Desde profesores hasta legisladores, múltiples sectores del país repudiaron la propuesta reciente

CLARIDAD

A solo 11 días de haber emitido una medida que detendría el ingreso de estudiantes para 64 programas académicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente de la institución, Luis A. Ferrao Delgado, revirtió su decisión tras días de reuniones y protestas en todo el sistema universitario. Con la excepción del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), todos los recintos habrían sufrido bajas en su oferta.

“En vista de las tendencias observadas en los intereses que solicitan admisión al sistema de la Universidad de Puerto Rico, las cuales han resultado en una disminución constante en el número de solicitantes a ciertos programas académicos durante los últimos siete años… se establece(n)… detener la aceptación de estudiantes para el año académico 2025-2026”, reza el comunicado del presidente.

A diez días del comunicado, publicado el 23 de enero, el estudiantado del recinto de Río Piedras organizó un pleno en el discutió la inviabilidad que, a largo plazo, representaría el cierre de estos cursos. En el caso particular de la Iupi, esta moratoria habría impactado 15 programas, entre los que se destacan: Literatura Comparada, Filosofía, Historia, Arte, Estudios Hispánicos, Educación Especial y otros más.

“Están diciendo que la gente no quiere estudiar Historia, que no quiere estudiar Inglés, Estudios Hispánicos, Educación Especial, nada de Ciencias Agrícolas. Básicamente no quieren el desarrollo verdadero de un país… la educación es algo fundamental para el bienestar de un pueblo y para la toma de decisiones del futuro”, acotó la representante estudiantil Cali Torres Pérez.

Para Raquel Martínez, presidenta del Consejo de Humanidades (CE) de la Iupi, el jefe del sistema universitario “dijo muchos disparates a la prensa” luego del diálogo con los consejos que se dio en la Administración Central. De hecho, la estudiante recordó que, durante la reunión, los líderes concejales exigieron que Ferrao “redactara esa carta mejor”.

“Primero, presenta varios errores de computación. Una de las estrategias que, por lo menos desde Historia hemos exhortado a otros colegas a emprender, es la medición de estudiantes totales en los programas. El programa de Historia, en el seriado, figura con ocho estudiantes que ha recibido, y atiende a 70 estudiantes a nivel subgraduado, más cerca de otros 70 estudiantes a nivel graduado”, expresó, por su parte, el profesor de Historia Marcelo Luzzi.

Asimismo, el docente aprovechó su turno durante el pleno para resaltar que, si esa matrícula se suma a la cifra total que estudia en la facultad, “se multiplica enormemente”. De acuerdo con el Dashboard de matrícula total y a tiempo completo, la Facultad de Humanidades contaba, en agosto del 2024, con 129 estudiantes en sus programas de Historia. Es decir, la cifra aún no ha considerado los traslados internos ni los cambios de este segundo semestre

“Tenemos que dar una discusión que exceda los números, (pero) también hay que hablar desde los números porque parece que es lo único que (Ferrao) entiende. Es importante  revertir el discurso sobre los números que se están dando. Estamos atendiendo a muchos más estudiantes… y podríamos comprobar que todos los programas de la Facultad de Humanidades son autosustentables”, aseguró Luzzi.

“¿En qué sentido?”, agregó, “en el sentido de que lo que ustedes (el estudiantado) pagan por matrícula, que un curso vale $465 ahora mismo, multiplicado por el número de estudiantes por clase, da el salario de un profesor a tiempo completo”, informó el profesor en un breve ejercicio matemático. Además, expuso que la cantidad promedio de esa suma- $12,000- “excede con creces” los $2,000 que ingresa un docente a tiempo parcial.

Luzzi concluyó su turno argumentando que una universidad pública, que se entienda como pública, “no puede permitirse” la eliminación de programas de Historia o Filosofía por la responsabilidad que tiene la institución con el país.

Una movida que puede costarle la renuncia a Ferrao

Aparte del rechazo a la propuesta, que habría tomado efecto a partir del 31 de enero de este año, múltiples sectores de la comunidad universitaria condenaron el estilo de gobernanza de Ferrao Delgado que, desde el 2022, ha amenazado la calidad educativa de la UPR, según varias fuentes. El esfuerzo multisectorial sostuvo una conferencia en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) para manifestar su rechazo.

De acuerdo con María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la administración universitaria ha fallado en hacer propuestas concretas para garantizar que la Junta de Control Fiscal (JCF) conceda los fondos recurrentes que necesita la institución.

“La Junta de Control Fiscal dice que la administración universitaria no le ha demostrado que necesita los fondos. Yo creo que ellos están un poquito ciegos porque, con ver los edificios de todo el sistema de la UPR, se sabe que necesitamos los fondos, pero ellos (la administración) tampoco hacen la gestión. Así que nuestra invitación es que queremos ver esas propuestas que hace la administración de la UPR a la Junta de Control Fiscal, y que le diga no a la Junta de Control Fiscal”, postuló Rosa Rodríguez.

Con esos pasos, añadió la presidenta, la comunidad universitaria y la administración podrían hacerle un frente común a las imposiciones del ente fiscal. De hecho, el panel denunció la falta de fiscalización por parte de la presidencia de la UPR y que, a pesar de esa falta de datos, decide precarizar la condición del primer centro docente del país.

“Nuestros trabajadores, que somos el apoyo a la docencia, el apoyo al mantenimiento de nuestros recintos, estamos todavía cobrando por debajo del (salario mínimo) $10.50, tenemos nuestro convenio colectivo detenido, y todo lo que puede provocar el cierre de estos programas pone el riesgo a los trabajadores”, planteó Carlos de León, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND). También, advirtió que esta determinación podría dar paso al cierre de recintos, como el de Utuado.

Sobre este último punto, De León coincidió con el representante estudiantil de la unidad utuadeña Sebastián Segarra. En entrevista telefónica con CLARIDAD, el estudiante de Agricultura Sustentable, uno de los programas que se habría eliminado, opinó que Ferrao Delgado se encontraba “en un mal momento” en el que “actuó con mala fe” respecto al futuro institucional.

“Cuando se trata de cierre de estos programas, estamos hablando de cinco en UPR Utuado: Agricultura Sustentable, el grado asociado en Procesos de Alimentos, el grado asociado en Horticultura, el grado asociado en Producción Agrícola y el grado asociado en Humanidades. De esas cinco, cuatro son del Departamento de Tecnología Agrícola. En ese departamento reside el 50% de nuestros matriculados”, reveló Segarra, quien también presidió el consejo estudiantil del recinto.

Por igual, el estudiante de la unidad utuadeña enfatizó en que Ferrao Delgado, al emitir esta orden, no consultó a la Junta de Gobierno (JG) de la institución ni a la Junta Universitaria (JU). Incluso, otros representantes del sector estudiantil aducen que el comunicado del presidente fue filtrado, no remitido para enterar a la comunidad universitaria.

“Ha sido nada más y nada menos que un abuso flagrante de la confianza de la UPR”, concluyó Segarra.

El resultado del cierre: una colonia más dependiente

En un país invadido y ocupado hace más de 100 años, donde se importa  el 85% de los alimentos, esta medida propuesta por Ferrao Delgado habría socavado la poca soberanía alimentaria que se trabaja en Puerto Rico, de acuerdo con el estudiante de Horticultura Eliudes Camps Marcano.

“El horticultor se enfoca en varias cosas, como la creación de semillas de nuevas plantas para que se puedan producir esos alimentos en el país. Eliminar un bachillerato como este sería, básicamente, poner en riesgo la soberanía alimentaria del país. Así de sencillo, porque son los que ayudan a producir la comida”, alertó Camps Marcano.

Del mismo modo, el estudiante-horticultor subrayó que el recinto mayagüezano es la única universidad Land Grant en Puerto Rico. Este tipo de institución, que existe en otros lugares de Estados Unidos (EE UU), incluye: una facultad, una extensión y estaciones experimentales agrícolas. Esa estructura, según Camps, también se vería en jaque por la consolidación que, a partir de la orden, se ha rumoreado en el RUM.

“Unir esos programas no es ideal, porque cada uno tiene un propósito diferente… si los mezclas todos, tienes la mitad de uno y la mitad de otro, pero no estás creando profesionales en esas áreas particulares. Es como reducir los empleados de una compañía de 10 a cinco y después pones esos cinco a hacer el trabajo de los 10”, esbozó el estudiante.

Camps Marcano ingresó al RUM por ingeniería, pero con el tiempo se trasladó a Horticultura porque le interesó más. El cierre propuesto- y retirado- por Ferrao Delgado no contempló este tipo de matrícula.

Reuniones y manifestaciones

Diversos representantes del país han expresado su rechazo a la medida revertida de Ferrao Delgado, como la Juventud (J) del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la legislatura, el Sindicato de Trabajadores de la UPR (STUPR), todos los consejos de la UPR y más de 15 organizaciones suscritas al frente común.

“ Exigimos que se admitan a todos los estudiantes de nuevo ingreso en estos 64 programas. Docentes, estudiantes y trabajadores cerraremos fila y demostraremos nuestra oposición a esta directriz con el inicio de una Jornada en defensa de la UPR, llamada “Sin U no hay PR, Sin universidad no hay Puerto Rico”, expresó la presidenta del consejo estudiantil del RUM, Marlon Villamil, en un comunicado oficial del 24 de enero.

La jornada incluirá: una manifestación el miércoles, 29 de enero, frente a los portones de la Iupi a las 10 a.m.; asambleas multisectoriales con los 11 recintos el próximo 30 de enero; y un evento cultural que se anunciará más adelante. Mientras tanto, varias fuentes anónimas y cercanas al consejo de Río Piedras piensan que, en la reunión del miércoles, los cuerpos regentes de la UPR exigirán la renuncia de Ferrao Delgado.

El miedo a ser deportadas coloca a las mujeres migrantes en mayor vulnerabilidad, a pesar de que son quienes sostienen algunas de las comunidades del país, resalta la trabajadora social Elithet Silva Martínez.

Por Génesis Dávila Santiago y Cristina del Mar Quiles | Unidad Investigativa de Género

Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, que implementó el presidente Donald Trump en su primera semana de vuelta al poder, aumentan la situación de vulnerabilidad que enfrentan las inmigrantes en Puerto Rico.

Las mujeres dominicanas representan el 58% de la población del total de inmigrantes dominicanos en la Isla, según el estudio Quisqueya en Borinquen: Un perfil socioeconómico de la población dominicana en Puerto Rico 2023.

A pesar de que la población de mujeres dominicanas en la Isla ha alcanzado un nivel de educación mayor al que consiguió las pasadas dos décadas, ahora son más pobres que antes y la brecha salarial, en comparación con los hombres dominicanos inmigrantes y con el resto de la población, amplió el estudio.

A estas dificultades, aquellas que no tienen regularizado su estatus migratorio, enfrentan ahora una amenaza de ser perseguidas y deportadas, o de lidiar con la deportación de algún familiar o allegado, incluso cuando su inserción en el país implica un beneficio para las comunidades que habitan.

Suman, al menos, ocho las órdenes ejecutivas que afectan directamente a las poblaciones de inmigrantes en Puerto Rico y Estados Unidos.

De las personas que detenidas tras el operativo del domingo, 26 de enero, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), 11 inmigrantes, en su mayoría mujeres, aceptaron salir voluntariamente de Puerto Rico con la intención de evitar un récord criminal que les impida regresar, según dijo el cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño Ávila, en entrevista con El Nuevo Día.

“Muchas de estas mujeres, a través de su trabajo, sostienen a nuestras familias, sostienen a nuestras comunidades, sostienen todos los espacios de convivencia. En Puerto Rico, son parte de nuestra comunidad y así les debemos nombrar”, destacó la catedrática en Trabajo Social Elithet Silva Martínez

Como ejemplo, Silva Martínez mencionó que, cuando las mujeres migrantes se dedican a trabajos de cuidado de infancias, adultos mayores, u hogares, otras mujeres pueden salir a la calle a trabajar.

“Cuando se exacerban políticas o acciones antiinmigrantes desde los gobiernos, personas que ya pueden estar vulneradas por sus distintas subjetividades — ya sea por su género, la racialidad, el estatus migratorio — las situaciones en las que se encuentran se agudizan mucho más”, subrayó.

Entre los retos que pueden enfrentar las mujeres migrantes con operativos como el del domingo, cuando agentes de ICE realizaron un operativo en Barrio Obrero, Santurce, y detuvieron a varios migrantes, se incluyen desistir de solicitar una orden de protección por temor a ser detenidas, temor a denunciar una relación violenta por amenazas de su pareja con la deportación y falta de pagos o pagos incompletos en sus empleos bajo la amenaza de que no pueden hacer nada y que serán denunciadas.

“La condición de violencia no solamente se exacerba, sino que se perpetúa y las pone en una posición de mucho riesgo y de impunidad ante la situación que ellas experimentan”, afirmó Silva Martínez para luego destacar que no se le debe llamar “ilegal” a ninguna persona con estatus migratorio irregular.

La precarización antes de las nuevas amenazas

Aun antes de la crisis que crean las nuevas políticas migratorias que ejecuta el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, las migrantes dominicanas en Puerto Rico ya habían visto sus condiciones en la isla empeorar en los años recientes.

El salario anual promedio de una inmigrante dominicana empleada a tiempo completo en Puerto Rico para 1999 era de $28,565, muy similar al del resto de la población de mujeres en la isla, aunque unos $2,000 por debajo del de los inmigrantes dominicanos hombres y $6,000 menos que los otros hombres.

Para el período de 2016 a 2020 ese ingreso se redujo 13% y, como consecuencia, la brecha salarial entre mujeres y hombres dominicanos habitantes en Puerto Rico se ensanchó, según revela el estudio Quisqueya en Borinquen.

La investigación del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) cuenta con la autoría de su directora, Ramona Hernández; el profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York Francisco L. Rivera Batiz, y de Sidie Siday, investigador del instituto.

De acuerdo con la doctora Hernández, las mujeres conforman la mayoría de la inmigración dominicana en Estados Unidos y en países de Europa. Sin embargo, estimó que la de Puerto Rico es la mayor.

El estudio establece que en dos décadas, solo mejoró, levemente, el salario anual promedio para las mujeres en Puerto Rico, con un aumento de apenas $1,670. Mientras, se redujo para todas las demás personas residentes aquí. Para 1999, el salario anual promedio de la población de hombres era de $34,891 y se redujo a $33,269; y el de los hombres dominicanos cambió de $31,120 a $30,328.

Los investigadores señalaron que el impacto de la crisis económica en Puerto Rico, los huracanes, terremotos y la pandemia por el Covid-19 ha sido aún mayor entre la población dominicana en Puerto Rico. Pero, de todos los grupos, el de las mujeres dominicanas presentó la mayor reducción.

De acuerdo con la investigadora Hernández, la discriminación por el color de piel, el origen étnico y el género, sumada a estatus migratorios irregulares y a una crisis económica que históricamente golpea con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerabilizadas, tienen que ver con la precarización de las vidas de las mujeres dominicanas en Puerto Rico que muestra el estudio.

Aunque las mujeres dominicanas tienen una tasa de participación laboral alta, de 55.7% — en comparación con 73.7% entre los hombres dominicanos; 50.5% del total de la población masculina, y 39.7% del total de la población femenina —, tienen también la tasa de desempleo más alta: 19.8%.

La situación económica de las mujeres dominicanas en Puerto Rico contrasta con la promesa de la movilidad social de la educación, pues representan el grupo de mayor progreso educativo en los últimos 20 años. Para el 2000, el 24% de las mujeres dominicanas en Puerto Rico tenían un bachillerato, grado asociado o alguna educación universitaria, en comparación con el 23% de los hombres dominicanos inmigrantes. Esa cifra incrementó a 37.6% para las mujeres dominicanas y a 30.4% para los hombres dominicanos.

Empleadas en los sectores con menor remuneración

Una de las explicaciones a esta precarización tiene que ver con el sector en el que se emplean, lo que no puede desvincularse de los roles de género y que también por razones étnicas se les imponen a las mujeres y, más específicamente, a las mujeres dominicanas en Puerto Rico. Y es que, mientras los hombres dominicanos se emplean principalmente en el sector de la construcción, las mujeres dominicanas han encontrado trabajo en el de servicios. Uno es más valorado y mejor remunerado que el otro. De esta manera es que se ha ampliado la brecha salarial entre hombres y mujeres dominicanos en Puerto Rico, quedando la mujer dominicana, cada vez más rezagada.

Por otra parte, el porcentaje de inmigrantes dominicanos empleados por cuenta propia ha aumentado significativamente en los pasados 20 años, de 21.5% en el año 2000 a 37.9% para los hombres, y de 20.9% a 35.5%.

La precarización impacta a las familias y a los más jóvenes

El 33.6% de los inmigrantes dominicanos son parte de un hogar donde la cabeza es una mujer separada, viuda, divorciada o madre soltera. Debido a la desigualdad de género y otras interseccionalidades que confluyen entre la población dominicana, esta situación tiene importantes implicaciones económicas. En este grupo poblacional de personas que dependen solo del salario de una mujer, el 62.3% vive bajo el nivel de pobreza. Entre el resto de la población en Puerto Rico que vive en un hogar liderado solo por una mujer, el 58% están bajo el nivel de pobreza.

El grupo poblacional de 0 a 17 años de dominicanos representa el 75.9% de dominicanos en la isla.

La población de personas que se identifican como dominicanas en Puerto Rico se ha reducido, pero la cantidad de mujeres dominicanas se ha mantenido constante, lo que significa que la mayor reducción ha sido de hombres dominicanos.

Recursos y recomendaciones disponibles para migrantes

El Centro de la Mujer Dominicana (CMD) publicó en 2024 una guía comunitaria sobre remedios legales para sobrevivientes de violencia de género inmigrantes en Puerto Rico. Aunque el documento no pretende sustituir la asesoría legal de un profesional de la abogacía, explica algunas formas de solicitar ayuda cuando se es sobreviviente de violencia de género.

Además, el CMD proporciona asistencia a mujeres migrantes en situaciones de violencia de género. Su número es (787) 772-9251.

Por otra parte, Ayuda Legal Puerto Rico publicó en su página, algunas recomendaciones en caso de que agentes de inmigración toquen la puerta de su casa. Entre estas se encuentran:

• No abrir la puerta de inmediato y preguntar a la persona quién es y que se identifique como un agente.
• Solicitar al agente una orden de allanamiento firmada por un juez o jueza federal. En caso de que este la tenga, que la deslice por debajo de la puerta. Si esa orden no está firmada por un juez o jueza federal, no es válida.
• La orden también deberá incluir el tribunal desde el cual se emitió, el nombre de la persona o personas hacia las cuales va dirigida la orden, la dirección a la cual se autoriza entrar y la firma del juez o jueza federal.
• Si no tiene la orden de allanamiento, usted tiene derecho a no abrir la puerta de su casa.

La publicación de Ayuda Legal también sugiere que no muestre identificaciones con la puerta entreabierta y que tiene derecho a guardar silencio en todo momento, incluso si los agentes poseen una orden de allanamiento.

Asimismo, recomienda que si, de todas maneras, los agentes entran a la casa, la persona no deberá resistirse y tiene derecho a no contestar preguntas sobre su estatus migratorio, lugar de nacimiento o forma en la que llegó a este país. “Aunque le pregunten directamente, usted NO tiene que contestar”, establece la publicación.

De igual forma, si tiene documentos válidos deberá enseñarlos al agente federal de inmigración, no a la Policía. Recomienda también no firmar documentos sin consultar con un representante legal e intentar grabar la intervención en la medida que sea posible. Finalmente, aconseja no acercarse a aeropuertos ni lugares federales cuando no se tiene un estatus migratorio definido.

Si, por otra parte, los agentes federales llegasen a su lugar de trabajo, la American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU-PR) recomendó las siguientes acciones:

• Preguntar si se puede marchar y, de ser así, irse tranquilamente.

*Tiene derecho a no permitir el registro y decir en voz alta que no permite que registren sus pertenencias.

Al igual que Ayuda Legal, ACLU-PR recomienda guardar silencio, grabar la intervención si es posible y, si tiene documentos válidos, mostrarlos.