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“Enemy With No Face”

Quizás debía titular el artículo como Enemigos sin Rostro, pero tomé el título del nombre de un comercial que el Ejército de los EE.UU. difunde en múltiples programas televisivos, particularmente de actividades deportivas. El comercial de propaganda presenta la ejecución simulada de un programa institucionalizado en esa rama militar que lleva como nombre US Army Cyber Warriors. Se reclama que estos denominados guerreros (“Warriors”) identifican y controlan las intervenciones de “hackers” que intervienen regularmente con los sistemas de información de las entidades públicas y privadas y que, según el comercial, son una amenaza seria para la “seguridad nacional”. Tal como se proyecta el comercial, este grupo de hombres y mujeres militares están todo el tiempo ‘cuidándonos’ y ‘protegiéndonos’ de los ‘enemigos de la nación’ y del sistema de vida del régimen capitalista en que vivimos. Nada dicen de las actividades que ese mismo grupo de “warriors” y decenas de otros en la estructura del poder político, económico y militar, llevan a cabo para espiar, intervenir y sabotear los sistemas de información y el desenvolvimiento de la vida cotidiana de organizaciones, empresas e individuos particulares, o sea, de todos los seres humanos que habitamos este Planeta.

Pero no es mi interés en este momento reflexionar sobre las “guerras cibernéticas” en las que nos desenvolvemos en este convulso presente. Mi interés en esta ocasión es reflexionar sobre el desconocimiento que tenemos, como personas y sociedad, de los individuos y los entes que ostentan y utilizan el poder, en especial el del sector del capital financiero, para controlar, regular y determinar qué hacemos como individuos y como Pueblo en nuestra convivencia y aspiración de un desarrollo soberano como nación.

El asunto de los ‘enemigos sin rostro’ vino a mi mente mientras observaba parte de la transmisión de la reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF) celebrada en Nueva York el pasado lunes 13 de marzo. Me preguntaba a quién realmente sirven las siete personas que componen esa Junta, su director ejecutivo y el alegado representante del “gobierno” de Puerto Rico ante ese Cuerpo. Lo lógico es pensar que ese grupo de individuos representan al poder imperial ejercido a través de la ley PROMESA aprobada e impuesta unilateralmente por el Congreso federal y el poder ejecutivo de EE.UU… Pero, como algunos pensamos, ese poder ejecutivo y legislativo (sin descartar el judicial) del poder imperial estadounidense, realmente responde a ese pequeño grupo de capitalistas financieros cuyo ejercicio cotidiano de traficar, acumular e incrementar la reproducción de su riqueza, se realiza en centros como Wall Street y otros similares en Londres y otras ciudades representativas del capitalismo internacional. La realidad es que, a nivel personal, me resulta difícil identificar el rostro de algunos de esos ‘dueños’ del capital financiero. Solo manejo algunos nombres de los entes de los bancos financieros que administran y llevan a cabo los procedimientos para realizar inversiones de capital, conceder préstamos, garantizar emisiones de deuda a distintos gobiernos mediante la venta de bonos, y asegurar la recuperación de lo invertido y de los intereses devengados (generalmente de usura) en esas transacciones financieras: JPMorgan Chase, Citi, Bank of America, Morgan Stanley, BNP Pariba, UBS, Goldman Sachs, y Wells Fargo, entre otras.

Sé que algunas o varias de estas instituciones financieras capitalistas han participado o participan de forma directa en las transacciones de la emisión de deuda pública acumulada por el Gobierno de Puerto Rico. Pienso que con agentes (abogados y financieros) de una o varias de ellas se reúnen los representantes “con rostro” de la JCF imperial para negociar los términos de pago de la deuda contraída. Pero en realidad poco sabemos a quiénes realmente representan esos agentes del capital pues las empresas para las que trabajan, incluyendo sus accionistas, viven en el anonimato disfrutando sus desproporcionadas riquezas mientras mantienen un régimen de explotación del trabajo a nivel internacional, de generación y reproducción de pobreza y miseria material para miles de millones de seres humanos. Además, “financiando” los procesos de destrucción del ecosistema planetario al apoyar materialmente los actores capitalistas industriales y, particularmente, los relacionados con la producción de energía mediante combustibles fósiles. Estos capitalistas financieros internacionales están apoyando la extracción y el uso creciente de combustibles fósiles los cuales constituyen hoy día una seria amenaza a la integridad y a la viabilidad de la civilización humana, resultando, de facto, en una verdadera amenaza a la “seguridad nacional”. Desde mi punto de vista, estos actores anónimos del capital financiero constituyen unos verdaderos Enemigos sin Rostro para la humanidad. Actúan como unos “hackers” del movimiento de conciencia ambientalista que persigue controlar y resolver el problema del calentamiento del Planeta y del cambio climático.

Se acostumbra a decir “sigue el dinero” (“follow the money”) cuando se propone indagar o investigar sobre los actores que intervienen en procesos criminales. Siguiendo la metodología que propone la frase, un grupo de organizaciones privadas, sin fines de lucro, (urgewald, groundWork, Earthlife Africa Johannesburg y BankTrack) llevaron a cabo una investigación sobre la financiación de proyectos relacionados con la explotación de combustibles fósiles, en particular del carbón mineral. La investigación realizada se publicó en diciembre de 2011 con el título Bankrolloing Climate Change: A Look into the Portfolios of the Worlds Largest Banks. La investigación iba dirigida a precisar cuáles entidades estuvieron financiando las inversiones en energía fósil (“dirty energy”) entre los años 2005 y 2010 responsables del calentamiento del Planeta y del consecuente cambio climático. Hasta antes de esta publicación no estaba claro el rol y la responsabilidad directa de las entidades bancarias internacionales en el calentamiento del Planeta. Ordinariamente estos entes financieros sólo hacen disponible información sobre inversión en proyectos de energía renovable (“clean energy”) pero ocultan o no divulgan información sobre sus inversiones en energía fósil. En este estudio se examinaron las transacciones de las 93 mayores instituciones financieras del mundo y sus inversiones en 31 proyectos relacionados a la minería y 40 de productores de electricidad a base de carbón mineral. El carbón mineral constituye la fuente principal de emisión de gases de invernadero y de contaminación ambiental en el Planeta. Los autores del estudio identifican a estas empresas financieras como “climate killers”, de ahí que se me antoja relacionarlos como nuestros Enemigos sin Rostro. Identificaron 1,405 transacciones de estos bancos que proveyeron financiamiento relacionado al carbón mineral, entre los años 2005 y 2010, que totalizaba una inversión de 232 billones de euros (sobre $250 billones). Encabezaban la lista de estos inversionistas JPMorgan Chase, Citi, Bank of America, Morgan Stanley, Barclays, Dutsch Bank, Royal Bank of Scotland y BNP Paribas.

Paradójicamente estas instituciones financieras reclaman tener un ‘compromiso con el clima’ el cual divulgan en las siguientes frases: (1) JPMorgan Chase –“Helping the world transition to a low-carbon economy”; (2) Citi- “Must innovative bank in climate change”; (3) Bank of America- “The most formidable challenge we face is global climate change”; (4) Morgan Stanley,- “(…) make your life greener and help tackle climate change”; y (5) Barclays- “Managing the climate change risks of our operations and those of our clients”. Para muestra un botón. En la práctica estas instituciones financieras solo realizan proyectos, que divulgan en su promoción comercial, sobre modificaciones y manejo de la energía y recursos vitales que utilizan las edificaciones que albergan sus operaciones corporativas. Pero hasta ahí parece que llega su preocupación ambiental como ‘persona jurídica’ y su compromiso con el cambio climático. La realidad objetiva es que estas y las otras entidades del capital financiero han auspiciado y se han beneficiado materialmente de actividades de la ampliación en el uso y manejo del carbón mineral que está comprometiendo la integridad y el funcionamiento del Planeta. Están matando el Planeta y lucrándose descaradamente de ese proceso. Desconozco los rostros de estos actores sociales para los que parece que trabajan los representantes de la JCF. Pero para el Pueblo de Puerto Rico, en general, esos capitalistas financieros internacionales, esos “criminales ambientales”, siguen siendo entes anónimos que, con su poder y el trabajo de sus agentes, dominan y controlan nuestras vidas y la de nuestros hijos y nietos. Siguen siendo nuestros Enemigos sin Rostro.

Conoce a los columnistas de Mirada al País

Hace unos meses comenzamos esta columna en CLARIDAD que tiene su antecesor en el Comentario. Como verán es un junte de los columnistas anteriores a los cuales hemos sumado varios nombres. Todos y todas tienen un curriculum mucho más largo y enriquecedor. Esto es solo para que tenga una idea de quiénes son

Rafael Acevedo

Profesor en la Universidad de Puerto Rico, poeta, escritor y editor de la Secta de los Perros. Autor de los libros: Flor de Cireulo y el Viento, Elegía Franca, Exquisito Cadáver entre otros. Director del En Rojo y miembro de la Junta Directiva de CLARIDAD.

Alana Álvarez Valle

Periodista y editora. Trabajó en The San Juan Star y El Vocero de Puerto Rico, donde se desempeñó como periodista de economía y finanzas. Actualmente se desempeña como editora. Con Norma Valle editó durante ocho años la Agenda de nosotras, para la cual estuvo a cargo de la fotografía y la coproducción.

Félix Aponte

Profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y planificador profesional. Fue miembro de la Junta de Planificación. Actualmente es consultor y asesor de varias entidades.

Rafael Bernabé

Profesor en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.Es autor varios libros entre ellos: Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña, 1899-1929; La maldición de Pedreira, Manual para organizar velorios, Puerto Rico, un pueblo acorralado por la historia. Fundador del Partido Puertorriqueño de Trabajadores del cual fue su candidato a gobernador.

Francisco Catalá

Profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Economista y analista. Es autor de varios libros entre ellos, Promesa Rota: Una mirada institucionalista a partir de Tugwell, Soberanía Exitosas: seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico y El Movimiento Cooperativista en Puerto Rico: Un paso más. Es miembro activo del Partido Independentista Puertorriqueño.

Félix Córdova Iturregui

Cátedratico en Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerro Rico en Río Piedras. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores. Ha publicado varios libros de ensayos y de poesía. Miembro activo del Partido Puertorriqueño de Trabajadores.

Noel Colón Martínez

Abogado constitucionalista y analista político. Fue miembro del Partido Independentista Puertorriqueño, dirigió el Comité Puertorriqueño de la Paz, cofundador del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano. Por años ha sido partícipe de las columnas de CLARIDAD y miembro de su Junta Directiva.

Carlos Gallisá

Abogado criminalista, dirigente independentista, fue el Secretario General del Partido Socialista Puertorriqueño. Autor de los libros: Puerto Rico en la Encrucijada, Desde Lares y La Deuda: una crisis política. Actualmente es uno de los analistas del programa Fuego Cruzado.

Manuel de J. González

Abogado, periodista, analista de la realidad política, comunicador y dirigente independentista. Es miembro de la Junta Directiva de CLARIDAD y colaborador del periódico desde los años 70.

Maria de Lourdes Guzmán

Abogada y Presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS). Ha formado parte de importantes comisiones del Colegio de Abogados y abogadas. Desde hace muchos años milita en el movimiento independentista puertorriqueño.

Eduardo Lalo

Escritor,artista y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Autor de La isla silente, Los pies de San Juan, La inutilidad, Los países invisibles y El deseo del lápiz. Ganador del premio Rómulo Gallegos por su novela Simone. Ha dirigido dos mediometrajes: “donde” y “La ciudad perdida”.

Denis Márquez

Abogado y miembro del Comité Central del Partido Independentista Puertorriqueño. Representó al PIP en el caso de las carpetas. Fue miembro de la Junta de Directores de Servicios legales en los años 2008-2009. Representante a la Cámara por acumulación.

Roberto Pagán

Dirigente sindical, Presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, local, 1996 SEIU. Es portavoz de la Comisión creada para solicitar la auditoría de la deuda de Puerto Rico.

Josefina Pantoja Oquendo

Abogada en Servicios Legales de Puerto Rico, líder feminista y luchadora por los derechos humanos. Se ha destacado por su lucha a favor de los niños de educación especial. Dirige la organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora(OPMT). Fundadora del grupo 35 Mujeres X Oscar ¡Hasta su regreso!.

Luis Pedraza Leduc

Dirigente Sindical y portavoz del Programa de Solidaridad Prosol, UTIER, columnista regular de CLARIDAD y miembro de su Junta Directiva

Wilma Reverón Collazo

Abogada y líder independentista. Fundadora del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y una de sus co-presidentas. Pertenece al Board of Advisors of the American Civil Liberty Union (ACLU) Puerto Rico National Chapter.

Mildred Santiago Ortiz

Líder Cooperativista y dirigente Sindical. Fue miembro por muchos años de la Federación de Maestros de Puerto Rico, sindicato del cual llegó a ser su Vice-presidenta. Actualmente dirige la Liga de Cooperativas de Puerto Rico

Firuzeh Shokooh Valle

Periodista, socióloga y profesora de estudios de género en Northeastern University, Boston, Mass. Trabajó en Primera Hora y dirigió la sección de español del periódico digital Global Voices on Line. La doctora Shokooh dicta conferencias y seminarios sobre género y nuevas tecnologías.

Norma Valle Ferrer

Periodista, historiadora y conferenciante. La doctora Valle, catedrática de la Escuela de Comunicación de la UPR, Río Piedras (1988-2013), es autora de seis libros, entre éstos Luisa Capetillo, historia de una mujer proscrita y Las mujeres en Puerto Rico. Actualmente es productora y moderadora del programa semanal de entrevistas Agenda de Hoy, de Radio Universidad de Puerto Rico. Es parte de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de CLARIDAD.

Lento el caso de O’Neill… activos los reclamos de las mujeres

El caso que carga el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por hostigamiento sexual a una agente municipal, ha caído en procesos burocráticos gubernamentales, los cuales provocan poca agilidad a la hora de encontrar una solución a un asunto de tal envergadura. Esa lentitud, mantiene vigilantes y activos a los colectivos feministas que protegen los derechos de las mujeres.

En la coyuntura del pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una de las exigencias presentadas por las cientos de activistas convocadas a la Milla de Oro en Hato Rey fue, precisamente, la renuncia inmediata del funcionario municipal.

Asimismo, el viernes 10 el contundente reclamo llegó a la alcaldía de Guaynabo, donde un grupo de manifestantes tomó la plazoleta frente al edificio mientras cantaban consignas sobre la conducta de abuso sexual y hostigamiento con la que se le vincula a O’Neill. Allí, dejaron claro que continuarán las manifestaciones públicas contra el alcalde hasta que este renuncie a su puesto.

De la misma manera, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico creó una petición de renuncia a través de la plataforma electrónica change.org. Esta iniciativa ha sido muy respaldada por miles de personas; tanto así que, en menos de tres días, ya se habían recogido poco menos de 6,000 firmas.

A pesar de que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le han solicitado la renuncia al funcionario, según la licenciada Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la figura del gobernador no puede destituir al alcalde ya que la Constitución del Estado Libre Asociado no le otorga esa autoridad.

La semana pasada, en conferencia de prensa, Rosario reiteró que, aunque la oficina que dirige investiga a O’Neill, son procesos que toman tiempo. Como ejemplo, mencionó el caso del alcalde de Cidra, Ángel Malavé, que empezó en el 2012 y se resolvió “final y firme” en diciembre del año pasado.

Hace dos semanas, a partir de la querella radicada ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), la situación ha estado presente en la esfera pública, más aún cuando trascendió que O’Neill transó con la víctima por $450 mil la querella de acoso sexual. El gobernador dictó una orden para que la OEG investigue los informes financieros del alcalde y se conozca de dónde este obtuvo el dinero pagado para silenciar el patrón de hostigamiento que sostuvo por varios años.

El Departamento de Justicia (DJ), por su parte, anunció que investiga las circunstancias en las que la mujer policía y O’Neill transaron la demanda y advirtió que se pudieron haber cometido delitos en el proceso.

Por otro lado, la licenciada La Zulma Rosario expresó que la víctima del caso no interesa continuar involucrada en la investigación. Sin embargo, la directora de la OEG la invitó, al igual que a otros testigos, a acercarse a la entidad gubernamental y les aseguró protección.

De no obtener testimonio de la querellante, Wanda Vázquez, secretaria del DJ, reconoció que la investigación será “cuesta arriba”. Agregó que investigaría si la indisponibilidad de la víctima obedece a presión o coacción. De igual forma, aseguró que buscarían otros potenciales testigos.

A raíz de la divulgación de la transacción monetaria entre el alcalde y la víctima, Rosselló Nevares solicitó al funcionario que renunciara, además de su cargo en el municipio, a todas las posiciones de liderato que tuviera dentro del Partido Nuevo Progresista. O’Neill dimitió a sus cargos políticos, pero permanece al frente de la alcaldía.

En medio de este escándalo, también se investiga a nivel federal por hostigamiento sexual al hijo del alcalde, Héctor O’Neill Rosa.

Mujeres: Las más afectadas con la Reforma Laboral

Por Gabriela Ortiz Díaz/CLARIDAD

Tal como expone el editorial de la edición pasada de CLARIDAD, la gran crisis fiscal, económica y social que se vive en Puerto Rico está afectando particularmente a las mujeres, las cuales lideran más de una tercera parte de las familias del País, y conforman cerca del 50 por ciento de la fuerza laboral activa en Puerto Rico.

“A eso se le añade la imposición por parte del Congreso de Estados Unidos de una nueva afrenta colonial, a través de una Junta de Control Fiscal (JCF) con poderes sobre el gobierno de Puerto Rico y una agenda agresiva de recortes drásticos en el presupuesto gubernamental, que afectarán desproporcionadamente a las mujeres en el País”, continúa explicando el editorial.

El pasado lunes , la JCF aprobó, con enmiendas, el Plan Fiscal que sometió el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Todos los miembros de la JCF votaron a favor del Plan y de las enmiendas, que podrían implicar la eliminación de todos los bonos de Navidad en el gobierno, la reducción de la jornada laboral en un 20% y una merma en la nómina de las pensiones de un 10% para el año 2020.

A la implementación de esas medidas, se le suma el que las mujeres han sido y serán las más afectadas con la reducción en los servicios esenciales del gobierno, como la salud y la educación, ajuste extremo que pretende imponer la JCF.

Ante este panorama, Raquela Delgado Valentín, trabajadora social y defensora de los derechos de las mujeres, comentó a CLARIDAD: “las mujeres ocupan un por ciento grande en las esferas gubernamentales, por ende son las que más se van a ver perjudicadas, las que más van a sentir el golpe”.

“Sabemos que a mayor desigualdad, mayor violencia. Eso va a desencadenar en más violencia para las mujeres y en menos acceso a recursos porque los niños y las mujeres son los mayores beneficiarios de la tarjeta de salud y de los incentivos del Gobierno. Todo eso, al sufrir recortes, va a tener repercusiones directamente en las mujeres…Actualmente, más del 60 por ciento de las mujeres del país vive bajo los niveles de pobreza. Esa brecha se acrecentaría”, señaló Delgado Valentín.

Por otro lado, Raquela recordó que uno de los elementos que impulsa la Junta es cortar servicios esenciales de salud, los cuales atienden la situación de salud mental en Puerto Rico. Esto pone en desventaja al sector femenino porque “cuando una está en una situación de desigualdad, su salud mental también se ve afectada porque tú no sabes cómo vas a alimentarte, cómo vas a alimentar a tu familia”.

Según indicó la entrevistada, este es un panorama “bien feo” para la mayor parte del pueblo, para la clase trabajadora, para las mujeres que están en ese espacio y para las que trabajan desde el hogar que se benefician de servicios gubernamentales.

Lo que cobra importancia, a juicio de Delgado Valentín, es “cómo nosotras podemos buscar herramientas y estrategias para poder contrarrestar esto porque el que la Junta dictamine lo que se va a hacer, eso no está escrito sobre piedra…Lo que la Junta establece será final y firme si nosotras no actuamos”.

“Si más gente se une a los reclamos [del pueblo] desde distintos espacios, a mí me parece que podemos exigir que se audite esa deuda y velar porque todo el mundo haga ajustes”, concluyó la activista.

El boom de Monsanto y las semilleras estalla en el sur de Puerto Rico

Las aspas de los molinos de viento giran sobre cultivos de soya y maíz modificados genéticamente, platanales y fincas aplastadas por la fiebre del cemento. Aparece el mar Caribe, áreas verdes a la izquierda, y a la derecha una salida que conduce a un territorio ocupado: las semilleras multinacionales como Monsanto controlan el 31% de las tierras con mayor potencial para la agricultura en el municipio de Juana Díaz. Es el epicentro transgénico de Puerto Rico.

De norte a sur, de este a oeste, las semilleras ya dominan alrededor de 10,000 cuerdas públicas y privadas. Eso equivale al área destinada en 2016 a la siembra de plátano, que el Departamento de Agricultura identifica como el cultivo vegetal de principal importancia económica en el País.

Nadie sabía del boom silencioso de las corporaciones de agroquímicos y transgénicos en las mejores fincas de la Isla, hasta que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) inventarió las propiedades tras visitas de campo y consultas a documentos públicos, y luego analizó el área con información geográfica digital suministrada por la Junta de Planificación. Con el avance de las semilleras en Puerto Rico, la Isla se convirtió entre 2006 y 2015 en la localidad con más permisos para hacer experimentos con transgénicos en todo Estados Unidos y sus territorios.

En Juana Díaz aparecen camiones militares color khaki tras las rejas del Fuerte Allen de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, y al doblar a la derecha, en el barrio Capitanejo, caminan empleados de las semilleras vestidos con trajes protectores blancos de pies a cabeza. Son clara señal de los trabajos intensivos con sustancias químicas en el paisaje repetitivo de soya y maíz. La colonia estadounidense es el paraíso de corporaciones que dominan la industria global de las semillas transgénicas y los agroquímicos: Monsanto, Bayer CropScience, DuPont Pioneer, Syngenta, Dow AgroSciences, AgReliant Genetics e Illinois Crop Improvement.

Este sector industrial recibió más de $526 millones en subsidios y exenciones contributivas entre 2006 y 2015, según un análisis de esos beneficios que consta en documentos gubernamentales. Fueron los años en que Puerto Rico se sumía en el impago de su deuda de $69 mil millones, lo que provocó que el Congreso de Estados Unidos le impusiera una Junta de Control Fiscal.

En esa misma década, las multinacionales acapararon el 14% del área de las fincas públicas de la Autoridad de Tierras con mayor potencial para producir comida, en el corredor agrícola de Guayama a Juana Díaz. Así lo indican los cálculos con sistemas de información geográfica que hizo David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, a petición del CPI. Puerto Rico solo produce el 15% de sus alimentos, según el Departamento de Agricultura. Las multinacionales no usan esas tierras para producir comida, sino para experimentar. Envían las semillas fuera del país para continuar el proceso de investigación y desarrollo, y luego las venden en el mercado global. Las semilleras no sólo alquilan, sino que han comprado alrededor del 50% del área de todas las fincas que controlan. Monsanto ya es dueña de unas 1,762 cuerdas, mientras que la alianza Dow AgroSciences y Mycogen Seeds posee 1,748.

A la izquierda de la carretera #1, antes de llegar al río Bucaná, se levanta una cerca de tela metálica coronada de alambres de púas. No exhibe un letrero con el logo de Monsanto, a la que pertenece, según el Registro de la Propiedad. Entre los huecos de la verja se ve una tierra sin hierba, camiones que vierten una sustancia química sobre el terreno, y un cobertizo blanco a lo lejos. Con 1,061 cuerdas, equivalente a 600 campos de fútbol, esta es la finca más grande de todo el inventario de las semilleras. Al norte, en el barrio Sabana Llana, comienza otra propiedad de 509 cuerdas de la misma multinacional con sede en el estado de Misuri. Al este, se extienden campos de experimentación alquilados por las semilleras Illinois Crop Improvement, una asociación que trabaja por los intereses de la agricultura del estado de Illinois, y la suiza Syngenta Seeds.

En medio de toda la actividad de experimentación está enclavada Arús, una comunidad de apenas siete calles, una barbería, una capilla católica, un templo evangélico, una escuela y un bar.

José Ramón Campos, que lleva 51 años viviendo en Arús, se levanta a las 5 a.m. para caminar en el parque de pelota y mantenerse en forma. “Pero ahora es lo contrario. Hay una pestilencia”, dice Campos, preocupado por su salud. “Yo me he tenido que meter allí, para llamarles la atención”, indica señalando al otro lado de la calle, donde Monsanto tiene su campo de experimentación. “Tiran químicos durante el día y la noche. Nos da mucho ardor en los ojos”, añade Leonor Campos, su esposa. “Siempre uno está con dolores de cabeza y dolores de garganta”.

Las ventanas y las puertas de las casas están cerradas. No sólo para protegerse de las sustancias químicas, sino para evitar el polvorín que levantan los camiones y el viento, porque la tierra está descubierta por causa del herbicida. La tierra se pega a las ventanas, las cortinas, las mesas. De entre un grupo de 10 vecinos reunidos para discutir cómo la semillera los afecta, Héctor Luis Negrón Cintrón da un paso al frente, ayudándose con el bastón. “Me da problemas respiratorios. Tengo que estar rascándome todo el cuerpo”. Antonio Avilés Pacheco, quien vive hace diez años en Arús, asegura tajantemente que los vecinos han desarrollado un olfato detector de pesticidas y herbicidas. “Es notable cuando utilizan los productos químicos. Al respirar podemos percibir que están en el ambiente”.

Tomás Torres era un “listero”, el que se encargaba de pasar lista de los obreros que trabajaban en estas tierras que pertenecían a la Sucesión J. Serrallés, y que antes producían caña, mangó y vegetales. Sabe que los agroquímicos no son nada nuevo; los usaban sus antiguos patronos. La diferencia es la cantidad y quién manda ahora: “Monsanto es el rey de la agricultura de Juana Díaz”, aseguró. Antonio Avilés Pacheco añade: “Debe ser el rey del veneno. Porque eso es lo que trae Monsanto”. Señala al árbol donde se reúnen los vecinos. “Nosotros estamos ahí sentados, pero nos instruimos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser los conejillos de indias? ¡Somos conejillos de indias! Eso es un laboratorio, eso no es agricultura”.

Félix Morales Torres, otro vecino de Arús, solía cruzar por una servidumbre de paso de lo que ahora es la finca de Monsanto para ir a la playa de Boca Chica. “A mí me gusta pescar. Pero ya no se puede entrar por ahí porque cerraron los portones. No tenemos acceso a la playa. Antes pescábamos camarones, tirábamos anzuelo, chinchorro”.

Los vecinos sostienen que hasta ahora nadie había llegado a Arús para que sus voces contra las semilleras fueran escuchadas ¿Qué quiere la comunidad? “A ver si alguien interviene y controla eso, o que Monsanto se vaya de aquí”, concluyó Campos.

Entre la capilla católica y el templo evangélico de Arús, la calle conduce a Manzanilla, una comunidad de casas humildes que colinda al sur con la playa, y al norte con la finca de Monsanto. El pastor de la Iglesia Misionera del vecindario dijo que un empleado de la compañía fue a atender las preocupaciones de los vecinos mostrándoles un vídeo corporativo. “Nos dijeron que los productos químicos que están usando son para matar un gusano; nos dijeron que no nos afectan, aunque los que los echan usan trajes blancos de protección”, añadió el pastor. “Yo digo que nos compraron un poquito. Podaron unos árboles de la carretera, hicieron una fiesta de Reyes y les trajeron juguetes a los niños. Donaron parte de la comida para una limpieza en la comunidad. Donaron pollo con papas”.

Los terrenos de las semilleras se extienden principalmente a lo largo de 117 kilómetros, unas 73 millas, en casi toda la costa sur de Puerto Rico. Incluyen 143 cuerdas de la Estación Experimental Agrícola de Isabela y Aguadilla, en el noroeste del país, que Monsanto alquiló y está en proceso de entregar para enfocar los trabajos en Juana Díaz. Hay 18 cuerdas adicionales de la alemana BASF, y 218 de la tejana RiceTec, que no trabaja con semillas modificadas genéticamente sino con híbridas. También cuentan unas 900 cuerdas de un agricultor en Santa Isabel que siembra frutas y verduras, y donde la semillera 3rd Millenium Genetics cultiva soya y maíz. Esta última es muy diferente a las demás corporaciones, pues desarrolla cultivos híbridos para el consumo del ganado local.

Hay más tierras en manos de las multinacionales que pagan a otros dueños de fincas para que siembren en su terrenos los cultivos experimentales. “Son negocios y el agricultor tiene que ganar dinero”, explicó Ramón González, expresidente de la Asociación de Agricultores. Posee terrenos en el municipio de Salinas, los primeros que se ven al bajar por la autopista #52, colindantes con instalaciones de Syngenta y DuPont Pioneer. González no quiso precisar cuánta tierra destina a los transgénicos ni a qué semillera da servicios. “Le siembro a varias de ellas”’, sostuvo.

Las fincas del sur. ¿Por qué aquí? ¿Qué tienen de especial? Están en el área de menor precipitación de Puerto Rico, mientras se sirven de agua de canales de riego: las semilleras pueden regar sus cultivos de forma científica, sin que las plantaciones estén expuestas a demasiada lluvia que atrae hongos. La zona está identificada como tierra para la agricultura “de importancia estatal” y con una categoría del 1 al 4 de uso agrícola, la máxima calificación en términos de capacidades químicas y físicas para la producción de alimentos y fibras, según el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, agencia federal dedicada a la protección de los suelos. Se trata de propiedades con fertilidad natural y llanas, por lo que se pueden mecanizar, y el trabajo es mucho más fácil en comparación con la faena en la jalda. A eso se añade que se encuentran en la ruta de las dos ciudades más importantes, Ponce y San Juan, con acceso fácil por la autopista #52.

“Esto es lo que yo necesito”, exclama el empresario Duamed Colón. Pone una rodilla en el suelo, parece tomar algo y enseña el puño como si hubiese agarrado tierra. Pero no está en las fincas del sur, sino en un hotel de la capital, donde se llevó a cabo una cumbre de innovación empresarial auspiciada por el Fideicomiso de las Ciencias, Tecnología e Investigación, que busca expandir la base industrial del País. De entre todos los participantes de la cumbre, Colón es el único que intenta innovar desde la agricultura autóctona. El Fideicomiso becó a este biólogo con estudios graduados en ciencias agrícolas en el Recinto Universitario de Mayagüez, para que empleara el cultivo de tejido, una modalidad de biotecnología agrícola, en el desarrollo de plátanos vigorosos que no estén contaminados con el gusano barrenador.

Este nemátodo, una de las principales plagas del plátano, agujerea la planta desde las raíces hasta el centro, causando que los agricultores apliquen pesticidas para intentar salvar la cosecha, lo que encarece costos, aumenta el tiempo de trabajo y añade al medio ambiente un componente tóxico. Colón intenta desarrollar una marca de plaguicidas biológicos que no causen un impacto a la naturaleza, y experimenta con plantas cobertoras que acompañan los alrededores de los plátanos, para mantener a raya las llamadas malezas, prescindir de herbicidas y evitar la erosión. Pero el científico, empresario y agricultor necesita resolver el escollo principal para el crecimiento de su empresa: conseguir 100 cuerdas de buena tierra a un precio módico. Al terminar su presentación durante la cumbre, auspiciada en parte por Monsanto, Colón puso dos mapas de los municipios sureños de Juana Díaz y Santa Isabel sobre un mostrador del hotel. Señaló las fincas de la Autoridad de Tierras, agencia que ofrece a los agricultores alquiler de terrenos públicos a precios económicos. Pero la Autoridad de Tierras aún no ha respondido su solicitud de arrendamiento desde hace casi tres años, porque alegadamente sus predios ya están ocupados. De las 6,591 cuerdas controladas por las multinacionales de transgénicos entre Guayama y Juana Díaz, el 44% las alquilan a la agencia gubernamental.

“Se está quedando afuera un proyecto como el de nosotros”, denunció Colón. “No te estoy hablando del romanticismo de la agricultura. Estoy hablando de una empresa real de biotecnología agrícola que ya contrató a un doctor para pagarle el sueldo que merece un profesional de su nivel, y un asistente de laboratorio”.

Sólo Monsanto arrienda 791 cuerdas a la Autoridad de Tierras en el barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz. Eso es lo que dice el contrato registrado en la Oficina del Contralor, pero en realidad Monsanto está ocupando 842 cuerdas, según los inventarios de arrendamiento oficiales. Eso quiere decir que el Gobierno le deja gratis la diferencia de 51 cuerdas. Esa es la mitad de la tierra que necesita el empresario Duamed Colón para desarrollar su proyecto empresarial y científico. En medio de las fincas gubernamentales en el barrio Río Cañas, Monsanto compró tres propiedades adicionales equivalentes a 76 cuerdas, donde construyó sus instalaciones privadas con $800,000 de fondos públicos que le dio como “incentivo” la Compañía de Fomento Industrial, que promueve a Puerto Rico como un destino para las inversiones.

“Todo el argumento de que las semilleras extranjeras crean empleos es relativo. Agro Tropical quiere crecer, crear empleos y producir comida, pero estamos limitados por el acceso a la tierra”, añadió Duamed Colón.

En cambio Monsanto, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences junto con Mycogen Seeds, DuPont Pioneer y su matriz DuPont, Bayer Crop Science y AgReliant Genetics controlan cada una más de los 500 acres (515 cuerdas) permitidos por la Ley de Tierras y la Constitución de Puerto Rico. La cuerda es el sistema para medir área que heredaron los puertorriqueños del coloniaje español, y equivale a 3,930 metros cuadrados. Es prácticamente lo mismo que un acre, el sistema de medición heredado como colonia estadounidense.

¿Por qué el límite de 500 acres? La disposición fue ideada por el gobierno militar de Estados Unidos tras la invasión de 1898 a Puerto Rico, para evitar el latifundio, como se le conoce a las explotaciones agrarias de grandes dimensiones por parte de las corporaciones. Esta medida se convirtió en el corazón de la reforma agraria luego de la Gran Depresión, en medio de huelgas contra las grandes corporaciones cañeras, que ocupaban parte de las mejoras tierras que podían utilizarse para producir comida. Con la Segunda Guerra Mundial de fondo, submarinos de Hitler hundían barcazas que traían alimentos a Puerto Rico, y en la Isla había hambre. Fundado con el lema de “Pan, tierra y libertad”, el Partido Popular Democrático (PPD) creó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los cimientos de esa reforma agraria. Su artífice, Luis Muñoz Marín, promovía las expropiaciones de las propiedades mayores a los 500 acres, para que pasaran a la Autoridad de Tierras, creando las llamadas fincas de beneficio proporcional, que nunca rindieron frutos por haber nacido en medio de un romanticismo de la tierra ajeno a la ciencia y la técnica, como explica Rubén Nazario en su libro El paisaje y el poder: la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín.

En la pasada década, las administraciones PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP) parecen haberse rendido ante las multinacionales que sobrepasan el límite constitucional. El exsecretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani indicó, en una opinión legal del 20 de junio de 2012, que las semilleras podían dominar más de 500 acres porque no se dedican a la agricultura, sino a una actividad científica y empresarial llamada investigación y desarrollo. Puerto Rico regresa así a la época en que las grandes corporaciones cañeras podían dominar las mejores tierras. “Lo que tenía que hacer el Secretario de Justicia era mirar la intención de la ley con los ojos del presente”, analizó el abogado Carlos Ramos, profesor de Derecho Constitucional, cuando supo del avance de las multinacionales en las mejores tierras de Puerto Rico. “Con las semilleras estamos viendo que ya empezó el latifundio del Siglo XXI. Esta es una nueva versión de lo que ha sido la historia de América Latina y de Puerto Rico durante el siglo pasado. Estas corporaciones poco a poco van a estar interfiriendo en el uso de la tierra, se van a manifestar como un poder político que influye en la legislatura, y eso precisamente es lo que quería prevenir la Constitución”.