CLARIDAD
Desde la comisionada residente hasta el gobernador, múltiples figuras reaccionaron a la avería de la semana pasada.
El pasado 13 de junio, más de 340,000 abonados de LUMA quedaron sin servicio eléctrico en partes del área metropolitana y la zona sur porque, según el director de la empresa encargada de la transmisión y distribución energética del país, la vegetación aledaña al cableado averió una de las líneas. La situación, además de implicar una retahíla de estragos, provocó la respuesta del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Como reacción inicial, el primer ejecutivo enumeró, por escrito, algunas medidas y órdenes que se han tramitado para agilizar la recuperación del sistema eléctrico. No obstante, el propio comunicado de La Fortaleza admitió que “a pesar de las gestiones llevadas a cabo, incluyendo la declaración de emergencia, nuestro sistema eléctrico aún sufre de inestabilidad, que ha causado que miles de hogares y comercios en Puerto Rico carezcan de los servicios esenciales de electricidad y agua potable”.
Por lo tanto, el gobernador activó a la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) para que, en algún “incidente mayor”, asista en las tareas de coordinación, logística, transportación, movimiento de piezas y equipos, “así como cualquier otro servicio que determine la secretaría de la Gobernación” para LUMA, Genera, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Del mismo modo, esta orden ejecutiva permitirá que el ayudante general de la GNPR, Miguel Méndez, incurra en “gastos razonables” relacionados con la activación de tropas y equipo. Esta instrucción cuenta con el aval del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
“Desde el principio de este cuatrienio, esta administración realizó una declaración de emergencia en toda la infraestructura crítica, incluyendo la relacionada directa o indirectamente con el sistema eléctrico”, sostuvo el comunicado de La Fortaleza. Como parte de las órdenes pasadas, el mandatario también agilizó el proceso de permisos que LUMA debe pasar para trabajar en la calle.
De acuerdo con el doctor Agustín Irizarry Rivera, catedrático en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y experto en sistemas eléctricos, esta decisión ejecutiva es “para las gradas” por la impericia que tiene la GNPR al momento de trabajar con el sistema eléctrico.
“La Guardia Nacional no está entrenada para trabajar con el sistema eléctrico. Puede transportar equipo, rescatar gente en medio de inundaciones. Ese tipo de respuesta. ¿Darle mantenimiento a las líneas y las subestaciones del sistema eléctrico, que es lo que tiene que hacer LUMA? La Guardia Nacional no tiene que ver con eso. LUMA tiene que hacer el trabajo por el que se le paga”, aseveró el ingeniero eléctrico.
Por otro lado, el catedrático aseguró que ni la otrora Autoridad de Fuentes Fluviales ni la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) enfrentaron complicaciones con los procesos de permisos. Irizarry mencionó que en cada subestación de la red energética hay un promedio de dos a cuatro transformadores, cuyos procesos de instalación nunca fueron impedimento para las pasadas agencias encargadas.
“Energía Eléctrica movía transformadores más grandes que estos de forma rutinaria, y eso se hacía sin que el país se enterara. Los movimientos siempre se hacían por carretera. Los permisos nunca han sido un problema para mover un transformador en Puerto Rico. Quien único no sabe mover un transformador en Puerto Rico es LUMA, que ahora averiguó que tiene que sacar permisos”, expresó en entrevista telefónica con CLARIDAD.
En esa línea, el catedrático del RUM reseñó que esta administración ha creado una “narrativa” en contra de los empleados públicos de la AEE de que “había que privatizar la agencia para resolver el problema”. Energía Eléctrica, afirmó Irizarry Rivera, operaba dentro de un marco partidista, pero en el que “cada empleado sabía lo que tenía que hacer”, algo que LUMA no ha logrado a tres años de que entrara en vigor su contrato.
“El contrato de LUMA es malísimo. No ha sido capaz de mostrar un desempeño ni siquiera razonable para una empresa que, cuando se trajo, dijo que iba a traer un servicio de ‘calibre mundial’. Eso no lo hemos visto aquí en Puerto Rico”, recalcó el también exrepresentante ciudadano en la Junta de Gobierno de la AEE. De igual forma recordó cuando, ni a veinticuatro horas de que LUMA comenzara operaciones en el país, se registró una avería que afectó a 800,000 abonados.
Por su parte, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, publicó un breve vídeo en sus redes sociales durante la avería. Entre sus reclamos, la también comisionada residente mencionó que, de declararse un estado de emergencia local, sería más fácil solicitar ayudas de emergencia a nivel federal.
González Colón recomendó que “eliminen toda la burocracia para la obtención de permisos” en los procesos de reparación y mejoras al sistema eléctrico. También, la comisionada residente en Washington D.C. responsabilizó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) por el desembolso tardío de fondos designados para, precisamente, la recuperación energética del país.
“Estoy cursando comunicación a FEMA, al Departamento de Energía Federal y a las agencias federales para que se haga de manera expedita, ante la situación de emergencia y de seguridad nacional que representa que Puerto Rico no tenga luz en sus aeropuertos, ni en sus puertos, hospitales y represas inoperantes”, denunció González Colón. Además, hizo mención de las más de 17 visitas de la secretaria de Energía, Jenniffer Granholm, para atender el sistema energético del archipiélago.
Para el doctor Irizarry Rivera, la única forma de mejorar la situación del consorcio privado es fiscalizando a través del Negociado de Energía, según establece el contrato de 2021.
“Cuando el Negociado de Energía decida, realmente, fiscalizar a LUMA, en cuanto AAFAF decida ejecutar su parte del contrato, que recibió la bendición de la Junta de Control Fiscal, entonces de podrá reclamar a LUMA. Fuera de eso, LUMA no le hace caso a nadie”, detalló el ingeniero eléctrico.
Mientras, el grupo multisectorial Queremos Sol coincidió con Irizarry Pabón en que el avance en los procesos de permisología no representa un mejoramiento en los trabajos que se realizan. De hecho, el comunicado oficial de la organización arguyó que esta determinación “solo beneficia al cartel del gas que obstaculiza que Puerto Rico cuente con un sistema basado en energía renovable distribuida”.
“El miércoles, nuestra población pasó horas a oscuras sin eventos de lluvia o vientos, en medio de una ola de calor extremo. Decir que ambas empresas están preparadas para enfrentar la temporada de huracanes es condenar a la gente a meses de miedo y a un potencial desastre mayor”, concluyó el reclamo de Queremos Sol.
