Lamentablemente, en Estados Unidos parece ir en aumento la tendencia a los tiroteos policiales mortales.

ENERO de 2025. San Diego, California. Una ciudad con historial de tiroteos policiales. Un oficial de esos órganos, sin identificarse y sin previo aviso, asesina por la espalda a Konoa Wilson, un adolescente blanco de 16 años. Es un hecho más de los que ocurren a diario en Estados Unidos, cuyas víctimas son generalmente afroamericanos.

La injusticia racial está en el centro de los problemas de la nación en materia de seguridad pública, encarcelamiento masivo y los abusos en la aplicación de la ley. Muy conocida y de carácter permanente es la violencia institucional que se ejerce hasta hoy día sobre las comunidades afroestadounidenses a lo largo del país.

El Gobierno ha recurrido al secretismo, la sobreclasificación extrema de sus acciones y la pretensión de intereses de seguridad nacional para evitar la supervisión pública.

La brutalidad policial ha sido un serio problema en Estados Unidos durante muchos años. Las minorías están siendo asesinadas de manera desproporcionada y ha llegado al punto que la mayor parte de la ciudadanía ya no tiene fe en la policía. Según las encuestas, en el ámbito nacional, especialmente en las comunidades negras y latinas, la policía se percibe más a menudo como una fuerza de ocupación que como una fuente de protección.

Lamentablemente, en Estados Unidos parece ir en aumento la tendencia a los tiroteos policiales mortales.

Como parte de su investigación y seguimiento de la violencia armada en Estados Unidos, el periódico The Washington Post comenzó en 2015 a registrar a cada persona asesinada a tiros por un agente de policía en servicio. En 2022, actualizó los datos para estandarizar y publicar los nombres de las agencias involucradas, con el fin de medir mejor la rendición de cuentas a nivel departamental. El Post continuó sus pesquisas hasta finales de 2024, y registró más de 10 000 personas afectadas durante la última década.

Más de la mitad de las personas asesinadas a tiros por la policía tienen entre 20 y 40 años y aunque la mitad de las ultimadas son blancas, los estadounidenses negros reciben disparos en mucho mayor grado si se tiene en cuenta que apenas constituyen un 13 por ciento de la población. Por tanto, la ocasión de morir por disparos de los agentes del orden es, proporcionalmente, tres veces mayor que las de un estadounidense blanco. Los latinos también son asesinados por la policía de manera desmesurada.

Como promedio, la policía de Estados Unidos dispara y mata a más de mil personas cada año. The Washington Post registró en 2023 un total de 1 164 de esos tiroteos letales.

Protestas frente a la brutalidad

Aunque los asesinatos policiacos ocurren a diario, una de las ocasiones en que los movimientos populares de protesta alcanzaron gran fuerza fue en 2014, después de que Michael Brown, un joven negro, desarmado, de 18 años, fuera asesinado por la policía en Ferguson, Missouri. Las manifestaciones alcanzaron una extraordinaria magnitud cuando en 2020, en Minneapolis, Minnesota, el afroamericano George Floyd, inmovilizado en el pavimento por varios agentes clamó durante 11 veces: «No puedo respirar». La asfixia duró ocho minutos con 46 segundos. El video del hecho causó gran conmoción, incluso mundial.

Lo que comenzó en la primavera de ese año como protestas locales, se convirtió rápidamente en un movimiento masivo nacional. Millones de personas, en su mayoría jóvenes, inundaron desafiantes las calles del país, exigiendo el fin de la brutalidad policial y de la represión sistémica de los negros y otras minorías. Para muchos observadores, las manifestaciones parecían sin precedentes en cuanto a su escala y persistencia.

El movimiento Black Lives Matter, formado en 2013, fue un actor clave en la prominencia que alcanzó el tema. Esa agrupación fue centro del movimiento contra la brutalidad policial, organizando simulacros de muerte, marchas y manifestaciones en respuesta a los asesinatos de hombres y mujeres negros a manos de la policía. Aunque luego fue blanco de campañas para denigrarlo y debilitarlo, ese movimiento generó una mayor atención nacional e internacional sobre el número y la frecuencia de los tiroteos policiales contra civiles.

Esos asesinatos, la brutalidad policiaca racista y las erupciones de violencia provocadas por esa actuación se repiten una y otra vez a lo largo de los años, pero son calificados por el Gobierno y la prensa como «motines», «disturbios» y «vandalismo».

Elizabeth Hinton, en su libro America on Fire, ofrece una corrección crítica: las palabras «disturbio» o «motín» son un mero cliché racista aplicado a eventos que solo pueden entenderse correctamente como explosiones de resistencia colectiva a un orden desigual y violento. La rebelión negra, como se ilustra poderosamente en el mencionado libro, nació como respuesta a la pobreza y la exclusión, pero más inmediatamente como reacción a la violencia policial.

La lección central de esos estallidos —que la violencia policial invariablemente conduce a la violencia comunitaria— sigue sin ser comprendida por los responsables políticos que responden, junto a la gran prensa, criminalizándolos, en lugar de abordar las causas socioeconómicas subyacentes. El resultado es la entronización y expansión de brutales regímenes policiales y penitenciarios que configuran la vida de tantos estadounidenses en la actualidad.

Al presentar un nuevo marco para comprender el conflicto persistente de esa nación, America on Fire también es una advertencia: las rebeliones seguramente continuarán a menos que ya no se llame a la policía para gestionar las consecuencias de las pésimas condiciones sociales que escapan a su control.

El poder que se esconde tras la represión

Después del asesinato de Michael Brown en 2014, la mencionada investigación del Washington Post reveló que los datos reportados al FBI sobre tiroteos policiales fatales estaban subestimados en más de la mitad. Para 2021, solo un tercio de los tiroteos fatales aparecían en la base de datos del FBI, entre otras razones, porque los departamentos de policía locales no están obligados a reportar estos incidentes al Gobierno federal.

En Estados Unidos existe una pluralidad de agencias para la aplicación de la ley, el mantenimiento del orden público o a cargo de funciones diversas relacionadas. No siempre están claros sus límites y potestades. Pero en la mayoría de los casos las tendencias represivas, y los sesgos racistas se manifiestan en cada una de ellas.

Ante los repetidos casos de brutalidad policiaca, ha cobrado alguna fuerza la demanda para que parte de los más de 100 000 millones de dólares y otros recursos que se asignan anualmente a los órganos policiacos sean destinados a áreas como el empleo, la educación, o la vivienda. En algunas jurisdicciones, la policía por sí sola puede representar hasta el 40 por ciento de los presupuestos locales, dejando poco margen para otras prioridades.

Sin embargo, en lugar de recortes, los recursos para financiar la policía y otros órganos represivos se amplían. Por sobre sus presupuestos hay que considerar el fuerte apoyo financiero que reciben desde el ámbito corporativo, lo que permite obtener una visión más amplia y precisa del poder que se esconde tras las estructuras de seguridad y represión del país y a quiénes sirven realmente.

Un vehículo para esos apoyos se posibilita a través de las llamadas «fundaciones policiales», las que, para recaudar fondos, se benefician de sus vínculos con el empresariado y con muy conocidas grandes corporaciones donantes como Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, BlackRock y otras, así otros muchos sectores corporativos como Coca Cola, Target, Walmart, Morgan Hill, Amazon, Chevron y muchas más.

Por otra parte, desde 1990 se ha permitido la transferencia de armamento y equipos «excedentes» (incluidos tanques y drones) a las agencias policiales locales, principalmente a través del llamado Programa 1033 del Pentágono. Desde 1997, por esa vía, se han canalizado, a 8 000 agencias policiales independientes, más de 7 400 millones de dólares en equipo excedente.

El politólogo Ryan Welch, coautor en 2017 de un estudio sobre el tema, sugería, en lo que respecta a los departamentos de policía equipados de esta manera, «que los agentes con armamento y mentalidad militar recurrirán a la violencia con mayor frecuencia y rapidez».

La ferocidad de los cuerpos represivos es un tema candente. El número de homicidios cometidos por la policía en Estados Unidos se compara a menudo con los de otras naciones industrializadas, donde la cifra es significativamente menor. La geografía de violencia en alguna medida se oculta en ciudades más pequeñas, de costa a costa. Las rebeliones seguramente continuarán a menos que la policía ya no tenga que gestionar las consecuencias de las pésimas condiciones de vida que escapan a su control, y hasta que un sistema opresivo y racista finalmente se reconstruya sobre los principios de la justicia y la igualdad.

Reproducido de juventudrebelde.cu

Fuente papernest.es

La tarde del 28 de abril de 2025 marcó un antes y un después en la historia energética española. En apenas cinco segundos, una caída repentina de 15 gigavatios de generación eléctrica colapsó la red, dejando a millones de personas sin luz y paralizando sectores estratégicos del país durante más de 12 horas. Semáforos apagados, transportes detenidos y redes móviles colapsadas fueron solo las primeras señales de un desastre que ha costado a la economía más de 1.000 millones de euros. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿cómo se pudo llegar a semejante situación en un momento donde se apuesta tanto por reducir el consumo energético?

El error que apagó a un país entero

El fallo masivo que dejó a la península ibérica a oscuras no fue simplemente un accidente fortuito. En tan solo unos segundos, cerca del 60% de la generación nacional desapareció, arrastrando con ella toda la estabilidad de la red. El consumo eléctrico cayó bruscamente de 27.500 MW a apenas 15.000 MW, desencadenando un colapso en cadena que ni las reservas estratégicas ni los generadores de emergencia pudieron contener a tiempo.

Lo que más indigna a la sociedad es la falta de prevención: advertencias sobre la vulnerabilidad de la infraestructura existían desde hace tiempo, pero fueron ignoradas. Tampoco se contaba con un plan de contingencia robusto, lo que dejó hospitales, transporte público y servicios esenciales operando en condiciones mínimas de emergencia.

La magnitud del fallo ha expuesto una negligencia estructural que no se puede justificar únicamente por causas técnicas. La necesidad de revisar aspectos como la potencia contratada y modernizar el sistema eléctrico español es ya ineludible, pero ¿será suficiente para recuperar la confianza perdida en tan solo cinco segundos de caos?

Un impacto económico de proporciones históricas

El coste económico de este apagón es abrumador. Se estima que la interrupción abrupta de actividades industriales, comerciales y de servicios podría haber provocado pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, una cifra que recuerda a las grandes catástrofes energéticas de Europa.

Plantas de automoción como las de Martorell y Almussafes detuvieron automáticamente sus líneas de producción, sumando miles de unidades no fabricadas y afectando cadenas de suministro enteras. El comercio minorista, restaurantes y supermercados se vieron obligados a cerrar abruptamente. Las ventas cayeron en picado, mientras que el tele trabajo y las compras online quedaron virtualmente paralizados por la caída de internet y las redes móviles, que solo operaron al 17% de su capacidad habitual. En el sector del transporte, la parálisis de trenes, metros y aeropuertos provocó retrasos, cancelaciones y pérdidas millonarias en reembolsos. Madrid y Barcelona, principales núcleos urbanos, se vieron especialmente afectados, dejando a miles de ciudadanos varados durante horas. Aunque hospitales y servicios de emergencia activaron generadores, tuvieron que priorizar sólo las intervenciones críticas, afectando otros servicios sanitarios y de protección civil.

El país, que buscaba mejorar su ahorro en luz y gas, ha sufrido un golpe que no solo costará dinero, sino que dejará una cicatriz profunda en la operatividad del país.

Una respuesta tardía y una infraestructura bajo sospecha

La reacción de las autoridades no estuvo a la altura de la gravedad del evento. Se decretó la emergencia energética y se liberaron reservas estratégicas de petróleo para garantizar servicios básicos, pero el daño ya estaba hecho. La gestión de la crisis evidenció graves carencias de preparación y falta de protocolos eficaces ante emergencias de gran escala.

Los sectores más afectados, desde la industria hasta los servicios esenciales, ya exigen reformas inmediatas y compensaciones económicas. Se reclama: La modernización integral del sistema eléctrico nacional: La implantación de protocolos de respuesta rápida y efectiva: Auditorías independientes sobre la gestión de infraestructuras críticas: Inversiones en ciberseguridad y resiliencia ante ataques o fallos técnicos.

El evento ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad energética de España. La recuperación no solo dependerá de inversiones, sino también de ajustar el precio de la luz y garantizar tarifas más seguras, como una tarifa de luz estable para los consumidores. Si no se actúa de inmediato, el país corre el riesgo de repetir errores que podrían tener consecuencias aún más devastadoras. ¿Será este apagón el golpe de realidad necesario para transformar un sistema que, hasta ahora, ha demostrado ser alarmantemente frágil?