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Háblame de Elliott: Para Elliott todos éramos iguales.

¡Qué les voy a decir sobre Elliott!… No creo haber tenido que compartir a un amigo con tanta gente sin sentir pizca de celos. Decir que Elliott fue un ser gregario con un don especial para acumular amigos ni comienza a describir esa fuerza magnética con la que vino alambrado y con la que nos mantenía a todos emburujados.

Creo que es ahora que realmente entiendo su esencia. En más de una ocasión anduve con él en reuniones y actividades. En algún momento me decía, “Cabo Rei, nos vamos en como 10 minutos”. Demás está tener que aclararles que en el reloj de Elliott una advertencia de que nos íbamos en 10 era de seguro por lo menos hora y media. Antes de partir el compay tenía que despedirse de cada ser humano a quien había saludado de llegada. Nunca era una conversación frugal o, cómo dicen los gringos, “small talk”. Elliott tenía esta única capacidad de sentir a los demás, él escuchaba, sabía de las familias, preguntaba con interés sobre lo que ahora estaba haciendo el amigo o la amiga. Conocía y preguntaba por la familia y los hijos. Ese don de preguntar e interesarse por los demás lo convirtió en un ser querido por todos. Lo vi muchas veces conversando con otros y siempre desplegaba cariño y respeto. Trataba con igual generosidad a don Rafael Cancel Miranda que a un chamaquito de La Perla. Era igual de atento a lo que hablaba un fanático de baloncesto que recién conoció en una cancha como cuando hablaba con Flor Meléndez. Para él un anónimo salsero requería la misma atención que la que le prestaba a Andy Montañez.

He aquí lo que para mí distinguía a Elliott: para él todos éramos iguales. Yo sigo aprendiendo tanto de este maravilloso ser a quien el amigo Jaime Córdova acertadamente describió como “alguien a quien el alma le pasea por el cuerpo”. Él siempre le sacó el jugo al tiempo, nunca fue su esclavo. En el tiempo que vivió supo cultivar amistades ricas y verdaderas, por eso cuando le recordamos lo hacemos con sonrisas y no llanto.

Hay gente que nos es tan necesaria que cuando mueren arrastran y se llevan a nuestro mundo con ellos… no es que el mundo desaparezca, pero el que teníamos deja de ser.

Rei Segurola

Abogado y pana de Elliott

Los proyectos en la mirilla de la Junta

Conforme al Título V de la ley “Promesa”, la Junta de Control Fiscal (JCF) está violando el procedimiento que establece su propia ley para la consideración de los llamados “proyectos críticos”. El 7 de enero la pretendida, infalible Junta de Control, anunció que a partir de ese mismo día se concedía un término de 30 días para que los interesados presentaran sus comentarios públicos para cuatro proyectos considerados como “proyectos críticos”. Los interesados deberían enviar sus comentarios vía correo electrónico al sitio web de proyectos críticos de la JCF.

La ley Promesa dispone que antes de que la JCF anuncie los proyectos críticos y el periodo para que los ciudadanos presenten sus comentarios, al Coordinador de Revitalización (CR), en este caso Noel Zamot, debe haber recibido: una solicitud de consideración del proyecto por parte del proponente; un informe crítico del proyecto; información sobre detalles de financiamiento del proyecto; una recomendación del gobernador, e incluso de la comisionada residente; una determinación de la Junta de Planificación (JP), y hasta una recomendación de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). Todos estos documentos deben estar disponibles al público una vez se abra el proceso de comentarios.

Los cuatro “proyectos críticos” bajo “consideración”; son la planta incineradora Energy Answer; el Parque Eólico del Norte de la empresa New Eolic, LLC; un proyecto de optimización de energía de la firma NORELCO, para los complejos correccionales de Ponce y Bayamón; y un proyecto de almacenamiento de energía de combustible alterno y reservas para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de las firmas, ARG Precision Corp, PW Power Systems, Inc y Bostonia Partners, LLC.

Según informó la Junta los proyectos todos relacionados con asuntos energéticos representan una inversión de cerca de “$1,500 millones, casi en su totalidad de capital privado”.

No obstante a dos semanas de darse a conocer los proyectos, a solicitud de CLARIDAD la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), confirmó que no habían recibido las propuestas de los proyectos por lo que sus asesores legales le estaban solicitando a la Junta que les haga llegar las propuestas porque bajo la ley Promesa la Comisión tiene injerencia en la evaluación de todo proyecto relacionado al sistema energético.

“La información que tiene la Junta en su página es una incompleta”, denunció a CLARIDAD, Ela Cruz, vice presidenta de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI).

Cruz insistió en que los proyectos críticos tienen que cumplir con los procedimientos antes mencionados pero que ninguno de esos documentos están disponibles, “más aun cuando uno va a la página de la Junta lo que hay es una información descargada de un formulario, no hay documentos de apoyo de nada que se puedan examinar para poder emitir comentarios”.

Esta organización junto a la Coalición de Organizaciones contra la Incineración (COCI), han combatido desde un principio el proyecto de la incineradora de EA, en Arecibo. A raíz del anunció la semana pasada ambas organizaciones llevaron a cabo una manifestación frente a las oficinas de la JCF la cual contó con la participación del congresista demócrata, el boricua Luís Gutiérrez. Las organizaciones además levantaron una voz de alarma al hecho de que en la página de la Junta, se dice que la inversión de EA será con dinero privado, cuando tan reciente como a finales del 2017 la división de Desarrollo de Servicio Rural (RUD, siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE UU, se negó a financiar el proyecto.

La Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, también le envió una carta a la Junta en la que plantea los incumplimientos por parte de ese ente al proceso establecido en la ley Promesa para los llamados proyectos críticos.

El planificador ambiental, José Rivera Santana, integrante de la Coalición Contra la JCF, igual denunció la falta de información en la página de la JCF. “Lo que la Junta publica es una descripción mediante la cual no se puede hacer ninguna evaluación. “Es una falta de respeto convocar a comentarios públicos sobre unos proyectos que ellos que son los que están convocando tienen la responsabilidad de presentar”. Trajo a la atención que en el caso particular del proyecto de la incineradora que la Junta está asumiendo información que EA ha sometido a muchas agencias y que ya está caducada.

Otra conocedora y crítica del proyecto EA consultada por CLARIDAD, la ingeniera Ingrid Vilá, censuró el proceso de “fast-track” de la CR.

“Los procesos fast-track, restan participación y derechos, no adelantan los propósitos democráticos de nuestro país y resultan infructuosos para proyectos que simplemente no son viables. Ya el proyecto de Energy Answers tuvo la oportunidad del mismo proceso fast-track bajo la administración de Luis Fortuño en el 2010; han pasado ocho años desde entonces y el proyecto no ha comenzado construcción. ¿Por qué? Porque además de las consideraciones de impacto negativo a la salud y el medio ambiente, el proyecto no es viable. Resulta demasiado costoso para que los Municipios dispongan su basura allí y para producir una cantidad nominal de energía”.

Vilá recordó además que luego del huracán se pudo presenciar la inundación producto de la crecida del Río Grande de Arecibo en el predio donde proponen ubicar el incinerador y la devastación que causó en las comunidades aledañas. “Si uno de los asuntos que ha quedado claro luego del huracán es la necesidad de reubicar infraestructura crítica que se encuentra cercana a ríos y costas, ¿cómo se puede estar considerando todavía nueva infraestructura en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo?, cuestionó.

La ingeniero exhortó a que en vez de continuar impulsando un proyecto que tanto divide, el gobierno, quien también tiene facultad para presentar proyectos críticos ante la JCF debería trabajar con la industria privada y organizaciones no gubernamentales para impulsar un abarcador programa de infraestructura de reciclaje. “Si se trabaja bien, con participación y buena planificación se hará evidente que no es necesario un proceso fast-track para adelantarlo”.

Los proyectos de la Junta

CLARIDAD consultó al profesor Agustín Irizarry, ingeniero eléctrico y uno de los exrepresentantes de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, su parecer sobre los proyectos. De entrada se inhibió de comentar sobre el proyecto New Era Eolic, debido a que dijo fue consultor del proponente en el diseño e instalación de la torre de medición de viento y luego en el análisis de los datos de viento. Aunque no ha tenido más relación con el proyecto, ni con su proponente, expresó que le parece suficiente relación comercial para no comentar.

En cuanto a los otros proyectos, apuntó categórico que está en contra de la incineradora debido a que la quema de basura no es una solución energética y en Puerto Rico no hace falta generación. “A mi juicio el gobierno de Fortuño y éste lo ven como una “solución” al problema de basura no de energía. creo que se equivocan en ambos casos”.

En tanto sobre el proyecto de energía para los complejos correccionales reconoció que mejorar la eficiencia de la energía y el consumo de agua en las cárceles – casi todos los proyectos que disminuyen el consumo son muy buenos, estén o no en la cárcel. Pese a que dijo que luce caro por $25 millones a su vez hizo la salvedad de que casi todo lo que se usa en una cárcel es más caro, es como el uso militar o marino, donde hay situaciones que no son las comunes por lo que se le hace difícil juzgar bien el precio.

Sobre el cuarto proyecto, el de almacenamiento de energía de combustible alterno y reservas para la AEE de la producción de 4. 540 MW de unidades pico y de emergencia, señaló que le parece que “esto es un reconocimiento de que las unidades de emergencia de la AEE, ubicadas por toda la isla, están en mala condición. Con el aumento de actividad ciclónica que de seguro enfrentaremos quizás son necesarias”.

Sin embargo, aclaró que no le convence mucho el uso de atender los picos de demanda pues los picos de demanda del pasado ya no existen (por la baja actividad industrial) y la entrada de la producción de energía renovables, lo que debe reducirlos más aún. “Lo que nos hace falta son unidades que permitan absorber los cambios en las renovables (que provean regulación y balance) y nos ayuden a sumar más renovables, $538 millones por 540 MW es caro”.

Un juego que conduce al ridículo

Los niños se entretienen con cualquier cosa. En mi época se jugaba a los vaqueros, uno hacía de bueno y el otro de malo, o a los policías. Pasábamos horas jugando a lo que uno no era. También recuerdo a mis hijas jugando a ser “doctoras”, una curaba a la otra con un estetoscopio inventado.

En eso pensaba hace unos días al leer las noticias del último viaje a Washington de la flamante “comisión de la igualdad” donde todos juntos, cogidos de la mano como cantando matarile lire lo, llegaron hasta el capitolio federal llamándose a sí mismos “senadores” y “representantes”. No eran niños y niñas sino personas viejas, incluyendo al ya carcamal Carlos Romero Barceló. Sin el menor asomo de pudor se autoproclamaron “congresistas”, los que nadie eligió, reclamando de paso un proceso de anexión política que nadie ha autorizado. Todo eso lo hacían con dinero público y a nombre de los puertorriqueños, mientras los que ellos alegan representar viven la más grande tragedia del nuevo siglo.

Si se entretuvieran en esos juegos en fiestas privadas –como las personas que organizan bailes de disfraces– no habría problemas, pero se trata de figuras públicas (o figuritas) que gastan dinero del pueblo en esas diversiones.

El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) venía amenazando con esa pantomima desde hace algún tiempo. Lo llamaron “plan Tennessee”, pretendiendo emular lo que hicieron los habitantes de ese territorio estadounidense en 1796 cuando, tras haber peleado en la guerra de independencia, trataron de acelerar su incorporación a la Unión. Lo que sorprende es que hayan insistido en el sainete en estos momentos cuando tanto lo que ocurre en Puerto Rico como el ambiente reinante en Estados Unidos aconsejaban otra cosa.

Si el PNP y Ricardo Rosselló tenían algún capital político tras iniciar un nuevo gobierno en enero de 2017, lo perdieron desastrosamente luego del azote del huracán María en septiembre de ese año. Lo que ocurrió a partir de aquel fatídico mes dejó sin techo la muy cuidada imagen que los publicistas del gobierno habían logrado construir en los primeros meses del año. Lo que quedó a vista de todos es un líder débil y torpe, rodeado de gente que lo es aún más, a quienes la tarea de reconstrucción les resulta demasiado grande. La tarea es “extra large” y el gobierno es “small”. Con cada día que pasa el estado del país se complica, mientras el gobierno repite los mismos estribillos.

El día que los “comisionados de la igualdad” partieron hacia Washington a comenzar su juego a congresistas, la mitad de los puertorriqueños seguía sin energía eléctrica y la otra mitad lamentaba la salida del país de algún ser querido; los negocios cerraban, la economía se deprimía aún más y la desesperanza se notaba en los rostros de la mayoría. En momentos como ese los líderes políticos se lanzan a abrir brechas en medio de la maleza y no se entretienen en jueguitos infantiles. Pero el que una minoría de los puertorriqueños eligió en noviembre de 2016 optó por irse a Washington a hablar de algo que allá nadie quiere escuchar mientras acá reclama otro tipo de explicaciones.

Tal vez pensaron que el jueguito a congresistas serviría para que los puertorriqueños desviaran la vista de sus angustias, pero una vez más se equivocaron. Nadie le presta atención a un juego de ese tipo cuando está desesperado.

Y si no era propicio el ambiente en nuestro país mucho menos lo era en la capital de Estados Unidos. Desde que en el Congreso de Estados Unidos se produjo el debate en torno a la situación de Puerto Rico, el que produjo la ley llamada PROMESA, se afianzó allí la imagen de indolencia y el sentimiento de desprecio hacia los puertorriqueños. Esa imagen y esos sentimientos están en el ambiente desde 1898 y existe una enorme prueba documental al respecto, pero durante ciertos periodos se aplaca. Sin embargo, nuestra crisis de la deuda pública y las formas en que los gobiernos coloniales la han tratado, disparó esas percepciones nacidas del racismo y la prepotencia gringa.

Ése era el ambiente que existía antes del azote del huracán María. Lo que ocurrió luego de ese evento llevó a niveles nunca antes vistos la desconfianza del establishment estadounidense hacia las instituciones puertorriqueñas. La imagen que el gobierno de Ricardo Rosselló trasmite hacia Washington se resume en dos palabras, incompetencia y corrupción. La incompetencia se trasluce de la ausencia de un plan de gobierno y de la constante improvisación, del empeoramiento de las condiciones sociales y de la falta de respuesta al continuo declive económico. La corrupción, por su parte, nace de contratos como el de Whitefish y, más importante aún, de la ausencia de acciones dirigidas a detener esas contrataciones y a fijar responsabilidades.

La desconfianza y el desprecio llegan a tal nivel que un préstamo legislado con etiqueta de “emergencia” –el de los $4,900 millones– ha sido detenido en la burocracia federal hasta que allá reciban las necesarias garantías de que el dinero no será malversado. Y si ni siquiera confían en los puertorriqueños para prestarles dinero, ¿acaso van a entrar con un mínimo de seriedad en conversaciones de status hacia una eventual incorporación como estado?

El gobernador Rosselló y su grupo de “comisionados igualitarios” sabían todo esto. No obstante, insistieron en el libreto del “plan Tennessee” sin cogerle miedo a hacer el ridículo. Allá ellos.

Los simbólicos

Hace apenas unos días el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó un proyecto de ley que le concede el derecho a actuar simbólicamente a los ciudadanos de la isla. Inhale. Exhale. Existe una ley que permite a los puertorriqueños votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. De embuste. Pero como si fuera de verdad. ¿Por qué? ¿Para qué? Antes de tratar de contestar esas preguntas tratemos de ver lo que no tiene el argumento.

La palabra símbolo viene del latín (simbólum, y ésta del griego que ni vamos a intentar escribir). El asunto es que se refiere a la forma de exteriorizar una idea o un pensamiento a partir de una semejanza real o imaginada con lo significado. Digamos que ahora tenemos el derecho de convocar unas elecciones presidenciales, y podremos hacer fila y escoger al presidente de modo que se asemeje o se parezca a lo que hacen los ciudadanos de los EEUU. Sin embargo, no tendrá ningún efecto sobre el resultado de las elecciones en la metrópoli aunque sí los tendrá en la isla. El resultado será un gasto millonario en un país en quiebra.

La ley firmada por Rosselló es menos compleja que los decorados simbólicos, como el árbol de Navidad, que al menos uno los adorna. Es menos rica que la poesía simbólica, que es una cosa llegada de Francia. Es como un cucurucho, un papel, un botón que uno guarda porque tiene un valor afectivo. Es menos material que ese factor de reconocimiento de labor que son los premios simbólicos a los nenes que no llegan ni primero, ni segundo, ni tercero en el field day. Es tan absurdo como un regalo que te dicen que te dan pero no te dan, un regalo simbólico que te das a ti mismo en un cumpleaños solitario.

La medida legislativa es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y pretende presionar al gobierno federal para que atienda el estatus político de la isla. Probablemente ese proyecto se le ocurrió al líder legislativo de las huestes estadoístas durante uno de sus ayunos de gran repercusión mediática. Como es sabido, ayunar puede causar mareos porque el corazón bombea más lentamente y el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno suficiente. Al sustentarse los ayunos con juguitos naturales éstos pueden tener un efecto laxante lo que desencadena mecanismos de compensación. En esos días, redactando ese proyecto, se puede conjeturar que la glucosa se dirigió principalmente al sistema nervioso central y este hombre alucinó, nada que unos baños calientes y paseos al aire libre no puedan aliviar.

Sin embargo, aunque uno puede entender las razones para presentar este tipo de longaniza legal cuando hay hambre y carne de delirio, lo realmente llamativo es que haya un gobernador que firme la ley. Nada raro si ya hemos visto que el hombrecillo se pasa sus días lejos de su isla devastada en pos de Orlando y Washington, ciudad esta última, a la que viaja acompañado de los Siete Enanitos ideológicos que pretenden ocupar sillas en el Congreso, así porque sí. Sin participar en elecciones, por cierto.

Así que esta administración crea elecciones simbólicas y, a su vez, nombra a siete amiguetes turistas heroicos e históricos que, según nuestras fuentes, fueron recibidos en el Congreso por el muchacho que maneja el valet parking.

A mí me habían dicho que las elecciones en los territorios coloniales siempre eran simbólicas. Uno puede nombrar a unos funcionarios que van a administrar asuntos locales pero nunca a legisladores capaces de llevar a cabo labores en beneficio de la comunidad en decisión soberana. De esa forma, de manera soberana, las comunidades tienen, teóricamente, la posibilidad de elegir a representantes que trabajarán por los intereses de la comunidad que representan, sin ningún poder superior y exterior. Cuando se vota en un territorio uno selecciona a aquellos representontos que harán lo que les permita el Congreso de EEUU o cualquier funcionario de segunda categoría que trabaje allá. En resumen. En las colonias las elecciones siempre son simbólicas. Pero esta administración es simbólica hasta la castración del sentido. Quieren votar simbólicamente por el presidente de EEUU, en un sistema en el que ni siquiera se respeta el precepto de “un hombre, un voto”. ¿Puede uno mandar todo esto, simbólicamente, a las pailas?

La privatización de la AEE es otro invento

¿Puede venderse una empresa en quiebra? Claro, es algo que se ve casi todos los días en las sesiones del Tribunal de Quiebras que opera desde el Viejo San Juan. Y aunque el procedimiento en el que se dilucida la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) nace de la ley llamada PROMESA, en su forma y contenido es similar al del código federal de quiebras. Nada impide, por tanto, que la AEE se venda completa o en pedazos.

Los deudores, ya fueren individuos o corporaciones, van al tribunal de quiebras buscando “protección” frente a sus acreedores. Incapaz de pagar a todos, el deudor de ordinario se enfrenta al acoso de sus acreedores que buscan cobrar sus acreencias mediante presiones judiciales y extrajudiciales. Al presentarse una “petición de quiebra” se produce, por mandato de la ley, la paralización automática de toda acción o gestión de cobro contra el deudor, las que a partir de la petición tendrán que hacerse dentro del proceso judicial. El peticionario respira aliviado porque ya no tendrá a los acreedores pisándole los talones

Esa “protección”, claro está, tiene implicaciones muy serias para el deudor que la invoca. Una vez acude al tribunal todos sus bienes están sujetos al albedrío de la corte que al final decidirá lo que sucederá con éstos. Existen criterios especificados en el código para establecer cuál de los acreedores cobra primero y en qué proporción, pero las decisiones serán del tribunal, no del deudor.

En un proceso de quiebra corporativa siempre hay dos posibles desenlaces: reorganización o liquidación. En la primera la entidad corporativa subsiste y sigue operando, aunque reestructurada de manera distinta. En esos casos, el tribunal finalmente decide a quién se le paga, cuánto y cómo se harán los pagos, para permitir que el negocio pueda seguir en funciones.

La liquidación por otro lado, como sugiere su nombre, supone la venta de todos los activos del deudor y la distribución de lo que se obtenga entre los acreedores de acuerdo con un orden preestablecido. En muchas liquidaciones sólo terminan cobrando los llamados acreedores “asegurados”, que son los tienen alguna garantía inscrita (i.e. hipoteca) respaldando su acreencia. El dueño del negocio, por su parte, no sólo se quedará con las manos vacías sino que perderá todo lo que una vez invirtió.

Desde el verano de 2017 la AEE está bajo la “protección” del procedimiento de quiebra establecido en la ley PROMESA. Estaba realmente en quiebra desde hacía tiempo y se enfrentaba a la amenaza de múltiples pleitos de cobro de dinero, pero el código federal –el único que existía y puede existir– le vedaba acceso a sus procedimientos. Como se recordará, la administración de Alejandro García Padilla trató de llenar ese vacío aprobando una ley de quiebra “criolla”, a la que podían acogerse las corporaciones públicas puertorriqueñas, pero el Tribunal Federal la declaró inconstitucional. Luego, con la aprobación de PROMESA se creó un procedimiento controlado por los federales y, tras autorizarlo la Junta de Control Fiscal, la AEE se acogió al mismo.

La pasada semana el gobernador Ricardo Rosselló, en un mensaje televisivo previamente muy promocionado, anunció que había “decidido” “ordenar” la privatización de la AEE. Junto a la privatización de la AEE, anunció que el “producto” de esa venta iría a engrosar las arcas de los planes de retiro de los empleados públicos, las que actualmente están vacías.

¿Podía el gobernador puertorriqueño hacer ese anuncio o, planteado de otra forma, tiene algún efecto real esa “orden” disponiendo la privatización? Como sucede con todo deudor que invoca la “protección” de un procedimiento de quiebra, lo que ocurrirá con los activos y pasivos de la AEE es decisión exclusiva del tribunal que entiende en el caso y de nadie más. Desde que se acude al tribunal el único curso disponible para el “dueño” del negocio quebrado es hacerle pedidos al tribunal mediante mociones escritas. Eso quiere decir que el gobernador no tiene autoridad para ordenar ni disponer nada. Sólo puede hacer lo que los abogados llaman una petición “rogada” ante la corte solicitándole que emita alguna orden.

La decisión de vender o no los activos de la AEE será del tribunal y esa posible acción siempre estuvo sobre el tapete desde que la corporación pública se acogió al procedimiento de quiebra. Y el primer objetivo de la venta de los activos de un quebrado será pagarle a sus acreedores. Cuando la ciudad de Detroit se acogió a la quiebra todos sus activos fueron evaluados para la venta incluyendo la muy valiosa colección de arte del instituto o museo público. La venta en subasta de la colección se impidió gracias a que miles de personas y entidades de todo Estados Unidos aportaron más de $800 millones para pagar a los acreedores de la ciudad.

Antes del anuncio de Rosselló era muy probable que los activos de la AEE se vendieran. Ahora la probabilidad es mayor porque el propio deudor, en lugar de exigir que la entidad fuera reorganizada y mantenida operando, ha solicitado su liquidación. Más que una buena estrategia legal dentro del proceso judicial, parece un acto suicida que sólo resultará en beneficio de los acreedores. En todo proceso de liquidación conducido en tribunal de quiebras el producto de la venta va en primer lugar a pagarle a los acreedores. No creo que haya existido nunca una liquidación de una empresa en quiebra donde los dueños de la entidad liquidada hayan recibido algún beneficio de la liquidación. Si ese fuera el caso entonces había más haberes que deudas y no era necesario de buscar la protección de la quiebra.

Todo indica que el anuncio de la privatización de la AEE fue otra de las muchas decisiones que la administración de Ricardo Rosselló ha tomado por impulso, como un acto de improvisación. Ante la indignación generalizada que existe en el país por el pobre desempeño de la Autoridad y del Gobierno en el proceso de recuperación post huracán, el anuncio buscaba un titular de impacto. El efecto que en realidad tendrá será hacer aún más difícil el procedimiento de quiebra judicial, mejorando la posición de los acreedores y lastimando el interés público.