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Ofrecen proyecto de apoyo a emigrantes

 

La Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, anunció el establecimiento de un centro de acompañamiento con ayuda espiritual y emocional para las personas afectadas con las órdenes de deportación emitidas por el presidente Donald Trump.

El programa de ayuda con sede en el 1152 de la avenida Ponce de León en Río Piedras se llamará “Proyecto Acogida”, el cual se une a unas docenas de iniciativas que opera esa denominación religiosa en Puerto Rico.

En conferencia de prensa, el oficial de más alta jerarquía en la Iglesia Episcopal en Puerto Rico, el Obispo Rafael Morales Maldonado enumeró la gama de servicios que prestará “Proyecto Acogida” entre los cuales está el apoyo psicológico, emocional y espiritual para las comunidades minoritarias.

“El “Proyecto Acogida” es una respuesta al momento histórico que estamos viviendo, tomando en consideración la situación por la que atraviesan miembros de las comunidades migrantes y otras. Entendiendo que estamos en un momento difícil para muchas personas con serias dificultades para movilizarse a buscar un servicio presencial, nuestra respuesta ha sido el poder ubicar un teléfono de ayuda (787-675-3700), el cual pueda ser utilizado para coordinar citas, comunicar problemas y solicitar apoyo”.

El Proyecto Acogida” ofrecerá ayuda virtual utilizando cámaras donde la persona pueda interactuar con los profesionales de nuestro Centro. Para aquellos donde se requiera asistencia en salud mental, esta la línea telefónica especial 787-625-1403, la cual cuenta con doctores en psicología todos adscritos a nuestro exitoso programa “San Lucas Conductual”, añadió el obispo Rafael Morales Maldonado.

La doctora Rocio Zayas, psicóloga clínica de San Lucas Conductual, indicó que el público que tenga acceso a las clínicas o consultas lo hará en total confidencialidad. “Nosotros no compartimos información con nadie, esto está basado en la discreción y el derecho que tiene un ciudadano en buscar ayuda emocional y espiritual. Todas nuestras acciones, todo el servicio médico y psicológico que ofrezcamos está protegida por la conocida Ley HIPPA”.

 

 

 

 

Exigen al gobierno que adopte una política migratoria

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

El Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump, urgió al gobierno de Puerto Rico a que adopte una política pública migratoria para la protección de la población migrante y sus familias.

La licenciada Annette Rodríguez Orabona directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, siglas en ingles), capítulo de Puerto Rico, dio lectura a una declaración del Frente en la cual se plantean los aspectos que debe contener dicha política. En primera instancia el gobierno debe reconocer “los derechos humanos fundamentales de la persona migrante y de su derecho a una vida digna y segura en Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio”.

Entre los aspectos que debe contener la política pública, plantea el Frente es que se garanticen servicios públicos como hospitalarios, educación y otros servicios esenciales sin importar el estatus migratorio de la persona, proveer lugares santuarios, y la no separación de las familias.

Un aspecto esencial que se indicó es que se adopte “una política clara de no participar, ayudar o facilitar el trabajo de las autoridades federales en la identificación, detención y arresto de personas migrantes sin documentación regular”. Además de que el gobierno de Puerto Rico publique cualquier acuerdo de colaboración que exista entre las agencias estatales y el gobierno federal con relación a la identificación, detención, arresto y procesamiento de personas migrantes.

El Frente subrayó que no existe mandato alguno que obligue a los gobiernos locales a colaborar con las agencias federales. Al respecto la licenciada Mariela García, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (MILA, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, en alusión a la orden en el Departamento de Justicia de Puerto Rico de hacer una lista de migrantes víctimas de delito, expresó que “lo que está haciendo la gobernadora de Puerto Rico es algo sin precedente que ningún otro estado ha estado llevando a cabo perseguir a víctimas por delitos de crímenes”.

Añadió que la organización tiene un banco de abogados pro bono a nivel de Estados Unidos al cual las personas pueden acudir. Además de que, junto a la Liga de Ciudades, aquí en Puerto Rico ofrecerán talleres para abogados que no se dediquen a inmigración, que sean mayormente criminalistas para que puedan defender a extranjeros que se encuentren en una situación criminal.

 

García fue enfática en indicar que cada estado tiene en estos momentos la discreción de cuán mucho utiliza sus fuerzas estatales para ayudar en al ejecución de las órdenes ejecutivas a nivel federal. “El gobierno federal en estos momentos no puede obligar a agencias estatales a que lleve a cabo la gestión que solo le corresponde al gobierno federal, para que un gobierno, estatal o local participe tiene que hacerlo libre y voluntariamente”.

Sobre este aspecto el director Legal de ACLU Fermín Arraiza Navas explicó que  durante su primer cuatrienio Trump trató de imponer esa responsabilidad a los estados y el estado de California llevó un caso -California vs. Trump 2019- que llegó al primer circuito y se le dio la razón a California, al decir que una imposición a través de una ley federal para que la policía estatal hiciera el trabajo de colaborar con las autoridades federales es inconstitucional. La ley -dijo el tribunal- viola la constitución debido a que los estados tienen unos poderes donde no puede intervenir el gobierno federal. Aunque el caso llegó al Tribunal Supremo de EE UU, el tribunal no atendió el caso.

“Ese es el estado de derecho actual los estados están protegidos por la constitución de Estados Unidos para negarse a colaborar con las autoridades federales”. En el caso de Puerto Rico confirmó que el ELA no tiene ninguna política migratoria.

A esos efectos la Directora ejecutiva de ACLU reiteró que las organizaciones están pidiendo que se adopte una política clara en protección de la comunidad migrante y que se prohíba que se ayude o facilite a las autoridades de inmigración. A esos fines ya tienen redactado un borrador de un proyecto de ley para presentar ante la Legislatura.

Sobre la incertidumbre de cuánto durarán las detenciones Arraiza Navas, comentó que se puede llegar a un punto que paren por presiones políticas. “Todo depende los pleitos que hay pendientes principalmente en Estados Unidos”. Aun cuando dijo, que aquí en Puerto Rico se podrían presentar casos de interdicto y otras acciones legales para que no se implementen esas políticas, observó que eso ya se está haciendo en otras jurisdicciones, lo cual tendrían efectos aquí en Puerto Rico. “En el ínterin de que estos pleitos no surtan efectos la exhortación a las personas que no tienen estatus migratorio legalizado eviten contacto con las autoridades federales. Tenemos que estar conscientes de que son medidas que se están impulsando para eliminar lo que son el debido proceso de ley por lo menos en aquellas personas que no llevan más de dos años viviendo en EE UU”.

A la pregunta de en que instancias una persona pudiera pedir asilo político con estas políticas migratorias, la experta en migración, licenciada Julie Cruz, explicó que según la ley una persona tiene un año del momento en que llega a EE UU para poder pedir asilo. Resaltó que la incoherencia en las ordenes de Trump es que si la persona tiene un año y ya está en la corte de migración para pedir el asilo, lo cual se puede hacer ante a la agencia y ante la corte, dentro de este proceso hay unas fases que están avaladas por el derecho Internacional, sin embargo con la orden de Trump si se tiene un año y de momento le arrestan cae dentro de la deportación expedita. Debido a esto dijo es que se van a ver mas litigios para frenar esta política de la deportación expedita, que esta administración extendió a personas que llevan menos de dos años.

Cruz exhortó a que es importante que se tenga un enlace con la comunidad en EE UU porque desafortunadamente en Puerto Rico no se tiene un centro de detención para inmigrantes, básicamente lo que hay son centros temporeros lo que hace un problema porque disloca cualquier persona que sea arrestada por lo general se envía a Florida. Recordó que durante la primera administración de Trump las personas eran enviadas a donde hubiese espacio, eso disloca el apoyo familiar, el apoyo evidenciarlo del abogado que lo representa “por eso el llamado de las organizaciones a los abogados que se unan a estos grupos”, se refiere a las organizaciones del Frente.

Las expresiones se dieron en conferencia de prensa en la que se dio a conocer la formación del Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazo a resolución contra Venezuela

 

 

La delegación en la Legislatura del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresó su oposición a una resolución concurrente de la Cámara de Representantes, RC-01, en que se rechazan  expresiones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que iba a invadir a Puerto Rico utilizando tropas de Brasil para liberarnos de Estados Unidos.

Las expresiones de Maduro se dieron durante el Festival Mundial de la Internacional Antifascista, celebrado en Caracas, este pasado  9 al 11 de enero. Sus palabras fueron una cita de  uno de los generales de Simón Bolívar, el general Ignacio Abreu e Lima, quien murió hace 156 años.

La resolución del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Hernández,  presume de que el Gobierno de Puerto Rico es uno “soberano en donde manda el pueblo y Puerto Rico es parte de Estados Unidos desde el 1898, que desde el 1917 somos ciudadanos estadounidenses y de que el pueblo ha votado por la estadidad (sic)”.

“En el tema de Venezuela hay dos posturas prevalecientes a nivel internacional. La primera, a la que responden instituciones políticas como el PNP, es la de avivar conflictos y hostilidades. Ese es el camino hacia la guerra civil y el derramamiento de sangre. La segunda postura es la que promueve el Papa Francisco, la del diálogo y “el comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país”, expresó la delegación del PIP en comunicado de prensa.

La delegación reclamó que la postura del PIP es igual a la propuesta de figuras políticas con sólidos credenciales democráticos, como Luz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil,  y Gustavo Petro, de Colombia “y es la que también suscribe el PIP”.

El PIP calificó las resoluciones presentadas  ante la Cámara de Representantes de, además de ser inconsecuentes, apartarse del llamado a la prudencia y la diplomacia, apostando a la escalada de la violencia.

“Lejos de constituir una aportación democrática, tales expresiones, evidentemente, persiguen desviar la atención pública y mediática en momentos en que la administración PNP inicia el cuatrienio con acciones ampliamente repudiadas, como el archivo de las querellas contra los suegros de la gobernadora, la entrega de bienes de dominio público en La Parguera y la extensión de las operaciones de la carbonera AES en Guayama. La incapacidad de este Gobierno ha quedado además expuesta con su falta de acciones concretas en el tema energético, los desacuerdos entre Fortaleza y Senado y el hecho de que falta por nombrar más de la mitad del gabinete”, denunció el PIP.

Agregó que la medida aprobada y otras radicadas por la delegación PNP, en las que hasta mencionan a los candidatos del PIP, arrastran el lenguaje difamatorio y demagógico que predominó en su campaña.

“El PIP no va a sumarse a esa agenda del PNP. La campaña electoral terminó y es el momento de trabajar por Puerto Rico, buscando consensos donde sea lo mejor para nuestro pueblo y denunciando aquello que represente injusticia y corrupción”.

 

 

Crisis de salud: “Esto no ha mejorado nada”

 

 

CLARIDAD

 En un sistema de salud que mayormente depende de fondos recurrentes del Gobierno federal, el panorama del sistema médico en Puerto Rico pareciera ir en picada. Con gran parte de los hospitales operando desde el déficit, una falta de especialistas en aumento y cierres de centros de atención necesarios, “no hay forma de dar mejores servicios’, de acuerdo con el doctor Carlos Díaz Vélez.

Para el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el Gobierno entrante enfrentará una plétora de retos por la desventaja que supone la condición política del país. Puerto Rico, que recibe menos pareo de fondos federales que otras jurisdicciones, está supeditado a las mismas regulaciones hospitalarias que los demás estados de Estados Unidos (EE UU). Con una segunda administración Trump enfocada en el ahorro y eficiencia gubernamental, agregó Díaz Vélez, el empeoramiento del sistema es casi seguro.

“Esto no ha mejorado nada. No ha habido un cambio (a nivel federal) que pueda ayudarnos. No le veo grandes esperanzas a mejorías en el sistema en la parte financiera. Y van a haber hospitales que van a seguir cerrando, van a haber hospitales que van seguir transformando su filosofía a otros tipos de servicios, como vimos con Pavía, que ahora va a ofrecer servicios de salud mental”, explicó el cardiólogo.

Díaz Vélez precisó que para contrarrestar el deterioro del sistema de salud,  el Gobierno local debe abordar diálogos que reformulen la manera en que se atiende la salud. En una clara alusión a las aseguradoras médicas, el líder gremial denunció que “hay unas estructuras que nadie quiere tocar”.

“Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora y el Gobierno que entra no cambia o rediseña la manera en que se distribuye el dinero en Salud, esto va a seguir igual. Va a seguir peor cada día. Amerita que nos sentemos todos los componentes de la salud: aseguradoras, gobierno, privados, hospitales, todos los proveedores, farmacias, laboratorios médicos. Tenemos que sentarnos y actuar ahora. No podemos esperar más”, aseveró el presidente del CMCPR, organización que agrupa aproximadamente 9,400 profesionales de la salud.

Además, el cardiólogo postuló que los médicos, como servicios profesionales, operan como una microempresa, que implica una red de empleos, equipos, rentas y apoyos. En ese sentido, Díaz Vélez exhortó a que el Estado afiance, más allá de las plazas disponibles, la entrega de licencias, la otorgación de contratos e incentivos contributivos para retener a la clase médica.

“Ellos (los médicos) se van a ir para Estados Unidos porque allá hay una escasez de médicos también y, sobre todo, de médicos latinos. La población latina necesita atención, y Puerto Rico tiene unos médicos bien entrenados con las mismas credenciales y preparaciones de Estados Unidos, pero hablan español. Se llevan a los muchachos con tremendos incentivos”, adujo Díaz Vélez.

Por esa razón, Díaz Vélez plantea que no basta con que se conceda una licencia provisional a las dos semanas de obtener el título médico, sino que las aseguradoras médicas deben contratar, en menos de un mes, a los médicos recién graduados. “Están obligadas, punto. Aquí hay una crisis”. Según el experto, el tiempo promedio que tarda una aseguradora en contratar a un médico es de seis meses.

“También (los médicos) necesitan un incentivo contributivo, por lo menos, por los primeros cinco años. Después de que un médico está establecido, no se va… no es un regalo que se está dando, es que ellos inyectan dinero a la economía. Así que podemos hablar de plazas y residencias nuevas, pero la ecuación no está completa sin estos pasos”, reparó el presidente del CMCPR que, desde hace más de un año, perdió la obligatoriedad de la colegiación.

En otros asuntos, Díaz Vélez subrayó que, indistintamente de quien dirija el Departamento de Salud, cualquier secretario de la agencia debe llegar “con una agenda clara” para escuchar y enlazar todos los componentes del Estado en pro del sistema de salud. Las discusiones partidistas, a juicio del doctor, son el mayor escollo para recorrer ese camino.

“La salud de la gente se va a ver seriamente afectada si no se actúa pronto”, concluyó el médico.

Un país sin salas de emergencia

Era una noche arroyana tan plácida como fresca, los muchachos jugaban fútbol bajo una luna que menguaba y daba paso al vendaval nocturno. René, seudónimo de quien contó esta historia a CLARIDAD, se estrenaba en un nuevo equipo con la esperanza de aunar experiencia a su trayectoria de atleta. La meta era clara: llevarse el balón; pero un mal salto desembocó en una fractura de largas consecuencias. Mientras descendía del brinco, René esquivó la patada de su homólogo contrario y, con el impacto, se desprendió el codo como la palanca de una maquinilla.

Varios minutos después, una ambulancia privada transportó a René al Hospital Menonita en Guayama, el centro de salud más cercano. Daban las diez y, luego de la evaluación inicial, el deportista aguardó hasta el filo de la medianoche. Cuando el dolor se disipó, el joven incorporó su cuerpo abatido, caminó hasta la recepcionista y comentó: “Mira, yo me voy. No soy del área y es peligroso que me quede hasta más tarde”.

Lo dejaron irse. Cuando finalmente consiguió ayuda y diagnóstico en el Hospital Metropolitano, el futbolista local fue enterado de que su brazo derecho, roto y desprendido, debía ser intervenido quirúrgicamente el próximo miércoles. “No había doctores, te lo juro. No había nadie en esa sala”.

Mientras, la United Auto Workers (UAW) en Puerto Rico denunció que el Hospital Pavía de Hato Rey planteara cerrar su sala de emergencia, departamentos de radiología, sala de operaciones, laboratorios médicos y terapias respiratorias. De acuerdo con Desireé López Ramírez, presidenta de la unión, esta determinación impactaría a las comunidades aledañas, como Floral Park, la Comunidad Mita, la Égida Sunrise y, por supuesto, a los trabajadores del hospital.

“Este cierre es un duro golpe para estas comunidades y acrecienta la crisis de salud que vive el país con la falta de médicos y servicios directos a los pacientes”, expresó la líder sindical.

A su vez, el director ejecutivo del hospital, Carlos Santiago, defendió la decisión del conglomerado de salud por “el alza en los casos de suicidio y otros diagnósticos de salud mental”. Habiendo consultado la movida con Salud, el hospital ubicado en la avenida Juan Ponce de León ahora ofrecerá servicios de psiquiatría, psicología, trabajo social, evaluación médica, nutrición y enfermería. Al cierre de esta edición, Santiago no respondió a la solicitud de entrevista enviada por CLARIDAD.

 

 

Editorial -Nunca pasará lo que pasó en Hawai

 

La cadena de acciones de Donald Trump dirigidas a desmantelar el aparato gubernamental de Estados Unidos y a cambiar los supuestos básicos de la política exterior y comercial de su país, no deben sorprender a nadie porque está haciendo lo había anunciado. Todos los actos que hasta ahora ha desplegado fueron anunciados durante la campaña electoral. Algo muy distinto está ocurriendo en Puerto Rico con el nuevo gobierno de Jennifer González y Thomas Rivera Schatz. Entre las acciones de importancia que este binomio ha lanzado tan pronto comenzaron a controlar el aparato gubernamental se encuentran varias que nunca se asomaron durante reciente la campaña electoral porque les hubiesen costado muchos votos. Ahora, instalados en el efímero poder colonial, han echado a correr la verdadera agenda que siempre han tenido.

Si al binomio González-Schatz le hubiesen preguntado durante los muchos debates electorales si se proponían alterar de raíz la política cultural del gobierno puertorriqueño, desmantelando o atacando las instituciones que le sirven, seguramente lo habrían negado y hasta habrían puesto caras de agraviados. Aun para anexionistas recalcitrantes como estos dos la campaña electoral es momento para tratar de cubrirse con la bandera puertorriqueña, sobre todo si su principal contrincante era el candidato del Partido Independentista. En el caso de González, seguramente se habría presentado como defensora de la cultura, mostrando la canción de Antonio Cabán Vale (que vergonzosamente utilizó como parte de su propaganda) como ejemplo de su supuesto compromiso.

Sin embargo, a pesar de que ese campo no fue parte de su oferta electoral, más bien lo contrario, una de las primeras acciones del binomio González-Schatz ha sido un ataque directo a una de las principales instituciones culturales del País, el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Peor aún, junto a la propuesta de destruir el ICP se anuncia como política oficial convertir la actividad cultural en un mero apéndice del desarrollismo económico, reduciéndola a los bailes y cánticos que se inventan para entretener turistas.

La propuesta se originó en el Senado por su todopoderoso presidente Rivera Schatz y tiene como objetivo central trasladar al Departamento de Desarrollo Económico las funciones del ICP, junto a los bienes culturales que custodia, muchos de ellos parte importante de nuestro patrimonio histórico y artístico. Curiosamente, una vez presentado, el proyecto de ley pasó a ser tramitado por la Comisión de Turismo del cuerpo confirmando la visión que la mayoría senatorial tiene sobre la actividad cultural.

Hasta ahora todas las reacciones que ha tenido la propuesta dirigida a desmantelar el ICP, incluyendo la de su actual director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés, han sido de rechazo porque se valora muy positivamente la labor que ha realizado la institución durante sus 70 años de existencia. Aunque en la actualidad opera con muchas limitaciones, producto mayormente de los repetidos cortes de presupuesto que ha sufrido, el Instituto que promovió don Ricardo Alegría en 1955 sigue siendo una organismo útil y necesario para nuestro desarrollo cultural.

No hay duda de que el ataque al ICP es parte del histórico plan del anexionismo criollo dirigido a tratar de eliminar, o al menos reducir, lo que sin duda es el principal escollo para que Estados Unidos pueda considerar una eventual anexión de Puerto Rico: nuestra particularidad cultural y la fortaleza de la nacionalidad boricua. Ilusamente creen que eliminando al ICP darían un paso importante en esa dirección. Pasan por alto que nuestra nacionalidad creció y se fortaleció en medio de todas las agresiones culturales que se pusieron en función a partir de 1898 y que ese proceso vivo jamás se detendrá. Aunque la creación del ICP en 1955 aportó al desarrollo cultural, el dinamismo del proceso nace del mismo pueblo y sin duda se mantendrá si esa institución es desmantelada.

Nuestro país derrotó el proceso que se puso en marcha en 1900 dirigido a destruir nuestro vernáculo, tratando de ponernos a hablar inglés como hicieron con Hawái. Ni aun tratando de desnaturalizar la educación de la niñez, atosigándole otro idioma y otras manifestaciones culturales, lograron su propósito porque cada generación fue más puertorriqueña que la anterior. Obviamente, debemos juntar todas las fuerzas para derrotar esta nueva agresión a la cultura, pero teniendo, a su vez, la tranquilidad de que aún si se imponen, nunca lograrán detener el desarrollo de una nacionalidad acostumbrada a crecer en medio de la adversidad. Lo que pasó en Hawái nunca pasará en Puerto Rico.

Finalmente, no debemos pasar por alto de que el ataque al ICP tiene también un propósito económico y empresarial. La institución es una parte importante de la cadena de permisos necesarios previos a cualquier desarrollo urbano. Esa función de la institución es parte de su condición de entidad protectora de nuestro patrimonio histórico y arqueológico. Eliminándola matan dos pájaros con un solo tiro porque golpean la gestión cultural y, de paso, eliminan uno de los permisos que tanto incomodan a los empresarios que quieren construir y destruir sin limitaciones.