CLARIDAD
¿Por qué no han despedido a la actual secretaria del llamado Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, a pesar de los escándalos en que está inmersa? En primer lugar, porque cumple una función destacada en la campaña de reelección de Pedro Pierluisi, donde los buenos cuadros políticos no abundan. En segundo lugar – y esto es lo más relevante- por la importancia que el DCR tiene para el Partido Nuevo Progresista desde que hace 44 años cambiaron la legislación electoral para darle el derecho al voto a los confinados.
Vayamos por parte.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene un nombre de mentira porque ni corrige ni rehabilita. Pero esa manipulación con los nombres es bastante común. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que antes se llamaba Departamento de Guerra ahora se llama Departamento de Defensa, a pesar de que ninguna de las guerras en que se ha involucrado desde que le cambiaron el nombre ha sido defensiva. En cuanto a “Corrección”, el nombre más apropiado debiera ser “Administración o Negociado de Prisiones”, porque se limitan a administrar el encarcelamiento de personas, nunca a corregirlas ni mucho menos a rehabilitarlas. El pomposo nombre tiene, como vemos, mucho cinismo.
Además de administrar prisiones, el Departamento que dirige Escobar, ha sido desde hace tiempo, sobre todo durante los cuatrienios en que gobierna el Partido Nuevo Progresista (PNP), una importante oficina para el control y movilización política de una población cuyos votos pueden decidir cada cuatro años el resultado de las elecciones. En un país donde la diferencia entre quien gana y pierde las elecciones es a veces de algunos miles de votos, los casi ocho mil confinados que de ordinario pueblan las prisiones pesan de forma significativa en el resultado final de una contienda. Ahí reside la gran importancia que Ana Escobar tiene para el PNP y más aún para Pedro Pierluisi.
Para ubicarnos en la importancia política de este asunto debemos ir al momento en que nace en la legislación puertorriqueña que otorga el derecho al voto de los confinados. En el pasado, el encarcelamiento de una persona implicaba la pérdida de derechos civiles, incluyendo el derecho al voto. Así todavía es en otros países. En Puerto Rico esa realidad no cambió con la aprobación de la Constitución en 1952 ya que esta se limitó a reconocer la plenitud de derechos a las personas encarceladas, pero una vez cumplieran la su sentencia, prohibiendo el discrimen con ellos. Antes y después de la Constitución se le reconocía derecho al voto sólo a personas encarceladas por delitos menos grave. A las otras, que eran la mayoría, el encarcelamiento también implicaba la “interdicción civil”. Todo eso cambió cuando se aprobó la Ley Núm. 3 de 8 de septiembre de 1980, que enmendó la legislación electoral para otorgarle el derecho al voto a los confinados sin importar el delito por el que cumplen condena. En las elecciones de ese año -noviembre de 1980- por primera vez votaron miles de confinados.
En aquel momento la medida se promovió como un reconocimiento de derechos civiles, pero ese no fue el objetivo que movió al PNP, que entonces controlaba tanto el Ejecutivo como la Legislatura. Para el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, que afrontaba una campaña de relección cuando ya el escándalo por el asesinato de dos jóvenes en el Cerro Maravilla lo arropaba, más que como legislación protectora el derecho al voto de los confinados fue una tabla de salvación. Con el control absoluto que tenían de la rama ejecutiva, se dispusieron a movilizar lo que entonces se llamaba Administración de Corrección para que el trabajo político dentro de las cárceles les garantizara el apoyo masivo de los nuevos votantes.
La historia de las elecciones de 1980, las primeras donde se manifestó el voto de las personas encarceladas, es muy conocida. La noche de las elecciones se suspendió el conteo de votos cuando los resultados parecían adversos a Romero Barceló, quien de todos modos se proclamó ganador desde Fortaleza. Más tarde, en un recuento muy controvertido que duró meses, la Junta de Elecciones reconoció vencedor a Romero por apenas tres mil votos. Obviamente, aquel grupo que el PNP se apresuró a incluir en padrón electoral a dos meses de las elecciones, resultó decisivo para que pudieran adjudicarse un triunfo que realmente no obtuvieron.
Lo ocurrido en 1980 se ha mantenido inalterado porque la población encarcelada resulta vulnerable para la manipulación política, a manos de los cuadros que el PNP colocó y mantiene en la estructura del DCR. Sólo ellos tienen acceso a una población que resulta doblemente cautiva. Gracias a ese control, elección tras elección, el porcentaje de votos que allí obtienen es siempre muy superior al que logran en el País.
El escándalo en que está ahora inmerso el DCR, tras la liberación fraudulenta de un asesino que muy pronto volvió a asesinar, debió haberse zanjado ya con la renuncia o despido de la persona que lo dirige. Pero esa persona que encabeza el Departamento es la misma que controla la maquinaria que cada cuatro años moviliza miles de votos para el PNP. Por eso es tan difícil desprenderse de ella.
