Aunque es muy probable que haya ocurrido que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) haya dado preferencia a restituir el servicio en algún sector en donde viva alguno de sus ejecutivos, el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos, no cree que esto haya sido en unos niveles grandes, “pero sí ha ocurrido”, confirmó a CLARIDAD.

Las denuncias de favoritismo en la conexión del servicio de energía eléctrica a más de dos meses del embate del huracán María, no se limitan a funcionarios de la corporación, más de una docena de alcaldes han denunciado que la demora en los trabajos de restablecer el servicio en sus municipios responde a que pertenecen al partido de oposición, Partido Popular Democrático (PPD). De hecho 18 municipios, la mayoría populares, todavía no tienen servicio servicio de luz. De acuerdo a los números del gobierno el servicio ha sido restituido en un 61%.

Entre los argumentos que ha usado la gerencia de la AEE en la demora de los trabajos de restauración está la falta de materiales, en particular de postes. Santos señaló que, eso confirma las denuncias que había hecho la UTIER desde mucho tiempo antes de que azotaran este año los huracanes de Irma y María, de que la Autoridad no tenía suficientes materiales. Atribuyó que hace varios años la AEE dejo de comprar materiales, situación que se agudizó con la síndica Liza Donahoue. El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo hizo esta misma denuncia esta semana en una vista pública en el Senado ante la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas.

“La AEE dejó de comprar lo que normalmente se requiere incluso en distintas áreas de la AEE se comenzó a reciclar materiales quitándoles a unas partes para ponerles a otras. Las plantas, especificó, han sufrido la necesidad de materiales y se ha estado quitándoles a unas para ponerles a otras”, reveló Santos. Añadió que la determinación de Donahoue de limitar las compras fue una medida artificial para proyectar economías con su gestión, por lo que ahora no hay materiales suficientes para enfrentar la emergencia. Por otra parte, fuentes de entero crédito han confirmado que el ahora exdirector Ricardo Ramos nunca le presentó a la Legislatura un Plan de Huracanes 2017, acción que es requerido por Ley.

En tanto en entrevista Santos desmintió la impresión que ha dado la gerencia de la AEE y el gobernador Ricardo Rosselló de que para diciembre habrá una generación de 80%, es decir la mayor parte del país ya tendrá servicio. A la luz de lo declarado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU (USCI, siglas en inglés) a medios de la prensa de que estará trayendo dos mil postes semanales para los trabajos de restauración, hizo el cálculo de que si se necesitan 48 mil postes, 24 semanas, a cinco semanas por mes se tomaría 4.8 meses el trabajo. Es decir, se estará recibiendo materiales por los próximos cuatro meses, eso significa que el trabajo se estará terminando en el mes de marzo de 2018. Recordó que ésa fue la fecha que en un principio dijo el Cuerpo de Ingenieros que estaría completando su trabajo.

CLARIDAD estuvo presente en la conferencia de prensa a 13 días del huracán María, en el Centro de Operaciones del Gobierno en la cual el hoy ex director de la AEE acompañado de los generales del USCI, Jhon Raven y Alejandro de la Campa, anunciaron que ese cuerpo estaría a cargo en coordinación con la AEE de los trabajos de levantar el sistema que se extenderían hasta el mes de marzo.

Santos denunció que esa fecha- marzo de 2018- es una inaceptable. “Creo que eso es un paso extremadamente lento y en cierta medida irresponsable, creo que debemos hablar de traer 10 mil postes semanales. El Cuerpo de Ingenieros lo que está diciendo es que ellos programaron el trabajo hasta marzo y que en su programación no tienen nada de prisa”. En particular llamó la atención que a ese paso de trabajo los más afectados serán las comunidades de la montaña a la vez que reiteró su denuncia de que por parte de la gerencia de la AEE no hay interés en restablecer el servicio al cual tienen derecho estas comunidades.

“Insistimos en que la energía eléctrica hay que devolvérsela a todos que no se puede discriminar con la gente que vive en la montana”. Al defender el carácter de corporación pública de la AEE, Santos denunció que la Autoridad no puede poner como excusa para no restablecer el servicio a las comunidades de la montaña el que no es costo efectivo, ni decir que está en quiebra debido a que en lo que se refiere al tendido eléctrico se supone que FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) tiene asegurado el 90% del pago de este trabajo y el otro 10% se supone lo pague el seguro que tiene la AEE. “Así que no pueden venir con la excusa de que no hay dinero para restablecer la energía porque hasta el último poste que haya instalado la Autoridad está asegurado”.

En esa dirección llamó la atención de que la AEE al presente se encuentra intervenida por una serie de entes entre los cuales predomina el interés por la privatización. Se refirió a la intervención en la AEE uno; el que su Junta de Gobierno, nombró un llamado Consejo Asesor de Transformación. Este ente se dio a conocer el mismo día en que renunció el director ejecutivo Ricardo Ramos, el 20 de noviembre. La Junta nombró como coordinador de este Consejo a David Owens, quien fue vice presidente de Edison Electric Institute (EEI).

Mientras el 24 de noviembre el Gobernador creó el puesto de coordinador para el proceso de rehabilitación de la AEE y nombró al puesto al ingeniero Carlos Torres, retirado de la compañía Consolidated Edison, en Nueva York, y que al momento trabaja también en el Edison Electric Institute. Para Santos el nombramiento de este coordinador fue una negociación dada a espaldas del pueblo entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y la juez Laura Taylor luego que ésta rechazó la confirmación de Noel Zamot, como el principal oficial de transformación de la AEE. Hay que anotar que la JCF anunció el 28 de noviembre que no apelaría la decisión de la juez Taylor.

El EEI es una organización integrada por las compañías privadas de electricidad de capital estadounidense que cubren los 50 estados y el distrito de Colombia, además tiene como miembros afiliados internacionales a más de 60 compañías eléctricas con operaciones en más de 90 países. Mientras por su parte la Junta de Control Fiscal ha hecho expresiones públicas en mas de una ocasión que entre sus planes está la privatización de la AEE.

El cuarto ente al cual se supone que la AEE también rinda cuentas es la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), ente que se supone es la que pase juicio sobre su llamado Plan Integrado de desarrollo.

Como si no fuera poco se añade el que la Junta de Gobierno dio a conocer tan reciente como este viernes 1 de diciembre el nombramiento de un nuevo asesor financiero, Todd W Felisinger, de la compañía Filsinger Eenergy Partners. Según informó la misma AEE el contrato es por la cantidad de $5 millones hasta el 30 de junio de 2018.

Al final del camino parece haber mucho cacique y poco indio.

#LaEducaciónNoSeNegocia

Al cierre de esta edición, el Departamento de Educación (DE) había lanzado su habitual informe semanal de escuelas abiertas. De 1,112 escuelas a cargo de la agencia gubernamental, un total de 1,081 reabrió esta semana tras más de 70 días del paso del huracán María.

Esto significa que en el 97% de los planteles se están impartiendo clases, proceso que comenzó paulatinamente el 23 de octubre y que solo ha respondido al compromiso que tienen con el estudiantado puertorriqueño la secretaria de Educación, Julia Keleher, y todo el Sistema, según esboza el comunicado de prensa oficial del DE publicado en su red social Facebook.

Los 31 planteles que aún permanecen cerrados no están aptos para recibir a la comunidad escolar porque incumplen con la seguridad física, lo que incluye no tener servicio de agua potable. Para el DE y la primera mandataria de esta agencia, esta cifra representa un récord si se compara con el paso del huracán Katrina por Louisiana, instancia en la que solo se pudo abrir una escuela luego de tres meses del fenómeno natural.

El comunicado oficial también destaca que el proceso de reapertura de planteles y de regreso a las aulas ha sido dinámico, sensible, responsable y realizado en equipo. Sin embargo, un vistazo a los comentarios que las y los ciudadanos colocan en la cuenta de Facebook del DE evidencia otra realidad.

“¿Cuándo es que piensan abrir la Escuela Paco Dávila de Canóvanas? La escuela está lista para que los niños regresen a clases. Es abusivo como juegan con la educación de los niños. Ya es demasiado el tiempo de espera, han perdido tres meses de clases”, escribió Joha D. Calo en claro rechazo al método que han utilizado para reactivar el sistema de instrucción pública.

“Si van a abrir escuelas, también pongan [contraten] maestros. ¿De qué vale que envíe a mis hijos a las 6:00 am en la guagua para que a las 9:30 am me llamen y me avisen que ya salieron? El Departamento de Educación lo menos que tiene es eso, educación, y responsabilidad por el estudiantado y los maestros”, comentó otra puertorriqueña.

Asimismo, Mildred Soto, una madre preocupada por el presente y futuro de su hijo, se quejó por esa red social al cuestionar el porqué no han reabierto la Escuela Superior Vocacional Nueva de Loíza: “Ya quedan menos de 20 días de clases para culminar el semestre escolar y nuestros hijos están en sus casas desde el huracán Irma. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Cómo le repondrán ese tiempo perdido? El derecho a la educación no debe ser quitado. #LaEducaciónNoSeNegocea”.

Por su parte, Rosana Quiroja mostró preocupación por el desfase, en términos del calendario académico, que existe entre las escuelas que empezaron a finales de octubre y las que recién comienzan. “¿Cómo van a cuadrar el semestre? No se le puede exigir lo mismo al maestro que empezó a finales de octubre que al que va a empezar ahora”, cuestionó la mujer.

Evidentemente, el plan de acción que ha utilizado el DE para reactivar el funcionamiento de las escuelas luego del huracán ha sido cuestionado por todos los sectores que componen el sistema de instrucción pública: padres y madres, estudiantes, sindicatos magisteriales, etc.

Esta agencia gubernamental, al margen de sus comunicados oficiales redactados con palabras alentadoras y optimistas, mantiene a la población puertorriqueña sumergida en la incertidumbre. La forma de actuar del DE ofrece espacio para considerar cualquier teoría de cara al futuro del país y del sistema escolar público. ¿Obligar al exilio masivo utilizando como técnica la lentitud en los procesos de reapertura de planteles? ¿La privatización de escuelas a través de la implementación del sistema “Charter”? Lo que sea, está en juego el futuro de la educación de la niñez.