La candente pugna entre intereses políticos, económicos y empresariales por acaparar los recursos y el mercado de la energía eléctrica en Puerto Rico se ha convertido en una amenaza para el desarrollo económico futuro de nuestro país.
La quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE) ha sido el detonante de la peor crisis energética de nuestra historia contemporánea y de una lucha encarnizada por ocupar el vacío que ha dejado la virtual eliminación de la otrora «joya de la corona» del gobierno de Puerto Rico, hoy convertida en un mero carapacho sin función operativa ni poder decisional alguno.
En el editorial de nuestra pasada edición de CLARIDAD se resumió la historia de la aprobación de la Ley PROMESA de 2016 del Congreso de Estados Unidos, y su relación con el inicio de una nueva estrategia de dominación colonial sobre Puerto Rico basada en el control de nuestro mercado energético por la industria del gas natural. Esto, porque Estados Unidos desde aquel entonces luchaba por tomar la delantera en la carrera por la exportación mundial de gas natural licuado, objetivo que alcanzó finalmente en 2023.
Por otro lado, el endeudamiento y eventual bancarrota de la AEE, y el deterioro paulatino de su infraestructura fueron la antesala al paso del huracán María, que arrasó con nuestro maltrecho y remendado sistema eléctrico en 2017. Esto abrió una oportunidad de «oro» para los bonistas y mercaderes de energía de la metrópolis.
Desde entonces, la deuda de cerca de $10 mil millones de la AEE se ha convertido en el «hueso más duro de roer» del proceso para reestructurar la deuda total de Puerto Rico, que asciende a $72 mil millones. Esto, porque los más grandes entre los conglomerados financieros de Estados Unidos que compraron bonos de la AEE, determinaron no aceptar la negociación de los términos de pago incluidos en las cuatro versiones del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE (PAD-AEE) que se han presentado ante la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA. En el más reciente de esos PAD-AEE, la jueza Swain decidió limitar el valor de la reclamación de los acreedores de la AEE a $2.3 mil millones.
Por otro lado, en Puerto Rico hay nuevos «jugadores» privados en el tablero energético traídos- bajo presión de la JCF- por los gobiernos coloniales de los últimos ocho años. Por esa vía, las funciones de generación, transmisión y distribución eléctrica que antes realizaba la AEE, pasaron a manos de LUMA Energy y Genera PR, dos compañías privadas y subsidiarias de empresas estadounidenses, que fueron creadas «especialmente» para el mercado de Puerto Rico.
Este es el telón de fondo del actual proceso de quiebra de la AEE, ahora torcido una vez más por la decisión del Tribunal del Primer Circuito de Boston que indica que los bonistas de la AEE tienen derecho a que se les pague el total de su reclamación de $8 mil millones, en abierta contradicción a la decisión previa de la jueza Taylor Swain. Esta decisión del tribunal de Boston , sumada a la posible designación de un Síndico de Quiebras para la AEE, podría representar el alargamiento indefinido de los procesos judiciales de esta quiebra, y un eventual aumento indeterminado en las tarifas eléctricas que ya pagan los abonados residenciales y comerciales de la AEE, y que son más altas que las de la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos.
La decisión del Tribunal de Boston, además, complica aún más la precaria situación de la AEE. No solo porque representa una intervención colonial más de un tribunal de Estados Unidos contra el pueblo puertorriqueño, sino también porque ocurre en un momento particularmente sensitivo, en que la inestabilidad extrema de nuestro sistema eléctrico en manos de LUMA Energy y Genera PR provoca el rechazo masivo de un pueblo que no puede más con el peso de una deuda insostenible e impagable, y de la que no es responsable.
