Especial para CLARIDAD

Ellos pintaron la raya
Para que yo la brincara
Y me llaman invasor
Es un error bien marcado
Nos quitaron ocho estados
¿Quién es aquí el invasor?

– Los Tigres del Norte

Las políticas migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, no son un asunto de seguridad nacional. Son un asunto de puro racismo y miedo ante una creciente diversidad étnica, que cada vez más ocupa espacios que antes eran inimaginables de ocupar, tanto en la esfera política, como en la sociedad civil. Esta es la verdadera amenaza para la raza blanca anglosajona, quienes poco a poco han visto cómo se ha ido reduciendo su supremacía racial.

En la primera semana de su segundo término como presidente, Trump ha firmado más de doce órdenes ejecutivas que impactan directamente la política de inmigración y que pone en riesgo a millones de personas que residen en Estados Unidos. De un plumazo y por decreto, el presidente estadounidense pretende eliminar la ciudadanía para personas nacidas en Estados Unidos, cuyos progenitores sean inmigrantes; abrió paso para que, de manera expedita y sin que medie la corte de inmigración, se comience a detener y deportar masivamente a personas inmigrantes, bien sea por medio de redadas en las comunidades o por deportación directamente en la frontera. Este plan incluye a personas que tienen algún estatus migratorio, protección humanitaria, o que están esperando por una contestación de parte del gobierno respecto a sus solicitudes. Cabe mencionar que muchos de estos trámites de inmigración pueden tardar años, en algunos casos más de diez.

También eliminó el programa de refugiados, dejando en un limbo a miles de personas que ya tenían sus casos aprobados. Este programa protege a personas que viven bajo riesgo de tortura y muerte en sus respectivos países, y somete a quien lo solicita a un escrutinio riguroso antes de llegar a Estados Unidos ya con un permiso de entrada. Muchas de estas personas se encuentran a medio camino y no pueden regresar a sus países ni entrar a Estados Unidos porque Trump dio la directriz de eliminarlo de un día para otro. En estas mismas condiciones se encuentran miles de familia en la frontera con México, que ya tenían entrevistas calendarizadas para solicitar la entrada al país y eventualmente pedir asilo.

Trump eliminó también los programas de orientaciones legales dentro de los centros de detención, que permitían a las abogadas y abogados preparar a las personas que están enfrentando procesos de deportación y servirles de guía para que puedan representarse ante la corte de inmigración de una forma informada. Esto, porque, a pesar de que el proceso de deportación es bien parecido a un proceso penal, los inmigrantes no tienen derecho de asistencia legal paga por el estado, hay escasez de abogados y abogadas que brinden servicios de representación gratuita, y la mayoría de las personas inmigrantes no pueden pagar por servicios legales. Estos programas servían como un mínimo de garantía al debido proceso de ley consagrado en la Constitución de E.U., el cual se supone que cobije a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Pero la más nefasta de las acciones del presidente, es haber firmado la ley Laken Riley, con la cual se espera que aumente sustancialmente las cantidades de detenciones y por tal razón Trump propone el uso de la cárcel en Guantánamo para detención de inmigrantes, como si no supiéramos la cantidad de atrocidades cometidas en este lugar por militares estadounidenses contra árabes, luego de los hechos del 11 de septiembre de 2001.

La Ley de Inmigración y Naturalización (INA por sus siglas en inglés), ya establecía qué delitos cometidos por la persona inmigrante requerían detención obligatoria mientras enfrenta el proceso de deportación. Esto solía ser para personas que hubiesen cometido delitos graves, como lo son asesinato o distribución de drogas y armas. Ahora, con esta nueva ley Riley, firmada la semana pasada, las persona que enfrentan procesos de deportación pueden estar bajo detención obligatoria por delitos menores, sin posibilidad de salir bajo fianza y sin que el caso penal se haya visto en sus méritos. Tan sólo basta una mera acusación. Al final, la persona inmigrante puede terminar siendo deportada, aunque no se haya resuelto el caso penal, como si no le asistiera derecho a la presunción de inocencia.

El sistema migratorio es por diseño un negocio sumamente lucrativo para el gobierno federal, pero, sobre todo, para las empresas privadas que brindan “servicios” directos, muchas de las cuales invierten muchísimo dinero en cabildeo en el Congreso. Algunas de estas empresas son las que administran los mal llamados centros de detención, que no son otra que una prisión, con uniformes, verjas con serpentinas, trabajo forzoso, guardias armados y confinamiento solitario. Funcionan como cualquier sistema carcelario; son las propias personas detenidas quienes llevan a cabo las labores operacionales (cocina, lavandería, limpieza, etc.), por una paga miserable, si alguna, que puede ser tan baja como $2 la hora. Y ese dinero, sólo lo pueden utilizar para comprar en la tienda de la cárcel, que vende sus productos carísimos, por tanto, todo es ganancia para la empresa.

El suplidor más grande de servicios de administración en estos centros, GEO Group, duplicó sus acciones, luego de que Trump entrara nuevamente en funciones. El año pasado solamente, esta empresa tuvo contratos con el gobierno por 747 millones de dólares y se espera que esa cantidad aumente en al menos $400 millones. Muchos oficiales que trabajaban para la división de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas en inglés), recomendaron a GEO como contratista y ahora trabajan como altos ejecutivos en esta empresa. GEO Group también ha tenido varios y serios señalamientos de maltrato, de los cuales yo pude ser testigo de algunos casos.

En cuanto al gobierno, el proceso de ajustar el estatus migratorio puede ser costosísimo. Casi todas las solicitudes, salvo muy pocas excepciones, requieren del pago de una cuota. Por ejemplo, una solicitud para obtener permiso de trabajo cuesta $465. Las fianzas para una persona que se encuentre detenida, comienza en $1,500. De ahí puede ser la cantidad que el juez de inmigración estime apropiada y, sea cual sea esa cantidad, se tiene que pagar en su totalidad, no el 10%, como suele ser en casos penales. Vi el caso de una persona que sin haber cometido delito alguno, la fianza se la fijaron en $8,000. Todo esto sin incluir los gastos legales. A esto le sumamos que es un proceso lento y sumamente burocrático, que no está exento de arbitrariedades por parte del sistema. El peso de la prueba recae sobre la persona inmigrante; las reglas de evidencia no aplican en estos procesos; muchos remedios disponibles para no ser deportados son a discreción del juez concederlos, aunque se cumpla con los requisitos, y así por el estilo. Es todo lo peor del sistema penal norteamericano, pero agravado.

Obviamente, por nuestra condición colonial, Puerto Rico no estará exento de sufrir las consecuencias directas de las atrocidades del plan de Trump. Las políticas migratorias están intrínsecamente ligadas a la dominación colonial. Ya los vimos hace unos días con las redadas en Barrio Obrero. El violento espectáculo que se llevó a cabo en esta comunidad, fue algo que todavía yo no he presenciado aquí en Estados Unidos; a plena luz del día y con autos militares en el medio de la calle. Esto no es casualidad. Que sean boricuas quienes se presten para esa barbarie, da vergüenza ajena.

Nadie es ilegal. El gobierno de Puerto Rico tiene la obligación ministerial de proteger a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, sean de la nacionalidad que sean. Muchos estados han adoptado medidas en protección de esta comunidad y han decido no cooperar con las autoridades federales y, por el contrario, hacerle frente a ICE. ¿Cómo es que el gobierno de Jenniffer González Colón se los va a entregar voluntariamente? La secretaria del Departamento de Justicia, que debe haber visto bastantes casos de violencia de género cuando era fiscal, ¿cómo es que ahora va a abandonar a estas víctimas porque no tienen un estatus migratorio y sin tan siquiera que alguien le haya pedido la información?

Todo este plan de deportaciones masivas y sus efectos colaterales, tendrá repercusiones directas en Puerto Rico. La falta de mano de obra para trabajos que no realizan los estadounidenses, como la agricultura, la construcción, servicios, entre otros, así como el propio costo que conlleva una operación de deportación, va a provocar un aumento en el costo de vida en Estados Unidos y, por ende, en nuestro archipiélago. Si la gobernadora de Puerto Rico no siente una onza de compasión por nuestra comunidad inmigrante, al menos que piense en el costo que tendrá para el territorio que se supone que ella defienda.

Nota: Si usted o alguien cercano necesita información acerca de algún asunto relacionado a inmigración, puede comunicarse con la línea de apoyo legal para inmigrantes de Ayuda Legal Puerto Rico, al 939-545-3030, de lunes a viernes, de 8am a 2pm.

La autora es abogada y trabaja en asuntos migratorios.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El licenciado Fermín Arraiza Navas, director de la División Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, indicó que es prematuro emitir opiniones sobre la nominación de Joseph González, actual director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, a dirigir el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

El director Legal de ACLU, señaló que no es la primera vez que se nombra alguien de la esfera federal a  dirigir la Policía, como fue el caso de Arnaldo Claudio, quien fue nombrado monitor federal de la Reforma de la Policía y fue criticado por venir de la rama militar. Reconoció que Arnaldo Claudio resultó ser uno de los monitores que han intervenido en el caso que mayor énfasis e importancia le dio a la Reforma y a su cumplimiento.

“Habría que esperar cuáles son sus ejecutorias en este primer año. Y si sucede lo que se está adelantando por parte de la gobernadora: que su interés es básicamente federalizar a la Policía y dar por concluida la Reforma. Ya ahí habría unos conflictos de intereses. Si por el contrario, la participación de este funcionario lo que va a hacer es adelantar lo que es la etapa de cumplimiento, que es la etapa en la que nos encontramos, en colaboración con el Departamento de Justicia Federal (DJF), en términos de lo que es la Reforma de la Policía podría tener unos resultados positivos”, se aventuró a decir el director Legal de ACLU, que fue la entidad que llevó el caso al tribunal para una reforma de la Policía.

Más allá de la Reforma, indicó que tanto a la ACLU como al DJF les preocupa el sistema de monitoreo con cámaras e inteligencia artificial que está montando el NPPR en diversas partes del archipiélago. Reveló que  hay un centro de mando donde están las cámaras, lo que levanta  una seria preocupación por la violación de derechos constitucionales y porque básicamente estas conllevan una injerencia en la vida privada de las personas de saber dónde se encuentra cada individuo en cada momento.

El mencionado centro fue lanzado por el exgobernador Pedro Pierluisi en abril de año pasado en Bayamón.

“Estamos hablando de un sistema que tiene tecnología para el reconocimiento facial, las tablillas de vehículos de motor… quiere decir que puede monitorear dónde la persona está a cada momento, sin  orden judicial”.

En cuanto a la capacidad de vigilancia y su uso sin una orden judicial, puntualizó que el sistema crea una gran suspicacia y gran preocupación, por lo que habrá que ver si el exdirector del FBI va a fomentar que haya injerencia en la vida privada y familiar de los ciudadanos de las personas en Puerto Rico cuando vaya a ocupar la posición de comisionado del Negociado de la Policía.

“O si, por el contrario, va a poner freno en coordinación con el Departamento de Justicia Federal, que es lo que se supone que haga. Ser jefe de la policía no debe ser sinónimo de tener carta abierta para inmiscuirse en la vida privada del país. En ese sentido, ACLU está muy pendiente de cuál va a ser su gestión, para entonces poder emitir una opinión informada de cuál sería su desempeño en desarrollo y cumplimiento de la Policía”, manifestó Arraiza Navas.

En la actualidad hay cerca de cinco mil monitores instalados en sitios públicos, que  no solo van a poder conectarse a las cámaras que se instalen por parte del Gobierno, sino que hay una tecnología avanzada que podría permitir tener acceso a cámaras privadas, lo que es preocupante, agregó.

Sobre si hay alguna otra jurisdicción en Estados Unidos con este sistema, comentó  hay casos en que se han tratado de impugnar. En algunos casos, dependiendo de las circunstancias, han tenido éxito; en otros, no. Acotó que, en el caso de Puerto Rico, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el sistema de vigilancia, hacia qué sectores va a ir dirigido.

“Tenemos que estar vigilantes en cuanto a eso y tratar de presentar las enmiendas que se puedan presentar o eliminar por completo si es que no cumple con los estándares constitucionales que tiene que cumplir”, expresó el director Legal de ACLU.

Respecto a la posibilidad de acudir a los tribunales para cuestionar esta operación de la Policía, indicó que también podría ser mediante la vía legislativa. No obstante, admitió que “siempre lo van a tratar de justificar con el miedo de la criminalidad, pero lo cierto es que este tipo de sistema se presta para perseguir a ciertos grupos de manifestantes. Ya lo han hecho en el pasado, se hizo durante las manifestaciones del 1.⁰ de mayo en el 2017 y 2018. Nosotros vimos en qué desencadenó. En aquella ocasión, se hizo con órdenes del Departamento de Justicia, bajo la dirección de Wanda Vázquez, y firmadas por un juez. No deja de preocupar el hecho de que ahora se pretenda hacer sin órdenes judiciales”.

Parte del plan de ACLU, dijo, es tratar de conseguir una inspección ocular del centro y poder hacer las preguntas necesarias en compañía del representante del DJF.

Sobre cuánto le falta al  NPPR para cumplir con la Reforma, explicó que a base de las métricas y de los informes que ha preparado el propio monitor la Policía, Luis Saucedo, la Policía está muy lejos de las métricas de cumplimiento parcial.  Aunque está cumpliendo con unas áreas, en términos de cumplimiento a cabalidad,  las propias métricas de los informes indican que está en menos de un 50 a 40 % cuando se ve el desempeño en la calle, sobre todo lo que tiene que ver con  intervenciones indebidas, uso excesivo de fuerza, uso de fuerza mortal. “Me atrevería decir que están muy por debajo de lo que se espera en la Reforma”.

Añadió que a ACLU también le preocupa el hecho de que una parte de la tecnología  se esté utilizando para sistemas de vigilancia e intervenir con la ciudadanía y no necesariamente para prevenir el crimen. En esa línea, denunció que el  sistema de reuniones con las comunidades que se supone tenga la Reforma se ha convertido en reuniones cívicas de la alta comandancia de la Policía. Dio como ejemplo el que estuvo en la de final de año en Aguadilla, y “aquello parecía una reunión cívica”.

Sobre la posibilidad de que se derogue  la Reforma, como  dijo la gobernadora, Jenniffer González, utilizando una orden ejecutiva del presidente Trump, el licenciado Arraiza Navas, aclaró que una cosa son los casos que se están viendo en los tribunales con  reformas de la policía y otra cosa muy distinta es cuando ya existe un acuerdo. En el caso de Puerto Rico, existe  un acuerdo desde el 2013 que al día de hoy no se ha cumplido. En lo que respecta a la Reforma de Puerto Rico, el caso  está cerrado, se negoció y se transó y quien tiene la autoridad de terminar con este es el juez federal Francisco Besosa, que es quien tiene a cargo el caso.

“Es cuestión de voluntad política de si se va a dejar dirigir por el presidente de Estados Unidos o va a asumir su rol y poderes constitucionales para terminar el proceso de la Reforma de la Policía”, expresó en referencia al juez. Recalcó que el caso está en sus manos, no del Departamento de Justicia  ni del presidente,  y levantó que en el peor de los casos el presidente le puede dar una instrucción al DJF de que dejen de promover el caso y darlo por cerrado, y aun estaría en manos del juez emitir una orden so pena de desacato para que se cumpla con lo que él instruya.

Ante todo lo anterior, Arraiza Navas trajo a colación la experiencia con el FBI en Puerto Rico, el cual ha participado en las iniciativas de represión contra los movimientos universitarios,  los movimientos de lucha por la libre determinación de Puerto Rico y otros movimientos sociales.

“Eso tiene que quedar claro y eso siempre va a ser una preocupación cuando entren a dirigir agencias de ley y orden en Puerto Rico. Eso pasó con Pedro Toledo, que estuvo en el FBI; pasó con Luis Fraticelli, que había sido también agente de FBI y bajo sus órdenes fue que se asesinó a Filiberto Ojeda Ríos,  y eso siempre va a dejar una preocupación genuina. Esa ha sido la experiencia en el pasado y lo rechazamos. Hemos tenido experiencias desastrosas con el FBI” concluyó.

En entrevista por separado, la directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, igual expresó ante el nombramiento de González, que siempre que se nombra a alguien del FBI hay una preocupación mayor porque eso pasa  por el intento de federalizar a la Policía.

“En este cuatrienio es una  preocupación que crece porque lo que estamos viviendo en el Gobierno es, definitivo, un régimen totalitario que se está vislumbrando desde el principio, y la federalización de la Policía puede llevarla  a una situación peor de lo que ya está”.

La directora de Kilómetro Cero dijo sobre la posibilidad de que se derogue, que la orden de Trump no aplica a la Reforma de la Policía  de Puerto Rico, sino  algunas investigaciones que se dieron bajo la presidencia de Biden.

En referencia a las declaraciones e intenciones de la gobernadora, Mari Mari apuntó: “Esto lo que demuestra es que el Gobierno del PNP  nunca ha tenido voluntad para ninguna reforma. Esto es revelador de lo que siempre hemos denunciado. Nunca han tenido voluntad para la Reforma de la Policía y, a la menor provocación, ven una justificación  por las  políticas descabellas y totalitarias del presidente de EE. UU.  Se les ve el refajo: están usando cualquier pretexto para justificar el cierre, es ya evidente. Es bien difícil transformar una institución cuando la institución ni sus supervisores creen en la Reforma”.