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 El tránsito de la avenida Constitución estuvo cerrado desde las nueve de la mañana, cuentan algunos manifestantes. Durante la espera, guaguas blindadas y oficiales armados poblaron las escalinatas, aceras y jardines del Capitolio. También gran parte de la calle principal, que muchos imaginaron como espacio de la protesta multisectorial. Arriba, en el cielo, las nubes tramaban un aguacero que tronaba igual que las motoras policiales.

Adentro, tras pasar por una considerable cantidad de agentes encubiertos y uniformados, las tertulias cundían. Bajo arañas luminosas, legisladores y altos funcionarios del gobierno actual pululaban por los pasillos del recinto fastuoso. Eliezer Ramos Parés, secretario de Educación, hablaba cerca del jefe del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer. No se saludaron, al menos aquí. En una esquina del segundo nivel, en el corredor donde convergen las dos alas de las cámaras legislativas, un oficial revisa el dorso de una mesa con un espejo y una linterna. El mensaje comenzaría pronto.

En el hemiciclo de la Cámara de Representantes, la opulencia era sensorial. Bastaba una mirada, un respiro o que se prestara oído para ver los trajes, oler los perfumes y escuchar el tintineo de las joyas de las personas presentes. Acomodándose en la Sección C de la tribuna, se veían confluir: Waldemar Quiles, secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; Josué Colón, Zar de Energía. En la Sección A, al director del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón.

De pronto, irrumpe en el salón un barullo caminante. Senadores de todo talante aparecen risueños, dicharacheros, dueños de esta aula que les pertenece por un cuatrienio. Entre ellos, Jorge Georgie Navarro, Gregorio Matías, Thomas Rivera Schatz, Ángel Toledo López y Roxanna Soto Aguilú, la “Abogada Motorizada”. Se ríen, se abrazan, se comentan cosas ininteligibles desde la tribuna. El salón, y hasta cierto punto el país, estaba alistándose para escuchar el Mensaje de la Situación de Estado de la Gobernadora, Jenniffer González Colón.

Un allegado al exgobernador Alejandro García Padilla comentó que el exmandatario estuvo a punto de ofrecer un Mensaje de Estado sin contar con el texto escrito. El contratiempo, adujo el popular, se debía a un afán de última hora por revisar el mensaje. El narrador no mencionó la fecha de la anécdota.

Media hora después de la hora pautada—las cinco de la tarde— la algarabía se imponía en el hemiciclo. En la palestra, una mujer firmaba, entre risas esporádicas, una pila de documentos en papel legal; en el piso, unos agentes encubiertos calibraron sus audífonos.

«Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerlas con guardias no sirve para nada», expresa, citando el Salmo 127, el pastor Josué Carrillo durante la invocación inicial. A punto de comenzar la alocución, Pablo José Hernández Rivera y Sila María Calderón aguardan por la gobernadora con mirada atenta. Salvo por unas breves expresiones a la prensa, ni la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ni Eliezer Molina Pérez se personaron durante el discurso.

Poco a poco, el protocolo se encargó de reconocer al comisionado residente, a la exgobernadora, a secretarios de agencias, secretarios de gabinete, alcaldes, exalcaldes, presidentes de asociaciones, expresidentes legislativos y otra retahíla de nombres más. No obstante, Carlos Johnny Méndez se encargó de hacer unos reconocimientos más, incluyendo el muy aclamado de la nominada secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana. Concluida la lista, la gobernadora entró junto a un aplauso que duró un minuto con 15 segundos. Y volvía el retintín de las prendas caras.

Las casi dos horas que siguieron estaban plagadas de cifras, logros, proyecciones, aplausos intermitentes, críticas sutiles y uno que otro chiste de José Yovín Vargas. La gobernadora anexionista despuntó su mensaje puntualizando los pasos necesarios para “salir” de la Junta de Control Fiscal, un cuerpo que la mandataria catalogó como resultado de “nuestra condición colonial”. Repetía, además, la importancia de un “presupuesto balanceado y responsable” de $32 mil millones, a pesar de que el fondo del Estado Libre Asociado se prepara antes que el de los Estados Unidos.

Aumentos en subsidios para servicios a personas de la tercera edad, albergues, trabajadores sociales, bomberos y niños rondaban los $200 millones en apenas el principio del mensaje. “Es momento de trabajar para la clase media, y por eso estamos destinando $15 millones para este programa de vales para nuestras familias trabajadoras para el cuido de sus niños… Y ahora que yo tengo dos, yo sé lo que significa esto”, anunció González Colón, cuyo Mensaje de Estado se dio relativamente tarde en comparación con otros gobernadores.

Nos informa Rafael Cox Alomar, en una columna de opinión, que Muñoz Marín pronunció su primer mensaje bajo la Constitución el 26 de febrero de 1953; Sánchez Vilella, el 29 de enero de 1965: Luis A. Ferré, el 29 de enero de 1969; Hernández Colón, el 30 de enero de 1973; y Romero Barceló el 24 de febrero de 1977. González Colón el suyo un 29 de mayo.

A los cientos de policías que vigilaban las afueras, los adentros, los arribas y los bajos del discurso, la gobernadora notificó que sumará 800 agentes nuevos para reforzar la Uniformada. El presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, aplaudía efusivamente a todas estas, y el presidente fijaba la vista en la jefa de Estado. Al rato, cuando los ánimos se ralentizaron, Méndez se adormiló y Rivera Schatz usó el celular.

A las 6:24 p.m., González Colón recalcó su “disposición y compromiso” con sacar al operador privado LUMA Energy, punto que desató el furor en las gradas y los escaños. Igual de fragorosa resultó la promesa del retorno a la manufactura, la desregulación de la inversión extranjera y la utilidad de exportar profesionales como los del Recinto Universitario de Mayagüez o Río Piedras. Sin embargo, ni las finanzas de la Universidad de Puerto Rico ni su proceso de seleccionar un presidente fueron mencionados.

El resto del asunto se dividió entre Transportación y Obras Públicas, Vivienda, Seguridad, Educación, Salud, Legislación y, como cereza mediática, la Estadidad. De acuerdo con la oposición, lo callado supera lo dicho. Inclusive, Molina Pérez presagió que el discurso sería una “obra de ciencia ficción”.

La misma observación notó, al concluir el mensaje, la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago. Asimismo, la vicepresidenta del PIP resaltó “el saqueo” al fondo del caso de Rosa Lydia, desvalijando a los niños de Educación Especial. Mientras tanto, la manifestación de afuera acabó más de una hora antes del discurso. La falta de espacio, la cantidad de policías y la lluvia ocuparon su lugar. Varias horas después, el tránsito vuelve a fluir.

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ccotto@claridadpuertorico.com

“La Legislatura de Puerto Rico debe de enfocarse en problemas como el de la luz, en quién va a servir de gobernadora si a  Jenniffer González Colón le pasa algo, y no debe estar enfocándose en una minoría, las personas transgénero. Estamos hablando del 2 % de la población, personas que no están haciendo ningún daño, que lo que quieren es vivir, porque ahora mismo lo que están haciendo es sobrevivir todos los días”, expresó el director ejecutivo de la organización  sin fines de lucro Waves Ahead Puerto Rico (WAPR), Wilfred Labiosa.

Se refiere a  los proyectos de ley, todos presentados en la Cámara, el PC 0162 para prohibir los tratamientos de afirmación de género y las terapias hormonales en menores de 21 años, el PC 0164 para evitar que las mujeres trans participen en deportes femeninos en sus instituciones educativas, el PC 0165 para evitar los baños inclusivos y el PC 0166 para excluir a las mujeres trans de las instituciones correccionales para mujeres.

El director de WA señala que sin que se hayan aprobado dichos proyectos, y ya  aprobado y firmado por la gobernadora el proyecto de Libertad Religiosa que permite a un empleado público negarse a atender una persona de la comunidad LGBTQIA por motivos religiosos, el discrimen y el prejuicio es algo que los y las miembros de esta comunidad reciben todos los días. La ley de la llamada “libertad religiosa” lo que hace es darle libertad a esos individuos que decidan negarse a atenderlos a tener algo para defenderse, “pero siempre con o sin ley el discrimen siempre ha existido”.

Waves Ahead, es la única organización en Puerto Rico que ofrece  servicios  a las personas de la comunidad LGBTQIA con un enfoque en las personas adultos mayores. Los servicios van desde salud mental, servicios complementarios como yoga, meditación, apoyo, sostenibilidad alimentaria, hasta huertos caseros. Labiosa describe el discrimen que su comunidad suele recibir, aun un adulto mayor:   “El mirar, el qué te dirán cuando se entra a un espacio que supuestamente debe ser para todos y todas por igual, y no lo es; el cuidado médico, una vivienda digna. Sé de adultos mayores que enviudaron y no se atreven a poner una foto de su compañero (a) o esposo, esposa, por el qué dirán”.

Waves Ahead tiene cinco centros comunitarios: Isabela, Cabo Rojo, Maunabo, San Juan y Loíza. De hecho, este último fue vandalizado en los días de nuestra entrevista. En el caso de los adultos mayores, Labiosa reparó en que por ser las personas más vulnerables, también les ofrecen servicios aunque no sean de la comunidad  LGBTQIA. Además es la única organización que da servicios directos a la  comunidad LGBTQIA que no tiene que ver con un diagnóstico de VIH. Cualquier persona de la comunidad tanto de la LGBTQIA como cualquier persona adulta mayor puede acudir a uno de sus centros a recibir servicios. Sí señaló que están en  municipios en que usualmente no hay servicios para los miembros de la comunidad LGBTQIA, por lo que el centro procura ser un lugar donde la persona se sienta cómodo o cómoda, un espacio donde pueden conocer otras personas.

“Pueden ver al profesional de salud mental que tenemos en estos espacios, y tenemos  transporte en Cabo Rojo y áreas limítrofes. Trabajamos en Isabela con la administración municipal para brindar transportación y tenemos una van que brindan servicios en Maunabo y en San Juan. O sea, que con esos municipios estamos trabajando para poder brindar espacio cómodo y transporte para acceder a esos servicios. Si es necesario, brindamos los servicios en las casas de una manera remota y, ahora mismo, les llevamos la caja de alimentos  a las casas”.

Wilfred Labiosa aclaró que los servicios no se limitan a las personas de los pueblos donde están localizados. “La comunidad LGBTQ está por todos los municipios de Puerto Rico, hay personas LGBTQ y adultos mayores por todos los municipios”.

Las edades que se consideran adulto mayor es de los 50 en adelante hasta los 65 años. Es entre estas edades, debido al prejuicio, que las personas se privan de acudir a servicios médicos. Por otra parte, se les niega servicios por prejuicio, por lo que no tienen el acceso a servicios de salud  mental y física como un heterosexual. “Es un problema que se vive en Puerto Rico y alrededor del mundo todos los días. Y no son solo servicios médicos, en vivienda, en servicios gubernamentales, en cómo lo miran a ella o a él, así, en todos los espacios públicos. Existe hasta en los bancos, cooperativas, supermercados”, denunció.

El director ejecutivo de Waves Ahead compartió que al presente están  haciendo un estudio de cómo las personas interpretan y ven a la comunidad  LGBTQIA, cómo las  perciben; cómo una persona heterosexual asume a la persona LGBTQ, y por parte de las personas LGBTQ, qué situaciones ha confrontado como una persona de esa comunidad.

Puerto Rico en retroceso

 Labiosa, quien  escribió el libro, La Revolución LGBT en Cuba, y que ha asistido por 18 años a la parada que celebra esta comunidad en La Habana, señaló que, contrario a lo que la gente piensa, dicha comunidad en Cuba tiene más derechos que aquí. “Estamos bien retrógrados en eso”.

Explicó que en el marco legal en Cuba hay mucho más acceso a derechos, comenzando con el matrimonio igualitario y la adopción, los cuales  existen en la Constitución y en el Código Civil. En el caso de las operaciones de afirmación de género, estas existen en Cuba antes que en muchos otros países. Para ello se trajeron doctores, se entrenó a doctores cubanos y se hicieron estudios. Hizo la anotación de que, debido al bloqueo, el acceso a medicinas y recursos es bien poco o nulo; pero que gracias a países y grupos solidarios, se continúa apoyando a la comunidad. Recientemente, bajo la dirección de Mariana Castro Espín, directora del Centro Nacional de la Educación y el Estudio de la Sexualidad, se han podido continuar con esas operaciones.

“Este año se hicieron 18, [antes] se tuvo que detener por el COVID. Hay atrasos por falta de medicamentos, pero se continúan haciendo operaciones de afirmación de género. Eso ningún otro país en el Caribe puede decir que está haciendo eso. Y Puerto Rico, esas dos alas del mismo pájaro gracias a Lola Rodríguez de Tío, está bien tuerto, porque el ala de Cuba está bien alta y el ala de Puerto Rico  está bien baja en esa situación LGBT”, lamentó..

El director de WA trajo a la atención que aunque es un gran paso que la jueza del Tribunal Federal en Puerto Rico María Antongiorgi Jordán ordenara al Registro Demográfico a incluir una tercera opción de identificación de género en el certificado de nacimiento para que la comunidad no binaria y que no conforma el género pueda tener certificados que reflejen su identidad, en Cuba ya lo están haciendo.

“Nosotros tenemos estos cinco centros porque somos los únicos  brindando servicios directos. ¿Y qué es  lo que la gente está tratando de hacernos? El trabajo mucho más difícil en lugar de ayudarnos”, concluyó.

Ante el incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), en Puerto Rico el Frente Amplio de Acción Social (FAAS) dio a conocer que le envió una comunicación formal a la gobernadora Jenniffer González Colón, a Suzanne Roig, secretaria de la Familia, a Astrid Piñeiro Vázquez, procuradora de las Mujeres-, y Eliezer Ramos Parés -secretario de Educación- exigiendo la activación de medidas urgentes que garanticen la transparencia y protección de menores migrantes afectados por redadas y arrestos de personas con estatus migratorio irregular en la Isla.

La Dra. Migna Rivera García, directora del Programa Graduado de Consejería Psicológica de la Universidad Albizu, denunció la falta de protocolos claros que garanticen el bienestar de infancias, niñeces y adolescencias migrantes separadas de sus familias. ¨De acuerdo a testimonios de comunidades afectadas y reportes de prensa, el ausentismo escolar en zonas con alta población migrante supera el 60%, mientras persiste el temor a deportaciones arbitrarias y desinformación acerca del paradero de menores que quedan en desamparo cuando personas adultas a su cargo son detenidas¨, denunció.

Por su parte, Alice Pérez Hernández, coordinadora del Frente Amplio de Acción Social, recordó que Puerto Rico está obligado a respetar tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, además de su Constitución. Pérez Hernández expresó que el FAAS se une al repudio a la reactivación de las facilidades de ICE en Aguadilla cuyo propósito es agilizar los procesos de deportación de personas con estatus migratorio no regularizado -según expresado por Rebecca González, directora de ICE en Puerto Rico.

“No podemos ser cómplices, por acción u omisión, de prácticas que violen la dignidad de los más vulnerables”, señaló Pérez Hernández. ¨Muchas de estas personas se han refugiado en Puerto Rico ante condiciones que amenazan sus vidas y las de sus crías en sus países de origen.

Igualmente, Stephanie Figueroa -directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género- urgió a las agencias a publicar un informe detallado sobre la situación de estos menores y a activar mecanismos de protección inmediata. “Confiamos en su liderazgo para defender los derechos humanos frente a políticas migratorias abusivas”, concluyó Rivera García.

En su carta el Frente le exige al gobierno de Puerto Rico a que: haga público si existen casos de menores bajo custodia del Estado separados de sus familias por procesos migratorios, detallando su ubicación, salud y situación legal: A garantizar la coordinación entre el DF y las autoridades federales para evitar separaciones violatorias de derechos humanos: Aplicar el Protocolo de la Ley 57-2023 (enmendada por la Ley 200-2024), priorizando la reunificación familiar: Establecer refugios transitorios con apoyo psicosocial para menores afectados: Crear un canal confidencial de denuncias para familias y personal escolar.

Copia de la solicitud le fue enviada al Cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, honorable Cesar Cedeño, al congresista por el distrito 13 de Nueva York, Adrian Espaillat, a Romelinda Grullón, directora de la Casa de la Mujer Dominicana, a José Rodriguez, presiente del Comité Dominicano Pro Derechos Humanos, y al comisionado residente de Puerto Rico en Washginton, Pablo Jose Hernandez Rivera.

La divulgación de la petición en conferencia de prensa se da al tiempo en que el periódico Metro dio a conocer que la directora de ICE en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, le reveló a la cadena estadounidense NPR que el ICE le solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico la información sobre unas 6 mil personas en la isla que tienen licencia de conducir y no tienen estatus migratorio legal.

Estas personas pudieron obtener licencia de conducir por virtud de la Ley 97 firmada por el gobernador Alejandro Garcia Padilla, para que pudieran tener una licencia provisional.