CLARIDAD
Un fiscal federal para las elecciones no es lo mismo que un observador independiente del proceso eleccionario, dejó establecido la directora ejecutiva de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, siglas en inglés) Capítulo de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona.
Hace una semana, el fiscal del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico (fiscal federal), W. Stephen Muldrow, anunció que el jefe de la sección de Corrupción y Fraude Financiero, el Fiscal Federal Auxiliar (AUSA), Seth Erbe, fue designado para servir como Oficial Electoral de Distrito (DEO) para Puerto Rico. Erbe será responsable de supervisar el manejo de las quejas del día de las elecciones sobre inquietudes sobre el derecho al voto, amenazas de violencia a funcionarios o personal electoral y fraude electoral, en consulta con la sede del Departamento de Justicia en Washington.
El asunto de observadores y fiscales para el proceso electoral surge ante las continuas denuncias de irregularidades en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, tales como la falta de funcionarios en la Comisión Estatal Elecciones (CEE) , trabajos atrasados, el envío del voto adelantado y, a su vez, el envío doble de papeletas y recusaciones por parte de funcionarios del Partido Nuevo Progresistas (PNP) contra jóvenes, denuncias continuas que elevan la desconfianza en los posibles resultados electorales. La CEE mantiene silencio sobre quiénes o cuáles organizaciones estarán presentes como observadores del proceso electoral.
En entrevista con este medio respecto a la diferencia entre un fiscal y un observador, Martínez Orabona, subrayó que la postura de la ACLU es que solicitó participar como observadores, como una institución no partidista velando porque se protejan los derechos de participación política. “Nuestro interés es claro: queremos tener constancia de que durante todas las etapas del proceso el que se haya cumplido con proteger el derecho al voto, que la gente pueda ir a votar y tener confianza en los resultados. Eso es diferente a la posición del fiscal. En este caso, es una persona que trabaja con el Gobierno federal y que en realidad es una entidad gubernamental. Nuestra mirada es diferente como sociedad civil”.
De hecho, la ACLU solicitó a la CEE en septiembre ser certificada como observador del proceso electoral. No obstante, al 11 de octubre, dado que la CEE no había respondido a su petición, radicó un mandamos en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) contra la Comisión para que provea información sobre la certificación de observadores para el evento y todo el proceso electoral.
Además de solicitar ser certificados como observadores, la ACLU requirió copia de los reglamentos, directrices, órdenes administrativas, órdenes internas o cualquier otro documento donde se establezcan los procedimientos para certificar observadores independientes, además de información sobre adiestramientos y equipo disponible para proveer adiestramientos a observadores independientes en eventos electorales.
Otra información requerida es el presupuesto aprobado por la CEE para la certificación de observadores independientes y para costear su participación en los comicios; los criterios y el proceso establecido para la asignación de presupuesto para la visita de observadores independientes, tanto en el proceso de primarias como en las elecciones generales; qué grupos ya están acreditados para participar como observadores independientes en los comicios de este noviembre y qué grupos han sido invitados por la CEE para participar como observadores independientes en los comicios de noviembre de 2024, sean locales o internacionales.
El recurso de la ACLU fue asignado al juez Anthony Cuevas, quien emitió una orden dando un plazo de cinco días a la CEE para que demuestre causa de por qué no debería de ordenar lo solicitado. Martinez Orabona, indicó que hasta el momento de nuestra entrevista (22 de octubre) la CEE no había respondido, incluso absolutamente nada, sobre la solicitud de información de la ACLU. En el caso de los observadores, tampoco se les había dado información sobre cómo se designa, se acredita una organización como observador electoral, cuáles son las directrices internas, si hay un presupuesto para eso y, si lo hay, cómo se asigna.
La directora ejecutiva de ACLU reparó en que se supone que toda la información solicitada es información pública que por ley tiene que producirse y que se supone que ya hubiese estado disponible. Se esperaba que este miércoles se lleve a cabo la vista en el TPI. Martínez Orabona adelantó que lo más probable es que ACLU solicite una vista para presentar sus argumentos.
Por otra parte, la congresista por el Distrito 4 de Nueva York, Nydia Velázquez, reaccionó al nombramiento del fiscal federal: “El nombramiento de un oficial electoral para atender las denuncias de fraude, discriminación e intimidación en Puerto Rico es una noticia bienvenida. Sin embargo, esta acción no aborda los profundos problemas estructurales del sistema electoral en la isla”.
Semanas antes, la congresista Velázquez, junto a los congresistas demócratas Alexandra Ocasio-Cortéz, Raúl Grijalba, Delia Ramirez y Grace Meng, hicieron un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a su División de Derechos Civiles, a que asignara personal para monitorear de manera directa las elecciones en Puerto Rico. “Dada la continua amenaza al derecho al voto en Puerto Rico, este paso es adecuado y absolutamente necesario”.
Las expresiones de Velázquez, fueron hechas en Puerto Rico durante su visita en la que anunció su respaldo al candidato de la Alianza de País a la gobernación, licenciado Juan Dalmau Ramírez, y al resto de los candidatos de la Alianza.
Mientras, el Centro Carter no accedió a una petición del grupo Puertorriqueños Unidos en Acción, radicado en Virginia para enviar observadores a las elecciones en Puerto Rico. La petición se hizo mediante carta enviada el 2 de octubre. El licenciado Manuel Rivera, portavoz del PUA, indicó a CLARIDAD que, en conversación con David Carrol, director del Programa de Democracia del Centro Carter, este le indicó que son los partidos quienes tienen que hacer la invitación y que era muy tarde para hacer dicha gestión. Se excusó de parte del Centro aduciendo que tenían que preparar a los observadores para viajar a Puerto Rico, capacitarlos y preparar toda la logística que conlleva el evento; que era muy poco probable que se pudiera hacer a tiempo aun cuando los partidos consistieran en recibirlos como observadores. Según el Centro Carter, necesitan seis meses para la preparación.
En tanto, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR) confirmó a CLARIDAD que fue certificado como observador. En entrevista, la presidenta del CAAPR , licenciada Vivían Godineaux Villaronga, indicó que desde el mismo día que accedió a la presidencia (16 de septiembre) le envió una carta a la CEE solicitando que se les certificara como observadores no solo del día de la votación el 5 de noviembre, sino de todo el proceso. No fue hasta mediados de octubre que se le notificó que habían sido certificados.
El único ente de Puerto Rico que no requiere solicitar ser acogidos como observadores del proceso electoral es la Comisión de Derechos Civiles (CDC). Wilnelys Márquez Montalvo, oficial de Prensa, a petición de información de CLARIDAD, respondió que la CDC en carta del 9 de septiembre le informó a la CEE que estarían de observadores en el proceso de votación de los confinados, la elección general y en el escrutinio. Por ley, la CDC tiene que servir de observador, no tiene que solicitar ser certificada.
