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Nuevo Plan de Ajuste de Deuda de lo malo a lo peor

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A juicio del licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, a pesar de las diferencias cosméticas, el quinto Plan de Ajuste de Deuda (PAD) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) es igual de malo o peor que el anterior. El PAD sometido a finales de marzo por la JCF les sigue ofreciendo pagar $2,600 millones de compensación en efectivo o en bonos a los bonistas acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En entrevista con CLARIDAD sobre cuál es la diferencia entre este quinto PAD y los anteriores, el experto en la Ley PROMESA y en casos de quiebra señaló que la diferencia más llamativa es que, antes, esos $2,600 millones salían del cargo híbrido y, ahora, según la Junta, saldrán de “un fondo misterioso, porque la Junta no ha dicho cuál es, dónde se va a acumular ese dinero”.

Según el PAD, el dinero no será para pagar directamente a los acreedores, sino que cuando le falte dinero la AEE, va tomar prestado de dicho fondo. Describió que sería como un fondo de emergencia que saldrá del Gobierno central y que, eventualmente, habría que reponer; es decir, aunque la Junta no va a aumentar la tarifa para pagar deuda, va a sacar los $2,600 millones del Gobierno central. Además, ya se emitió una deuda por $2,500 millones con vencimientos anuales a 35 años.

Emmanuelli expuso la contradicción de decir que la AEE no tiene dinero para ofrecer un buen servicio y ofrecer tanto dinero a los bonistas. Subrayó que en el Derecho de Quiebra cualquier deudor paga a los acreedores dos cosas: lo que está garantizado y la garantía es de los ingresos netos. En el caso de la AEE,  no hay ingresos netos y solo se paga cuando hay ingresos disponibles. “Aquí no hay ingresos disponibles; por lo tanto, no se supone que se le esté ofreciendo esa cantidad obscena a los acreedores. Eso, a pesar de las diferencias cosméticas hace el plan igual de malo o peor que el anterior”.

Otra contradicción que expuso es el que para salir de la deuda se esté emitiendo una deuda nueva, lo cual es parte del acuerdo con Black Rock.

Una interrogante es si la JCF está considerando que a la AEE no le sobra dinero para reconstruir la red ni para mantenimiento y reconstrucción y que todavía Genera y LUMA tienen que cobrar por su trabajo, si ante ello se vislumbra que pueda haber la posibilidad de que las privatizadoras salgan del escenario.

En ambos contratos dice que si la reestructuración no es compatible con los contratos, ellos se pueden salir, por lo que eso es una contingencia, explicó. En ambos, la realidad es que no va a sobrar nada para poder operar y cumplir con las metas. En el caso de LUMA, esta  recibe un pago fijo y un incentivo que depende de las métricas que establece el Negociado de Energía. En ese caso, LUMA puede decir que con tanto dinero que tiene que sacar no va a poder cumplir con las obligaciones que tiene con el contrato. “Eso es algo que siempre está en el aire”, indicó.

Para Emmanuelli, la situación parece un círculo vicioso porque para LUMA dar un buen servicio necesita reconstrucción, y si no hay dinero para la reconstrucción, dado a que el dinero federal para la reconstrucción está en un hilo, ya que el pasado mes de febrero FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) le puso restricciones adicionales, ello pone sobre el tapete si se va a poder dar o no la reconstrucción o si el dinero se lo van a cancelar o no. El licenciado confirmó que aunque en el PAD se menciona dicho riesgo, de ocurrir, no se dan alternativas. El director ejecutivo de la JCF, Mujica, ya dijo que no había remedio para los recortes del dinero federal.

El también representante legal del Sistema de Retiro de  los trabajadores de la AEE añadió que otra vez el PAD deja fuera las pensiones para que se consideren como un gasto operacional, y el gasto operacional a su vez se tiene que imponer en la tarifa. Eso se está revisando en el Negociado de Energía, y se espera esta emita una resolución el próximo 1.0 de julio. “Es decir, que no es cierto que no va a haber aumento. Todo lo contrario, va a haber aumento significativo para cubrir las peticiones que están haciendo LUMA y Genera para cubrir el sistema de retiro”.

Respecto a cuánto tiempo más podrá tomar el pleito de la deuda de la AEE, que es la única que queda por negociar por la Ley PROMESA, comentó que en realidad puede tomarse un año más en lo que se resuelven todas las mociones presentadas. Como, por ejemplo, con la situación de un grupo de bonistas que presentó una moción en la que están diciendo que no les han pagado lo que se supone les pagaran año tras años. Hay otra moción que cuestiona los gastos administrativos de la AEE. Incluso, la Junta también pidió una extensión para acudir al Tribunal Supremo. Del tribunal aceptar el caso, se podría extender hasta el año que viene.

El licenciado Emmanuelli Jiménez planteó que la gravedad del nuevo plan debe generar preocupación y la misma oposición que generó el plan anterior, contra el cual se radicaron más de 800 objeciones. “Hay que estar preparados para hacer el mismo esfuerzo”.

En entrevista por separado, la licenciada Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoria del Crédito Público (CCACP), explicó que la diferencia entre el nuevo plan y el plan presentado en marzo del 2024 es que no se sostiene en el cargo híbrido, lo cual es un logro para todos los sectores sociales que se unieron para oponerse al aumento. No obstante, censuró que la JCF mantiene la propuesta de pagar $2,600 millones, a sabiendas de que no hay fuente de pago para ello. “No nos sorprende que no exista una fuente de pago. Nuestra postura es que se cancele esa deuda porque el Gobierno no cuenta con el dinero y el país no tiene la capacidad económica para aguantar un aumento en la luz”, defendió.

Hizo la anotación de que este PAD es todavía temporero, no es la versión que entiende va a llegar a su fin. La misma JCF reconoce que tiene que someter un plan suplementario o una enmienda adicional en donde incluirá entonces de dónde saldría el dinero. “Lo único que sabemos es que ellos dicen que no va a salir de los activos, ni del efectivo ni los aumentos en la factura”.

Según las proyecciones de la misma JCF, los costos de la privatización más el costo de las pensiones son tan altos que por el momento no se ve que vaya a haber sobrante de los ingresos netos (dinero disponible a través del pago de las facturas),que es de donde los bonistas supuestamente tienen derecho a cobrar.

En fin, la JCF deberá aclarar en el PAD de dónde va a salir el dinero para pagar a los bonistas, si será una transferencia del Fondo General o un nuevo impuesto. Si no se clarifica de dónde saldrá el dinero, va a ser un argumento en contra del PAD porque este debe dar una garantía. La licenciada Prados Rodríguez coincidió con la postura de Emmanuelli Jiménez de que es más que evidente sin los números de LUMA, ya la AEE está en rojo. Cualquier corporación que puede demostrar que no genera los ingresos suficientes para pagar su deuda puede ir a una cancelación total, “por lo que el que todavía esté pendiente una oferta de $2,600 millones, que no se sabe de dónde van a salir, sigue siendo una preocupación para todos; se deja la puerta abierta a que no se sabe de dónde va a salir ese dinero”.

Editorial-Feminicidio en Adjuntas evidencia las fallas de un  sistema fracturado

 

Otra víctima  de feminicidio sucumbe ante su asesino.  Con apenas tres meses y unos días transcurridos de este año 2025, seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en Puerto Rico, en un patrón fatal de violencia machista que no da tregua. Tras cada mujer asesinada en tales circunstancias, la sociedad entera se estremece, el foco mediático se posa en el suceso y surgen las expresiones de distintas voces, oficiales y no oficiales, sobre los antecedentes, el asesino, la víctima y el entorno que propició la violencia que acabó con su vida. Lo que no ocurren son soluciones. Solo excusas y la reacción lenta y tardía de un sistema fracturado que le falla una y otra vez a las mujeres en situaciones de violencia. En Puerto Rico, hemos visto un incremento escalofriante de estos casos. Se suceden uno tras otro, y ni los protocolos, ni las leyes, ni los reglamentos, ni las políticas públicas, ni las diferentes instancias del Estado que se supone que  proteja a las mujeres parecen tener respuestas y, mucho menos, soluciones para prevenir y evitar que las actitudes y conductas de violencia machista tengan un desenlace fatal.

En el caso que nos ocupa – el de Caroline Bou de Adjuntas- hay otras siete víctimas:  sus siete hijos e hijas menores que presenciaron como el padre de seis de ellos golpeó y estranguló a la mujer que llamaban mamá. A la hija mayor, de tan solo 12 años, le tocó el triste deber de llamar a la línea de emergencia, cuyo personal llegó al hogar de la víctima y rompió la noticia que ha cambiado para siempre las vidas de esos siete niños y niñas, las de varias familias y  de una comunidad, a la vez que dejó al descubierto las fallas de coordinación, comunicación y respuesta rápida de las agencias gubernamentales encargadas de dar servicios a las mujeres en situaciones de violencia que así los  solicitan. En este caso, sabiéndose en riesgo, la víctima había pedido información y orientación a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, agencia sin Procuradora en propiedad durante muchos años y hasta hace apenas dos semanas.

Implantar programas y estrategias efectivas contra la violencia de género en una sociedad, requiere una gran motivación, voluntad política y un esfuerzo común entre el gobierno, el sector privado,  los albergues y demás organizaciones y entidades no gubernamentales con conocimiento y experiencia en el servicio y manejo de estas complejas situaciones. La Ley 54, las órdenes de protección, las salas judiciales especializadas, los albergues, todas las redes de apoyo a las mujeres en situaciones de violencia son instrumentos importantes que contribuyen a salvar vidas. Pero mientras persista la enquistada renuencia al cambio de actitudes y conductas machistas, los incidentes de violencia y los feminicidios seguirán rampantes.

En 2018 se publicó el primer estudio de referencia realizado en Puerto Rico sobre la violencia contra las mujeres y  los feminicidios. ‘ La persistencia de la indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018″ es el título del extenso trabajo científico que documenta  con rigor los incidentes de violencia contra las mujeres y feminicidios ocurridos en  Puerto Rico durante los cuatro años en que se enmarcó el estudio. El mismo fue una colaboración entre las organizaciones no gubernamentales Kilómetro Cero y Proyecto Matria, utilizando los datos y estadísticas recopilados por la principal  investigadora del tema en Puerto Rico, Carmen Castelló.

El estudio señala como el factor principal tras la violencia contra las mujeres y los feminicidios la «persistente indolencia» que manifiestan el gobierno, el sistema social y económico y la sociedad puertorriqueña en general, ante la violencia de género y la falta de equidad y oportunidades para las mujeres que la propician. Un dato notable del estudio establece que  las mujeres en condición de pobreza son desproporcionadamente afectadas por los incidentes de violencia machista y los feminicidios, lo cual abre una brecha aún mayor de inequidad para nuestras mujeres económicamente desventajadas.

En este momento, la recién confirmada Procuradora de la Mujeres, tiene la oportunidad de imprimirle un nuevo liderazgo a dicha oficina, rescstarla del marasmo y la inacción en la que está sumida desde hace mucho tiempo, y devolverle su propósito y razón de ser: » fiscalizar,promover y  hacer  cumplir las políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, promuevan la equidad y erradiquen la discriminación y la violencia de género».

Las mujeres somos más de la mitad de la población de Puerto Rico. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde para atajar este mal. No puede seguir permitiendo que las fisuras de un sistema de apoyo fracturado nos siga costando valiosas vidas de mujeres.

 

 

Procuradora de la mujer a la cañona

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Sin cumplir como lo dispone el Artículo 4 de la Ley 20-2001, de que  las organizaciones feministas deben ser consultadas para el nombramiento, sin vistas publicas de confirmación y sin una experiencia conocida, la gobernadora, Jenniffer González, nominó y el Senado confirmó a la licenciada Astrid Piñeiro Vázquez como Procuradora de la Mujer.

A partir de la primera procuradora, la licenciada María Dolores Fernós, nombrada por la gobernadora Sila María Calderón, las nominaciones para ocupar la dirección de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), una posición a diez años, no han estado libres de polémicas. Las nominadas no confirmadas y los interinatos han sido la norma. Tras la renuncia de la licenciada Fernós después de siete años en el cargo, el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, nominó primero a Martha Mercado y luego a Joan Vélez.  El Senado dominado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) no confirmó a ninguna de ellas, pese a que ambas reunían los requisitos para el puesto.

En el 2009, el entonces gobernador, Luis Fortuño, nominó, y su Legislatura confirmó, a la exjuez Yvonne Feliciano, de la cual las organizaciones feministas denunciaron no tenía la capacidad. De hecho, renunció al año siguiente. Tras de ella siguió la licenciada Wanda Vázquez, quien después fue secretaria del Departamento de Justicia, gobernadora y hoy está acusada por soborno en la esfera federal. A su llegada a la gobernación, Ricardo Rosselló nominó a Ileana Aymat, nombramiento que se retiró por no tener el apoyo de las feministas ni de los senadores del PNP. En adelante, entran los interinatos de Carmen Lebrón, la cual nunca fue confirmada y luego renunció, le siguió Lersy Boria, quien renunció en agosto del 2022,

En el 2023 el gobernador Pedro Pierluisi, en consulta con los grupos feministas, nominó a Vilmarie Rivera Ríos; pero su nombramiento fue retirado ante la negativa de confirmación del Senado, esta vez en contubernio de los PNP y PPD. Desde esa fecha, Madelyn Bermúdez ha ocupado el puesto de manera interina, hasta el nombramiento ahora de Piñeiro Vázquez.

La nueva Procuradora

En entrevista con CLARIDAD, la feminista de larga trayectoria, licenciada Amarilis Pagán, apuntó respecto al nombramiento y confirmación de la licenciada Piñeiro Vázquez que con ello se está completando un proceso de desarticulación y destrucción de la OPM y “de todo lo que esa oficina debiera representar para todo el bienestar de las mujeres en Puerto Rico”. En primer lugar señaló que la gobernadora, Jenniffer González, conscientemente  decidió ignorar los requisitos para el puesto establecidos por la Ley 20 del 2001 que creó la OPM.

Pagán calificó de peligrosa la conducta de la gobernadora González y muy similar a la del presidente Trump, quien a sabiendas de que existen leyes federales que protegen ciertas poblaciones dentro de EE. UU. y a sabiendas de que existen leyes y reglamentos migratorios, así como leyes de inclusión para personas con discapacidades y personas LBGT, ha decidido legislar por órdenes ejecutivas. “La  gobernadora de Puerto Rico  ha decidido lo mismo. Sabe que hay una ley de la OPM y decidió actuar como si esa ley no existiera”.

En cuanto a Piñeiro Vázquez, subrayó  que esta no es conocida en los círculos de interés de grupos feministas. Acotó que ese señalamiento no es una evaluación sobre su persona y cualidades como ser humano, pero sí es una evaluación sobre su carrera profesional y sus capacidades para dirigir una oficina como la OPM. Defendió que la ley 20 es muy clara cuando dice que tiene que ser una persona reconocida en las luchas por los derechos de las mujeres y contra todas las opresiones. La persona nombrada es una desconocida en esas luchas.

Trajo a la atención, además, que la ley dice que la persona debe ser una con  independencia de criterio. A juicio de la licenciada Pagán, la confirmada no parece ser una persona con independencia de criterio, no solo porque era la mano derecha  de la gobernadora cuando fue comisionada residente, sino que una vez ya nombrada, ha comenzado a actuar como una secretaria de gabinete junto a la gobernadora.

Pagán subrayó que esa no es la función de la OPM. La función de la OPM es una de fiscalización, aunque eso no quiere decir  que no haya instancias de colaboración; pero la procuradora  no es una subalterna de la gobernadora.  En ese sentido, ese puesto se diferencia de manera drástica de las secretarías de gobierno donde el requisito es gozar de la confianza de la  ejecutiva. La procuradora de las mujeres es un puesto similar al de contralor de Puerto Rico.

En esa línea, sobre ser subalterna de la gobernadora, Pagán censuró que el anuncio de la presentación de  legislación alegadamente a favor de las mujeres en el momento del nombramiento y luego de la confirmación. Cuando se examinan lo que han estado proponiendo tanto la gobernadora como la procuradora en términos de legislación, son cosas que no representan avances sustanciales y mucho menos cosas nuevas.

“De hecho, hay cosas que ya se presentaron y fueron hechas excelentemente por María Dolores Fernós. Lo que me preocupa y me molesta de todo esto es no solamente que están pasando por encima de una ley que se luchó, que fue una de vanguardia y muy importante para las  mujeres de Puerto Rico,  sino que están tratando de rescribir la historia para hacer parecer que ellas son las que van a traer a Puerto Rico el bienestar de las mujeres. No tienen la capacidad porque no reconocen las desigualdades estructurales entre los hombres y las mujeres. No reconocen  el machismo. Muy al contrario, lo que hacen es reproducir patrones de conducta sexistas en la manera en que se están comportando”, manifestó una de las gestoras de la organización feminista  Taller Salud.

Señaló que la OPM es una agencia  atípica, ya que la ley le confiere el poder de legislar, fiscalizar a otras agencias de gobierno e intervenir en procesos de otras agencias. Denunció  que eso es algo que  no ha pasado en los últimos años debido a que las últimas procuradoras han actuado como secretarias de la persona que está en La Fortaleza, y cuando se mira la historia de la OPM, “hay que admitir con mucha tristeza que de los 24 años que tiene la oficina, solo 7 años fue una oficina funcional en cumplimiento con la ley. El resto ha sido una que ha estado totalmente politizada y dándole la espalda a las mujeres y a las organizaciones expertas en estos temas. Si la OPM hiciera alianzas reales con esas organizaciones, muy probablemente, su trabajo sería mucho más efectivo”, declaró.

Por último, la licenciada Pagán sacó a colación las declaraciones de la gobernadora  de que  ‘ella no tenía que escuchar a las feministas, porque las feministas no la apoyaron  ni en la primaria ni para las elecciones’. “Esa es  otra señal clara de que ella en lo que está pensando  es en política partidista”. De hecho, los asuntos relacionados a la mujer no fueron temas de campaña de la hoy gobernadora.

Por su parte, en comunicado de prensa, la  representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y secretaria de Asuntos de la Mujer y Género de dicha colectividad, Adriana Gutiérrez Colón, también censuró que el nombramiento  no cumpliera con lo que dispone la ley. Además de apuntar la falta de experiencia en asuntos de género y la ausencia de respaldo de diversas organizaciones feministas, denunció que  el trámite legislativo  “fue una confirmación sin previo aviso, sin vistas públicas, sin consulta y respaldada con un informe positivo muy pobre”.

“Estamos frente a una confirmación de una posición a diez años sin que las mujeres y el país sepamos cuáles son sus posturas sobre asuntos fundamentales que nos afectan, como el aborto, los feminicidios, la perspectiva de género, la desigualdad salarial, la violencia obstétrica y su relación con los albergues que atienden a mujeres y a sus familias”, concluyó Gutiérrez Colón.

 

 

 

CLARIDAD se suma a la independencia energética

Saúl explica el alcance de la instalación.

 

Este medio conversó con el experto que instaló el sistema

CLARIDAD 

En miras de mitigar los efectos de las averías eléctricas en el Periódico CLARIDAD, la empresa local GenEra, dedicada a la instalación de paneles solares, armó un sistema fotovoltaico con capacidad de almacenaje en el techo del semanario. Para profundizar en la historia de la compañía, su experiencia en este mercado solar, el trabajo hecho en CLARIDAD y otros asuntos, el fundador de la empresa, Saúl González Mendoza, conversó con este medio.

GenEra nació oficialmente un 25 de marzo de 2020. A cinco años de su fundación, González Mendoza aún recuerda su transición de la industria farmacéutica, donde se desempeñó como ingeniero durante 19 años, a la energía solar. Al formar la compañía, sostuvo el fundador, quiso crearla con un fin social. Por eso GenEra está clasificada como una Compañía de Responsabilidad Limitada con Fin Social (L3C).

“Es una cuestión de prioridades en cuanto a la visión de la compañía. El beneficio económico tiene una prioridad menor que la misión. Por eso cuando evaluamos proyectos, estrategias de negocio, nuestro acercamiento general a la industria solar, no lo hacemos desde la perspectiva de cómo vamos a ganar más dinero”, expresó González Mendoza.

Considerando la energía eléctrica un derecho esencial, el fundador de GenEra explicó que la empresa basa sus servicios en el posible impacto que tendría para una familia o una comunidad. Por ejemplo, González Mendoza compartió su experiencia con la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable (ACONER), en Orocovis, donde energizaron un centro comunitario que llevaba tiempo en desuso.

“Saber que la comunidad puede ir allí y cargar sus celulares en lo que pasaba la emergencia, y en un lugar rural como Orocovis, nos dio mucha satisfacción”, aseguró González Mendoza.

Asimismo, GenEra ha ayudado a pequeños y medianos comerciantes desde el programa Apoyo Energético del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), una iniciativa que nace luego del paso del huracán María. Por igual, González Mendoza destacó a Lajas, Yabucoa y Toa Alta como lugares que la empresa ha impactado en ese mismo plazo pos-tormenta.

“Aquí las comunidades se levantaron por sus fueros, y las compañías de energía renovable se pueden agregar a ese esfuerzo. Somos aliados de las comunidades para que puedan seguir avanzando con su línea de desarrollo y de autogestión”, aseveró González Mendoza.

CLARIDAD ahora genera su propia energía

Placas sin instalar.Fotos Alina Luciano

baterias

Cuando se instala un sistema de paneles solares en un lugar, González Mendoza explicó que existen dos opciones. La primera, dirigida a ahorrar el consumo y gasto de energía, sustituye la electricidad que suplirían Genera PR y LUMA Energy. “Si entras en un arreglo con medición neta, todo kilovatio por hora que le vendas a LUMA va a valer lo mismo que el que le compras. Ahí se reduce el gasto”.

La segunda alternativa, la más “resiliente”, funciona con baterías que almacenan la energía producida por las placas. Con el ejemplo de una cisterna que recoge y guarda agua, González Mendoza elaboró que en este caso los paneles convierten la energía solar en electricidad y la ahorran dentro de las baterías. “Si se va el agua, pues tienes una reserva de agua en lo que regresa. Es lo mismo con la energía… cuando no hay, las baterías la sacan”.

De estas dos opciones, CLARIDAD ahora cuenta con baterías de almacenaje, de modo que el periódico podrá operar aún cuando la red de LUMA Energy y Genera PR se averíe. Y aunque “la batería no es infinita”, los 20 kilovatios por hora que genera el semanario servirán para sostener la energía desde la biblioteca hasta la redacción.

“En CLARIDAD tenemos el componente de resiliencia, es un sistema que tiene tanto placas como baterías. En caso de que se vaya la luz, CLARIDAD tendría una reserva de energía para seguir operando. Como en todo sistema, hay que observar las limitaciones… va a durar en proporción a cuánta energía saque en un momento dado y cómo está el clima”, expuso el ingeniero.

De acuerdo con el fundador de la empresa solar, la demanda de placas solares ha aumentado notablemente desde 2020, particularmente por los programas impulsados por el gobierno federal, que procuran este servicio para “personas de escasos recursos”. Sin embargo, González Mendoza aseguró que este “boom” de la industria solar también lastra sus sombras.

GenEra v. Genera PR: una pugna sin fin

 Cuando alguien decide auscultar las ofertas de GenEra- la empresa que instaló paneles solares en CLARIDAD- desde la página oficial de la empresa, lo primero que aparece en pantalla es una notificación que lee “¡NO TE CONFUNDAS!”, acompañado por una breve explicación.

“No somos esa “Genera PR” (2023). Somos la GenEra original (2020), la de Puerto Rico, la que promueve la energía solar sobre techos en residencias y comercios. No tenemos relación alguna con la “APP” del gobierno y subsidiaria de New Fortress. Si se te fue la luz por un relevo de carga, no fuimos nosotros, fueron ELLOS (los de genera-pr.com, con la rayita). ¡A ti te tumban la luz, y a nosotros quieren tumbarnos el nombre!”

Para González Mendoza, la situación se trata de la usurpación ilegal de un nombre que existía. Poco antes de su llegada en 2023, cuenta el fundador de GenEra, la compañía local recibió un acercamiento anónimo para comprar el dominio “generapr.com”. Cuando la empresa de paneles solares rechazó la oferta, el consorcio se anunció como manejador de las plantas generatrices bajo el nombre “Genera PR”.

“Desde entonces, hemos tenido una lucha por diferenciarnos y mantener el nombre que escogimos antes de que llegara el consorcio. Hemos tenido que tomar medidas, ha suscitado mucha confusión. Entendemos que el sistema judicial no aquilató el caso como debió y no aplicó la Ley de Marcas como debió aplicarla”, sostuvo González Mendoza.

En ese sentido, el fundador manifestó que se ve “obligado” a hacer salvedades como la de la página oficial, a pesar de solo querer promocionar las ofertas de su negocio. Según González Mendoza, en la medida en que la gente asocie la “mala publicidad” de Genera PR con los trabajos de GenEra, muchos consumidores pueden confundir la labor de ambas empresas.

“La gente puede pensar que somos parte de ellos, que estamos asociados con ellos. Que no es el caso, todo lo contrario. No podemos ser más diferentes. Ellos son parte de la empresa matriz New Fortress Energy, que es una multinacional superpoderosa; nosotros somos una compañía de capital local”, destacó el ingeniero. El caso fue desestimado en el Tribunal de Primera Instancia, alzado sin éxito al foro apelativo y archivado por el Tribunal Supremo en una votación de 5-3.

Además, el fundador de GenEra resaltó la “fuga de capital” que presentan empresas como Genera PR y New Fortress Energy en su concepción. Como distribuidoras de gas natural- un combustible fósil- estas suplidoras buscan ampliar el consumo de un producto que depende de la extracción. Al integrarse a este modelo de energía, el capital de los consumidores termina en bolsillos extranjeros.

“El país tiene que sacar de su bolsillo $2 mil, $3 mil millones para comprar combustible. Eso es una fuga de capital”, acotó el ingeniero sobre el consumo de gas. Del mismo modo, González Mendoza explicó cómo se da otra fuga de dinero local con las empresas de sistemas solares que, al cabo de décadas, cobran altas cantidades que acaban en bancos foráneos. “El dinero, al final del día, no está aquí”.

Pero en GenEra, explicó el ingeniero, las inversiones de los consumidores funcionan para que produzcan y ahorren energía a largo plazo, de modo que abonan a la meta de energía renovable propuesta por el Estado y, también, energizan al país con alternativas más confiables.

“No nos engañemos, en la industria renovable no todos son corderos ni monjas. Hay buitres y lucros igual que en el mercado de los combustibles fósiles. En la comida se habla de la canasta básica; huevos, leche y pan. En el campo energético, la canasta básica (puede ser) ocho placas y una batería pequeña. No es cuestión de jartarse… Entonces ahí está Genera PR y está GenEra”, concluyó González Mendoza

Defienden la diversidad de la Universidad de Puerto Rico

 

CLARIDAD

 En una resolución que ha sido criticada por diversos sectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Junta de Gobierno de la institución anunció el cierre del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) como parte del cumplimiento con “la política pública del Gobierno de los Estados Unidos”.

La certificación oficial, expedida el pasado 31 de marzo, elimina el comité cuya tarea consistió en promover “una cultura de respeto a la diversidad, igualdad, no discriminación, inclusión y equidad” en la comunidad universitaria. Compuesta por cinco integrantes de la Junta de Gobierno, la disolución del cuerpo aumenta la importancia de vigilar la implementación de esta política, de acuerdo con el representante estudiantil Sebastián Segarra Maldonado.

“Diversidad, Equidad e Inclusión todavía se va a estar trabajando dentro del Comité de Asuntos Estudiantiles de la Junta de Gobierno. Hasta ahora, esperamos que se puedan mantener esos esfuerzos y que las iniciativas y estrategias que se están proponiendo desde el sector estudiantil se puedan acoger a pesar de la administración de Donald Trump. Tenemos que mantener ese compromiso con la Diversidad, Equidad e Inclusión. No podemos capitular”, expresó el representante ante la Junta Universitaria (JU) de la unidad de Utuado.

Las labores del Comité de DEI, según Segarra Maldonado, serán absorbidas por los subcomités del cuerpo regente. Aunque por ahora no augura alguna amenaza por esta determinación, el universitario reconoció que las posturas públicas del presidente interino de la UPR y la gobernadora pudieran “atentar” contra esas políticas de diversidad. Máxime, agregó, tras el apoyo que Jenniffer González mostró por el PC 165, de Lisie Burgos, que busca eliminar los baños de todo género que hay en el sistema UPR.

“Tenemos que defender y organizarnos en contra de aquello que directamente atenta contra estas políticas, como el endoso de la gobernadora al proyecto que busca prohibir los baños inclusivos. Hay que reclamar y señalar cuando se están infringiendo los derechos de la comunidad universitaria”, elaboró Segarra Maldonado en entrevista telefónica.

Por su parte, la Coalición Estudiantil en Búsqueda de la Equidad (CEBE), capítulo de la UPR en Río Piedras, rechazó la resolución por entender que representa una falta de compromiso con la comunidad estudiantil, particularmente en sus reclamos. Para Alondra González, portavoz de la organización, la decisión de la Junta de Gobierno manifiesta una “alarmante subordinación a una agenda colonial autoritaria”.

“Esta decisión desconoce nuestras luchas históricas por una universidad inclusiva y democrática. Contradice a la comunidad estudiantil y sus expresiones en la pasada asamblea estudiantil, donde se defendió la autonomía universitaria y la reforma universitaria. Estas acciones han ido en contra de esa asamblea, que fue reciente”, comentó González a CLARIDAD.

Las expresiones de la presidenta de la CEBE coinciden con las del Movimiento Estudiantil, quienes destacaron las amenazas que han recibido universidades estadounidenses por parte del Gobierno Federal. Del mismo modo, la colectividad le exigió a la rectora del Recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, a que se oponga a la resolución de la Junta de Gobierno, defienda los reclamos de la pasada asamblea multisectorial y garantice la libertad de expresión y asociación “bajo cualquier circunstancia o amenaza externa”.

“A raíz de este ataque violento contra los derechos civiles más elementales, se ha organizado una campaña internacional junto a organizaciones estudiantiles y juveniles alrededor del mundo en contra de la agenda neo-fascista de Trump, en solidaridad con los y las estudiantes detenidas y a favor de proteger la libertad de expresión y reunión en todas las universidades. Por eso, varias organizaciones en Puerto Rico nos unimos hoy, como primer paso en esta lucha, al Día Internacional de Acción, exigiendo el cumplimiento de estas demandas”, reza el comunicado del Movimiento Estudiantil.

Por otro lado, tanto Segarra Maldonado como la CEBE opinaron que la próxima persona en ocupar la presidencia de la UPR debe mostrar un compromiso claro con las políticas de diversidad, equidad e inclusión. A juicio de ambas fuentes, la presidencia interina del Dr. Muñoz Muñoz no muestra ese compromiso que, frente a las órdenes de Donald Trump, pudiera amortiguar el efecto de ciertas decisiones.

“Entiendo que haya una preocupación por los fondos federales, sobre todo, cuando ya está sucediendo en el mainland de los Estados Unidos, pero el candidato que llegue a presidencia debe conocer de economía y política por eso mismo. Porque estas iniciativas impulsadas por la administración de Trump han sido, en muchos casos, detenidas en la rama judicial”, explicó Taís Díaz, vicepresidenta de la CEBE.

Ya hay candidatos para presidir la Universidad

En días recientes, la Junta de Gobierno sometió nueve candidatos para la etapa de consideración de la comunidad universitaria. En esta próxima fase, que tiene fecha límite el 15 de mayo, le corresponde a cada Senado Académico emitir sus evaluaciones de los candidatos. Por lo tanto, ningún entrevistado expresó su rechazo o endoso a alguna de las figuras, aunque Segarra Maldonado afirmó que la comunidad universitaria, por costumbre, endosa a candidatos que emergen del sistema UPR.

“La posición del estudiantado siempre ha sido que la presidencia de la UPR debe ocuparse por una persona que conozca el sistema y que sea de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros entendemos que una persona con visiones privadas, como la Dra. Zayira Jordán Conde, debe permanecer en el sector privado por el bien de la UPR”, expuso el representante ante la JU.

Asimismo, ambas fuentes criticaron las expresiones a la prensa del Dr. Muñoz Muñoz en los pasados días sobre la inclusión y denunciaron algunas de sus determinaciones desde que asumió la presidencia interina en febrero de este año. Por reglamento, el presidente interino no puede aspirar a la presidencia de la UPR.

Los nueve candidatos hasta el momento son: la doctora Mayra Olavarría Cruz; la presidenta de Atlantic University, Zayira Jordán Conde; la rectora del Recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona; el rector del Recinto de Mayagüez (RUM), Agustín Rullán; el exrector del recinto de Humacao, Héctor Ríos Maury; el doctor Julián Vásquez Heilig; el doctor Edwin Barea Rodríguez; la doctora, Waleska de Jesús Bonilla, y la catedrática y rectora interina del RUM, Wilma I. Santiago

“Entiendo que si se escoge a alguien que esté verdaderamente comprometido con nuestros derechos fundamentales, con la equidad, pudiera haber mayor estabilidad en la universidad. Es esencial que la persona que esté en presidencia respete la equidad y la promueva”, concluyó González.

Desde la propia Junta de Gobierno, el representante estudiantil Daniel Fernández González explicó a este medio que toca esperar por las evaluaciones de los Senados Académicos respecto a cada candidato. Sobre la resolución de la política DEI, Fernández González no estuvo disponible para declaraciones.