Inicio Blog Página 308

La quiebra de la AEE, una soga al cuello del pueblo puertorriqueño 

La candente pugna entre intereses políticos, económicos y empresariales por acaparar los recursos y el mercado de la energía eléctrica en Puerto Rico se ha convertido en una amenaza para el desarrollo económico futuro de nuestro país.

La quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE) ha sido el detonante de la peor crisis energética de nuestra historia contemporánea y de una lucha encarnizada por ocupar el vacío que ha dejado la virtual eliminación de la otrora «joya de la corona» del gobierno de Puerto Rico, hoy convertida en un mero carapacho sin función operativa ni poder decisional alguno.

En el editorial de nuestra pasada edición de CLARIDAD se resumió la historia de la aprobación de la Ley PROMESA de 2016 del Congreso de Estados Unidos, y su relación con el inicio de una nueva estrategia de dominación colonial sobre Puerto Rico basada en el control de nuestro mercado energético por la industria del gas natural. Esto, porque Estados Unidos desde aquel entonces luchaba por tomar la delantera en la carrera por la exportación mundial de gas natural licuado, objetivo que alcanzó finalmente en 2023.

Por otro lado, el endeudamiento y eventual bancarrota de la AEE, y el deterioro paulatino de su infraestructura fueron la antesala al paso del huracán María, que arrasó con nuestro maltrecho y remendado sistema eléctrico en 2017. Esto abrió una oportunidad de «oro» para los bonistas y mercaderes de energía de la metrópolis.

Desde entonces, la deuda de cerca de $10 mil millones de la AEE se ha convertido en el «hueso más duro de roer» del proceso para reestructurar la deuda total de Puerto Rico, que asciende a  $72 mil millones.  Esto,  porque los más grandes entre los conglomerados financieros de Estados Unidos que compraron bonos de la AEE, determinaron no aceptar la negociación de los términos de pago incluidos en las cuatro versiones del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE (PAD-AEE) que se han presentado ante la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA. En el más reciente de esos PAD-AEE, la jueza Swain decidió limitar el valor de la reclamación de los acreedores de la AEE a $2.3 mil millones.

Por otro lado, en Puerto Rico hay nuevos «jugadores» privados en el tablero energético traídos- bajo presión de la JCF- por los gobiernos coloniales de los últimos ocho años. Por esa vía, las funciones de generación, transmisión y distribución eléctrica que antes realizaba la AEE, pasaron a manos de LUMA Energy y Genera PR, dos compañías privadas y subsidiarias de empresas estadounidenses, que fueron creadas «especialmente» para el mercado de Puerto Rico.

Este es el telón de fondo del actual proceso de quiebra de la AEE, ahora torcido una vez más por la decisión del Tribunal del Primer Circuito de Boston que indica que los bonistas de la AEE tienen derecho a que se les pague el total de su reclamación de $8 mil millones, en abierta contradicción a la decisión previa de la jueza Taylor Swain. Esta decisión del tribunal de Boston , sumada a la posible designación de un Síndico de Quiebras para la AEE, podría representar el alargamiento indefinido de los procesos judiciales de esta quiebra, y un eventual aumento indeterminado en las tarifas eléctricas que ya pagan los abonados residenciales y comerciales de la AEE, y que son más altas que las de la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos.

La decisión del Tribunal de Boston, además, complica aún más la precaria situación de la  AEE. No solo porque representa una intervención colonial más de un tribunal de Estados Unidos contra el pueblo puertorriqueño, sino también porque ocurre en un momento particularmente sensitivo, en que la  inestabilidad extrema de nuestro sistema eléctrico en manos de LUMA Energy y Genera PR provoca el rechazo masivo de un pueblo que no puede más con el peso de una deuda insostenible e impagable, y de la que no es responsable.

 

 

Tras el apagón: “LUMA no le hace caso a nadie”

 

 

CLARIDAD

 

Desde la comisionada residente hasta el gobernador, múltiples figuras reaccionaron a la avería de la semana pasada.

 El pasado 13 de junio, más de 340,000 abonados de LUMA quedaron sin servicio eléctrico en partes del área metropolitana y la zona sur porque, según el director de la empresa encargada de la transmisión y distribución energética del país, la vegetación aledaña al cableado averió una de las líneas. La situación, además de implicar una retahíla de estragos, provocó la respuesta del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Como reacción inicial, el primer ejecutivo enumeró, por escrito, algunas medidas y órdenes que se han tramitado para agilizar la recuperación del sistema eléctrico. No obstante, el propio comunicado de La Fortaleza admitió que “a pesar de las gestiones llevadas a cabo, incluyendo la declaración de emergencia, nuestro sistema eléctrico aún sufre de inestabilidad, que ha causado que miles de hogares y comercios en Puerto Rico carezcan de los servicios esenciales de electricidad y agua potable”.

Por lo tanto, el gobernador activó a la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) para que, en algún “incidente mayor”, asista en las tareas de coordinación, logística, transportación, movimiento de piezas y equipos, “así como cualquier otro servicio que determine la secretaría de la Gobernación” para LUMA, Genera, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Del mismo modo, esta orden ejecutiva permitirá que el ayudante general de la GNPR, Miguel Méndez, incurra en “gastos razonables” relacionados con la activación de tropas y equipo. Esta instrucción cuenta con el aval del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“Desde el principio de este cuatrienio, esta administración realizó una declaración de emergencia en toda la infraestructura crítica, incluyendo la relacionada directa o indirectamente con el sistema eléctrico”, sostuvo el comunicado de La Fortaleza. Como parte de las órdenes pasadas, el mandatario también agilizó el proceso de permisos que LUMA debe pasar para trabajar en la calle.

De acuerdo con el doctor Agustín Irizarry Rivera, catedrático en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y experto en sistemas eléctricos, esta decisión ejecutiva es “para las gradas” por la impericia que tiene la GNPR al momento de trabajar con el sistema eléctrico.

“La Guardia Nacional no está entrenada para trabajar con el sistema eléctrico. Puede transportar equipo, rescatar gente en medio de inundaciones. Ese tipo de respuesta. ¿Darle mantenimiento a las líneas y las subestaciones del sistema eléctrico, que es lo que tiene que hacer LUMA? La Guardia Nacional no tiene que ver con eso. LUMA tiene que hacer el trabajo por el que se le paga”, aseveró el ingeniero eléctrico.

Por otro lado, el catedrático aseguró que ni la otrora Autoridad de Fuentes Fluviales ni la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) enfrentaron complicaciones con los procesos de permisos. Irizarry mencionó que en cada subestación de la red energética hay un promedio de dos a cuatro transformadores, cuyos procesos de instalación nunca fueron impedimento para las pasadas agencias encargadas.

“Energía Eléctrica movía transformadores más grandes que estos de forma rutinaria, y eso se hacía sin que el país se enterara. Los movimientos siempre se hacían por carretera. Los permisos nunca han sido un problema para mover un transformador en Puerto Rico. Quien único no sabe mover un transformador en Puerto Rico es LUMA, que ahora averiguó que tiene que sacar permisos”, expresó en entrevista telefónica con CLARIDAD.

En esa línea, el catedrático del RUM reseñó que esta administración ha creado una “narrativa” en contra de los empleados públicos de la AEE de que “había que privatizar la agencia para resolver el problema”. Energía Eléctrica, afirmó Irizarry Rivera, operaba dentro de un marco partidista, pero en el que “cada empleado sabía lo que tenía que hacer”, algo que LUMA no ha logrado a tres años de que entrara en vigor su contrato.

“El contrato de LUMA es malísimo. No ha sido capaz de mostrar un desempeño ni siquiera razonable para una empresa que, cuando se trajo, dijo que iba a traer un servicio de ‘calibre mundial’. Eso no lo hemos visto aquí en Puerto Rico”, recalcó el también exrepresentante ciudadano en la Junta de Gobierno de la AEE. De igual forma recordó cuando, ni a veinticuatro horas de que LUMA comenzara operaciones en el país, se registró una avería que afectó a 800,000 abonados.

Por su parte, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, publicó un breve vídeo en sus redes sociales durante la avería. Entre sus reclamos, la también comisionada residente mencionó que, de declararse un estado de emergencia local, sería más fácil solicitar ayudas de emergencia a nivel federal.

González Colón recomendó que “eliminen toda la burocracia para la obtención de permisos” en los procesos de reparación y mejoras al sistema eléctrico. También, la comisionada residente en Washington D.C. responsabilizó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) por el desembolso tardío de fondos designados para, precisamente, la recuperación energética del país.

“Estoy cursando comunicación a FEMA, al Departamento de Energía Federal y a las agencias federales para que se haga de manera expedita, ante la situación de emergencia y de seguridad nacional que representa que Puerto Rico no tenga luz en sus aeropuertos, ni en sus puertos, hospitales y represas inoperantes”, denunció González Colón. Además, hizo mención de las más de 17 visitas de la secretaria de Energía, Jenniffer Granholm, para atender el sistema energético del archipiélago.

Para el doctor Irizarry Rivera, la única forma de mejorar la situación del consorcio privado es fiscalizando a través del Negociado de Energía, según establece el contrato de 2021.

“Cuando el Negociado de Energía decida, realmente, fiscalizar a LUMA, en cuanto AAFAF decida ejecutar su parte del contrato, que recibió la bendición de la Junta de Control Fiscal, entonces de podrá reclamar a LUMA. Fuera de eso, LUMA no le hace caso a nadie”, detalló el ingeniero eléctrico.

Mientras, el grupo multisectorial Queremos Sol coincidió con Irizarry Pabón en que el avance en los procesos de permisología no representa un mejoramiento en los trabajos que se realizan. De hecho, el comunicado oficial de la organización arguyó que esta determinación “solo beneficia al cartel del gas que obstaculiza que Puerto Rico cuente con un sistema basado en energía renovable distribuida”.

“El miércoles, nuestra población pasó horas a oscuras sin eventos de lluvia o vientos, en medio de una ola de calor extremo. Decir que ambas empresas están preparadas para enfrentar la temporada de huracanes es condenar a la gente a meses de miedo y a un potencial desastre mayor”, concluyó el reclamo de Queremos Sol.

Hay que cancelar el contrato de Genera

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Para iniciar una verdadera transición hacia la energía renovable, el Gobierno de Puerto Rico debe de empezar por cancelar el contrato con Genera PR. Esa es la primera recomendación contenida en el más reciente análisis del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), respecto a la situación del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.

En el estudio  La Junta de Supervisión Fiscal y el operador de las plantas de energía amenazan la transformación de las energías renovables, de la firma del director de IEEFA, Tom Sanzillo, expone  que pese a que la política pública es hacia la transición, el objetivo manifiesto y la operación de Genera PR es hacia la gasificación del país mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) toma medidas que impiden la expansión de las energías renovables.

El atraso en la transición al uso de energías renovables, plantea IEEFA, ocurre aun cuando existe consenso entre las partes interesadas con respecto a la necesidad de llevar a cabo la transición hacia el uso de energías renovables, para lo cual se aprobó la Ley 17-2019 de política pública para adoptar el uso de energías renovables. Se tiene el estudio PR10, emitido por el Departamento de Energía de  Estados Unidos (DOE, siglas en inglés), que evidencia que técnicamente es factible que Puerto Rico pueda moverse hacia un 100 % de energías renovables para el año 2050 y que en el 2020 el NEPR le aprobó a la AEE un plan a largo plazo para nuevas instalaciones de energía a gran escala.

El avance hacia la energía solar se ha visto socavado, indica el informe de IEEFA, por un modelo de negocio que compromete el interés público, en referencia a Genera PR. Expone que la privatizadora   ha promovido continuamente la generación a través de gas natural, con algunos proyectos que antes fueron derrotados, como las propuestas para los gasoductos y el puerto de gas en alta mar en Aguirre, mientras que otros han progresado. Trae a la atención que recientemente se ha divulgado que la AEE utilizó fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la adquisición de generadores temporales de gas con capacidad de 350 megawatts (MW) a la compañía de gas natural New Fortress Energy (NFE). Aunque se supone que estos generadores estén en uso hasta el cierre del año 2025, IEEFA advierte que no conoce motivo legal alguno por el que dicho periodo no pudiera extenderse.

Expone que Genera, la cual es una subsidiaria de NFE y tiene un contrato con vigencia de 10 años para operar las plantas de generación eléctrica, ha hecho presión para que más plantas se conviertan a gas natural en beneficio de su empresa matriz. Al respecto, mencionó las expresiones  de Brannen McElmurray, el CEO de Genera, que en el pasado mes de mayo le dijo a sus inversionistas “esperamos… sencillamente que la isla esté energizada usando gas natural, complementado por energía solar y baterías, y ese va a ser el futuro para Puerto Rico”. Tampoco dejó pasar por alto que el gobernador Pierluisi apoyó estas  expresiones.

“Este conflicto de interés entre el operador de las plantas de generación eléctrica de PREPA y la política pública energética de la isla representa una de las más claras amenazas al crecimiento del uso de la energía solar en Puerto Rico”, expresa el director de IEEFA.

En lo que respecta a la JCF, Sanzillo describe como contradictoria su política de, por un lado, hablar de la importancia de las energías renovables, y por el otro, querer adoptar medidas para reducir la compensación por “medición neta”, la cual es una herramienta de importancia fundamental que ha promovido la adopción generalizada de las placas solares en los techos. Repara en que la JCF mantiene su amenaza de acudir al tribunal si la Legislatura y el Gobernador no derogan la ley.

El avance de sistemas solares a costa del bolsillo de los consumidores

 Mientras, durante los últimos siete años se han instalado más de 107, 000 sistemas de energía solar en  hogares y negocios, con  baterías de respaldo, en gran medida, sin recibir algún beneficio a través de subsidios directos. El  costo inicial promedio de un sistema solar instalado en el techo en Puerto Rico, es de aproximadamente $28,500 si se paga en efectivo.

IEEFA compara que el ingreso medio del hogar en Puerto Rico en 2022 fue de $24,000, con un tamaño promedio del hogar de 2.65 personas. De acuerdo con un análisis llevado a cabo por la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, siglas en inglés) compartido con el IEEFA, más del 71 % de los sistemas de energía solar se habían instalado en hogares con un ingreso mayor del 80 % a la media  a diciembre de 2022. Esto implica que solo un 0.1 % de los sistemas  instalados son en hogares con ingresos menores al 30 % de la media según lo define el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).

Ello deja el estimado de que el 95 % de los aproximados 117,000 sistemas de energía solar en los techos instalados hasta la fecha en Puerto Rico se completaron sin recibir ayuda federal.

Eso quiere decir, a su vez, que hasta el presente los fondos federales han facilitado la instalación de casi 5,000 sistemas solares residenciales. Sanzillo plantea que si todos los programas con fondos federales alcanzaran sus objetivos, podrían facilitar la instalación de casi 120,000 sistemas. Reconoce que esta  cifra es una estimada, poco específica y  probablemente muy optimista, dado la considerable  lenta puesta en marcha de los programas Nueva Energía e Incentivo Solar del Departamento de Vivienda de Puerto Rico y la falta de seguimiento a la fecha para los programas del DOE y de la Agencia Federal de Protección Ambiental  (EPA). Entre todos los fondos federales destinados para la instalación de sistemas en techo suman alrededor de $2 billones y $1 billón de dólares de una asignación del Congreso específicamente para energía solar en comunidades vulnerables en Puerto Rico.

El estudio de IEEFA también objeta el que se utilicen terrenos agrícolas para la instalación de fincas solares.

Recomendaciones

A la luz de su análisis, IEEFA presenta una serie de recomendaciones comenzando por que se cancele el contrato con Genera para la operación de sus plantas de generación de energía eléctrica. Segundo, que la JCF permita la vigencia de la ley de la medición neta hasta el año 2030.

Tercero, que la JCF tenga en cuenta varios pronósticos a futuro para el crecimiento de la instalación de placas solares en los techos en su próximo plan fiscal, a fin de analizar y planificar las implicaciones presupuestarias de las distintas trayectorias de ese incremento.

En cuanto al papel de LUMA, que opera la red de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, el NEPR indica que deberían publicar información actualizada sobre la capacidad de alojamiento del sistema de distribución y priorizar el incremento de dicha capacidad donde sea necesario, idealmente utilizando los fondos federales que estén disponibles y no traspasar sus costos a los consumidores.

Por parte del DOE, este debe enfocar sus programas futuros en la instalación de placas solares en los techos para los hogares más vulnerables y apoyar sistemas más pequeños y estandarizados para promover un mayor rendimiento de los fondos federales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norman Pietri: “De entre esas manos nos salió la Patria”

Comisión Política del MPI. Francisco Manrique Cabrera, Lorenzo Piñeiro, César Andreu Iglesias, Pedro Baigés Chapel,Ramón Arbona, Juan Mari Brás, Norman Pietri, Jaime Luciano,Julio Vives Vázquez, Fran Cervoni y José Paraliticci. Foto Archivo CLARIDAD

 

 

CLARIDAD

En las elecciones generales de 2020, exactamente 120 años después de que los invasores estadounidenses comenzaran su intensa campaña de “americanización” en Puerto Rico, las candidaturas de Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau acumularon casi 30 por ciento de los votos, suma muy cercana a la que obtuvo el que resultó vencedor. La primera, Lúgaro, durante la campaña nunca escondió su condición de independentista. El segundo, Dalmau, se postulaba por un partido que tiene la independencia como parte del nombre.

Ahora, para las elecciones de 2024, los dos movimientos que presentaron las candidaturas de Lúgaro y Dalmau, el MVC y el PIP, se han unido detrás de una nueva candidatura del segundo buscando superar la experiencia de 2020. El candidato único, Dalmau, proclama su proyecto de “Patria Nueva” buscando una movilización popular que ayude a realizarlo.

Para llegar hasta aquí, hasta el punto de poder decir que vamos a construir una “Patria Nueva”, los puertorriqueños debimos superar:

  • Una intensa campaña de “americanización” que duró 40 años y que incluyó un esfuerzo sistemático para despojarnos de nuestro idioma y nuestra cultura.
  • La persecución y el encarcelamiento del liderato más activo contra aquella campaña: el de Pedro Albizu Campos y el nacionalismo. Además de encarcelarlos, contra ellos se dirigió una brutal represión que incluyó dos masacres, la de Río Piedras (1936) y la de Ponce (1937).
  • Tras reprimir a los nacionalistas se procedió con el enmascaramiento del colonialismo a mediados del siglo XX, con el llamado “ela”, junto a una campaña masiva de desinformación que arropó América Latina completa.
  • De forma simultánea se desató una persecución sistemática a lo largo de más de sesenta años contra todo el que se acercaba al independentismo que incluía continuos arrestos, hostigamiento en el trabajo, la apertura de al menos 135 mil expedientes de vigilancia (“carpetas”) y el asesinato de patriotas o de sus familiares. Contra el periódico Claridad, su imprenta y sus anunciantes se dirigieron 22 ataques con bombas y explosivos en sólo una década.

¿Cómo nos fue posible superar esos retos y seguir siendo boricuas, hablando en castellano y, 124 años después, disponernos a crear la PATRIA NUEVA?

La patria que todavía tenemos y que sin duda seguiremos teniendo se la debemos a compañeros y compañeras que a lo largo del último siglo se enfrentaron al nuevo colonialismo estadounidense. En 1900, ese colonialismo se disponía a repetir en Puerto Rico la experiencia que ya implantaba en el archipiélago hawaiano, pero la lucha que se dio a lo largo del siglo XX derrotó ese esfuerzo. Si hoy podemos hablar de Patria Nueva, sintiéndonos parte de una nación que es y consideramos nuestra, se lo de debemos a quienes lucharon a lo largo de ese siglo. Primero fue José de Diego con su lucha cívica pero firme, luego Albizu y la generación que terminó inmolándose el 30 de octubre de 1950.

Y en aquella terrible década del ´50 cuando, con el colonialismo consolidado detrás de una nueva cara, Muñoz Marín decía que el independentismo se había reducido a un mero problema policiaco, apareció una nueva generación de patriotas que, desde otros foros y con nuevas tácticas, sustituyó a los luchadores encarcelados. Norman Pietri Castellón fue un miembro destacado de aquella generación que levantó la antorcha que los carceleros le arrebataron a Albizu.

En una entrevista que la compañera Mari Mari Narváez le hizo en 2018, recogida en el libro Hablan sobre Mari Brás publicado ese mismo año, Norman dice:

“Porque Puerto Rico no es asimilable ahora mismo. Puerto Rico sigue siendo un país latinoamericano, que no lo éramos en el siglo XIX, éramos una colonia española de pacotilla… aquí la nación se formó después, de Albizu para acá… Es una nación que se ha fortalecido… Aunque el independentismo se ha debilitado, el ser puertorriqueño es cada vez más firme.”

Esa realidad que Norman resume en pocas palabras es producto de muchos factores, objetivos y subjetivos, como siempre sucede en la historia de los pueblos. Entre estos últimos, como él señala, sobresale la lucha que dirigió Pedro Albizu Campos que paró en seco lo que pretendía el colonialismo avasallador. Pero cuando esos esfuerzos parecían derrotados y Albizu era víctima de sus carceleros que, con Muñoz a la cabeza, se pavoneaban por el Caribe y América como portavoces de la nueva “democracia”, entró en escena la generación de Norman Pietri.

El primer acto de aquel grupo de jóvenes universitarios fue la creación de un instrumento de lucha. Junto a Jaime Luciano, Pedro Baigés Chapel, Juan Ángel Silén y el poeta Hugo Margenat, entre otros, Norman fundó en octubre de 1956, la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI). La FUPI fue en sus inicios una organización pequeña, muy limitada por el ambiente represivo de la “casa de estudios” que se instauró en la Universidad de Puerto Rico luego de la huelga estudiantil de 1948. (En un libro recientemente publicado Félix Ojeda, quien unos años después del ´56 se integró a la FUPI, define el ambiente universitario como “jaula de estudios”.) Pero a pesar de todas esas limitaciones, con Norman Pietri como su presidente a partir de 1958, aquella organización pionera se desarrolló hasta convertirse en una auténtica continuadora de la lucha albizuísta.

Por cierto, uno de los primerísimos esfuerzos de la FUPI se dirigió rescatar del olvido la figura de Albizu quien entonces languidecía en prisión, aislado del pueblo por el que había vivido. Para aquel nuevo liderato universitario Albizu era “el Maestro” y su lucha tenía que ser difundida y continuada. Fue la FUPI que dirigía Norman la que convirtió el 12 de septiembre en una fecha de celebración nacional.

El trabajo que aquel grupo pionero comenzó en el ambiente estudiantil en 1956 pasó a otro nivel cuando en 1959 se fundó el Movimiento Pro Independencia (MPI). Norman no estuvo en el grupo que se reunió en Mayagüez el 11 de enero de aquel año, pero se integró muy pronto y participó activamente en la primera asamblea celebrada en Ponce los días 21 y 22 de noviembre del mismo año 1959. Allí fue electo a la directiva del nuevo Movimiento como Secretario de Organización de la Juventud.

La FUPI desde el ambiente estudiantil y el MPI en el nivel nacional fueron genuinos continuadores del trabajo albizuista. Si, como decía Norman en la entrevista de la compañera Mari Narváez, la nacionalidad puertorriqueña realmente se forjó en el siglo XX y, como vimos antes, se consolidó a fuerza de golpes, la lucha de la generación de la que él formó parte de manera destacada también jugó un papel muy importante.

Igual que Albizu, que peregrinó por América en 1930 porque sabía que el apoyo internacional era un pilar fundamental, la FUPI y luego el MPI centraron esfuerzos para llevar en los años 60 esa internacionalización a otro nivel. Norman participó de forma destacada en ese trabajo. En 1959 lo encontramos participando en un foro sobre Reforma Agraria en Cuba y al regreso le informa a la prensa sobre cómo debió enfrentar la confusión que todavía había en el país hermano sobre el caso puertorriqueño producto de las campañas muñocistas. Un año después, en 1960, lo encontramos en México en un evento sobre prensa estudiantil y luego en Caracas en el III Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Posteriormente tendría una participación destacada en la Asamblea Tricontinental celebrada en La Habana en 1966. Ya en 1961, en un artículo publicado en Claridad, Emilio Díaz Valcárcel se refiere a Norman como el “trotamundos Pietri”. De hecho, tratando de detener ese esfuerzo, en 1966, luego de su participación en la Tricontinental, el Departamento de Estado estadounidense le canceló el pasaporte, pero tras un procedimiento legal tuvieron que restituírselo.

El intenso trabajo internacional fue un complemento del realizado en Puerto Rico, vinculando la lucha patriótica con la que se daba en las comunidades y los centros de trabajo, así como el esfuerzo por desarrollar un medio de prensa que sirviera como difusor y organizador de la nueva lucha. Ese medio fue el periódico Claridad fundado en junio de 1959. En la décima edición -2 de noviembre del ´59- se anuncia una junta de redacción integrada entre otros por Norman. Su primer artículo, titulado Frente Estudiantil, lo encontramos en la edición fechada 7 de diciembre de 1959. A lo largo de la próxima década sería redactor, columnista y director.

En pocos años tras su fundación el MPI se convirtió en una organización de enorme impacto, con un periódico que circulaba por todo el país, vinculada a los movimientos de liberación latinoamericanos y con gran presencia en foros internacionales donde logró contrarrestar de forma efectiva la desinformación que durante la década anterior propagó Estados Unidos sobre el caso puertorriqueño.

En 1970, específicamente para octubre de ese año, Norman dejó de ser parte del MPI. Sobre aquella escisión es necesario hacer una aclaración importante. Ninguno de los compañeros que salieron del Movimiento lo hicieron motivados por pequeñas luchas de poder o por afanes protagonistas. Ninguno se fue a montar un pequeño kiosko para llamarse líder, sino que el rompimiento fue resultado de un genuino diferendo ideológico que entonces se manifestaba tanto en Puerto Rico como en muchos otros países latinoamericanos. Me refiero al diferendo sobre formas de lucha y, en particular, al apoyo a las diferentes expresiones de lucha clandestina o armada. La vinculación del MPI con los Comandos Armados de Liberación (CAL) fue el detonante de aquel rompimiento.

Norman, César Andréu y otros compañeros muy valiosos abandonaron el MPI en aquel año, pero no se fueron de la lucha de independencia. Primero en el PIP y, a partir de 1973, en otras organizaciones, Norman Pietri siguió siendo el mismo luchador lúcido y valiente que siempre había sido. Posteriormente a su trabajo patriótico se añadió su dedicación como abogado y como organizador en el movimiento sindical. En 1980 también volvió a sus colaboraciones en Claridad con una serie de artículos sobre el independentismo y la participación electoral.

Curiosamente, cuando el año pasado el compañero Félix Ojeda Reyes terminó un libro historiando la lucha armada en Puerto Rico, la misma que motivó el diferendo en 1970, una de las personas a quien le envió el manuscrito para que se lo comentara fue Norman Pietri. La última conversación que tuve con Norman fue sobre ese libro de Félix.

Hoy despedimos a quien tal vez sea el último integrante de aquella generación de fundadores que quedaba entre nosotros. Lo hacemos celebrando su gran aportación para que 124 años después de que los invasores del 98 iniciaran la campaña para “americanizar” su nueva colonia, nos dispongamos, en cambio, a construir la PATRIA NUEVA. Gracias a Norman Pietri, a Juan Mari Brás, a Julio Vives, a Pupa Trabal y a todo aquel grupo de fundadores. Como decía el poeta, “de entre esas manos nos salió la patria”.

Texto leído en el acto de recordación a Norman Pietri Castellón celebrado en el 13 de junio de 2024.

 

Colonialismo de poblamiento: dos colonias, Puerto Rico y Nueva Caledonia en resistencia

 

Especial para CLARIDAD

El año pasado, en mayo, participé de la reunión del Comité Especial de Descolonización o C-24 de las Naciones Unidas. Fui invitada como experta en ambiente, economía y sociedad de pequeños países insulares y exponer sobre el cambio climático y sus efectos en estas. En la misma pude escuchar los planteamientos de los embajadores de los países miembros, los países llamados potencias administradoras (antiguas potencias colonizadoras), los gobiernos (administradores) y grupos independentistas de los países no considerados autónomos sobre el proceso de libre determinación e independencia.  El proceso de descolonización es el derecho de autodeterminación de estos países, para elegir el tipo de relación política que quieren mantener respecto de su metrópoli. De los 17 territorios no autónomos, tres pertenecen a EE. UU.: Guam, Samoa Estadounidense e Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico fue excluido de la lista luego del Estado Libre Asociado. Puerto Rico no es parte de este grupo de 17 pero como colonia tenemos muchas coincidencias con algunas de ellas.

Estados Unidos casi nunca participa, pero el año pasado enviaron a un funcionario, que cuando escuchó de los países el reclamo por la independencia de Puerto Rico señaló que nosotros, Puerto Rico, éramos parte de EE. UU. y que habíamos decidido. Eso me consternó, porque, aunque Puerto Rico fue sacado de la lista debido a la creación del Estado Libre Asociado, no somos parte de EE. UU. pues la doctrina señala que somos territorio no incorporado, una colonia. Este funcionario desconoce sobre la Cláusula Territorial, los casos insulares en una serie de decisiones del Tribunal Supremo de los EE. UU. y en Sánchez Valle vs Estado Libre Asociado y lo que sucede en la colonia. Así que pedí la palabra, y luego de los embajadores amigos de Puerto Rico que le contestaron, me permitieron poder exponer donde aclaramos la condición colonial de Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio no incorporado de EE. UU.: pertenece a Estados Unidos, según los Casos insulares resueltos por la Corte Suprema de Justicia de EE. UU., los derechos constitucionales no son extendidos automáticamente a todos los territorios bajo el control estadounidense y no somos parte. El poder reside en el Congreso de los Estados Unidos al amparo de la Cláusula Territorial, por eso creó la ley PROMESA que impone una Junta de Supervisión Fiscal que es el ejemplo de dominación colonial de la “potencia administradora”, basada en la dominación exógena, organizada o apoyada por el Congreso de EE. UU. La Ley Promesa reafirma sin equívocos que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Además, que el plebiscito que se realizó era uno bajo condiciones coloniales y es no vinculante. Le añadí que en las colonias no existe democracia, y los plebiscitos o consultas que se llevan a cabo en las colonias sin existir un proceso de descolonización y bajo criterios de dominación no son válidos. Un pueblo colonizado no puede decidir si no se da un proceso de descolonización, de transferencia de poderes y que no sea dirigido bajo el país interventor. Para EE. UU. fue sorpresa que alguien de Puerto Rico estuviera allí y le contestara, en especial alguien que no representa a la administración colonial y quedó claro el desconocimiento que la persona tenía de Puerto Rico. Ellos esperaban que fuera sólo contestados por los países amigos de Puerto Rico que se encuentran en el C-24 y no por una puertorriqueña.

En el evento C-24 expone lo que hacen los administradores de las colonias para resolver su estatus político y definir su relación con las metrópolis o potencias administradoras, y le dan un turno a un grupo de la oposición en algunas circunstancias. Lo que denota es que los procesos aparentaban ser democráticos, pero en su mayoría eran controlados por la metrópolis y sus administradores, en muy pocos casos los movimientos de liberación lograban el acceso al poder para decidir. Había casos donde se escogía estar bajo la condición colonial, pero cuando uno investigaba eran países que habían sufrido colonialismo de poblamiento o colonialismo de asentamiento. Este tipo de colonialismo es cuando los colonos extranjeros se mudan y residen permanentemente en las tierras ya habitadas por residentes, los desplazan, les quitan sus tierras, con el objetivo de desplazarlos, controlarlos, eliminarlos y reemplazarlos con una sociedad de colonos. En estos casos la política y la economía están bajo el dominio de los colonos. En esos casos en los plebiscitos o consultas deciden quedarse como colonia. En los casos donde los residentes son mayorías se dan diversos modelos de consultas y buscan la descolonización para poder decidir.

Luego de la reunión se comunican conmigo los grupos independentistas de Nueva Caledonia me felicitan y agradecen que expresara que en las colonias los plebiscitos y consultas no son democráticas mientras se den bajo el dominio de las “potencias administradoras”.  En la conversación encontramos varias similitudes entre el archipiélago de Nueva Caledonia y el de Puerto Rico. Ambas además de colonias son enclaves militares y económicos, ambas tienen la ciudadanía de sus metrópolis, sus residentes son pobres, ambas tienen una economía de la dependencia de fondos externos de la metrópolis (como forma de dominación) y, los asuntos exteriores, la defensa, seguridad y la moneda están en manos de la metrópolis y en el caso de ellos la justicia está en manos de Francia. En ambos se está dando un traslado de población de la metrópolis al archipiélago con el propósito de dominar las decisiones políticas y económicas, colonialismo de poblamiento.

El estatus que posee Nueva Caledonia, otorgado luego de luchas y como parte de la descolonización negociada, es Collectivité Sui Generis, es un estatus único dentro de la República Francesa, donde se sitúa entre el de un país casi soberano y un departamento de ultramar francés. En 1946, el archipiélago se convirtió oficialmente en un territorio francés de ultramar. En 1998 se firmó el Acuerdo de Numea, por el que Francia se comprometía a conceder una mayor autonomía y participación política a los neocaledonios, en especial a los canacos (la población autóctona). Establecen un Congreso de Nueva Caledonia y un gobierno propio, que legislan los impuestos, leyes laborales, salud y comercio exterior.  Participan en elecciones políticas ya sea a nivel municipal, territorial o provincial además de elecciones legislativas, presidenciales y europeas. Los ciudadanos franceses envían dos representantes a la Asamblea Nacional Francesa y un senador al Senado de Francia, que casi siempre son franceses.

En Nueva Caledonia se creó una ciudadanía de los neocaledonios, que incluye a los “canacos” como se llaman la población autóctona que son el 40% de la población, y los residentes antes del Acuerdo de Numea (los nacidos y sus descendientes) que son el 24% que incluye población de origen francés, llamados lealistas o caldoches y los franceses que residían. Es un acto de soberanía el crear una ciudadanía de ellos (basado en el Acuerdo de Numea), donde decidieron que sólo los ciudadanos de Nueva Caledonia tienen el derecho a votar en las elecciones locales. Con la nueva ciudadanía pueden escoger a sus políticos, ocupar puestos en el gobierno y decidir lo que van a hacer con sus relaciones con Francia. Esta medida no es del agrado de Francia (aun cuando son parte del acuerdo) y alegan que convierte a los ciudadanos franceses que viven en Nueva Caledonia, que llegaron luego del acuerdo, en ciudadanos de segunda clase, ya que estos no poseen la ciudadanía de Nueva Caledonia. Francia impone su poder político y legisla un proyecto de reforma electoral donde señala que sí pueden votar e impone su poder militar para defender esta decisión.

Por eso Nueva Caledonia es noticia ahora, por la situación de protestas que se vive, es un pueblo reclamando su derecho a existir y en resistencia. Los residentes originales cuestionan la ley que Francia impone para asegurar que los colonos o franceses que llegaron después de 1998 que viven en la isla puedan votar en las elecciones y el plebiscito que se va a realizar.  Y reclaman que esa política diluye el peso electoral de los independentistas canacos y detrás de la misma se encubra un intento de Francia de ejercer un control más directo sobre el territorio, decidiendo en las elecciones, controlando los puestos públicos, el poder político y decidiendo en el plebiscito. El pueblo de Nueva Caledonia sabe que son los ciudadanos sujetos de autodeterminación son los que deciden el futuro del país al derecho de libre determinación e independencia, pero Francia no reconoce eso. Francia impone el colonialismo por poblamiento o colonialismo de asentamiento para dominar el control administrativo colonial.

¿Por qué es importante Nueva Caledonia para Francia? Además de su ubicación geoestratégica en el Pacifico que asegure la presencia francesa en el área, las bases militares y el uso de las islas para prácticas militares, el archipiélago permite controlar la presencia de China en la región que le interesa el níquel. El archipiélago tiene valor geoeconómico ya que tiene una cuarta parte de las reservas mundiales estimadas de níquel, además de metales raros que son pilares de la economía, en especial para baterías eléctricas de los automóviles y la fabricación de acero inoxidable. El archipiélago se encuentra en un área de muchos minerales en su superficie terrestre y marítima, una gran riqueza que es parte del conflicto político y social y la razón por la cual Francia no quiere la independencia. Las minas están dominadas por franceses, que se llevan las riquezas mientras las desigualdades sociales y la falta de equidad en la distribución de los ingresos son grandes entre los canacos. A eso se une el desempleo elevado, la falta de servicios y las viviendas precarias. El pueblo independentista canacos sabe que esta riqueza de la industria minera es fundamental para obtener una solución política y económica de libre determinación e independencia. El intento de Francia de consolidar su dominio sobre el archipiélago es dominar el control administrativo colonial y evitar la independencia.

Entre 2018 y 2021 se organizaron referendos y en el primero el 57% y en el segundo el 53% de los votantes optaron por mantener a Nueva Caledonia como parte de Francia. En 2021, el tercero, fue boicoteado por los votantes independentistas debido a la muerte de miles de canacos por el COVID-19 y la fecha de la votación no respetaba sus tradiciones de duelo e impedía hacer campaña. Así que la opción de permanecer en Francia ganó con un 97% de los votos, Francia se dio cuenta que puede consolidar su dominio. Tras este referéndum, las autoridades francesas y neocaledonias empezarán a negociar un nuevo estatuto de autonomía para el archipiélago, que también debería aprobarse por referéndum en el 2023, que no se ha dado.

Francia controla el poder económico, el poder militar y dominan los medios para decidir, mientras los residentes, los independentistas canacos, sólo tienen el poder de convencer persona a persona, pero son el 40% de la población. Si Francia sigue enviando franceses al archipiélago controla las decisiones políticas. Ante los disturbios, los medios de prensa francesa han presentado noticias  distorsionada, presentan como violentos a los canacos, no la represión de parte de Francia, las condiciones de pobreza y desigualdad en la que viven. Los canacos son los que votan por la independencia, la población de origen francés, llamados lealistas, los franceses, sus empleados y asociados votan a favor de ser colonia.

Para Nueva Caledonia es importante tomar control de su gobierno para poder decidir y establecer políticas públicas para su gente. Para poder establecer un modelo económico diversificado y utilizar las riquezas que se generan de la minería, que actualmente las llevan a Francia, para beneficio de la sociedad con un fondo de inversión social que mejore las condiciones de vida. La lucha de poder económico, político y militar es parte de ese debate para poder crear una economía que sea diversificada, que ayude a superar la dependencia económica y social (que es parte del dominio colonial) que los mantiene en pobreza. La soberanía y la independencia de Nueva Caledonia requiere descolonizar para poder decidir entonces qué tipo de relación quieren con Francia incluyendo el uso del territorio para acciones militares. Y aunque el gobierno francés ha prometido que la reforma electoral no entrará en vigor hasta finales de junio, los canacos saben que las elecciones no son democráticas mientras el control político esté en manos de los franceses. Para decidir primero necesitan el control político y económico, tener soberanía para descolonizar, demostrar que la independencia es posible y entonces poder decidir. Mientras la lucha y resistencia sigue.