CLARIDAD

Durante la mañana de hoy martes, el colectivo Profesores(as) Autoconvocados(as) en Resistencia Solidaria (PAReS) se manifestó frente al portón principal del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para exigirle a la Administración que “atienda la situación de inseguridad y precariedad que enfrentan los profesores y profesoras sin plaza, de modo que termine con las prácticas laborales que privan a los sin plazas de un trato ético, equitativo y justo. La Administración debe reconocer el principio de “igual paga por igual trabajo” concediendo a estos profesores y profesoras condiciones laborales y beneficios marginales equivalentes a los que disfrutan los docentes con plaza”, expresó PAReS en comunicado de prensa.

Este grupo, conformado por profesores con y sin plaza, se formó a raíz de la pasada huelga estudiantil. “Ahora que están los portones abiertos, queremos continuar con esta lucha de exigir democracia dentro del Recinto y con el asunto de los profesores sin plaza, que somos los que tenemos contrato de un semestre o diez meses sin seguridad de trabajo y sin seguro médico, los que estamos a tiempo parcial cobrando un cuarto de lo que cobran otros profesores. O sea, que realmente hay una inequidad laboral fuerte y una falta de democracia dentro del Recinto”, expresaron en conferencia de prensa.

«Como ha salido a relucir recientemente en los principales medios de comunicación del país, las y los docentes sin plaza en la UPR constituimos una importante parte de la fuerza laboral de la institución, llegando a ser en algunos recintos, como en el de Carolina, la mayoría y, en el caso del Recinto de Río Piedras, cerca de la mitad», señaló la portavoz del grupo la doctora Marissel Hernández.

También, “esta manifestación es para exigir e instar a otros profesores a que se solidaricen porque es un problema común e injusto. Las condiciones en las que estamos afectan la pedagogía, la enseñanza…El que sostienen, “es un patrón de neoliberalización que cada vez es más amplio y que incluye cada vez a más docentes. Esto es hacia donde quieren dirigir el proyecto de la educación”, denunciaron ante la prensa.

La situación laboral de los miles de docentes sin plazas – del recinto riopedrense particularmente – se ha visto más afectada luego del reinicio del semestre, el cual se extenderá hasta el 28 de julio. El efecto inmediato de la extensión del semestre hasta esa fecha es que muchos de las y los docentes sin plaza no tendrán forma alguna de sustento durante este verano y parte del próximo semestre porque es durante este periodo que estos profesores buscan formas alternativas de fuentes de ingresos.

“Desde PAReS nos hemos planteado seguir las acciones de resistencia y solidaridad con los portones abiertos. Tenemos una campaña de solidaridad con los profesores sin plaza, sobre todo en verano que es un momento crítico para ellos porque es cuando salen a buscar trabajo de otro tipo fuera de la Universidad y ahora están acá terminando el semestre”, dijo uno de los profesores presente en la manifestación de hoy.

Es una modalidad reciente de los agentes de la División de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico presentarse sin uniforme en las manifestaciones civiles, arrestar manifestantes y llevárselos al cuartel más cercano utilizando vehículos no oficiales.

El último incidente de este tipo ocurrió el pasado 11 de junio en el marco de la marcha “Independencia ya”, realizada en la tarde de ese día en el que también se celebraba el plebiscito de estatus. Adrián E. Robles Reyes, Jean Rosario Alvarado, de 27 años, y Víctor Rodríguez Maldonado, de 22 años fueron arrestados y trasladados en vehículos civiles al cuartel de Hato Rey Este por supuestamente dañar las paredes de la sucursal del Banco Popular en la avenida Ponce De León con pintura en spray.

“En todo este proceso, nosotros los abogados y abogadas defensores) desconocíamos por qué delito se les estaba imputando, si era uno del 11 de junio o del 1ero de mayo, además no tuvimos acceso a estos jóvenes arrestados hasta que los llevaron al Tribunal de San Juan luego de 28 horas de los arrestos”, comentó a este medio el licenciado Alvin Couto De Jesús, uno de los miembros del Comité de Acción Legal (CAL), colectivo solidario que provee apoyo legal a personas que defienden sus derechos civiles y humanos ante las políticas de austeridad.

“Al momento del arresto no les dijeron los cargos y es obligatorio que se diga el porqué del arresto, o si hay una querella en contra de la persona, si hay una orden de un juez. El 11 de junio, los jóvenes fueron secuestrados, porque así lo entendemos”, continuó Couto De Jesús.

Según el licenciado, este tipo de arresto está ocurriendo porque ha habido un cambio de política en la institución de la Policía de Puerto Rico. Se supone que las leyes procesales exigen dos cosas: que un policía arreste a una persona inmediatamente si la ve cometiendo algún delito o que si hay causa probable para creer que esa persona cometió un delito grave, un policía la arreste aun sin la orden de un juez.

“En este tipo de caso, lo que se está haciendo es arrestando ilegalmente a personas porque alegadamente tienen la comisión de un delito grave, pero a la hora de la verdad se caen los casos en el Tribunal porque son delitos menos graves…Graffitear una pared no es un delito grave a menos que no sea una pared del Estado Libre Asociado, que tenga alguna protección por estar en zona histórica o edificio cultural. Si es un edificio privado, como por ejemplo los bancos, es un delito menos grave”, explicó el miembro del CAL.

Particularmente, en el caso del 11 de junio a los tres jóvenes se les imputó de un delito agravado por estos estar supuestamente encapuchados. Este es el primer caso que se radica luego de que en mayo se enmendara el Artículo 248 del Código Penal, que indica que incurrirá en delito menos grave toda persona que utilice una máscara o careta, postizo o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.

“La serie de pasos que se están dando igual en este tipo de casos es que los arrestan policías en civil, que se los llevan en carros civiles, que no están diciendo por qué los están arrestando y que cometen los actos violentamente”, enumeró Couto las características de este tipo de arresto, que se había dado previo al 11 de junio al finalizar una manifestación en defensa de la UPR en el Capitolio el pasado 23 de abril.

“Lo que cuentan los jóvenes es que luego de que los sacan de sus carros violentamente es que se enteran de que son policías y de que se trata de un arresto”, dijo el licenciado. Ante eso, Couto explicó que “ningún policía tiene el derecho ni el poder en ley de arrestar una persona que no ha cometido un delito grave fuera de su presencia, a menos que no tenga una orden de un juez. Si no es así, no puede haber policías vestidos de civiles llevándose a las persona a quién sabe dónde”.

Debido a que son arrestos ilegales e inconstitucionales, en el CAL están haciendo querellas al Monitor Federal que, según Couto, sí le está dando seguimiento a la Reforma de la Policía. “Por otro lado, si hay exceso de violencia, uno podría hacer querellas administrativas contra los jefes de esos policías, pero muchas veces estas querellas quedan en nada”, dijo en aras de explicar cómo se está manejando esta modalidad desde el CAL.

A preguntas de este semanario de a qué se deben los arrestos de este tipo, el licenciado respondió que “todas estas medidas están dirigidas a crear un ambiente de intimidación o un sentido de paralización en la gente. En situaciones así, las personas se paralizan por varias razones: hay secuestros, hay agravamiento de los delitos, hay delitos nuevos que están enfocados precisamente en manifestantes, la policía podría comportarse de manera más violenta, temen por falta de seguridad en actividades de protesta, y porque se sienten vigilados, asediados y hostigados”.

Además de que las enmiendas al Código Penal y la modalidad de arrestar de tal forma son medidas represivas para tratar de acallar al pueblo en momentos en que está explotando, ambas violentan la cláusula de separación de poderes. “Todo esto es un plan concertado y más allá de por quién está siendo concertado, si a nivel de la Policía o del Departamento de Justicia, aquí se está violentando la cláusula de la separación de poderes. Tenemos un Rivera Schatz, quien continuamente le ha puesto presión a la superintendente de la Policía y a la secretaria de Justicia de la manera más macharrana posible para que investiguen, procesen y encarcelen a estos jóvenes que se han arrestado en manifestaciones”, finalizó el licenciado.

El patrón adoptado por la Policía de arrestar a personas en medio o luego de haber participado en una manifestación pública, está llevando al país a una crisis constitucional en términos de derechos civiles. “El pueblo no puede estar tranquilo ahora de si participa en una protesta no vayan luego a arrestarlo como hacían en Chile o Argentina”, denunció el abogado experto en Derechos Civiles, William Rámirez Hernández.

Desde semanas antes del 1ro de mayo, hasta el presente, 22 personas, en particular jóvenes universitarios, han sido“arrestados” por la Policía luego de haber participado en alguna manifestación. Las circunstancias en que se han producido los “arrestos”, policías vestidos de civil sin identificar, el uso de vehículos sin identificar, el mantener a las personas incomunicadas durante horas, 22, 28 horas, en paradero desconocido, ha sido el modus operandi de los arrestos, lo que se asemeja más a un secuestro que a un arresto legal. En algunos casos las personas han sido secuestradas cuando se encontraban a solas.

“Todo esto es un intento de suprimir la expresión, y no es legal. Cuando una persona se acerca vestido de civil y te mete en un carro sin identificar, eso no es un arresto eso es un secuestro. Eso compara con prácticas de gobiernos dictatoriales, con lo que se daba en Puerto Rico en los años de los ‘70 y ‘80 con lo que estaba ocurriendo en Chile y Argentina y más reciente en México”, manifestó en entrevista el licenciado William Ramírez Hernández, director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU,siglas en inglés).

Ante esta conducta de la Policía, Ramírez Hernández, denunció que el Departamento de Justicia de Purto Rico (DJ) sabe lo que está pasando y debería actuar motu propio, sin necesidad de esperar a que alguien se queje.

¿Cómo es posible que la Policía haya adoptado este comportamiento cuando se supone que la Policía está bajo una reforma federal precisamente por violación a los derechos civiles?

Ramírez Hernández, confirmó que el DJ sabe lo que está ocurriendo ya que coincidió que hace unas semanas hubo una vista en el Tribunal Federal (Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico) sobre la reforma y él trajo el tema, “lo que pasa es que ellos no ven nada malo en ello”.

A la postura en la isla de la presente administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) el director ejecutivo de ACLU expuso que en el plano federal hay otro problema y es que contrario a la administración del expresidente Obama, que se dedicó a reformar los cuerpos policiales que estuvieran incurriendo en violación de derechos civiles y corrupción, ahora con la administración de Donald Trump hay otra visión. Continuó que el actual secretario de Justicia, Jeff Sessions, está tratando de deshacer los acuerdos de las reformas policíacas.

“Son de la mentalidad de que todos estos esfuerzos de reformar policías y de quitarles ciertos poderes lo que hace es atarle las manos a la Policía y no permite que hagan su trabajo”. Ramírez Hernández reveló que ésta es una discusión que se ha tenido en casi todos los lugares en que hay reformas de los cuerpos policíacos y que de hecho ACLU tiene una reunión el 27 de junio en Washington, sobre la situación.

Hizo la salvedad de que en el caso de Puerto Rico la discusión no se ha dado debido a que los acuerdos ya fueron firmados entre las partes –el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de EEUU– y fueron aprobados por el tribunal. Una vez aprobados y firmados los acuerdos se tornan vinculantes, como si fuesen una orden del tribunal y no se pueden deshacer.

El licenciado Ramírez Hernández, reconoció que en el caso de Puerto Rico, “el juez Gustavo Gelpí ha sido proactivo en mantener el acuerdo vivo en otras jurisdicciones hay jueces que no les ha importado y el secretrio de Justicia y Trump han podido detener algún tipo de avance en la reforma”. Trajo que en la ciudad de Baltimore la reforma no se había endosado por el tribunal aunque ya había unos acuerdos firmados por las partes y en cuanto la administración de Trump asumió el poder acudió al tribunal con una moción de que el DJ se retractaba del acuerdo pero el juez no lo permitió.

En el caso de Puerto Rico también dio crédito de que el monitor federal, es la persona que ha mantenido el interés porque se cumpla con la reforma, mientras los demás componentes incluyendo a la Superintendente están tratando lo contrario. Ramírez Hernández, censuró las posturas públicas de la coronela Michelle Hernández de decir que se está monitorenado a las personas en las redes sociales y defender los “arrestos”. Ambos procedimientos reiteró el director ejecutivo de ACLU son ilegales e inconstitucionales.

“Una persona que cree en una reforma de la policía no va a estar carpeteando y arrestando gente. Lo otro es que cómo tú vas a decir que las personas que están arrestando en ropa civil están haciendo algo necesario y que no son encubiertos, claro que son encubiertos, no son policías en ropa de civil. Yo planteo que un policía civil es un policía que viste con su ropa de civil, pero tiene a la vista su identificación de policía, su arma, su placa, eso es un policía vestido de civil. Pero un policía que está vestido en ropa de civil, que no se identifica con una placa, que no hay manera de saber que es un policía porque tampoco está en un carro oficial, esa persona no es un policáa vestido de civil ese policía es un encubierto. Cuando un policía te arresta sin identificarse y te mete en un carro no oficial eso es un secuestro no un arresto”.

El defensor de los derechos civiles trajo a colación que en los incidentes del 1 ero de mayo otro miembro de ACLU y él aun estando identificados fueron agredidos por la policía con gases lacrimógenos, cuando se supone que la Policia no tiene este material disponible. El dato surge de la reforma.

Ante el proceder que ha adoptado el cuerpo paramilitar, Ramírez Hernández cuestionó, además, quién es la persona que está mandando en la Policía y acusó que no fue una coincidencia el que dos días antes del 1ro de mayo se confirmara al exsuperintendente Héctor Pesquera como el jefe de la nueva agencia de “seguridad pública”, y denunció que que tiene conocimiento de que ese dia Pesquera estaba operando tras bastidores en el manejo de la situación.

Otra conducta asumida por la Policía sobre la cual llamó la atención es la de no intervenir con supuestos manifestantes que ven que están rompiendo cristales o pintando paredes. Puntualizó que la función de la Policía es evitar que se cometa un delito y proteger el derecho de las personas a manifestarse, por lo que la práctica de la Policía de dejar que se cometa el “delito” y luego hacer redadas de gente que saben que estuvieron en las protestas y alegan que cometieron delitos se presta para el carpeteo.

A la luz de los actuales acontecimientos el entrevistado comparó el que antes de que se firmara la reforma los actos de violaciones de derechos y corrupción eran conductas más bien del policía, “pero lo que estamos viendo ahora aparenta ser una agresión organizada de parte del gobierno de perseguir a todas esas personas que entienden que interrumpen el plan de gobierno que tiene esta administración”.

Examinan legislación

En esa línea de observar de que hay una crisis constitucional en el país, Ramírez Hernández, indicó que la ACLU ha organizado a un grupo de peritos tanto de la isla y en el exterior que está examinado las enmiendas al Código Penal (CP) aprobadas por la actual Legislatura, que van dirigidas a criminalizar la protesta.

Se refirió a los artículos:

Art. 200 CP; penalizar como delito grave con tres años de cárcel fijo el obstruir y/o bloquear con una protesta cualquier construcción.

Artí. 246 CP: penalizar como delito menos grave cualquier resistencia u obstrucción a una autoridad pública. Art. 247 CP: califica de delito menos grave la obstrucción, el acceso de y las labores en instituciones educativas y de salud.

Artí. 248 CP: Tipifica como delito grave el uso de un disfraz, maquillaje, máscara con la intención de intervenir de alguna forma con actividades ordinarias de una institución de educación o de salud, o el uso de éstos para cometer un delito.

El licenciado Ramírez Hernández, afirmó que a la luz de estas disposiciones técnicamente no se puede ir a la plazoleta del Capitolio a protestar. “Yo creo que aparte de que es un plan que ellos (el gobierno) tienen, no sólo es peligroso, es como volver a Argentina, Chile, es peligroso porque eso demuestra que esta gente que juraron respetar la Constitución están haciendo lo contrario. Están incurriendo en una conducta que nos está llevando a una crisis constitucional”

Para la directora de Investigación del Proyecto ReFund America (RFA), Carrie Sloan, el retiro del acuerdo de reestructuración (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con un grupo de bonistas, es considerado positivo siempre y cuando el acuerdo que lo reemplaze ponga los intereses del pueblo de Puerto Rico primero.

“El acuerdo de reestructuración actualmente bajo consideración es terrible para Puerto Rico y para los usuarios de electricidad puertorriqueños. Este acuerdo, de ser aprobado, pagaría casi por completo la inversión de los acreedores, y al mismo tiempo agobiaría a los consumidores con unos aumentos altísimos automáticos a sus tarifas. Así que si se retira un acuerdo tan terrible, lo consideramos como algo positivo, siempre y cuando el acuerdo que lo reemplaze ponga los intereses del pueblo primero”, declaró en exclusiva a CLARIDAD.

El hecho es que luego de tres años de “negociación” y la AEE haber gastado alrededor de $47 millones en la síndico Liza Donahoue, impuesta por los bonistas, ahora resulta que la Junta de Control Fiscal (JCF) se encuentra dividida sobre si aprobar o no el RSA e incluso hay políticos de Washington y otros grupos de interés que presionan a favor y en contra del acuerdo, según informó en un artículo la colega Joanisbel González, en El Nuevo Día.

Si algo confirman estas divisiones son las denuncias que tanto el Proyecto ReFund America, como el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), y economistas del patio como Martha Quiñones, todos han denunciado que el RSA conlleva el alza en tarifas hasta de 55%(un aumento de 21 centavos por kilovatio hora para los próximos cinco años), para asegurar el pago de la deuda de $11,400 de la AEE.

La directora de RFA apuntó a que debido a que muchas de las deliberaciones de los miembros de la JCF sobre los diversos acuerdos de reestructuración de deudas han ocurrido tras puertas cerradas, es muy difícil saber cuáles discusiones se han dado entre los miembros de la Junta o los congresistas involucrados con el tema para rechazar ahora el acuerdo. De paso denunció que la falta de transparencia de la JCF “es una de las razones que consideramos de que la Junta es una entidad antidemocrática”.

La situación con el RSA es otro argumento para continuar reclamando que se haga una auditoría completa de la deuda pública, incluyendo la de la AEE, la cual afirmó que fue adquirida sin legitimidad. “No podremos llegar a un acuerdo justo cuando partimos de la premisa que hay que pagar la deuda completa tal cual. Por eso consideramos que hacer una auditoría es indispensable antes de que se haga un nuevo acuerdo”, reiteró.