Es una modalidad reciente de los agentes de la División de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico presentarse sin uniforme en las manifestaciones civiles, arrestar manifestantes y llevárselos al cuartel más cercano utilizando vehículos no oficiales.
El último incidente de este tipo ocurrió el pasado 11 de junio en el marco de la marcha “Independencia ya”, realizada en la tarde de ese día en el que también se celebraba el plebiscito de estatus. Adrián E. Robles Reyes, Jean Rosario Alvarado, de 27 años, y Víctor Rodríguez Maldonado, de 22 años fueron arrestados y trasladados en vehículos civiles al cuartel de Hato Rey Este por supuestamente dañar las paredes de la sucursal del Banco Popular en la avenida Ponce De León con pintura en spray.
“En todo este proceso, nosotros los abogados y abogadas defensores) desconocíamos por qué delito se les estaba imputando, si era uno del 11 de junio o del 1ero de mayo, además no tuvimos acceso a estos jóvenes arrestados hasta que los llevaron al Tribunal de San Juan luego de 28 horas de los arrestos”, comentó a este medio el licenciado Alvin Couto De Jesús, uno de los miembros del Comité de Acción Legal (CAL), colectivo solidario que provee apoyo legal a personas que defienden sus derechos civiles y humanos ante las políticas de austeridad.
“Al momento del arresto no les dijeron los cargos y es obligatorio que se diga el porqué del arresto, o si hay una querella en contra de la persona, si hay una orden de un juez. El 11 de junio, los jóvenes fueron secuestrados, porque así lo entendemos”, continuó Couto De Jesús.
Según el licenciado, este tipo de arresto está ocurriendo porque ha habido un cambio de política en la institución de la Policía de Puerto Rico. Se supone que las leyes procesales exigen dos cosas: que un policía arreste a una persona inmediatamente si la ve cometiendo algún delito o que si hay causa probable para creer que esa persona cometió un delito grave, un policía la arreste aun sin la orden de un juez.
“En este tipo de caso, lo que se está haciendo es arrestando ilegalmente a personas porque alegadamente tienen la comisión de un delito grave, pero a la hora de la verdad se caen los casos en el Tribunal porque son delitos menos graves…Graffitear una pared no es un delito grave a menos que no sea una pared del Estado Libre Asociado, que tenga alguna protección por estar en zona histórica o edificio cultural. Si es un edificio privado, como por ejemplo los bancos, es un delito menos grave”, explicó el miembro del CAL.
Particularmente, en el caso del 11 de junio a los tres jóvenes se les imputó de un delito agravado por estos estar supuestamente encapuchados. Este es el primer caso que se radica luego de que en mayo se enmendara el Artículo 248 del Código Penal, que indica que incurrirá en delito menos grave toda persona que utilice una máscara o careta, postizo o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.
“La serie de pasos que se están dando igual en este tipo de casos es que los arrestan policías en civil, que se los llevan en carros civiles, que no están diciendo por qué los están arrestando y que cometen los actos violentamente”, enumeró Couto las características de este tipo de arresto, que se había dado previo al 11 de junio al finalizar una manifestación en defensa de la UPR en el Capitolio el pasado 23 de abril.
“Lo que cuentan los jóvenes es que luego de que los sacan de sus carros violentamente es que se enteran de que son policías y de que se trata de un arresto”, dijo el licenciado. Ante eso, Couto explicó que “ningún policía tiene el derecho ni el poder en ley de arrestar una persona que no ha cometido un delito grave fuera de su presencia, a menos que no tenga una orden de un juez. Si no es así, no puede haber policías vestidos de civiles llevándose a las persona a quién sabe dónde”.
Debido a que son arrestos ilegales e inconstitucionales, en el CAL están haciendo querellas al Monitor Federal que, según Couto, sí le está dando seguimiento a la Reforma de la Policía. “Por otro lado, si hay exceso de violencia, uno podría hacer querellas administrativas contra los jefes de esos policías, pero muchas veces estas querellas quedan en nada”, dijo en aras de explicar cómo se está manejando esta modalidad desde el CAL.
A preguntas de este semanario de a qué se deben los arrestos de este tipo, el licenciado respondió que “todas estas medidas están dirigidas a crear un ambiente de intimidación o un sentido de paralización en la gente. En situaciones así, las personas se paralizan por varias razones: hay secuestros, hay agravamiento de los delitos, hay delitos nuevos que están enfocados precisamente en manifestantes, la policía podría comportarse de manera más violenta, temen por falta de seguridad en actividades de protesta, y porque se sienten vigilados, asediados y hostigados”.
Además de que las enmiendas al Código Penal y la modalidad de arrestar de tal forma son medidas represivas para tratar de acallar al pueblo en momentos en que está explotando, ambas violentan la cláusula de separación de poderes. “Todo esto es un plan concertado y más allá de por quién está siendo concertado, si a nivel de la Policía o del Departamento de Justicia, aquí se está violentando la cláusula de la separación de poderes. Tenemos un Rivera Schatz, quien continuamente le ha puesto presión a la superintendente de la Policía y a la secretaria de Justicia de la manera más macharrana posible para que investiguen, procesen y encarcelen a estos jóvenes que se han arrestado en manifestaciones”, finalizó el licenciado.
