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Temen que se haya normalizado la dictadura del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico

Por
laura quintero
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“La junta es lo más cerca a un gobierno dictatorial”. Discuten su impacto a ocho años de su imposición, entre cuyas consecuencias está el debilitamiento de la agencia responsable por la integridad electoral.

Especial para CLARIDAD

Académicos del Derecho Constitucional y las Ciencias Sociales, un periodista y una activista anticolonialista coincidieron ayer en que los poderes cuasi dictatoriales de la Junta de Control Fiscal impuesta sobre Puerto Rico por Washigton, D.C. se han ido normalizando, al punto de pasar sin mayor fiscalización, pese al sufrimiento que sus decisiones infligen sobre la población.

“Me temo que, en parte, se ha normalizado la presencia de la Junta aquí en Puerto Rico”, observó el periodista Luis Valentín Ortiz, quien cubre temas financieros para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Sus palabras se dieron en el panel “Los archivos de la Junta al descubierto”, que convocó ese medio, el jueves, 9 de mayo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que contó también con la participación del catedrático en Derecho Efrén Rivera Ramos; la socióloga Linda Colón Reyes; y la portavoz de Jornada Se Acabaron las Promesas, Jocelyn Velázquez Rodríguez.

“La Junta no ha dejado de trabajar, aunque no aparezca en los titulares como sucedía antes… He visto una merma en la cobertura de fiscalización a la Junta. Algo que he notado que ha pasado es que se utiliza a la Junta como una entidad que realiza una denuncia, y eso es bien peligroso, porque se está validando el trabajo y los poderes que tiene”, añadió el periodista Valentín Ortiz.

Los poderes a los que hizo referencia han sido retados varias veces en tribunales de Puerto Rico y de Estados Unidos y denunciados ante foros internacionales. “Aparte del Gobierno militar de 1898 a 1900, la Junta es lo más cerca que hemos estado a un gobierno dictatorial: tiene inmensos poderes, no es electa, puede actuar en las sombras y no rinde cuentas a quienes gobierna; es decir, esa es la definición de una dictadura o de una tiranía”, puntualizó Rivera Ramos, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Adicional a las medidas de austeridad, que empobrecen a la población y empeoran la calidad de vida, los dos académicos del panel subrayaron que el ente ha erosionado los principios de gobernanza democrática, al operar sin transparencia ni rendición de cuentas.

En el contexto electoral, la socióloga Colón Reyes recordó que la Junta le exigió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el cierre de las juntas de inscripción donde las personas se inscribían para votar, así como reducir el 32 % del presupuesto anual de la entidad. No escatimó en aseverar que ese hecho ha socavado el aparato encargado de velar por la integridad del escrutinio electoral, al igual que lo hicieron las enmiendas que hizo el Partido Nuevo Progresista (PNP) a la Ley Electoral para, entre otras cosas, disminuir el balance de los partidos.

“Además de la dictadura de la Junta, tenemos la dictadura de unos partidos políticos en el poder… es bien dificil para el resto de la gente sacarlos del poder, desde el punto del vista legal, porque cambian la ley a su favor, de manera tal que puedan tener el control, como está haciendo la Junta”, denunció la autora del libro Herencia de la exclusión.

La reducción en la compensación laboral o la pensión de jubilación, así como el detrimento en los servicios a consecuencia del achicamiento gubernamental y la imposición de cargos onerosos para acceder a estos servicios, “no son solo consecuencias económicas y políticas, sino del estado de ánimo, de cómo la gente se siente frente a una situación ante la que prácticamente no podemos hacer nada”, dijo Colón Reyes. “No nos dejan espacio a alternativas consensuadas”, añadió.

La activista Velázquez Rodríguez contó que con el surgimiento de Jornada Se acabaron las promesas intentaban retar la narrativa de que ese instrumento venía a solucionar los problemas de corrupción del país. Una vez impuesto, su objetivo pasó a “ser una voz que impidiera que se normalizara; que se siguiera denunciando y haciendo latente la presencia de la Junta como un ente dictatorial”.

La década que llevaba el país en recesión económica y bajo la imposición de políticas neoliberales servía de evidencia suficiente de que existía un riesgo de que la gente se acostumbrara o cansara de luchar, tal como percibió que sucedió con los despidos masivos y el cierre de escuelas que se comenzaron a aplicar entre 2006 y 2009.

Una herramienta para seguir cuestionando

El panel se realizó como parte de la estrategia de lanzamiento de la plataforma El buscador de la Junta, con que el CPI hace público o más accesible sobre 50,000 documentos relacionados al ente fiscal y al proceso de reestructuración de deuda que dirigió por delegación del Congreso de Estados Unidos. La actividad surge, además, a un año de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibiera a la ciudadanía y a la prensa tener acceso a documentos producidos por la Junta de Control Fiscal, sin entrar en los méritos de la controversia sobre si ese ente tiene inmunidad.

La directora del CPI, Carla Minet, indicó que la herramienta es la respuesta del medio a la falta de transparencia de este ente. “Si pensaron que esto iba a reducir nuestro ímpetu de fiscalizar a la Junta, se equivocaron”, afirmó al recalcar también el rol del periodismo en contextualizar los documentos. El buscador incluye una serie de correos electrónicos de la Junta, así como comunicaciones del Tesoro Federal sobre la nominación de los miembros de la JCF. Ambos archivos los obtuvo el CPI mediante una demanda por acceso a la información.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, celebró que la herramienta permita “seguir cuestionando a la Junta, la falta de transparencia, los conflictos éticos que ocupa y seguir cuestionando cómo sus miembros se han enriquecido de las posiciones que ocupan”.

Como periodista, la motivación de Valentín Rodríguez al acceder a esos documentos es tratar de describir la relación entre la Junta y los puertorriqueños, particularmente, cómo los poderes de ese ente afectan a la población. Leer las cartas que sometieron los pensionados del Gobierno de Puerto Rico como acreedores no asegurados en el caso de quiebra le permitió, por ejemplo, palpar la agonía desde su propio puño y letra.

Entre las revelaciones de los documentos que han hecho disponible al público, se evidencia también cómo miembros del Congreso le exigían la privatización de la AEE y presionaban directamente a la exdirectora ejecutiva de la junta. Además, los correos electrónicos del Tesoro Federal revelan lo que el Gobierno de Barack Obama consideraba importante al seleccionar a los miembros de la Junta, con las preguntas que les iban a hacer en las entrevistas; entre ellas, qué pasos tomaría la Junta para evitar la percepción de los puertorriqueños de que es un gobierno neocolonial.

En reacción a esa correspondencia interna, la portavoz de Jornada se Acabaron las Promesas se mostró poco sorprendida porque el colonialismo “implica que no tenemos muchos derechos y somos presa de los caprichos del Congreso de Estados Unidos y del presidente… Ahora se ven más descaradamente”.

Velázquez Rodríguez reconoció que en un principio algunos activistas como ella, sindicalistas y abogados eran voces solitarias debido a las estrategias publicitarias para minimizar la desprobación de ese ente en la opinión pública. “Había un aparato mediático fuerte impulsando la Junta, hablando de la corrupción, que a la gente le preocupa genuinamente. Se anclaron de un problema real”, recordó la activista.

Otra de las representaciones públicas que se ha hecho es la apariencia de lucha o rivalidad entre el Gobierno de Puerto Rico y el ente. “Parece que están peleados, pero en realidad —cuando uno ve trasbastidores— hay una relación mucho más estrecha de la que la gente tiene noción”, comentó Valentín Rodríguez, en referencia a los funcionarios de La Fortaleza y la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Los efectos de la determinación en el futuro

La decisión del Supremo Federal de que la Ley Promesa no autoriza las demandas contra la Junta plantea una cuestión de estrategia de cara al futuro en cuanto a cómo adelantar los reclamos democráticos del pueblo de Puerto Rico.

“La Junta va de haber solicitado inmunidad a haber conseguido total impunidad. Eso es realmente lo que se ha logrado con la decisión”, puntualizó el profesor Rivera Ramos.

El abogado recordó que se trata del quinto caso del Tribunal Supremo federal sobre Puerto Rico en un período de ocho años. A su juicio, este caso “actúa como una especie de remache de los cuatro casos anteriores sobre Puerto Rico”. Entre 2015 a 2023, el Supremo Federal decidió que Puerto Rico carecía de poder para pasar una ley de quiebra criolla (Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust); no goza de soberanía para afectar la cláusula de doble exposición en los casos criminales porque el Congreso de Estados Unidos es quien retiene el poder sobre los territorios (Pueblo v. Sánchez Valle); los nombramientos de los miembros de la Junta de Control son constitucionales (FOMB v. Aurelius Investment, et al); no le cobijan los mismos derechos que a la ciudadanía estadounidense en cuanto al Seguro Social por Incapacidad (United States v. Vaello-Madero) y la Ley PROMESA le otorga inmunidad a la Junta frente a demandas (FOMB v. CPI).

En un aparte con CLARIDAD, Rivera Ramos indicó que realmente ha quedado demostrado que el Supremo Federal está para reafirmar el poder de la metrópolis sobre Puerto Rico, por lo que esa vía judicial no provee una alternativa objetiva real para remediar controversias de derechos de los puertorriqueños.

Por su parte, la directora del CPI afirmó a este medio que la misma Ley PROMESA establece que los litigios solo se pueden llevar en el Tribunal de Estados Unidos. “Nunca tuvimos otra opción que demandar en ese foro. Entendimos que no había escapatoria… El resultado no fue el deseado, pero retamos el abuso de poder y pusimos al descubierto, en su versión más contemporánea, la realidad colonial a la que estamos sujetos los puertorriqueños, perpetuada por la Junta y por el sistema de justicia federal”.

A futuro, el CPI organizará una serie de talleres educativos para que la población pueda usar El buscador de la Junta como herramienta de fiscalización y denuncia contra esa entidad.

 

 

 

 

 

Las cárceles son claves para el PNP

Por
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CLARIDAD

¿Por qué no han despedido a la actual secretaria del llamado Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, a pesar de los escándalos en que está inmersa? En primer lugar, porque cumple una función destacada en la campaña de reelección de Pedro Pierluisi, donde los buenos cuadros políticos no abundan. En segundo lugar – y esto es lo más relevante- por la importancia que el DCR tiene para el Partido Nuevo Progresista desde que hace 44 años cambiaron la legislación electoral para darle el derecho al voto a los confinados.

Vayamos por parte.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene un nombre de mentira porque ni corrige ni rehabilita. Pero esa manipulación con los nombres es bastante común. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que antes se llamaba Departamento de Guerra ahora se llama Departamento de Defensa, a pesar de que ninguna de las guerras en que se ha involucrado desde que le cambiaron el nombre ha sido defensiva. En cuanto a “Corrección”, el nombre más apropiado debiera ser “Administración o Negociado de Prisiones”, porque se limitan a administrar el encarcelamiento de personas, nunca a corregirlas ni mucho menos a rehabilitarlas. El pomposo nombre tiene, como vemos, mucho cinismo.

Además de administrar prisiones, el Departamento que dirige Escobar, ha sido desde hace tiempo, sobre todo durante los cuatrienios en que gobierna el Partido Nuevo Progresista (PNP), una importante oficina para el control y movilización política de una población cuyos votos pueden decidir cada cuatro años el resultado de las elecciones.  En un país donde la diferencia entre quien gana y pierde las elecciones es a veces de algunos miles de votos, los casi ocho mil confinados que de ordinario pueblan las prisiones pesan de forma significativa en el resultado final de una contienda. Ahí reside la gran importancia que Ana Escobar tiene para el PNP y más aún para Pedro Pierluisi.

Para ubicarnos en la importancia política de este asunto debemos ir al momento en que nace en la legislación puertorriqueña que otorga el derecho al voto de los confinados. En el pasado, el encarcelamiento de una persona implicaba la pérdida de derechos civiles, incluyendo el derecho al voto. Así todavía es en otros países. En Puerto Rico esa realidad no cambió con la aprobación de la Constitución en 1952 ya que esta se limitó a reconocer la plenitud de derechos a las personas encarceladas, pero una vez cumplieran la su sentencia, prohibiendo el discrimen con ellos. Antes y después de la Constitución se le reconocía derecho al voto sólo a personas encarceladas por delitos menos grave. A las otras, que eran la mayoría, el encarcelamiento también implicaba la “interdicción civil”. Todo eso cambió cuando se aprobó la Ley Núm. 3 de 8 de septiembre de 1980, que enmendó la legislación electoral para otorgarle el derecho al voto a los confinados sin importar el delito por el que cumplen condena. En las elecciones de ese año -noviembre de 1980- por primera vez votaron miles de confinados.

En aquel momento la medida se promovió como un reconocimiento de derechos civiles, pero ese no fue el objetivo que movió al PNP, que entonces controlaba tanto el Ejecutivo como la Legislatura. Para el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, que afrontaba una campaña de relección cuando ya el escándalo por el asesinato de dos jóvenes en el Cerro Maravilla lo arropaba, más que como legislación protectora el derecho al voto de los confinados fue una tabla de salvación. Con el control absoluto que tenían de la rama ejecutiva, se dispusieron a movilizar lo que entonces se llamaba Administración de Corrección para que el trabajo político dentro de las cárceles les garantizara el apoyo masivo de los nuevos votantes.

La historia de las elecciones de 1980, las primeras donde se manifestó el voto de las personas encarceladas, es muy conocida. La noche de las elecciones se suspendió el conteo de votos cuando los resultados parecían adversos a Romero Barceló, quien de todos modos se proclamó ganador desde Fortaleza. Más tarde, en un recuento muy controvertido que duró meses, la Junta de Elecciones reconoció vencedor a Romero por apenas tres mil votos. Obviamente, aquel grupo que el PNP se apresuró a incluir en padrón electoral a dos meses de las elecciones, resultó decisivo para que pudieran adjudicarse un triunfo que realmente no obtuvieron.

Lo ocurrido en 1980 se ha mantenido inalterado porque la población encarcelada resulta vulnerable para la manipulación política, a manos de los cuadros que el PNP colocó y mantiene en la estructura del DCR. Sólo ellos tienen acceso a una población que resulta doblemente cautiva. Gracias a ese control, elección tras elección, el porcentaje de votos que allí obtienen es siempre muy superior al que logran en el País.

El escándalo en que está ahora inmerso el DCR, tras la liberación fraudulenta de un asesino que muy pronto volvió a asesinar, debió haberse zanjado ya con la renuncia o despido de la persona que lo dirige. Pero esa persona que encabeza el Departamento es la misma que controla la maquinaria que cada cuatro años moviliza miles de votos para el PNP. Por eso es tan difícil desprenderse de ella.

El negocio de la estadidad:¿auge o bancarrota?

Por
felix-cordova-iturregui
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Especial para CLARIDAD

 

Los dirigentes principales del Partido Nuevo Progresista (PNP) elaboran continuamente una retórica sobre el avance hacia la estadidad. No parece importar si la realidad, en algún sentido u otro, choca con dicha propaganda. Hay un hecho innegable: el PNP necesita esa retórica para su sobrevivencia electoral. Parece haber un consenso en el país sobre la sólida organización electoral del PNP. Sus figuras más notables equiparan la efectiva maquinaria del partido con el imaginario avance hacia la estadidad. Sin embargo, en el interior del PNP no se percibe ninguna reflexión seria sobre la complejísima crisis que agobia al país. Tampoco se deja ver en el PNP intento alguno por estudiar su crisis política interna. Todo se reduce a la pertinencia o no pertinencia de la actual primaria. En lugar de enfrentar la primaria a la gobernación como un síntoma, los partidarios del gobernador la ven como algo innecesario e imprudente.

Aunque sea a grandes rasgos, las próximas primarias y las elecciones de noviembre deben ser analizadas atendiendo los cambios económicos de los últimos años. El gobernador continuamente afirma que la crisis ha sido superada y con su gobierno la economía ha entrado nuevamente en un proceso de crecimiento. Apoyándose en el nuevo dinamismo económico se ha propuesto ser el primer gobernador en revalidar desde las elecciones de noviembre del 2000. El dato es sobresaliente: desde el 2000 ningún gobernador ha logrado la re-elección. La novedad de la situación es que Pierluisi, como gobernador electo, enfrentará un reto en primarias por primera vez en la historia. Con otra novedad adicional: quien lo reta es una mujer.

El 8 de mayo de 2024, Gustavo Vélez publicó en El Nuevo Día un artículo titulado “¿A dónde va el dinero del consumidor puertorriqueño?” En los primeros párrafos hace una observación importante: “Por primera vez, los gastos de consumo han excedido la producción agregada de la economía medida por el Producto Bruto, $81,550 millones en el 2023. Todas las cifras están en términos nominales, por lo que la inflación es un factor importante para considerar”. Aunque no fue en 2023 cuando sucedió por primera vez que el ingreso personal superó el Producto Bruto, lo que señala Gustavo Vélez, defensor incuestionable del neoliberalismo, es significativo. Desde 2020 ha venido manifestándose el fenómeno aludido. Las cifras son muy reveladoras. En la última década, entre 2013-2023, ha habido un aumento de alrededor de treinta mil millones de dólares en el ingreso personal de los consumidores en Puerto Rico. En el 2015, las transferencias federales a individuos fueron de $16,863.1 millones. Esta cifra aumento a $33,432.9 millones en 2023. Como puede verse, las transferencias casi se duplicaron. El fenómeno reconocido por Gustavo Vélez se debe principalmente a la transferencia masiva de fondos federales a Puerto Rico como resultado de los desastres naturales-sociales a partir del Huracán María hasta la pandemia comenzada en 2020.

No cabe duda de que a partir del 2020 el gobierno de Pedro Pierluisi ha sido favorecido por el marcado influjo de los fondos federales. Para los proponentes neoliberales en Puerto Rico, apoyados actualmente en el hermoseado concepto de “libertad económica”, parece no existir ningún escándalo en proponer como dogma inflexible la superioridad del sector privado frente a la incapacidad del sector público y al mismo tiempo celebrar la llegada masiva de fondos públicos del gobierno federal. Tampoco parecen inmutarse los estadistas de nuevo cuño cuando reconocen que la llamada vitalidad de la economía se debe a fondos federales, muchos de los cuales no son recurrentes. Mientras el hacha va y viene, estos novoestadistas, que constituyen una reducida claque, viven en un festival de contratos, inmersos en un ambiente de alarmante corrupción local y federal. Un partido político que ha sido el proponente más vigoroso del neoliberalismo, arrastrando en íntima compañía al Partido Popular Democrático (PPD), con su propuesta de introducir las categorías mercantiles en el sector público, no ha podido evitar que el objetivo principal del mercado en nuestra sociedad, el motivo de la ganancia, se haya introducido en el interior de todos sus poros. El afán de enriquecimiento a corto plazo y sin mucho esfuerzo, impulsado desmedidamente desde el gobierno de Luis Fortuño, ha causado estragos en el interior del PNP.

Estos dirigentes estadistas de nuevo cuño, criaturas maduras del movimiento neoliberal colonial, viven un verdadero delirio. Piensan que la maquinaria de imprimir dinero de nuestro “bondadoso” imperio no tendrá fin. No parecen tener conciencia de la formidable deuda pública de Estados Unidos, acercándose ya a los $35 trillones. Nadie sabe con certeza cuándo vendrá el quiebre de esa maquinaria de endeudamiento. Mientras tanto la claque de comerciantes de la estadidad baila alegre al son de su negocio. Y consecuencia de ese negocio es la actual primaria del PNP para la gobernación. La batalla es inevitable y nunca ha sido tan cruda y violenta. Sufre del aguijoneo del aluvión de fondos federales y su atmósfera pegajosa de corrupción. Nada podrá controlar las fuerzas que ahí se despliegan porque responden a un poderoso impulso irracional.

La pregunta inevitable es: ¿por qué si la barca apolillada del gobierno flota sobre las olas de miles de millones de dólares de fondos federales, no encuentra un amplio apoyo de la población? En el contexto de la creciente dependencia de Puerto Rico, con la lógica de los actuales mercaderes de la estadidad, el gobierno debería estar flotando con seguridad hacia una victoria. ¿Qué explica la caída electoral de los 1, 025,965 votos que obtuvo Fortuño en 2008 hasta los 427,016 que recibió Pierluisi en 2020? Los casi 600,000 votos perdidos no pueden explicarse con la reducción poblacional desde 2008. Responden a una crisis política vinculada a la crisis económica del país, ambas atadas al neoliberalismo o la llamada libertad económica. Entre 2017-2020 en la economía y sociedad de Puerto Rico se han dado flexiones o cambios significativos que tienen que ver con la polarización de la riqueza, su pésima distribución, con la dinámica poblacional, con más muertes que nacimientos, y con una agudización de la dependencia de fondos federales. ¿Cómo reaccionarán los electores este año ante el aluvión de fondos federales?

En un contexto de empobrecimiento de grandes sectores del país, los políticos empresarios que mercadean la estadidad han tenido su danza de los millones. Pero han perdido su engranaje con la población maltratada. Además, los fondos federales de reconstrucción del país no llegan con efectividad a los necesitados porque entre ellos y los fondos asignados se interpone la rapacidad de un ejército de contratistas estadounidenses y locales. Una profunda contradicción camina por el interior del movimiento llamado estadista: mientras una claque se ha enriquecido bajo la sombra neoliberal, vendiendo la riqueza del país, lo han hundido en la dependencia y han obstaculizado notablemente el camino hacia la estadidad. El individualismo de mercado ha rendido dividendos para esa claque, pero ha convertido lo que quedaba de un ideal, en un vulgar negocio. La llamada libertad económica ha profundizado la condición colonial.

Del PPD no hay mucho que decir. Abandonó su programa histórico, vendió su alma, y corre como un fantasma al lado del PNP. El bipartidismo es hoy una misma criatura con dos caras. El miedo los corroe y recurren a medidas vergonzosas para descalificar contrincantes. Retóricos de la empresa privada, viven sin avergonzarse de fondos públicos federales. ¿Serán esos fondos una balsa para el naufragio bipartidista o seguirá su rumbo la caída, con la muerte que anticipa?

 

 

“Evelina vuelve a golpear,” ahora en una obra de teatro

Por
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Especial para CLARIDAD

 

La obra de base de la organizadora comunitaria en el Sur del Bronx, Evelina Antonetti, ha sido llevada a las tablas en una obra de teatro para todas las edades, “Titi Strikes Back, Evelina’s Return” (“Titi vuelve a golpear: El retorno de Evelina), estelarizada por la actriz, declamadora y escritora Sandra Nia Rodríguez, actualmente residente en Puerto Rico, Sonia Mera y Ana García, bajo la dirección Alejandra Ramos Riera y producida por Yvette Martínez.

Sobre las tablas Evelina regresa desde el cielo para celebrar el centenario de su nacimiento. En el cielo había sido cuestionada sobre los métodos que empleó para hacer justicia para su gente y aprovecha su retorno para aclarar a los incrédulos sus métodos y lo que lograron. En el proceso concientiza a una joven inocente en cuestiones de lucha que trabaja de conserje en una escuela que Evelina organiza. En la obra, Ana “Rokafela” García asume el papel de la conserje incauta con maestría y de manera comiquísima.

Evelina Antonetti fue una gran dirigente comunitaria en el Sur del Bronx de Nueva York admirada y venerada ampliamente en la diáspora desde 1965 cuando fundó la organización Padres Unidos del Bronx que dirigió con gran impacto cuando el Sur del Bronx ardía. Como testifica el nombre de la organización la misma concentraba en los derechos de los niños(as), en particular su educación bilingüe, a través de la organización de sus padres y madres.

Era el momento en que esa comunidad estaba entre las más pobres en Estados Unidos, y Evelina, independentista además, luchaba por la justicia social con arrojo y verticalidad. Se ganó de las estructuras de poder de la ciudad de Nueva York el nombre “Hell Lady” (La Señora Endemoniada) porque era una batalladora literalmente temida por las jerarquías que dispensaban fondos para los programas comunitarios en un momento en que caseros inescrupulosos descuidaban sus destartalados edificios de apartamentos y hasta dejaban que ardieran para cobrar seguros.

Como resultado el Sur del Bronx se convirtió en un lugar que asemejaba una zona de guerra cuando crecía y advenía a la adolescencia una generación de boricuas nacidos(as) de la gran migración puertorriqueña a Nueva York de los años 50. Se había declarado la llamada Guerra contra la Pobreza durante el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B Johnson, quien hizo llover sobre las llamadas comunidades minoritarias, incluyendo la puertorriqueña. Masivas cantidades de fondos federales eran aprovechadas mayormente por los que se solía llamar “chulos de la pobreza”, políticos buscones que montaban programas en locales en la comunidad y lo que hacían mayormente era darle vueltas a la noria, como se dice en el argot popular, sin dar solución a los grandes problemas que enfrentaba la comunidad como el retraso en la educación, la vivienda, la salud, y empleos.

En ese ambiente trabajaron Evelina Antonetti y el Padres Unidos del Bronx, en particular Evelina, de madrugada al anochecer asegurando su relación con la comunidad y sus pesares, y la efectividad de los programas de la organización.

Toda la historia de esta luchadora ha sido recogida con gran veracidad, pasión, chispa, humor y colorido en la obra presentada en numerosos recintos incluyendo recientemente a casa llena en el Hostos Community College. Fue una feliz coincidencia, o quizás no tanto, la presentación de la obra en el Hostos Community College, una institución de educación superior bilingüe, la primera en Estados Unidos, que fue producto de la acción de la comunidad boricua de esos años. Esa institución al igual que otras forjadas por los boricuas de entonces al presente abren camino al arcoíris de migrantes a Estados Unidos de toda América Latina y el Caribe.

En ese proceso Evelina, y el United Bronx Parents, tuvo una gran participación y dejó la huella recogida en esta obra teatral que al presente sigue presentándose. Tiene a su haber también que recoge la enorme contribución a las artes que han hecho y siguen haciendo las comunidades puertorriqueña y latina en Estados Unidos.

Alineamiento prosionista e intolerancia pro-Palestina

Por
fernando garcia bielsa
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 La Ley de Concientización sobre el Antisemitismo afirma que es antisemita llamar racista a Israel o protestar contra el genocidio que comete contra el pueblo palestino. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 11/05/2024 | 08:32 pm

A la par que se intensifica la represión al levantamiento estudiantil opuesto al apoyo de Washington al genocidio israelí contra Palestina y que exige la suspensión de los vínculos de sus universidades con entidades sionistas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este 1ro. de mayo, y por amplia mayoría bipartidista, un proyecto de ley para ampliar la definición federal de antisemitismo.

La Ley de Concientización sobre el Antisemitismo (Anti-Semitism Awareness Act) afirma que es antisemita llamar racista a Israel o protestar contra el genocidio que comete contra el pueblo palestino.

Son muchos los que en Estados Unidos señalan que dicha ley, pendiente aún de consideración senatorial y de la aprobación del Presidente, es violatoria de la primera enmienda constitucional que protege el derecho a la libre expresión.

Esa pieza legislativa está siendo impulsada apenas semanas después de que fuera reautorizada otra ley violatoria de los derechos constitucionales que da luz verde y visos legales a la intromisión en la vida de las personas y sirve de instrumento para los controles sociales y represivos que aplican los órganos de espionaje estadounidenses.

Resulta impresionante cuán entronizado está en el discurso político y mediático en Estados Unidos la narrativa sionista acerca del Estado de Israel como un afable y acogedor hogar para el disperso pueblo hebreo y cómo han tergiversado y manipulado, para propósitos viles, el significado del holocausto que se cometió contra el pueblo judío por la Alemania nazi hace 80 años.

Hace unos días, la conocida escritora y activista canadiense Naomi Klein decía: «No necesitamos ni queremos el falso ídolo del sionismo. Queremos liberarnos del proyecto que comete genocidio en nuestro nombre… El sionismo es un ídolo falso que ha tomado la idea de la tierra prometida y la ha convertido en un acto para vendernos un etno-estado militarista».

Se aprovecha la enraizada existencia de un legítimo sentimiento de rechazo al racismo y a cualquier expresión antisemita, así como la simpatía hacia las víctimas del nazismo, y ahora se les instrumentalizan para desacreditar y envilecer a manifestantes y a todo aquel que se atreva a criticar las políticas del Estado de Israel o se exprese contra los horrores e injusticias que enfrentan los palestinos.

Al propio tiempo, muchos estudiantes han sido blanco de correos de odio y amenazas en las redes sociales, mientras que la masacre en Gaza, como tal, pierde cobertura ante el discurso histérico sobre el antisemitismo.

En ese contexto tildar a alguien de antisemita deviene un instrumento con el que se pretende descalificarlo y paralizar sus acciones. Se pervierte el significado de término referido a «discriminación, prejuicio, hostilidad o violencia contra los judíos como tales». Se llega hasta el punto de etiquetar expresiones en pro de Palestina como «discurso de odio antijudío», y de catalogar como «antisemitas» hasta los diversos sectores judíos que ahora, en el mundo entero, protestan contra los crímenes de Israel. Es una manera de promover su impunidad ante todo lo que hagan.

Eso es lo que está detrás de esta «Ley de Concientización sobre el Antisemitismo» que avanza en el ámbito legislativo en Washington, precisamente en el contexto de la agresión brutal contra el pueblo palestino y del repudio generado en todo el mundo.

Detrás de la mano dura y represiva contra los estudiantes están también, y fundamentalmente, el poder que tiene el lobby proisraelí en la política interna de Estados Unidos, sus vínculos con el complejo militar industrial, así como la utilidad y el papel geopolítico y estratégico que para Estados Unidos tiene su alianza con ese enclave en el Medio Oriente.

Un aspecto cardinal de la protesta estudiantil es el reclamo del cese de las inversiones y relaciones de las universidades con empresas militares estadounidenses vinculadas y proveedoras de la maquinaria de guerra industrial israelí.

Es un asunto sensible, pues el dinero opera silenciosamente y son lazos protegidos y casi impenetrables. Exigir la desinversión de industrias específicas es una tarea complicada por la opacidad de los acuerdos de financiación e inversión del sector universitario, así como asignaciones federales para investigaciones y proyectos militares.

Desde su surgimiento el Estado de Israel requirió del robo de tierras coloniales, hojas de ruta para la limpieza étnica, produjo la expulsión masiva de palestinos de sus tierras ancestrales, y consideró a los niños palestinos como amenazas demográficas.

El genocidio que ahora se produce en Gaza le ha abierto los ojos a buena parte del estudiantado y del pueblo estadounidense. Ante ello algunas autoridades universitarias llaman a la policía y se atrincheran contra la amenaza que representan sus propios estudiantes y sus incómodos emplazamientos.

No son solo los cada vez más militarizados departamentos de policía los que utilizan las porras contra los estudiantes, sino que se hace evidente que la mano dura y la intolerancia tienen respaldo y son incentivadas por gobernadores estaduales y desde el Gobierno federal.

La administración y el Congreso se enfrentan a un mayor escrutinio público, mientras que el presidente Biden puja por calmar a la opinión pública y trata de evitar, con incoherencias, que las manifestaciones contra su contubernio con la masacre israelí en Gaza impacten sobre el electorado demócrata y afecten sus pretensiones reeleccionistas.

Las manifestaciones y los arrestos se han extendido a los campus universitarios de todo el país en un grado que recuerda las protestas contra la guerra de Vietnam. Ya son más de 40 los centros universitarios donde son masivas las protestas y se estiman en más de 2 000 los arrestos.

En California, la policía antidisturbios invadió el campamento de solidaridad con Gaza en el campus de UCLA, realizó arrestos y desmanteló violentamente el lugar de la protesta pacífica. Los estudiantes informaron de heridas graves cuando los agentes dispararon balas de goma y granadas aturdidoras.  La policía también realizó decenas de arrestos en los campamentos de solidaridad con Gaza en Dartmouth College, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Arizona y en muchas otras.

El alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, defendió las redadas policiales y aludió al manido argumento de supuestos «agitadores externos» que, según él, tratan de «radicalizar a los jóvenes». En algunos lugares, las falsas narrativas de los políticos atraen a turbas enojadas de extrema derecha a las puertas de los recintos.

Por otra parte, asambleas administrativas de varias ciudades han votado a favor de resoluciones que piden un alto el fuego.

Tal fue el caso, entre otros, de los ayuntamientos de Boston en Massachusetts, y de Tacoma, en la costa oeste, y el de Bloomington, Indiana. En California, el Ayuntamiento de Richmond votó a favor de desinvertir en Israel.

Internamente se extienden las expresiones de apoyo al estudiantado, como es el caso de los sindicatos de la industria automotriz (UAW), y de la educación (SEIU), dos de los más grandes del país. Este último afirmó que «la supresión de la libertad de expresión sienta un precedente peligroso para todos los que buscan justicia, ya sean estudiantes que exigen responsabilidad institucional o trabajadores que se organizan para obtener mejores condiciones laborales».

Desde Europa, especialmente Francia y Alemania, llegan las mismas imágenes de dura represión policial contra campamentos estudiantiles, detenciones y expulsión de estudiantes y profesores.

Al respecto, la relatora de derechos civiles de la ONU recientemente expresó: «La crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis mundial de la libertad de expresión, especialmente en Occidente».

Independientemente de la firmeza con que EE. UU. y la mayoría de los gobiernos europeos respaldan el sionismo israelí y de la tibieza de algunos gobiernos árabes sunitas para definir sus posiciones, los acontecimientos en Gaza, y las fuertes protestas que han generado, debilitan considerablemente la imagen y la situación internacional e interna del Gobierno de Israel, y se han convertido en un hueso atravesado en la garganta del presidente Biden en sus aspiraciones de reelección este próximo noviembre.

Reproducido de www.juventudrebelde.com

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