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Como leer la factura de LUMA

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La lista es larga, es una factura por la cual cada día pagamos más y tenemos menos. Es la factura por el servicio de energía eléctrica a cargo de dos privatizadoras, LUMA Energy (LE)  y Genera PR. LUMA transmite y distribuye (T&D), Genera es la que produce la electricidad.

A partir del 1 de octubre entró en efecto un aumento de 3.41 centavos por kilovatio hora (kvh) a la tarifa básica. Se estima que el consumo promedio de una casa en Puerto Rico es de 500 a 1,000 kilovatio horas (kvh). Eso depende del uso de enseres eléctricos, tamaño de la vivienda y miembros del núcleo familiar. A partir de esta tarifa básica será el aumento en su factura, lo cual va a depender de cuánto usted consuma.

El expresidente de la UTIER (Unión de trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ricardo Santos, nos orienta sobre cómo entender la factura. De entrada, cuestiona para qué se van a usar esos tres centavos de aumento.  Dos están destinados a las  pensiones y uno y medio para ajuste provisional. Este ajuste provisional es supuestamente para los  gastos de producción  de LUMA. Denuncia  que el aumento es completo para LUMA debido a que, antes de la privatización, de la tarifa básica se pagaba la aportación patronal de las pensiones y ahora se está pidiendo un aumento para el pago de pensiones.

La factura parte de un cargo básico o un cargo fijo de $4.00, que opera indistintamente de si el cliente consume o no. Si se fija en el círculo de su factura (Desglose de cargo de electricidad), ese cargo es el de color salmón que dice Tarifa base – cargo fijo con el porciento que representó de su factura.  Ese cargo fijo es lo que se le cobra a todos los abonados  por la  facturación. Sencillamente, es por la factura  en papel que le envían y por mantener su cuenta en servicio activo.

El otro cargo es el de la Tarifa básica, que fue el  aumento  de 3.41 centavos por kvh que aprobó el Negociado de Energía. En ese cargo siempre habían estado incluidos  todos los gastos que tienen que ver con la producción, es decir,  la energía y conservación de la energía eléctrica, la nómina, los gastos administrativos.  Incluso de ahí se sacaba la reserva para el pago a los bonitas, expuso el expresidente de la UTIER.

Eso fue hasta que llegó la crisis bajo la administración del exgobernador  Luis Fortuño,  que refinanció la deuda de la AEE al extremo de duplicarla de $4,500 millones, aumentándola a $9 mil millones en sus cuatro años. Ese aumento fue lo que creó la crisis financiera, ya que después de esa emisión de bonos fue que la AEE cayó en crisis.

Esa tarifa básica es la misma para todo el mundo. El detalle es que esa tarifa básica después de las emisiones de Fortuño no se aumentó hasta el 2017. No es hasta los recientes aumentos llamados “temporeros” que se aumentó  la tarifa básica.

La compra por combustibles es el otro cargo de la factura. La parte azul oscura de la factura que  representa el cargo mayor que tiene la AEE es el porciento que usted pagó según su consumo por kvh. Siempre este ha sido el gasto mayor debido a que se estableció a partir de la crisis del petróleo en los años 70 del siglo XX, observó Santos. La particularidad de este cargo es que es uno variable, contrario a la tarifa básica, que es fija. Varía en términos de si aumenta o no el precio del combustible. El excelador de línea recordó que este cargo ocasionó mucha controversia al cuestionarse qué cosas se le pueden adjudicar al costo del combustible.

De hecho, la  AEE empezó a adjudicarle muchos gastos que pudieran estar entre comillas relacionados o no con la compra de combustible. “El hecho es que ese cargo tenía una fórmula para sacarlo que nadie la entendía, no porque no supiesen la matemática; el secreto era que variaban los números de acuerdo al precio del petróleo o a los cambios o gastos relacionados con la compra del petróleo”, expuso.

Al respecto, denunció que antes de la entrada de News Fortress Energy (NFE), en Puerto Rico había un “cartel del petróleo”, y ahora  tenemos el cartel del gas con NFE. Es más descarado, tienen control de los muelles y las plantas de generación”. Genera es una subsidiaria de NFE.

Santos arguye que al cargo por compra de energía se le puede llamar ‘Cargo por la privatización directa’, dado al hecho de que, con la  privatización, es la compañía privada la que le vende energía eléctrica. Se hizo un cargo aparte, separado de la factura, para que la gente lo pague de manera directa.

Todos estos cargos los cobra LUMA, se los pasa a la AEE y esta última es quien los reparte. En un principio, LUMA tenía mano libre con el dinero, pero ahora es la AEE  quien lo controla, de ahí las quejas de la privatizadora.

En resumen, al final de la factura hay un desglose de cómo se distribuye lo que la persona pagó en su factura; todo se computa por sus gastos de kvh. La factura incluye los gastos del cargo por servicio, el ajuste por cargo de combustible y por compra de energía,  la cláusula del CELII (esto es, los impuestos municipales que paga la AEE a los municipios, los subsidios que se le pagan a personas con condiciones especiales que dependen del servicio eléctrico, los subsidios a los hoteles, hospitales, al Departamento de Educación, el cargo por eficiencia energética, que es la compra de energía a las personas que tienen placas solares. Todos estos renglones los pagamos los abonados en la factura.

A la anterior lista se le añade el ahora “Ajuste de costo por pensión” de $2.49. Santos, describió este cargo como “el cargo de la privatización y de la mala leche”. Indicó que antes, la aportación patronal al sistema de pensiones se sacaba de la tarifa básica sin desglosarlo. “Ahora lo desglosan para una de dos: para que el pueblo se solidarice con los jubilados o para que el pueblo se incomode con los jubilados atribuyéndoles el aumento en la luz”.

En esa línea ,cuestionó por qué no se desglosan los pagos a LUMA y Genera o los sueldos de los ejecutivos de ambas privatizadoras. “El dinero sale del mismo bolsillo, pero como la intención es  hacer creer al pueblo que el aumento es por causa de los jubilados, yo  rechazo ese cargo. Porque lo único nuevo que hay en la factura es el cargo a los privatizadores LUMA y Genera, en términos de gasto nuevo”.

Y por último, el cargo por “Ajuste provisional”, que es un cargo que va directo para LUMA y Genera. Santos advirtió de que todavía falta anunciar el cargo para pagar la deuda a los bonistas. Según ya han anticipado los expertos, un cargo para el pago de la deuda se podría extender por 30 a 40 años.

 

 

 

 

Hacia una cooperativa de vivienda estudiantil

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Tres años de arduo trabajo, de incertidumbre, de inseguridad sobre cuándo se tendrían que ir, no saber dónde pagar la renta y enfrentar aumentos exorbitantes. Los jóvenes estudiantes que lograron mantenerse en el icónico edificio La Torre confían en que muy pronto serán propiamente dueños del edificio de su Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía.

La compra en el 2022 del histórico edificio conocido como La Torre, en Río Piedras, por el inversionista Thomas Axon, beneficiario de la Ley 60, marcó para la comunidad llamada Ciudad Universitaria el proceso del desplazamiento. Pilar Torres Lugo, residente de la ahora cooperativa Torre de Sofía, describe lo que significó la compra para los jóvenes estudiantes que se hospedaban en La Torre.

“Lo más difícil fue la incertidumbre para muchachos jóvenes que conocían ese sentimiento por primera vez. El comprador envió una carta por  correo electrónico diciendo que se comunicaría con ellos. En lo que se comunicó pasaron cinco meses. Los jóvenes no sabían dónde tenían que pagar la renta, quién había comprado, si los iban a sacar. Esa incertidumbre, desesperación, fue algo que los marcó y todavía lo tienen marcado en su cabeza”, narró la madre de una joven estudiante que se mudó al edificio junto a otro joven, todos de Abonito, para que pudieran estudiar en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico(UPR).

Axon, cuya firma lleva el nombre de Fortaleza Home, al comprar subió la renta de $400 a $850 y hasta $1,100, por lo que la mayoría de los estudiantes se tuvo que ir. Los que hoy permanecen son estudiantes de maestría que trabajan. “Están sobreviviendo aferrados al proyecto de cooperativa”, nos explicó.

Con el alza en la renta, el inversionista fue haciendo algunos arreglos, pero nada lujosos. Lo más lujoso fue un ascensor nuevo, después de 15 años del edificio de 12 pisos no tener ascensor.

Gabriel González Maley, otro de los inquilinos, recordó que, antes de la venta, la mayoría de ellos eran estudiantes y jóvenes recién graduados. Comparó que el hijo del anterior dueño, que era quien administraba el edificio, tenía la visión de que fuese un edificio con comunidad y llegó a aceptar rentas bajas. La notificación de la venta les llegó por correo electrónico, sin ninguna otra información. En su caso, el apartamento estaba a nombre de su compañero de cuarto, que se había ido para Estados Unidos, por lo que necesitaba la información de dónde pagar y a quién, para cambiar los nombres de las cuentas de los servicios de agua y luz. “Hasta hace poco, había mucha gente desilusionada, diciendo yo me voy del edificio, yo no confío en esa gente, en esos gringos comprando el edificio”. Admitió que todavía es el sentir de algunos.

Cuando por fin los nuevos dueños se pusieron en contacto, les enviaron un correo pidiendo disculpas, que estaban en transición, y les invitaron a “tomar un trago” en la cantina mexicana del primer piso del edificio. “Llegamos algunos de nosotros a escuchar, preguntar. Eso fue meses después de la comunicación. En esa reunión me impresionó que dijeran: ‘Nosotros somos un grupo de inversionistas de real estate (bienes raíces), manejamos unos edificios aquí en Puerto Rico, mayormente en el Condado, pero queríamos expandir nuestro portafolio. Nos interesaba mucho el edifico y estar cerca de la universidad’, que para ellos tenía buena pinta. Con eso nos quiso decir que la renta iba a subir”.

González Maley también comentó que la remodelación de más de envergadura que ha hecho el nuevo dueño fue sellar el techo, algunos arreglos a apartamentos y el ascensor, pero nada lujoso. Incluso antes había una empleada que hacía tareas de limpieza y algo de administración y la botaron porque querían bajarle el sueldo y ella no aceptó.

Fue luego de varias reuniones semanales y una fiesta de Navidad, contó el estudiante, que surgió la iniciativa de crear una cooperativa de vivienda. “No todos querían ser socios porque están de pasada”, comentó el estudiante de maestría del Instituto de Cooperativismo de la UPR. Para el proceso de organizar la cooperativa el grupo tuvo y tiene el asesoramiento de la licenciada de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, María Hernández.

En entrevista junto a González Maley, la licenciada Hernández compartió que mas allá de asegurar una vivienda para unas personas que ya estaban más que en el límite de lo que podían pagar, su asesoramiento en cuanto al modelo cooperativo era hacerlos conscientes de que en el caso de una cooperativa hay una responsabilidad colectiva.En el esquema cooperativo, la participación activa de cada uno era mucho más importante porque no es que van a construir un edificio, sino que están trabajando con un edificio donde ya se vive y donde hay un inversionista que compró no con la idea de hacer la caridad y sí con la idea de sacar dinero.

“Era doblemente importante que el grupo de trabajo estuviese consciente de que esa organización que se iba a formar tenía que contar con el equipo de trabajo. Lo importante es estar claro de que de aquí en adelante iban a asumir una responsabilidad grande. En la medida en que hagamos bien ese trabajo, yo me tengo que mover de la cooperativa porque sé que hay otra gente interesada que va a venir. Las organizaciones uno las crea normal a perpetuidad. Nuestro trabajo tiene que ser lo suficientemente bueno para que alguien quiera venir y mejorarlo”, explicó Hernández.

El joven estudiante expresó que una de las conversaciones más importantes que tuvieron fue la diferencia entre una cooperativa de titulares y una mancomunada. “Tan pronto aprendimos, la mancomunada nos sirvió de una manera muy lógica; de que si nosotros estamos compartiendo el riesgo y la responsabilidad, queremos ser una cooperativa de vivienda para estudiantes. Estamos hablando de vivienda transitoria, no estamos hablando de que estoy buscando un hogar, un apartamento para mi vida, sino de que soy joven, estoy empezando mi bachillerato, necesito un espacio seguro con comunidad, bien ubicado, hasta que esté listo para transicional a otra cosa”.

En términos legales, la cooperativa ya está creada, ahora están en la etapa de buscar el financiamiento para adquirir el edificio. Torres Lugo y González Maley indicaron que ya han tenido conversaciones con el dueño, quien les ha pedido $2.5 millones. Según se sabe, el inversionista compró en $1.7 millones. González Maley señaló que aun cuando el edificio se puede utilizar como colateral, ha sido complicado adquirir el dinero.  Reveló que tuvieron una conversación con el Departamento de la Vivienda y les dijeron que “eso sonaba súperlindo, pero que ellos nunca han trabajado un caso así”.

Sobre la contestación del DV, la licenciada Hernández reaccionó diciendo que el problema del gobierno es que no hay la visión, de que nunca se ha hecho, cuando aquí tiene la oportunidad de hacerlo. “Es la primera vez, tiene el modelo, un grupo que está dispuesto a asumir. Esa es la política pública: vivienda asequible para las personas. Hay una brecha enorme entre la realidad de nuestro pueblo y lo que se está haciendo para proveer viviendas”.

En estos momentos, dijo, trabajan con FIDECOOP para lograr el financiamiento y esperan por el resultado de una segunda tasación para tener una comparativa y empezar una negociación formal con los dueños. Aun cuando estos les dijeron que sí les gustaría vender, el joven estudiante dijo estar conscientes de que estas son personas de negocios, por lo que deben estar preparados por si les llega otra oferta.

González Maley comentó que en el proceso de organizar la cooperativa han conocido más del contexto del desplazamiento, por lo que parte del propósito de la cooperativa es que los estudiantes, mientras vivan en la cooperativa, tengan esa experiencia de cómo es vivir bajo otro modelo de vivienda. En esa sintonía, también se creó un fideicomiso para perpetuar la Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía, una vez se salde la hipoteca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trato desigual en la Universidad de Puerto Rico

Especial para Claridad

En algo el discurso sobre la Universidad de Puerto Rico difiere de la del gobierno: mientras la tasa de participación laboral aumenta, mientras la tasa de desempleo se encuentra en un su punto más bajo históricamente, mientras el gobierno celebra estos indicadores y cierto crecimiento económico, a la UPR se le quiere reducir el apoyo y el presupuesto. La retórica de la prosperidad para el país acompaña a la retórica de la pobreza para la universidad.

¿No hay dinero para la UPR? Ese es el discurso de la Junta de Control Fiscal, del gobierno y de la gerencia universitaria, pero el panorama se nos presenta distinto. Desde el 2018 los ingresos al Fondo General de Puerto Rico han aumentado en un 40%: de $9,334 millones en el año fiscal 2017-2018 al actual (aprobado) de $13,095 millones. Y es en ese periodo en el que con mayor fuerza se le ha recortado el presupuesto a la UPR, reduciendo los fondos que se le transfieren de $668 millones en el 2018 a $531 millones en el presente, una reducción de 20% a un presupuesto ya de por sí disminuido. Esto no quiere decir que Puerto Rico ha superado la crisis estructural en la que está inmerso desde – por lo menos – el 2006, pero sí que el gobierno hará todo lo posible para evitar que la UPR reciba los fondos que necesita, aún cuando la economía crezca.

La otorgación del presupuesto a la UPR se ha hecho, desde el 2014, incumpliendo con lo que la Ley 2-1966 establece: el 9.6% del promedio del Fondo General de los dos años previos. Eso equivaldría para el año actual aproximadamente $1,268 millones de dólares, lejos de los $531 millones otorgados. La UPR recibe, en lugar del 9.6%, solo el 4% del Fondo General. Si se sumara lo que la institución ha dejado de devengar por esta violación a la ley, ya se sobrepasan los $3,000 millones en fondos perdidos. Cuando se critique el malestado de la infraestructura universitaria, hay que recordar esta cifra.

¿Hay espacio para ahorros? Seguramente, pero quizás no donde la gerencia apuesta. Es de notar que el salario de quien ocupa la Presidencia ha aumentado en estos años de “austeridad” universitaria. Desde el 1997, se había establecido como tope un salario de $104 mil anuales. Pero esto cambió, de manera reveladora, con la llegada de la JCF: en el 2017, se le concedió un salario de $124 mil anuales a Darrel Hillman; en el 2018, se le otorgó un salario a Jorge Haddock todavía más escandaloso, de $240 mil anuales, y a Luis Ferrao, $174 mil anuales desde el 2022, lo mismo que recibirá Zayira Jordán Conde.

Los puestos de confianza de la Junta de Gobierno y de la Presidencia también le cuestan millones a la UPR, y son posiciones que no atienden a un solo estudiante. Según la información pública más reciente, el Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno gana $10,000 mensuales; el chofer del Presidente, $5,416 mensuales, y dos de sus Ayudantes Especiales, más de $9,500 mensuales cada uno. Todos son puestos de confianza, todos ganan más que un docente sin plaza con doctorado a tiempo completo. La retórica de la austeridad en la UPR va acompañada por el despilfarro indecente para la gerencia.

Incluso la JCF, que tanto dice promover ahorros, ha apostado por este aumento en la gerencia y burocracia universitaria, ordenando originalmente que $20 millones anuales se destinaran a la creación de una oficina (antes, Oficina de Transformación Institucional, OTI, ahora llamada Oficina de Desarrollo, Innovación, y Transformación, ODIT) desde donde se otorgarán contratos para enriquecer a bolsillos privados con fondos públicos. Claro, la “justificación” de la oficina es otra – hacer más eficiente la distribución de recursos de la UPR – pero en el neoliberalismo la justificación va por un lado y el verdadero propósito por otro.

De la OTI, precisamente, salieron contratos a las compañías BluHaus y Cederella, asociadas con BDO, cuyos socios fueron arrestados a nivel federal por fraude en el Departamento de Educación, el mismo caso de Julia Keleher. Esas son las compañías que la gerencia y la JCF han permitido entrar a la UPR mientras hablan de economizar y aumentar ingresos. Y todavía no se ha investigado lo suficiente la relación entre los miembros de la Junta de Gobierno y la otorgación de contratos de la UPR – los conflictos de intereses abundan, aunque aparezcan bajo el manto de la legalidad. El despilfarro indecente de la gerencia se relaciona con el robo.

Los reclamos de la comunidad universitaria se resumen en dos propuestas básicas: restitución de la fórmula presupuestaria y democratización de la toma de decisiones. Si realmente se quiere admitir un número mayor de estudiantes, como apuesta el gobierno con la admisión automática, se requiere el presupuesto para hacerlo. Y necesitamos que la distribución de los fondos de la UPR se haga en función, no de intereses privados e individuales, sino del proyecto universitario que requiere Puerto Rico.

Viva Palestina: El piquete # 100 de Madres Contra la Guerra

 

CLARIDAD

ccoto@claridadpuertorico.com

“¡Viva, viva Palestina! ¡No es guerra, es genocidio!” retumbaron las consignas en el piquete consecutivo número 100 realizado por la organización Madres Contra la Guerra (MCG) en solidaridad con el pueblo palestino ante al genocidio que comete el Estado sionista de Israel en su contra. Como en todas las ocasiones anteriores, la manifestación se llevó a cabo frente al consulado de Israel, en la zona bancaria de Hato Rey.

“¡Fuera el cónsul David Efron, no lo queremos..!”

“Miles de puertorriqueñas y puertorriqueños nos unimos a las millones de personas en el mundo que exigimos un alto al fuego inmediato y el fin del genocidio en la Franja de Gaza”, declaró Sonia Santiago Hernández, portavoz de MCG.

De cara al aniversario de la segunda Nakba desde octubre de 2023, la portavoz de MCG describió como desgarradoras las cifras presentadas por el Ministerio de Salud de Gaza de ese día (30 de septiembre)  De 67,500 muertes, se estima que 19,424 son niñas y niños, 10,000 son mujeres y más de 15,000 envejecientes. Hay 165,697 personas heridas, 14,400 desaparecidas y 1.2 millones desplazadas. Además, 310 trabajadores de la ONU y 251 periodistas han sido asesinados. Treinta y cuatro hospitales están cerrados, las cirugías se realizan sin anestesia, hay falta de insulina y no hay combustible para desalinizar el agua.

La ONU estima que se requieren 800 camiones de ayuda humanitaria cada día, pero por el bloqueo israelí solo entra un 4 % de esa ayuda, por lo que el secretario general de la ONU, António Guterres, y el comisionado Philippe Lazzarini han denunciado que el bloqueo es una violación de las leyes internacionales.

Madres Contra la Guerra no pasó por alto denunciar que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu cuenta con el respaldo del complejo militar-industrial de Estados Unidos, que aporta $3,800 millones anuales en armas y acaba de comprometer $6 mil millones adicionales.

“El interés real de ellos es el petróleo y el gas natural de la franja de Gaza. La propuesta de paz presentada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu ayer es un burdo intento de continuar el apartheid en Palestina bajo el control y hegemonía neocolonial de Estados Unidos e Israel. La presencia militar de Estados Unidos en la región —bases en Qatar, Bahréin, Kuwait e Irak, así como buques de guerra con miles de marinos y armamento— alimenta este ciclo de violencia”, manifestó Santiago Hernández.

“¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá!” Las consignas avivan el ambiente de la manifestación, que en esta ocasión contó con una asistencia de alrededor de 300 activistas y el despliegue de una pancarta exhortando a las personas que pasaban por la avenida a tocar las bocinas de sus autos en señal de solidaridad.

Entre los asistentes estuvo el grupo Educadores por Palestina. Margarita Marichal compartió con CLARIDAD que el grupo recién organizado en Puerto Rico está afiliado al Teach for Palestina, un grupo de estudios que busca educar con el conocimiento, no instruir. La mayoría de sus integrantes son profesores universitarios. Hasta el presente, comentó, estos han recibido ataques en las redes por supuestamente defender “terroristas”, a lo que contestan: “¿Un infante es terrorista de qué?” Marichal exhortó a los educadores de Puerto Rico a que se solidaricen con la lucha de la paz por Palestina y con todas las otras luchas.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Maestros, Miguel Rivera, se expresó en sentido similar y exhortó a los maestros a que en sus salones de clase se hable del tema de Palestina y del coloniaje. “La lucha de Palestina es nuestra lucha porque ambas naciones son intervenidas por el imperialismo. Hago un llamado a los educadores a que conviertan sus salones de clase en trincheras de lucha”.

Al piquete número 100 se unió el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El representante Denny Márquez Lebrón y los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa estuvieron entre los presentes.

“Gracias a Madres Contra la Guerra por dirigir esta convocatoria esencial. Sobre todo en días como hoy habrán visto las noticias de lo que se está fraguando entre Estados Unidos e Israel, que más que un acuerdo de paz es el convenio entre el verdugo y el que fabrica la horca”, expresó la senadora Santiago Negrón.

La líder independentistas, que ha denunciado en ocasiones anteriores el genocidio del pueblo palestino, apuntó que el plan de paz de EE. UU. tiene condiciones muy duras, las cuales se pretenden imponer al pueblo palestino sin su plena participación, pero que pudieran representar la salida que permita que miles de palestinos continúen con vida.

“Es una situación angustiosa, profundamente injusta, y que sigue revelando la intención de la maldad del imperialismo, no importa en qué latitud del mundo se dé. Cuando las conciencias no pueden conmoverse ante la imagen de miles de niños desmembrados o consumidos por el hambre, ¿que más nos queda?”. A continuación destacó: “Por eso es importante esta comunión de compañeros y compañeras de personas que todavía tenemos fe en la justicia, que todavía tenemos energía en luchar por la libertad de todos los pueblos. Son tiempos complicados. El fascismo renace con una gran energía y nos toca a todos los que creemos en la libre determinación, no importa cuánto hemos luchado, continuar adelante. Que esta ocasión sea una oportunidad de renovar nuestros votos con la libertad, la justicia, con la solidaridad, con el amor al pueblo palestino y a todos los pueblos oprimidos. ¡Que viva Palestina libre!”.

El joven palestino criado en Puerto Rico, quien ha asistido a todos los piquetes y que, como es costumbre, se identifica solo como Mustafa, se dirigió por último a los asistentes. Con voz evidentemente conmovida, Mustafa expresó que han sido cien piquetes en los que “nos han roto el corazón, y estos ministros, no van a cambiar.

“Nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie. Aquellos que después de estos 100 piquetes no hayan visto lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y no sientan su corazón y no se mueva su alma, no va a haber nada que los haga sentir. No tienen amor dentro de sus corazones, por eso les digo que no gasten sus energías en hacerlos cambiar a ellos. Nosotros venimos aquí para que los Netanyahu, los Trumps no nos cambien a nosotros. Para que recordemos que lo que nos une a nosotros con el pueblo palestino no es ni color, no es un lenguaje, ni apenas es una cultura. Lo que nos une a los palestinos de aquí a Puerto Rico, lo que nos une en todo el planeta, es la humanidad y el amor que llevamos en cada uno dentro de nosotros. No permitan que este mundo vil nos arrebaten nuestros corazones”.

 

 

Puerto Rico ante la incertidumbre: oportunidades en salud, creatividad y turismo sostenible

 

 

Especial para CLARIDAD

Puerto Rico ha seguido históricamente un modelo económico dependiente, caracterizado por la subordinación de su economía a decisiones externas (colonial), de los Estados Unidos. Este modelo ofrecía ventajas iniciales, como el acceso a capital y mercados, pero presentaba límites estructurales que restringen el desarrollo autónomo y sostenible de la isla, llevándola a una economía de dependencia.

Actualmente, Puerto Rico enfrenta un escenario económico cargado de incertidumbre. Factores como la deuda pública, la dependencia fiscal de Estados Unidos, los desastres naturales y antrópicos, la situación demográfica y migratoria, el cambio climático, los problemas energéticos (apagones y altos costos), y la falta de diversificación económica se han convertido en ejes críticos de inestabilidad. La migración de jóvenes profesionales agrava la situación, generando desafíos en términos de inversión y retención de talento. A esto se suma una población envejecida que requiere servicios especializados y atención ante emergencias. Todo esto ocurre en un contexto de altos costos energéticos y el debilitamiento del Estado como actor principal, reemplazado por la Junta de Control Fiscal, que define la política económica y de gasto. Además, la corrupción y la cacería de rentas se han convertido en un negocio institucionalizado. Sin embargo, estos desafíos también abren ventanas de oportunidad en sectores emergentes que podrían transformar la isla en un polo de innovación y sostenibilidad, contribuyendo a diversificar la economía.

Para enfrentar esta incertidumbre, es fundamental implementar estrategias integradas, escalables y adaptables, que combinen la diversificación productiva con el fortalecimiento comunitario. Es indispensable superar el modelo económico impuesto, diseñado en función de intereses externos (primero militares, luego corporativos), sin haber establecido nunca un modelo de producción nacional ni de autosuficiencia. Aunque la política de reshoring (el regreso de empresas estadounidenses a Puerto Rico, especialmente bajo contratos militares) puede parecer una oportunidad, en realidad representa más de lo mismo: un modelo carente de visión soberana, que corre el riesgo de profundizar la dependencia económica en lugar de fomentar un modelo productivo autónomo.

Puerto Rico debe decidir entre continuar con el fracaso de las políticas que buscan “crear las condiciones para los mercados” (supply-side policies), caracterizadas por una permisología deficiente, altos impuestos a los trabajadores, falta de servicios básicos y costos elevados en alimentos, transporte (gasolina y peajes) y vivienda; o construir un nuevo camino que garantice el “derecho a quedarnos” a los puertorriqueños y puertorriqueñas.

Ningún país se ha desarrollado exclusivamente creando condiciones para los mercados. El desarrollo requiere una permisología efectiva, impuestos razonables, infraestructura de calidad y una planificación económica estatal. Los llamados “cuatro tigres asiáticos” demostraron que la planificación económica indicativa desde el Estado, proactiva y enfocada en la innovación, es clave. Esto implica guiar el capital nativo hacia sectores estratégicos emergentes —como las industrias creativas, los servicios digitales, el turismo regenerativo y cultural, y la industria médica— mediante una Política Industrial clara para el Plan de Desarrollo. Hasta ahora, se sigue apostando a lo mismo de siempre, sin presentar un proyecto verdaderamente innovador que represente una nueva visión de país. Esta nueva economía debe tener principios transversales que guíen todas las estrategias. La participación comunitaria (incluyendo todos los niveles de gobierno, academia y sociedad civil) debe ser parte integral del proceso de planificación y ejecución. Los planes deben ser ajustables frente a cambios climáticos, políticos o financieros, con métricas claras de impacto e indicadores de producción, empleo y sostenibilidad ambiental. La inversión pública y privada debe generar beneficios sociales, ambientales y económicos duraderos.

Puerto Rico necesita un plan de desarrollo económico con metas concretas, métricas claras y estrategias para enfrentar los problemas estructurales de su economía. Es necesaria una política industrial para superar la dependencia del modelo de atracción de empresas extranjeras, orientándose en cambio hacia la innovación, el fortalecimiento del capital nativo en sectores estratégicos y la construcción de una economía más resiliente.

La isla cuenta con ventajas importantes en sectores emergentes que combinan innovación, creatividad y sostenibilidad. Tenemos universidades e investigadores comprometidos, preparados para aportar soluciones. Existen oportunidades en industrias como:

Industrias creativas

El cine, la música, las artes visuales, el diseño, los videojuegos y la producción audiovisual se perfilan como motores clave de empleo y exportación de servicios, con menor dependencia de infraestructura física o energía tradicional. Esta llamada economía naranja también incluye artes escénicas (teatro, danza, música, cine, televisión, fotografía), patrimonio cultural (fiestas patronales, festivales como Loíza, Hatillo, carnavales, gastronomía, turismo cultural), patrimonio material (museos e infraestructura histórica), diseño de modas, música popular (bomba, plena y otros géneros), literatura (poesía, ensayo, cuentos, novelas, cómics), medios digitales y publicidad.

Las plataformas digitales y la tecnología permiten a los emprendedores conectar con mercados globales desde Puerto Rico. La isla tiene el potencial para convertirse en un hub creativo-cultural y digital en el Caribe. Pero para ello, se requiere una articulación entre esfuerzos comunitarios, académicos y de política pública, de modo que el valor generado permanezca en la isla y no se fugue hacia capital externo.

Servicios digitales

Áreas como programación, tecnología de información, desarrollo de software y aplicaciones móviles, servicios en la nube, ciberseguridad, consultoría digital, fintech, educación en línea, análisis de datos, comercio en línea y machine learning o aprendizaje automático aplicado a salud, comercio y gobierno, son esenciales. Estas industrias permiten la inserción de Puerto Rico en la economía global sin necesidad de relocalización. Se debe aprovechar el talento local y la diáspora, y fomentar la creación de plataformas tecnológicas propias y de uso de energía alternativa.

Turismo regenerativo y cultural

Este enfoque turístico combina ecoturismo, turismo comunitario y experiencias culturales inmersivas, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la conservación del patrimonio. A diferencia del turismo tradicional basado en cruceros o mega-hoteles, este modelo impulsa experiencias auténticas ligadas a comunidades locales, gastronomía, patrimonio y medio ambiente.

La participación de las universidades es clave, especialmente en investigación sobre regeneración de ecosistemas ante daños naturales y antrópicos. Además, se puede desarrollar una economía azul que reconozca el potencial de los mares. Este turismo no solo genera ingresos, sino que también educa al visitante, empodera a las comunidades y ayuda a restaurar ecosistemas.

Industria médica emergente

Puerto Rico puede convertirse en un hub regional para la biotecnología, salud digital, ensayos clínicos y dispositivos médicos inteligentes. Ya se producen dispositivos médicos en la isla, lo cual representa una base sólida. Se debe invertir en investigación y desarrollo para diversificar la producción médica y aprovechar el talento local, especialmente en salud mental. La proximidad con Estados Unidos, los laboratorios existentes y el talento bilingüe son activos clave para desarrollar este sector.

Para concluir, transformar la incertidumbre en oportunidades. Se requiere activar a los actores clave —gobierno, universidades, hospitales, cooperativas, ONG, sector privado e inversionistas, incluyendo la diáspora— para coordinar esfuerzos hacia un desarrollo económico sostenible. Puerto Rico debe convertir la incertidumbre en una oportunidad para generar empleo de alto valor agregado, fortalecer su resiliencia y proteger su entorno.

La educación y la investigación deben estar en el centro de esta transformación, ya que forman a los ciudadanos en áreas clave como programación, servicios creativos, investigación médica, regeneración de ecosistemas y más. No se puede desvincular el rescate de nuestras instituciones públicas de la estrategia de desarrollo.

Puerto Rico necesita un plan económico con metas claras, métricas verificables y énfasis en la reducción de desigualdades sociales. El combate a la pobreza debe ser un eje central, junto con el fortalecimiento institucional del Estado. Solo un gobierno con capacidad de implementación podrá lograr una transformación real.

Por último, la Asociación de Economista en su Asamblea el 17 de octubre estará tratando el tema de la incertidumbre con más aportaciones sobre las oportunidades que existen. Puede llegar a la Asamblea en la Universidad Sagrado Corazón y participar.