Organizaciones comunitarias y ambientales, así como expertos en temas ambientales, agrupados en el Colectivo una sola Lucha, exigieron poner fin a la “sombrilla” que consolidó la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por llevar a la agencia a una crisis técnica y administrativa que amenaza seriamente la protección del ambiente y el entorno natural del país.
En conferencia de prensa este martes frente al edifico del DRNA, en Río Piedras, una de las portavoces, Hernaliz Vazquez, denunció que: “Desde su creación en 1972, el DRNA fue diseñado para salvaguardar la naturaleza y los ecosistemas de Puerto Rico. Sin embargo, con la Ley Núm. 171 de 2 de agosto de 2018, la cual creó “la sombrilla”, el gobierno agrupó varias agencias bajo una misma estructura, alegando eficiencia y ahorro de gastos. Hoy denunciamos que esta medida, contrario a las expectativas, no ha logrado los objetivos prometidos de eficiencia ni mejoría en la gestión ambiental. Por el contrario, se ha evidenciado un debilitamiento institucional, pérdida de enfoque ecológico y el agravamiento de una crisis ambiental que amenaza seriamente la protección de las áreas naturales del país, por lo que exigimos que se le ponga fin de una vez y por todas a esta fusión de agencias”.
Vázquez detalló que entre los problemas reportados desde la fusión se encuentran la burocracia ineficiente y procesos lentos en trámites y fiscalización ambiental. Enumeró, además, falta de personal técnico y científico suficiente para atender infracciones y emergencias ambientales, aprobación automática de proyectos sin la debida evaluación ambiental rigurosa y la reducción significativa en la fiscalización de delitos ecológicos y la protección efectiva de áreas naturales y recursos hídricos.
Juan Camacho, otro portavoz del colectivo hizo énfasis en que la consolidación de estas agencias alteró el diseño original del DRNA, que estaba pensado para funciones específicas de conservación y manejo ambiental y no como un ente multisectorial. La absorción de otras agencias con funciones regulatorias, operacionales y administrativas generó una sobrecarga de responsabilidades que desvió la misión original del DRNA. “Las agencias integradas perdieron autonomía técnica y fiscalizadora, debilitando su capacidad para cumplir con sus funciones orgánicas. Además, se han generado gastos excesivos adicionales en empleos de confianza, contratos, alquiler de oficinas, y servicios públicos, sin evidenciarse resultados claros en eficiencia y ahorro”, expresó.
De igual manera, Graciela Martínez, portavoz de Vínculo Animal, resaltó que la estructura consolidada desde hace seis años afecta gravemente la protección de especies vulnerables como los manatíes y el coquí, el control y manejos de especies invasoras y la gestión de centros de recuperación como el centro de confinamiento en Cambalache.
“Mencionamos a modo de ejemplo que la situación actual en Puerto Rico de la proliferación desmedida de culebras no nativas se agrava porque el DRNA no cuenta con los recursos y personal especializado, dificultando así la gestión y control de estas especies invasoras que amenazan la biodiversidad nativa. Ciertamente, el proceso lento y burocrático ralentiza la implementación de campañas de erradicación o control que son esenciales para proteger los ecosistemas nativos”, añadió Martínez.
Las organizaciones denunciaron además que la sombrilla también abrió la puerta al traspaso de recursos y parques nacionales como Isla de Cabra y la playa de Cerro Gordo, lo que podría restringir el acceso ciudadano y encarecer tarifas, lo que podría suceder también con el Parque de las Cavernas del Río Camuy, ante la insistencia del alcalde del municipio, Gabriel Hernández, en trasladar su titularidad para privatizarlo.
El Colectivo, compuesto por Toabajeños en Defensa del Ambiente, Sierra Club Puerto Rico, Coalición de Organizaciones contra la Incineración, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Comité Diálogo Ambiental, Secretaría de Asuntos Ambientales del PIP, Amigxs del M.A.R. , Vínculo Animal, Casa Vegana, Acción Social y Protección Ambiental y Organización Boricuá de Agricultura, entre otras, añadió que la escasez de examinadores en el DRNA paraliza casos ambientales graves.
“Ejemplos recientes en la comunidad Ranchos Guayama, en Salinas, demuestran el colapso institucional que ha provocado la llamada “sombrilla”. Por un lado, el caso de Ariel Torres, presidente de CODEPOLA, ejemplifica cómo la inacción del DRNA permite la impunidad, pues a pesar de los daños ambientales cometidos en esa zona, han pasado más de tres años sin sanciones y además le permitieron crear una nueva corporación”, explicó.
Los grupos insistieron en que el DRNA debe además actualizar sus reglamentos y protocolos, mejorar la protección de especies vulnerables, implementar campañas de control de especies invasoras, ordenar auditorías y monitoreos independientes e impulsar políticas basadas en ética y ciencia para que pueda cumplir son su misión de proteger y cuidar la naturaleza y los ecosistemas del país.
Mientras, Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño PIP, señaló que la falta de personal técnico, el estancamiento en procesos de fiscalización y la externalización de funciones que antes realizaba el propio Departamento ha debilitado la capacidad del Estado para proteger el ambiente, por lo que los reclamos son cada vez más contundentes: derogar la Ley 171-2018 y desmantelar la sombrilla del DRNA.
“Es indispensable devolver la autonomía técnica y fiscalizadora a cada agencia, reforzar el personal especializado y recuperar la misión original de velar por el ambiente”, concluyó Alvarado Guzmán.
