CLARIDAD
Para iniciar una verdadera transición hacia la energía renovable, el Gobierno de Puerto Rico debe de empezar por cancelar el contrato con Genera PR. Esa es la primera recomendación contenida en el más reciente análisis del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), respecto a la situación del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.
En el estudio La Junta de Supervisión Fiscal y el operador de las plantas de energía amenazan la transformación de las energías renovables, de la firma del director de IEEFA, Tom Sanzillo, expone que pese a que la política pública es hacia la transición, el objetivo manifiesto y la operación de Genera PR es hacia la gasificación del país mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) toma medidas que impiden la expansión de las energías renovables.
El atraso en la transición al uso de energías renovables, plantea IEEFA, ocurre aun cuando existe consenso entre las partes interesadas con respecto a la necesidad de llevar a cabo la transición hacia el uso de energías renovables, para lo cual se aprobó la Ley 17-2019 de política pública para adoptar el uso de energías renovables. Se tiene el estudio PR10, emitido por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, siglas en inglés), que evidencia que técnicamente es factible que Puerto Rico pueda moverse hacia un 100 % de energías renovables para el año 2050 y que en el 2020 el NEPR le aprobó a la AEE un plan a largo plazo para nuevas instalaciones de energía a gran escala.
El avance hacia la energía solar se ha visto socavado, indica el informe de IEEFA, por un modelo de negocio que compromete el interés público, en referencia a Genera PR. Expone que la privatizadora ha promovido continuamente la generación a través de gas natural, con algunos proyectos que antes fueron derrotados, como las propuestas para los gasoductos y el puerto de gas en alta mar en Aguirre, mientras que otros han progresado. Trae a la atención que recientemente se ha divulgado que la AEE utilizó fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la adquisición de generadores temporales de gas con capacidad de 350 megawatts (MW) a la compañía de gas natural New Fortress Energy (NFE). Aunque se supone que estos generadores estén en uso hasta el cierre del año 2025, IEEFA advierte que no conoce motivo legal alguno por el que dicho periodo no pudiera extenderse.
Expone que Genera, la cual es una subsidiaria de NFE y tiene un contrato con vigencia de 10 años para operar las plantas de generación eléctrica, ha hecho presión para que más plantas se conviertan a gas natural en beneficio de su empresa matriz. Al respecto, mencionó las expresiones de Brannen McElmurray, el CEO de Genera, que en el pasado mes de mayo le dijo a sus inversionistas “esperamos… sencillamente que la isla esté energizada usando gas natural, complementado por energía solar y baterías, y ese va a ser el futuro para Puerto Rico”. Tampoco dejó pasar por alto que el gobernador Pierluisi apoyó estas expresiones.
“Este conflicto de interés entre el operador de las plantas de generación eléctrica de PREPA y la política pública energética de la isla representa una de las más claras amenazas al crecimiento del uso de la energía solar en Puerto Rico”, expresa el director de IEEFA.
En lo que respecta a la JCF, Sanzillo describe como contradictoria su política de, por un lado, hablar de la importancia de las energías renovables, y por el otro, querer adoptar medidas para reducir la compensación por “medición neta”, la cual es una herramienta de importancia fundamental que ha promovido la adopción generalizada de las placas solares en los techos. Repara en que la JCF mantiene su amenaza de acudir al tribunal si la Legislatura y el Gobernador no derogan la ley.
El avance de sistemas solares a costa del bolsillo de los consumidores
Mientras, durante los últimos siete años se han instalado más de 107, 000 sistemas de energía solar en hogares y negocios, con baterías de respaldo, en gran medida, sin recibir algún beneficio a través de subsidios directos. El costo inicial promedio de un sistema solar instalado en el techo en Puerto Rico, es de aproximadamente $28,500 si se paga en efectivo.
IEEFA compara que el ingreso medio del hogar en Puerto Rico en 2022 fue de $24,000, con un tamaño promedio del hogar de 2.65 personas. De acuerdo con un análisis llevado a cabo por la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, siglas en inglés) compartido con el IEEFA, más del 71 % de los sistemas de energía solar se habían instalado en hogares con un ingreso mayor del 80 % a la media a diciembre de 2022. Esto implica que solo un 0.1 % de los sistemas instalados son en hogares con ingresos menores al 30 % de la media según lo define el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).
Ello deja el estimado de que el 95 % de los aproximados 117,000 sistemas de energía solar en los techos instalados hasta la fecha en Puerto Rico se completaron sin recibir ayuda federal.
Eso quiere decir, a su vez, que hasta el presente los fondos federales han facilitado la instalación de casi 5,000 sistemas solares residenciales. Sanzillo plantea que si todos los programas con fondos federales alcanzaran sus objetivos, podrían facilitar la instalación de casi 120,000 sistemas. Reconoce que esta cifra es una estimada, poco específica y probablemente muy optimista, dado la considerable lenta puesta en marcha de los programas Nueva Energía e Incentivo Solar del Departamento de Vivienda de Puerto Rico y la falta de seguimiento a la fecha para los programas del DOE y de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). Entre todos los fondos federales destinados para la instalación de sistemas en techo suman alrededor de $2 billones y $1 billón de dólares de una asignación del Congreso específicamente para energía solar en comunidades vulnerables en Puerto Rico.
El estudio de IEEFA también objeta el que se utilicen terrenos agrícolas para la instalación de fincas solares.
Recomendaciones
A la luz de su análisis, IEEFA presenta una serie de recomendaciones comenzando por que se cancele el contrato con Genera para la operación de sus plantas de generación de energía eléctrica. Segundo, que la JCF permita la vigencia de la ley de la medición neta hasta el año 2030.
Tercero, que la JCF tenga en cuenta varios pronósticos a futuro para el crecimiento de la instalación de placas solares en los techos en su próximo plan fiscal, a fin de analizar y planificar las implicaciones presupuestarias de las distintas trayectorias de ese incremento.
En cuanto al papel de LUMA, que opera la red de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, el NEPR indica que deberían publicar información actualizada sobre la capacidad de alojamiento del sistema de distribución y priorizar el incremento de dicha capacidad donde sea necesario, idealmente utilizando los fondos federales que estén disponibles y no traspasar sus costos a los consumidores.
Por parte del DOE, este debe enfocar sus programas futuros en la instalación de placas solares en los techos para los hogares más vulnerables y apoyar sistemas más pequeños y estandarizados para promover un mayor rendimiento de los fondos federales.
