con una cooperativa más sólida,” explicó el CPA Ponte.

“Los socios de las cooperativas deben estar atentos a la situación de sus cooperativas y a los pasos que se tomen para atender problemas particulares. No deben dejarse llevar por comentarios o análisis incompletos,” concluyó.