CLARIDAD

 Tras conocer la intención de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de destituirlo del cargo, el rector interino de la unidad de Arecibo, Ricardo Infante Castillo, renunció al cargo el pasado 28 de agosto. La fecha coincidió también con la renuncia del jefe del recinto de Humacao, Carlos Galiano Quiñones.

En distintos comunicados, ambos rectores salientes aludieron al “panorama” actual que atraviesa el sistema universitario y al desempeño de su nueva presidenta, la Dra. Zayira Jordán Conde. Limitándose a una oración breve, el Dr. Galiano Quiñones catalogó la situación como “dantesca”.

“En ningún momento la presidenta se comunicó en forma escrita, verbal y expresó la razón por la cual realizó esta acción…Reconozco que sería insostenible seguir en el cargo bajo el patrón de hostilidad y falta de respeto que la presidenta ha demostrado desde el primer día de su incumbencia, y que refleja un total desconocimiento de las leyes, reglamentos y funcionamiento de la UPR”, expresó, por escrito, el Dr. Infante Castillo sobre el asunto.

Del mismo modo, el rector expuso varios logros alcanzados durante su administración del recinto en Arecibo, como un alto índice de retención académica, reclutamiento estudiantil y, particularmente, la acreditación ante la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). Castillo Infante ocupó el cargo por nueve meses y medio, de acuerdo con un comunicado del rector que filtró el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, Carlos de León.

“Es muy difícil lo que va a tener la universidad porque el estilo de la presidenta es demasiado complicado. Es una persona bastante hostil, su forma es bastante fuerte. Desafortunadamente, esto es un patrón porque ya viene (la destitución) de Utuado, viene Cayey. Hoy también renunció el rector de Humacao y me voy yo también. Tienen una agenda con (la unidad de) Ponce. Hay un patrón de desestabilización”, aseguró el doctor en Química Aplicada.

Estas dos renuncias se suman a las del Dr. Luis Tapia Maldonado, exrector de Utuado, y la Dra. Carmen Quiroga, de Cayey.

En un vídeo filtrado por De León, Infante Castillo arguyó que, en lugar de enviarle una solicitud de renuncia como suele hacerse en otras ocasiones, la Dra. Jordán Conde prefirió remitir el nombre del doctor a un comité que evaluaría su destitución. En ese cuerpo, de acuerdo con el ahora exrector, la decisión quedó “trancada”.

Hasta el momento, De León indicó que se nombrará a la exdecana de Asuntos Académicos en Arecibo, Weyna Quienes, como nueva rectora interina. El pasado 8 de septiembre de 2024, el expresidente Luis A. Ferrao había despedido a Quienes junto a su entonces decana auxiliar, Elizabeth Cortés, por supuestas querellas de hostigamiento laboral en su contra.

“A nosotros (el estudiantado) nos preocupa la universidad muchísimo por las cosas que han dicho los rectores, las denuncias que han hecho públicamente… Nosotros entendemos que aquí lo que hay es un abuso de poder que está ocurriendo, no solo desde la Administración Central, sino desde la recién designada presidenta”, denunció, por su parte, la secretaria ejecutiva del Consejo General de Estudiantes (CGE) de Río Piedras, Dyamar Cruz.

Asimismo, Cruz manifestó la incertidumbre del estudiantado sobre las renuncias, su continuidad y el vacío que dejarán figuras como Infante Castillo, quien contó con el apoyo del CGE en Arecibo hasta el anuncio de su salida. Respecto a los rumores de que la rectora del recinto de Río Piedras, la Dra. Angélica Varela Llavona, renunciará, la secretaria ejecutiva afirmó desconocer los detalles.

“Ciertamente, es algo que nos preocupa porque los rectores se sienten en la necesidad de renunciar porque entienden que las cosas están inciertas en el sistema, es preocupante. Mucho más cuando son rectores comprometidos, que han trabajado y que tienen el apoyo de sus estudiantes”, agregó.

En cuanto a las relaciones con Jordán Conde, Cruz contó que la presidenta nunca informó a la comunidad estudiantil sobre estas determinaciones ni otras parecidas, en un patrón que no le parece saludable para el desarrollo del primer centro docente del país. “No nos parece que esta persona nos cuenta todo lo que está ocurriendo o todo lo que está pasando allá arriba”.

Esta falta de comunicación también fue característica durante el retraso en el inicio de clases, donde cientos de estudiantes prorrogaron y pagaron sus facturas de la universidad por falta del famoso Memo de beca y préstamo, que concede un tiempo de gracia mientras se tramitan las ayudantías. De acuerdo con Cruz, este proceso se vio impactado directamente por el One Big Beautiful Bill Act, firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump.

“Comprendo que esto es algo que nunca ha pasado antes, pero precisamente por estas políticas federales es que tenemos que adelantarnos, que prevenir. Porque si esto pasó ahora, pueden pasar muchas más”, opinó la integrante del cuerpo regente.

Especial para Claridad

A pesar de que Puerto Rico se encuentra en una de las zonas más afectadas del planeta por el cambio climático, nuestra subordinación política nos coloca en una nueva encrucijada de vulnerabilidad. El gobierno de Estados Unidos, que se impone sobre nuestra isla-nación, reincide en un negacionismo retrógrado al retirarse, por segunda ocasión, del consenso global alcanzado con el Acuerdo de París (2015). Y aunque los procesos internacionales a veces luzcan estériles y resulten frustrantes por su lentitud y burocracia, la crisis global exige soluciones locales con un enfoque transgeneracional e internacional.

Ante el vacío dejado por uno de los países que más contribuye a la huella de carbono planetaria, los gobiernos de México y Brasil asumieron un rol distinto al convocar a los 33 ministros de ambiente y recursos naturales de América Latina y el Caribe. De ellos, 22 países participaron en la Reunión Ministerial para la Implementación de la Acción Climática Regional, celebrada el pasado 25 y 26 de agosto en Ciudad de México, donde se alcanzaron acuerdos impensables de cara a la COP30 que tendrá lugar en noviembre en Belém, Brasil. Aunque esos acuerdos no están exentos de contradicciones y limitaciones para enfrentar la economía de los combustibles fósiles, representan un paso que reafirma la necesidad de que los esfuerzos contra el calentamiento global, para ser justos, duraderos y efectivos, cuenten con “la participación plena de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y en especial de las mujeres y las juventudes”.

Este posicionamiento incorporó voces de la sociedad civil como la Red Indígena Bribri de Costa Rica, el Colectivo Madreselva de Guatemala, el Congreso General de la Juventud Guna de Panamá, la organización Derecho Ambiental y Recursos Naturales de Perú, Geledés – Instituto de la Mujer Negra de Brasil, el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, además de varias organizaciones mexicanas, latinoamericanas y Casa Pueblo de Puerto Rico. El reclamo es claro: una transición justa que coloque a la gente y sus comunidades en el centro, reconociendo a quienes han sido y continúan siendo los custodios históricos de la naturaleza con saberes y prácticas ancestrales, cuya ética ambiental supera por mucho al capitalismo extractivista —incluso en su versión “verde”.

Por nuestra condición colonial, estamos a expensas de lo que Estados Unidos dicte como política pública en torno al medioambiente y al cambio climático. Peor aún, la administración de Donald Trump inició el desmantelamiento de las agencias con injerencia en este tema. Puerto Rico no solo carece de poder para definir su propio rumbo, sino que padece de forma desproporcionada las consecuencias nefastas de esa política pública anticiencia, antihumanitaria y antiplanetaria.

Sin embargo, la invitación de Alicia Bárcena, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de México, y de André Corrêa do Lago, presidente designado de la COP30 de Brasil, para participar en la reunión regional demostró que ese panorama puede transformarse. Casa Pueblo tuvo la oportunidad de compartir su experiencia en la construcción de una transición energética justa desde la base comunitaria en Adjuntas, al tiempo que recogió valiosos aprendizajes de las y los líderes con quienes intercambiamos.

Durante la ceremonia de apertura en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluyó su intervención subrayando la urgencia de acciones concretas. Desde la tarima, pudo ver la bandera puertorriqueña entre un centenar de personas —ministros y representantes comunitarios— y no dudó en hacer un gesto repetido e inequívoco para que me acercara. No fue un llamado personal, sino un reconocimiento de que, entre todas las banderas oficiales allí presentes, faltaba la del pueblo puertorriqueño, atrapado en su condición colonial.

Al acercarme, tuve el privilegio de agradecerle su gesto de reconocimiento. Y en lugar de entregarle la bandera patria, llevé la encomienda adjunteña de obsequiarle y explicar a todos el símbolo de la bandera de la insurrección energética comunitaria de Adjuntas. Diseñada con la contribución de la artista Verónica Aponte, esta bandera acompaña la lucha por una transición energética justa desde la autogestión, frente a un poder colonial que impone la gasificación de Puerto Rico y del Caribe. La nuestra, en cambio, representa la Marcha del Sol como un acto de liberación.

Desde ese reconocimiento a Puerto Rico como un pueblo colonizado, consideramos fundamental impulsar que otros de la sociedad civil puertorriqueña puedan representarnos en los foros internacionales que se avecinan, como ocurrió en Ciudad de México. Con toda la responsabilidad, el rigor y el honor que ello implica, podemos afirmar que este archipiélago caribeño cuenta con el capital humano necesario para asumir esa tarea.