La aprobación del Proyecto de la Cámara 938, convertido este sábado, 29 de abril en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, es el más reciente golpe a la clase trabajadora por parte de la Junta de Control Fiscal y sus súbditos: la Legislatura y el Gobernador Rosselló. Los especialmente afectados específicamente son los empleados, los trabajadores y trabajadoras del empleo público. Esta ley destruye la conquista de las aportaciones patronales al plan médico, elimina o reduce el derecho al pago por horas extras y mutila la licencia por vacaciones reduciéndola drásticamente. Precisa, además, el peligroso concepto de la movilidad que permite el traspaso de empleados públicos a las empresas privadas para que asuman los servicios del gobierno. Pero, de las disposiciones aprobadas, la “joya de la corona” de esta ley es la disposición que declara nulas todas las cláusulas sobre beneficios marginales de los convenios colectivos en todo el gobierno.
La mayoría PNP en la Legislatura, en un intento de aplacar la intensa oposición de las diversas organizaciones sindicales ante las disposiciones del proyecto, insistió en enmendarlo simplemente para reducir las aportaciones patronales al plan médico, que originalmente pensaban eliminar. Sin embargo, ese subterfugio no descarta el hecho de que la ley echa por la borda décadas de historia de derechos adquiridos y de negociación colectiva en Puerto Rico.
Esa enmienda incluye la creación de un Comité de tres miembros en representación del Senado, la Cámara y el Ejecutivo, quienes determinarán la alteración de los beneficios económicos a los trabajadores -particularmente en las aportaciones patronales al plan médico- de entender que la economía de Puerto Rico mejora en el próximo año 2018. Sin embargo, esto lo que hace es crear una cortina de humo, dejando a merced de un Comité que, evidentemente, continuará las abusivas políticas impuestas ya por la mayoría de la asamblea legislativa y en cumplimiento con los designios y mandatos de la Junta de Control Fiscal. Su expectativa ante esta disposición es como pensar que Donald Trump les va a conceder la estadidad durante este cuatrienio. Pero resulta obvio que ninguna de las dos cosas van a suceder. Todos los economistas en Puerto Rico -conservadores, liberales, de centro, de izquierda, de derecha- señalan que no vamos a salir de esta crisis económica a menos de que se realicen unas transformaciones fundamentales, e incluso hablan de un posible crecimiento económico allá para el 2025.
La mayoría legislativa ha utilizado en la exposición de motivos de esta ley toda la jurisprudencia que ha permitido menoscabar en Puerto Rico cláusulas contractuales, particularmente en los convenios colectivos y la Ley de Retiro. Establecen, además, un modelo de negociación paralelo a través de la creación del mencionado Comité, para de esta forma justificar lo propuesto en la ley.
Por otro lado, otra de las enmiendas aprobadas de esta ley dispone que aunque los empleados que trabajan actualmente y que padecen enfermedades catastróficas, crónicas o terminales prexistentes podrán seguir recibiendo sus beneficios, a partir de la aprobación de la Ley, los miles de trabajadoras y trabajadores públicos que adquieran cualquier tipo de enfermedad de este tipo, van a ser manejados de manera diferente; es decir, van a ser discriminados. Han creado con ella una clasificación sospechosa que discrimina entre los que han tenido las condiciones, vis a vis los que padecerían de ellas luego de aprobada la ley quienes no van a tener los beneficios de un plan médico con disposiciones que cubran sus necesidades de salud, que es un derecho básico a la vida. Agrava el panorama el que esa negociación, a cargo ahora del comité y de la agencia creados bajo la legislatura actual, dependerá de la “buena fe” de los grandes intereses, de los planes médicos de este país a los que no les interesa la salud o el bienestar del trabajador sino el lucro desmedido e inmisericorde. De eso se trata el negocio de los planes médicos privados y es por lo que los legisladores del PIP siempre hemos señalado y defendido la necesidad de acabar con esa corroción estableciendo un plan universal de salud.
Mutila también esta legislación las licencias de vacaciones. Aunque la tendencia en el mundo entero es a preservar las vacaciones e incluso aumentarlas, increíblemente, en Puerto Rico se pretende disminuir el descanso de la gente que trabaja, de nuestro empleado público, a pesar de que este derecho redunda en beneficio del patrono, de la gerencia, puesto que se ha comprobado que una persona que ha disfrutado de sus vacaciones y derechos es más productiva.
Esta Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal declara como nulas las cláusulas de beneficios de los convenios colectivos. Pero una legislación no puede adjudicar ni declarar nulas cláusulas de convenios colectivos en función porque estas fueron negociadas por el gobierno y por las uniones, cumpliendo con todos los elementos requeridos que validan los convenios: de manera libre, con consentimiento, con capacidad para hacerlo y sin intimidación ni violencia. Utilizar el concepto de nulidad en ese contexto no es otra cosa que crear, malintencionadamente, una alternativa inconsistente con la Constitución que dispone que los convenios colectivos aprobados son ley entre las partes.
Se reitera claramente en esta ley, al igual que en la Ley 8 del empleador único, que el concepto de movilidad no es parte del principio del mérito como he recalcado en las discusiones públicas de ambos proyectos. La movilidad no es otra cosa que mover un empleado de gobierno a una entidad privada y eso significa que no va a tener la categoría de empleado público; no va a tener la protección que le da el derecho propietario. La mayoría legislativa habla de que no van a despedir empleados públicos, pero esto es convertirlos en carne de cañón de las empresas privadas que van a estar quedándose con muchos de los servicios esenciales que son fundamentales para el desarrollo de este país.
Se expresa en la exposición de motivos de esta Ley que este proyecto es fundamental para evitar la crisis económica que ya sufrimos, pero todo lo que esta mayoría legislativa aprueba tiene un único camino, un solo objetivo, una sola ideología, una sola propuesta: sacrificar a los que siempre se han sacrificado, los empleados, los trabajadores. Y se trata, sobre todo, de quienes trabajan en el empleo público, la gente que sale todos los días a ejercer su derecho a trabajar por el bien del país, por sus familias, por su propio bienestar para encontrarse con que los legisladores de la mayoría -ese cuerpo que tiene la responsabilidad de diseñar una política pública de transformación de nuestra calidad de vida social y económica-, nos están diciendo, intransigentemente, que tiran al zafacón los miles de derechos adquiridos para proteger los intereses económicos de los que han propiciado la crisis y que ahora también son los grandes beneficiados. Ante esta absurda intransigencia, cero tolerancia y mayor militancia.
El autor es Portavoz Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes.
