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Del Museo a la Escuela (de la contemplación a la acción): apuntes para una sesión invisible

Por
guillermo rodriguez
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Especial para En Rojo

 

We might be living within a work of art that we ourselves have helped to create through a million, a billion, a trillion acts of creation, viewing, and reading.

Jeffrey J. Kripal, Artists of the Impossible: The Altered States and Painted Visions of José Luis Vargas

Tallado por el lado inverso, un espejo deja de ser espejo y se convierte en cristal. Y los espejos son para ver de este lado y los cristales son para ver lo que hay del otro lado. Los espejos son para tallarlos. Los cristales son para romperlos… y cruzar al otro lado…

Subcomandante Insurgente Marcos, La historia de los espejos

Durante un recorrido guiado de la exhibición individual Fenómeno de José Luis Vargas en el Museo de Arte y Diseño de Miramar MADMI, tuve la oportunidad de conocer personalmente a este artista de culto al menos para mi generación. Luego de varias sesiones de conversación, conociendo más a fondo lo que más allá de su transdisciplinaria práctica artística llamó su programa, orgánicamente extiendo la invitación a acompañar curatorialmente su proyecto más reciente, El Colegio Invisible en la antigua Capilla La Milagrosa de Río Piedras. La confianza y generosidad de José Luis han sido clave para adelantar una agenda donde la filosofía y el arte, lo sobrenatural y el compromiso social aterricen en materia este magno proyecto. En iniciativas previas del artista, las dimensiones y ambición de su propuesta y programa adquieren escalas institucionales como en el caso del Museo de Historia Sobrenatural donde aparecen elementos de ciencia ficción, del folklore sobrenatural, elementos autobiográficos y culturales del imaginario colectivo puertorriqueño. Como detonantes o catalizadores que abran nuevos diálogos, la biblioteca, obra y visión del artista proponen nuevas formas colectivas de entender el rol del museo y la escuela, del arte y la pedagogía. En un movimiento que pasa de la contemplación a la acción, del Museo a la Escuela, el artista retoma temas y elementos que una instancia museológica implicaban un estatus aurático y de contemplación, y esta vez los emplea como recursos didácticos para generar comunidad.

El Colegio Invisible (cuatro elementos)

El Colegio Invisible es un proyecto donde se habilita la antigua capilla La Milagrosa a ser un espacio de reflexión que gira en torno a la biblioteca personal del artista. El Colegio consta de cuatro elementos centrales: la biblioteca invisible, la exhibición mutante, las sesiones invisibles y el cierre como apertura.

  1. La biblioteca invisible:

Durante los meses de mayo y junio la biblioteca de José Luis se pone a disposición de grupos cerrados para consulta y referencia de los temas que han ido nutriendo intelectual, filosófica y espiritualmente al artista y su programa. Según los ejes temáticos de la biblioteca se organizan una serie de charlas y visitas guiadas generando un ambiente de lectura, diálogo y reflexión. Una selección de esta biblioteca se presenta en el entrepiso o mezzanine del coro de la antigua Capilla la Milagrosa: la cabeza o cerebro de la muestra como la denomina Vargas. La biblioteca se divide en secciones temáticas que van de la filosofía y estética al misticismo y lo sobrenatural, de la novela gráfica a la monografía de artista. Más puntualmente la biblioteca sondea temas como el vodú haitiano y la doctrina espiritista, la obra de artistas como Hilma AF Klint y Jasper Johns, o la poesía y ensayística de autores como Octavio Paz o Jeffrey J. Kripal.

  1. La exhibición mutante (y magnética):

El segundo elemento lo compone un modelo de exhibición mutante que irá cambiando de forma a través del tiempo. En una muestra mutante el espacio de exhibición opera como un campo de ensayo periódico –la muestra como medio y no como fin en sí misma. Quien tenga la experiencia de habitarla entenderá que se trata de una exhibición que por varios motivos llamaría magnética. A diferencia de una exposición narrativa, por ejemplo, los flujos físicos e inmateriales que habitan esta muestra operan como zonas de intensidad o polos cambiantes, afectándose tanto entre sí como a quien los experimenta. En La Milagrosa las obras no se comportan de manera geométrica o lineal, sino que operan desde una lógica ondulante y vibratoria –como campos magnéticos.

La muestra, más introspectiva que retrospectiva, parte del reciente survey de la obra de José Luis en el Museo de Arte y Diseño de Miramar MADMI con impecable curaduría de Marilú Purcell Villafañe. Abarcando obra de los últimos 30 años, nuestra exhibición funge más como un archivo o fichero pictórico –un inventario abierto y cambiante de su producción artística. Más de cuarenta obras de monumental formato nunca antes presentadas en un mismo espacio irán desplegándose a través del piso y paredes de la nave principal de la Antigua Capilla. La muestra puede ser experimentada en detalle desde el primer nivel de La Milagrosa o de forma panorámica (como un tablero visto desde arriba) aprovechando la perspectiva aérea que nos concede el entrepiso del coro en un segundo nivel. Si se considera su escala y extensión, las pinturas reunidas excederían las dimensiones de La Milagrosa. La exhibición entonces no tiene un display fijo o final, sino que las pinturas irán rotando periódicamente, reconfigurando su forma y contenido según los temas abordados en el tercer y principal elemento del proyecto: las sesiones invisibles.

  1. Las sesiones invisibles:
Fotos suministradas por el autor

Partiendo nuevamente de los ejes temáticos de la biblioteca, convocamos a una serie de sesiones invisibles: charlas y visitas guiadas a grupos cerrados con el propósito de brindar una experiencia íntima de la muestra. A estos recorridos intencionados para cada grupo de invitados les sigue una charla o discusión sobre el tema que los congregue, sea arte, literatura, filosofía, ciencia o misticismo. Convocando una comunidad por venir, El Colegio Invisible desborda los límites espaciotemporales de una exhibición tradicional. Se trata de un proyecto integral que basa su estructura horizontal y dispersa en las comunidades epistémicas y colegios invisibles de la ilustración. El Colegio evoca formas de asociación que tejan redes de investigadores y educadores formando cooperativas de conocimiento sin autoridad centralizada ni currículo establecido.

  1. El cierre como apertura

Como evento de cierre se presentan proyecciones de dos video-performances: El Retorno de Albizu, y una Segunda Sesión Espiritista. En ambos videos tanto José Luis como su alter ego El Santo y sus colaboradores Ariel Annex Labatut, Jose Luis Baerga y David Rodríguez Labatut, convocan seres que emergen de la memoria histórica y afectiva en sendas séances espiritistas. Como volviendo al principio o empezando por el final, el fin de las sesiones invisibles y el cierre de la exhibición implican a la vez su apertura al público general. Como exhibición de arte, la muestra sólo abre al público durante dos fines de semana consecutivos. Al hacerse visible brevemente para incidir en la realidad extra-artística, este cierre como apertura indica el crossover del Colegio Invisible. Atravesando el espejo enfocado en el presente individual, esta comunidad que viene no sólo idea y visualiza futuros posibles (en plural), sino que empieza a habitarlos.

 

 

Los fragmentos de todo según el artista Marcos Alegría

Por
jorge rodriguez acevedo
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Entrevista desde el taller y reseña de la exposición Cuatro décadas de pintura

Especial para En Rojo

Al fondo hay un vitral. El color se recompone con cada paso. Al acercarnos, la imagen fragmenta; espacios de color unidos por una línea, la “caña”, recorriendo cada filo. Se asemeja a la antigua concepción del “Logos”; eso que los Estoicos concebían como el entramado del universo, una razón de tejido en causas y efectos que estructura todo, como la caña a los vidrios. La línea del trazo de Marcos Alegría.

Alegría es pausado, habla de manera suave mientras cruzamos la casa: el espacio, los rincones de su hogar se cubren de cuadros de Moreira, Mojica, Marín.  Entramos al taller desde el patio. Hay una tarja rescatada al lado de la puerta: Escuela Marcos J. Alegría, “Ese era mi padre,” Nos dice. Alegría nace en 1954, en Dorado, a una familia absorta en el quehacer artístico. “En la casa de allá (refiriéndose a su hogar de crianza) la parte de abajo era la del estudio de mi papa, pero para entrar y subir a la casa arriba tenía que entrar por la puerta del estudio.” Recuerda el artista “Yo de niño pasaba y veía las modelos en la mesa normalmente. Las compartían él y Félix Bonilla Norat, que vivía aquí en Levittown.”

Ingresa a la Escuela de Artes Plásticas, centrándose en pintura y vitral. Recuerda el día que entró al salón de quien sería su máximo maestro, Augusto Marín.  “Se presentaban todos, y me tocó. Me levanté, -Marcos Alegría, de Dorado-. Me preguntó -¿Tu quedas familia de Marcos Alegría, el pintor?- -Yo soy hijo de él-. De ahí para abajo tuvimos una grandísima amistad.” Lo llevó por las calles bohemias del Viejo San Juan, las noches interminables, “Siempre que estábamos allí, preparábamos tuna con galletas, y el Stolichnaya.” En una de estas, como si se dirigiera por estas, “Mas abajo, por el Colegio de Párvulo, vino el español Paco Revelles, el acuarelista. Pero Paco lo que pintaba era la arquitectura del viejo San Juan, y usaba mucho proyector, tú sabes, para no fallar en perspectiva. Entonces un día, le dijo Tuto -Siéntate allí – Paco tenía una barba larga; le dijo -Siéntate- cogió un papel que Paco tenía preparado, ya húmedo. Era como ver a Osvaldo Guayasamín pintando a Paco de Lucia. Aquella barba fue saliendo sola. Me decía, -¿Se parece, verdad? Y se reía.”

El primer piso del taller resguarda los materiales de vitrales, planchas de cristal de diferentes colores, unas frente a otras. En los extremos, vitrales que le han traído para reparar. A la izquierda hay una escalera espiral, angosta en metal. Hay que agacharse para no golpearse la cabeza. Arriba, en el suelo, como mirando a su alrededor, se sienta el boceto de “La Dama descalza” (2005). Trabaja un lienzo sobre un atril, las espátulas y pinceles a su lado, y un inmenso lienzo rojo cuelga en la pared, rodeado de mensajes de amor. Pinta solo en las mañanas, y la luz es muy especial en las mañanas.

Fotos suministradas por el autor

La pintura de Alegría parece iluminada desde sí. Hay una relación espacial diferente a la de postrarse frente a un vitral. En ellos, la luz necesaria no viene desde nuestra perspectiva, sino tras la obra. La ilumina como intermediaria. Pero, en sus lienzos, la imprimatura negra (técnica legada de Marín) remite a la oscuridad primal, de la noche, de los sueños, donde irrumpe la luz.

Esto es lo que permea su corriente exposición Cuatro décadas de pintura en la Galería Miguel A. Domenech del Paseo de la Princesa, Viejo San Juan. Se nos enfrenta frente a la luz y la oscuridad entre las dos salas principales. Al entrar a la izquierda, “Naufragio” plasma la incertidumbre, la condición precaria personal, el inmigrante de lo cotidiano y las fuerzas que llevan a la deriva, rememorando, en su composición, al bronce “Cocodrilo” de Leonora Carrington. “El Amo Dictador” nos muestra esa fragmentación, ese Logos en la figura del Adán de Miguelángel, recostado, ordenando la ejecución del caos. En los detalles, la composición se ejecuta de manera vitralesca, pero con una luz que viene de adentro. Un pie, una mano, una extremidad se divide en decenas de campos, y en instantes, un juego de anaranjados, rojos y amarillos que encienden la obra, iluminándola, como en “Entre España y la playa” y “El Vela Güira”, al punto de parecer enardecida, inmolada en fuego.

Dos gatos corren por la sala. Un “Maine Coon” gris, de largos cabellos, se posa sobre la mesa bajo un lienzo monumental de la última cena. Hay una luz en todo, como si la existencia misma se fragmentara en recuerdos, de sus viajes a Cuba, una silla de caballo que se recuesta en la pared, las memorias de viajar a Italia con Rafael López del Campo a recuperar una obra, pinceladas, palabras, cristales, como si Marcos Alegría hubiera encontrado cómo atrapar la luz con sus manos.

 

 

 

Protección para las comunidades inmigrantes

Por
redaccion-de-claridad
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Ante la ya reconfirmada colaboración del gobierno de Jenniffer González Colón con las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), compartiendo información y datos de personas inmigrantes que residen en Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana, por separado, dieron a conocer que iniciarán una ofensiva para que las legislaturas municipales establezcan política pública para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico.

El hecho de esta colaboración quedó confirmado por la misma directora de la agencia en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, quien le admitió a la National Public Radio (NPR) de Nueva York que le solicitó a la gobernadora proveer la información de las licencias de conducir de unas 6,000 personas inmigrantes con estatus irregular. De acuerdo al NPR González Ramos, indicó que “el gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que les pedimos. Y estamos solicitando esa información para poder avanzar con la misión. Y estamos esperando”.

Lo descubierto hasta el presente es que la información provista desde febrero es de licencias de conducir para personas inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, que otorga el gobierno de Puerto Rico mediante la Ley 97 de 2013.

En conferencia de prensa este domingo 8 de junio las delegaciones del PIP en la Legislatura anunciaron la ofensiva mediante sus legisladores municipales para que los municipios establezcan política pública para que se garantice la protección a lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales, clarificar y uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las entidades municipales y las autoridades federales de inmigración y para asegurar que sean en estricto cumplimiento con el estado de derecho.

La ordenanza municipal establecería los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades municipales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.

Las representantes Adriana Gutiérrez Colón y Nelly Lebrón Robles narraron la situación ocurrida con una mujer inmigrante de nacionalidad dominicana en Cabo Rojo que fue arrestada por las autoridades federales luego de que un policía municipal alertara a las agencias de inmigración mientras esta buscaba información en la alcaldía para establecer un negocio ambulante.

Gutiérrez Colón indicó que según el alcalde el policía municipal actuó por cuenta propia cuando decidió alertar a las autoridades federales para que arrestaran a la mujer dominicana, sin haber cometido delito alguno, con permiso de trabajo en los Estados Unidos y sin una orden judicial. “Con nuestra iniciativa se establecen los parámetros y protocolos para garantizar que no se continúen violentando los derechos de nuestras comunidades inmigrantes”.

En tanto el representante Denis Márquez Lebrón, dijo que en febrero las delegaciones del PIP radicaron los proyectos 331 en la Cámara de Representantes, y el 379 en el Senado por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), precisamente para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico. “Ante la inacción del liderato legislativo para considerarlos, y el recrudecimiento de las redadas tras la vergonzosa docilidad con la que el gobierno entregó información de aproximadamente 6,000 personas a las autoridades federales, hemos adaptado los proyectos en una ordenanza municipal para que nuestros legisladores las sometan y así dotar a los municipios de una herramienta en defensa de nuestras comunidades inmigrantes”, expresó el portavoz cameral del PIP.

Por su parte el MVC en comunicado de prensa también anunció que donde tenga representación municipal presentarán resoluciones en solidaridad con las comunidades migrantes. El MVC informó que tiene representación municipal en los pueblos de Aguada, Dorado, Guayanilla, Humacao, Orocovis, Quebradillas, San Juan, Trujillo Alto, Vega Baja y Vieques.

“Las resoluciones que presentaremos tienen como objetivo rechazar la colaboración de la Policía de Puerto Rico con ICE, incluyendo el intercambio de información que pueda llevar a detenciones o deportaciones, exigir transparencia y rendición de cuentas al gobierno estatal sobre sus acuerdos y prácticas relacionadas con la inmigración y proclamar los municipios como espacios comprometidos con los derechos humanos y la justicia social, donde se defienda la dignidad de todas las personas sin importar su estatus migratorio”, expresó Ana Irma Rivera Lassén, Coordinadora General del MVC.

Por otra parte diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles denunciaron la colaboración del gobierno de González Colón, del Partido Nuevo Progresista (PNP). La organización Kilómetro Cero (KC), catalogó la colaboración como una alta traición al pueblo de Puerto Rico, que históricamente ha convivido con las comunidades inmigrantes en nuestro país, y contradice toda noción básica de derechos humanos, justicia y solidaridad.

“Puerto Rico no puede ser cómplice de un sistema que encarcela, deporta y separa familias por su raza y lugar de nacimiento. No seríamos los únicos, muchos estados y ciudades santuarios en Estados Unidos están tomando posturas de no colaboración con el gobierno federal”, reclamó la directora ejecutiva de KC, Mari Mari Narváez.

La organización denunció que las redadas, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo de personas migrantes en Puerto Rico no solo se están intensificando, sino que ocurren bajo total impunidad.

“Estamos siendo testigos de una normalización peligrosa del racismo y la violencia de Estado. Es una emergencia democrática. Se están desmantelando derechos fundamentales ante nuestros ojos, y el gobierno de Puerto Rico, lejos de proteger a las comunidades más vulnerables, las expone a la violencia, a la separación de familias, al encarcelamiento sin el debido proceso”, alertó Mari Narváez.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), también se expresó sobre el particular, lo cual calificó como “una afrenta y una violación al derecho universal a la privacidad en lo referente a información privada, indistintamente del status migratorio de las personas”.

La presidenta del CAPR, Vivian Godineaux Villaronga, apuntó a que la Ley 97 de 2013 es una que está vigente y establece en su Exposición de Motivos que “las aportaciones al país de las personas extranjeras sin estatus migratorio oficial y el respeto a la dignidad humana las hacen acreedoras de unas protecciones fundamentales por parte del estado”.

Reclamó que el CAPR ha sido vocal objetando la participación del gobierno de Puerto Rico en el “cumplimiento” de las órdenes ejecutivas del gobierno federal contrarias a la comunidad de inmigrantes. “No hay una obligación de las agencias estatales de colaborar con la agencias federales en lo relativo a estas órdenes impulsadas por la administración de Donald Trump. Prueba de ello son los numerosos procesos judiciales activos en los tribunales de EE UU por parte de los estados, así como de entidades e instituciones cuestionando las mismas”, puntualizó.

El gobierno reconoce colaboración

Mientras, el jueves 5 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora, Hiram Torres Montalvo, confirmó que el gobierno entregó la información, la que fue solicitada mediante un “supina” directo al secretario del DTOP. Dijo además que la comunicación fue directa con la gobernadora, al otro día la gobernadora desmintió a su secretario de Asuntos Públicos.

 

 

 

 

 

 

Recortes a investigaciones limitan el progreso científico

Por
adrian rodriguez alicea
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Dos expertos en el campo conversaron con CLARIDAD

 CLARIDAD

 Desde que Donald J. Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos (EE UU) por segunda vez, los recortes a programas de todo tipo, como prometió durante su campaña electoral, no se han hecho esperar. Iniciativas como la Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Medicaid y hasta investigaciones académicas relacionadas con una gama de temas se han atrofiado.

A juicio del doctor Jorge Colón Rivera, profesor y químico investigador destacado en la Universidad de Puerto Rico (UPR), estas determinaciones de la nueva administración federal representan un “daño a la ciencia y la innovación” que no se limitará al tiempo en que Trump presida la Casa Blanca. Al quitar tantos fondos, sostuvo el experto, generaciones de investigadores quedarán sin los apoyos necesarios para dedicarse al campo.

“Nosotros, en Puerto Rico, empezamos a sufrir el efecto de los recortes en programación de investigación como RISE, que era un programa subvencionado por el Instituto Nacional de Salud (NIH, en inglés) en el que el recinto de Río Piedras apoyaba la investigación de 18 estudiantes subgraduados y 25 graduados. De un día para otro, se vieron sin el apoyo que recibían”, mencionó Colón Rivera en entrevista con CLARIDAD.

La pérdida presupuestaria, anunciada en abril pasado, impactó el estipendio mensual que estos estudiantes recibían para continuar estos estudios. Como resultado, gran parte de ellos han buscado empleos para subsistir. Aun así, explicó el profesor, el asunto podría agravarse con el “One Big Beautiful Bill” que impulsa Trump. Aprobada por la Cámara de Representantes federal, la pieza legislativa disminuiría fondos para la NIH, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y también la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

“Se están dando recortes que nunca se han visto. Nunca de la manera tan grande en que estamos viendo, excediendo el 40%, el 50%, sencillamente como si tú le hubieses preguntado a un enemigo de los Estados Unidos qué hacerle para devaluar su futuro científico y de innovación, y ellos digan ‘mira, va a haber que cortarle esa cantidad’,” ejemplarizó el experto.

De acuerdo con el Dr. Colón Rivera, muchas de estas investigaciones atienden necesidades mundiales como el desarrollo de fármacos, materiales de construcción, energía renovable y otra plétora de asuntos más. “Son un montón de investigaciones”, agregó, “que realmente no solo impactan a Puerto Rico, el impacto es a nivel mundial”.

A pesar de la situación política, el profesor mantiene la confianza en que los estudiantes podrán seguir recibiendo entrenamiento por parte de los profesores. Actualmente, Colón Rivera dirige un centro de investigación relacionado con energía renovable y otros temas. Hasta el momento, ninguno ha sufrido cambios en su financiamiento. Si todo sigue normal, dijo el químico, el programa debe durar hasta el 2030.

“Hasta ahora, no he recibido la noticia de que vaya a cerrar, pero siento una incertidumbre. Mucha gente comenta que como muchos de estos anuncios se dan los viernes, hay que estar pendiente cada viernes por si recortan fondos”, reveló el académico. Y aunque conoce de estudiantes que han encontrado oportunidades en otros lugares, no todos han corrido esa suerte.

A largo plazo, Colón Rivera argumentó que estas determinaciones pospondrán la mitigación de la crisis de cambio climático, aumentará la quema de combustibles fósiles y hará oídos sordos ante la comunidad científica. Sobre este último punto, el profesor coincidió con la doctora en epidemiología, Cruz Nazario.

Efectos en la salud pública

“En menos de unas cuantas semanas, las recomendaciones de la FDA, del NHA, del CDC y el Departamento de Salud han estado en controversias unas con las otras. Eso ha causado una gran confusión entre nosotros (los profesionales), que estamos constantemente leyendo lo que está pasando. Me imagino que la población general va a pensar que, con este tipo de decisión basada en la política y no la ciencia, nadie sabe lo que está pasando”, aseveró la experta en salud pública.

Como ejemplo, Nazario comentó que la determinación del secretario de Salud de EE UU, Robert F. Kennedy, de eliminar la vacunación de COVID-19 en mujeres embarazadas y niños también abona a la desinformación y refuerza la política pública basada en intereses particulares y no en estudios científicos de peso. En estos momentos, contó, la evidencia no apela a estos funcionarios de turno que, por su opinión, desautorizan estudios y fondos relacionados con las ciencias.

“Si no hay dinero y si el mismo Gobierno de los Estados Unidos, que fue quien financió la gran mayoría de las farmacéuticas para que desarrollaran esa vacuna, va a haber una reducción en la producción de medicina”, opinó. De la misma manera, la epidemióloga calificó la visión actual de Salud federal como “el síndrome del avestruz”, ya que así “no te enteras de lo que está pasando alrededor tuyo”.

Por igual, Nazario añadió que la gestión en Washington influye en la local, de modo que algunos funcionarios buscan ser “más Trump que Trump” y dan paso a la desactivación de centros de diagnóstico de COVID-19 y otras enfermedades.

Los señalamientos de la Dra. Nazario y el Dr. Colón Rivera se reúnen en una denuncia colectiva que lanzó, el pasado 9 de junio, un conjunto de 340 científicos y funcionarios del Instituto Nacional de Salud (NHI). El bloque criticó “el desperdicio de recursos públicos” que “afectan la salud de estadounidenses y personas en todo el mundo”.

 

 

 

 

 

 

ACLU solicita al gobierno desistir de proporcionar información a inmigración

Por
candida-cotto
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 CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, hizo una petición extrajudicial a la gobernadora Jenniffer González Colón, para que desista de facilitar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de personas inmigrantes en Puerto Rico.

 Una petición extrajudicial quiere decir que la petición no se ha hecho a través del tribunal, sino que se han levantado unos argumentos de que se están dando unas violaciones que requieren reparación con la adopción de medidas específicas para detenerlas y evitar que sigan ocurriendo. La directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Martínez Orabona, dijo a CLARIDAD que los señalamientos de las violaciones pretenden dar la oportunidad al gobierno de evitar que ACLU acuda al tribunal ya que su interés no es buscar llevar acciones judiciales porque sí, sino porque se quiere dar la oportunidad al gobierno de que se conozcan las violaciones y que se corrijan antes de tener que ir a gastar recursos del estado en un tribunal.

La petición de ACLU tiene su origen en la revelación de que el gobierno de González Colón, en particular el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), le entregó a ICE información de 6 mil personas con estatus migratorio irregular que tienen licencia de conducir. Según el gobierno se le había requerido la entrega de la información. El problema es -dijo Martínez Orabona- que el gobierno primero negó que estuviese cooperando con el gobierno federal en específico con ICE, luego tuvo que aceptar que sí habían entregado esos registros. Apuntó a que el problema es que el gobierno no dijo cómo fue la petición, si fue una carta, o a través de un “subpoena”, que es un tipo de orden administrativa, acción que no es una orden de un juez. Aclaró que hay algunas agencias que tienen esa facultad delegada por ley para pedir una entrega de documentos. Pero el gobierno no ha hecho público el documento mediante el cual ICE solicitó la entrega de la información, por lo que ACLU también le solicita que haga público el documento.

 En la petición dirigida a la gobernadora y a la secretaria del Departamento de Justicia, licenciada Lourdes Linette Gómez Torres, ACLU, sostiene que su gobierno está incurriendo en violaciones constitucionales al cooperar con requerimientos de información administrativos emitidos por ICE, los cuales son en excesos amplios. Además de que el ICE lo está utilizando “de forma arbitraria y abusiva como expedición de pesca para solicitar información confidencial, datos personales y colaboración por parte de entidades estatales y municipales, sin autorización judicial ni base legal que obligue al gobierno de Puerto Rico a cumplir con dichas exigencias”.

De acuerdo con los expertos en Derecho, los requerimientos administrativos de ICE no equivalen a una orden judicial, ni tienen fuerza de un cumplimiento automático y denunciaron que varias agencias públicas y municipios han respondido a estos requerimientos de ICE sin asesoría legal y sin proteger los derechos de las personas afectadas. En particular se señaló que la secretaria del Departamento de la Familia, hizo público que se estaría reuniendo con funcionarios federales para atender solicitudes similares.

Otro aspecto que se lleva a la atención de la gobernadora es que su gobierno no ha emitido ningún protocolo para instruir a los organismos gubernamentales sobre cómo manejar dichas solicitudes, lo que constituye un incumplimiento de su deber de salvaguardar derechos constitucionales y evitar una colaboración indebida con políticas federales discriminatorias y de persecución.

En esa dirección se le solicita a la gobernadora que con carácter inmediato emita una orden ejecutiva para prohibir a todas las agencias del ELA a colaborar con citaciones administrativas de ICE sin que medie una orden judicial; a que implemente un protocolo uniforme de no colaboración sin orden judicial en hospitales, escuelas, municipios, centros comerciales y oficinas gubernamentales.

 La directora ejecutiva de ACLU PR confirmó a CLARIDAD que ni la Fortaleza, ni el DJ han respondido al plazo de diez días para que respondan a la solicitud de una reunión para discutir el contenido de la notificación y a emitir las enmiendas institucionales que sean necesarias para cesar de inmediato la colaboración ilegal e inconstitucional -de acuerdo con ACLU- con ICE.

La gestión de ACLU en Puerto Rico es similar a ACLU en Estados Unidos, en donde se han presentado 120 acciones contra las órdenes ejecutivas del presidente Trump a nivel central y otras cientos de acciones en contra de gobiernos locales y a nivel administrativo. Martínez Orabona hizo la distinción de que en el caso de Puerto Rico se tiene la situación particular de que existe una información clasificada como confidencial que afecta a un sector en específico de inmigrantes y el estado ha decidido ignorar esa protección.

“Nosotros desde la ACLU en esa carta explicamos en detalle porqué entendemos que esa acción representa violaciones constitucionales”.

 El arresto de Aracelys

La petición de ACLU -con fecha de este lunes nueve de junio- se produjo junto a la desaparición de una trabajadora dominicana, quien fue arrestada por agentes de ICE el cinco de junio luego de salir del municipio de Cabo Rojo, a donde acudió para registrar un pequeño negocio que tiene en la playa en Cabo Rojo y con el cual sostiene a su familia. ACLU indicó que la persona tiene visa de trabajo aprobada (28 dic 2023) y Advance Parole vigente (23 sep 2024 – 22 sep 2029), es sobreviviente certificada de violencia de género (VAWA) y estaba en proceso de residencia permanente (Form I-693, radicada el 16 abril 2025).

 La mujer de nombre Aracelys fue arrestada -denunció ACLU- luego de que un policía municipal alertó -sin orden judicial, ni autoridad legal- a oficiales federales de inmigración. Aun cuando presentó su pasaporte, visa y permisos en regla ésta fue arrestada y trasladada fuera de Puerto Rico, hasta Texas, donde permanece incomunicada para su familia y su representación legal.

 “Este operativo es un atropello infame,” denunció Martínez Orabona, “Detener a una víctima de violencia doméstica amparada por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la ley VAWA y los principios más elementales de humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad.”

 Mientras el director legal de ACLU, licenciado Fermín Arraiza Navas, subrayó que la “Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo ni orden judicial. Este acto extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de derechos.”.

Ante el panorama que impera la directora ejecutiva de ACLU expresó que, aunque triste, su recomendación para las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular a que eviten lo más posible cualquier tipo de intervención u encuentro con no solo el gobierno federal, sino el aparato de seguridad de nuestro gobierno estatal. “Lamentable en este momento no se puede confiar, es un momento de alto riesgo para la comunidad migrante incluso si tienen sus documentos al día porque hemos visto casos donde personas con documentos y autoridad legal para estar en Puerto Rico también han sido detenidos y llevados fuera de nuestra jurisdicción”.

Según el ICE, en la isla se han detenido sobre 500 personas y de estas solo el 16% tiene algún tipo de falta o expediente con algún tipo de delito, relacionado por haber entrado en una segunda ocasión de manera irregular, lo que ni siquiera se trata de delitos clasificados.

 

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