Continúan las reacciones de rechazo y de cuestionamiento contra el comité energético nombrado por la gobernadora entrante, Jenniffer  González Colón, por parte  de organizaciones y activistas que favorecen el uso de la energía solar.  Las críticas han sido dirigidas tanto contra las personas  designadas, así como a lo que se ha divulgado será su encomienda.

Contrario a las expectativas de que de que cancelaría el contrato de Luma, según su promesa de campaña,  para dar paso a un nuevo modelo público, el grupo nombrado asesorará a la gobernadora sobre posibles sustitutos de operadores de LUMA, lo que quiere decir que se mantendrá la privatización del sistema eléctrico, además de aumentar el uso del gas metano con nuevas plantas generatrices.

El secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado Guzmán, catalogó de “desastre” el comité.  “Ese Comité es un desastre y de seguro la ruta que tracen volverá a estancarnos en el lodazal tóxico de los combustibles fósiles”, aseveró.

Alvarado Guzmán compartió que hace varios meses el PIP propuso un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético con una participación más amplia y diversa. El comité  incluía ingenieros y docentes de la Universidad de Puerto Rico, profesionales de Administración Pública, Economía y Derecho, un integrante de alguna organización comunitaria dedicada a la adopción e implementación de fuentes de energía renovable y representación del sector laboral.

El asesor ambiental del PIP  también criticó a los políticos que ya se están alineando con el comité de la gobernadora entrante, sin tomar en consideración a las comunidades y organizaciones con experiencia en asuntos energéticos.

“Continúa el contubernio de rojos y azules en contra del bienestar de la gente. Hasta el comisionado residente electo del PPD, Pablo José Hernández Rivera, expresó su apoyo y respaldo a ese comité simplemente porque hay dos populares nombrados. Al parecer su visión es la misma que Jenniffer González, sin importar lo que le conviene al país”, comentó.

Por su parte, la coalición Queremos Sol igual se expresó de manera contundente contra los nombramientos. “Tenemos integrantes de ese Comité de Trabajo de administraciones pasadas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) que participaron directamente en la confección e implementación privatizadora de LUMA Energy, Genera y New Fortress Energy, que nos ha traído al desastre que enfrentamos hoy. ¿Qué cambio positivo para el país podemos esperar de personas que claramente no velan por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y en quienes no se puede confiar?”, expresó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración y Amigos de Río de Guaynabo y portavoz de Queremos Sol.

Queremos Sol denunció  los nombramientos del  actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, quien también dirigió la AEE  bajo la administración Fortuño, y el expresidente de la Junta de Gobierno de la AEE en 2011 y 2013, José Ortiz, quien le abrió las puertas a New Fortress Energy, empresa matriz de Genera, otorgándole, bajo un proceso viciado, un contrato de $1,500 millones para suplido de gas.

Bajo el mandato de Colón y Ortiz se redujo artificialmente la factura de luz de los consumidores meses antes de las elecciones del 2012. Colón, por su parte, aprobó las transacciones de las privatizadoras LUMA y Genera como miembro del Comité de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. El Comité también incluye al actual senador y excandidato a la gobernación por el PPD, Juan Zaragoza, y el exsenador del PPD, Ramón Luis Nieves, quienes han favorecido la privatización del sistema eléctrico.

La organización Queremos Sol censuró, además, que otros participantes del comité sean principalmente del sector privado empresarial. “¿Dónde están los representantes de las comunidades y sectores residenciales del país? La selección de los miembros de este comité continúa un patrón de favorecer al sector empresarial, por encima de los intereses de los ciudadanos que sufren la crisis todos los días, sin que se escuchen sus voces”, añadió la licenciada Ruth Santiago, portavoz de Queremos Sol.

De igual forma expresaron su rechazo al uso del gas: “La gobernadora electa se equivoca nuevamente. El gas natural no es una fuente renovable ni limpia y no resultaría en precios más accesibles, pues también está sujeto a los vaivenes del mercado de combustibles fósiles”, expresó el licenciado Pedro Saadé. Las instalaciones de gas, así como su transporte, representan una amenaza inminente para comunidades, para la economía y nos alejan de lograr los objetivos renovables, advirtió.

“Es necesario cuestionar qué propósito tiene este comité y qué poderes decisionales tendría. ¿A qué información privilegiada tendrán acceso estos integrantes y cómo se evitará que utilicen este acceso y el poder que tendrán para beneficiar sus propios intereses?”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol.

“LUMA y Genera fracasaron. La privatización la intentaron y fracasó. Aquí hace falta un gobierno que actúe con voluntad y contundencia cancelando el contrato de LUMA y estableciendo un modelo público viable, resiliente y económico, con energía solar desplegada en los techos de las casas y comercios de Puerto Rico,” añadió.

La coalición Queremos Sol urgió al gobierno entrante  a devolver el sistema de generación y distribución eléctrica de Puerto Rico a manos del pueblo. A través de un modelo público y participativo, se podrían utilizar gran parte de los $19,000 millones en fondos federales asignados al sector eléctrico para la transformación energética hacia energía solar en los techos y alcanzar el 75 % de energía renovable distribuida en 15 años.

CLARIDAD

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Para la Junta de Control Fiscal (JCF) está bien  pagarle $2,500 millones a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque sigue siendo perjudicial para el Pueblo de Puerto Rico, la cifra que ha ofrecido le parece suficiente a la Junta, pero no así a los acreedores. El director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, quien parece estar muy a gusto con sus $625 mil al año, en enero cumple dos años en esa posición, con lo que ya se estaría ganando $1 millón 250 mil. Y según lo previsto, no se sabe cuánto tiempo más estarán la Junta y su director. A eso, hay que sumar que la anterior directora ejecutiva, Natalie Jaresko, se llevó $3,125,000 en sus cinco años incumbencia.

¡Ah, pero nuestros niños, niñas y sus familias perjudicadas por una política gubernamental indiferente —los del pleito de clase de Educación Especial de Rosa Lydia Vélez—, esos, la Junta pretende que se conformen con unos $5,100 dólares!

La jueza Laura Taylor Swain ordenó, el 11 de diciembre, a la JCF que continúe conversaciones con los representantes legales de las familias participantes del pleito. Recientemente, el director ejecutivo de la JCF dijo en una entrevista a El Nuevo Día que el pleito de Educación Especial había que resolverlo para seguir con el plan de ajuste de la deuda de la AEE.

A preguntas de CLARIDAD respecto a las declaraciones de Mujica, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Sistema de retiro de la UTIER en el caso de la AEE, afirmó que la Junta dejó pendiente el caso de Educación Especial y no fue hasta el reciente  junio que hizo un acercamiento a los abogados de las familias.

Emmanuelli Jiménez describió que la propuesta de la JCF representa un detrimento para las familias, ha creado dudas sobre el proceso, es una insuficiente e injusta a la luz de lo que han sufrido esas familias y, por último, va por encima del consejo legal de la jueza de establecer un procedimiento de negociación de mediación. Cuestionó el porqué la Junta quiere ahora saltarse el proceso e ir directamente a los reclamantes, cuando estos tienen representación legal. “Eso no se puede hacer, es antitético”.

Carmen Warren, portavoz del Comité de Madres y Padres del Pleito Rosa Lydia Vélez, en entrevista con este medio, relató que el día 6 de noviembre los padres empezaron a recibir notificaciones vía correo electrónico de una propuesta transaccional de la JCF en relación con la fase de daños en el pleito.

“Eso nos tomó de sorpresa. Sabíamos que hace un tiempo la Junta estaba tratando la manera de resolver el asunto, que tiene estancado no solo desde la fecha de la quiebra. Precisamente, para esa fecha ya se había iniciado un proceso para ver de qué manera se indemnizaba a la clase”. Se refiriere a que en el 2016, la jueza del Tribunal Superior de Puerto Rico, Gabriela Torres, estableció iniciar el proceso para  identificar a los padres del pleito. Con la imposición de la Ley PROMESA se paralizó el proceso.

Warren narró que, en el 2019, unas 5,600 familias comenzaron a recibir una notificación de la JCF por correo postal, pese a que el equivalente real era alrededor de 16 mil reclamantes. La representación legal del pleito de clase había tenido algunos contactos con la Junta para que el caso se atendiera con justicia, ya que entendía que para esa fecha la clase ya no tendría que presentar daños porque ya el Gobierno de Puerto Rico  los había reconocido.

“Ahora, la comunicación electrónica, el 6 de noviembre, llegó directo a los padres y luego fue dos semanas después enviaron a una carta por correo” denunció Warren. Es evidente que el caso no se movió. Describió que el documento electrónico es uno de más de 50 páginas, todas en inglés con términos legales. Al final incluye un resumen que dice que después de estos 44 años por la quiebra del país era una asignación por familia y no por individuo. Eso, no importa los daños”, denunció la madre de una niña de Educación Especial.

El documento además contiene un formato establecido por la Junta que dice que la persona tiene 60 días para contestar si acepta o no la oferta, y que en caso de no contestar, se entiende que a la persona no le interesa. Warren cuestionó qué pasara con las familias que no tienen correo electrónico ni un correo postal actualizado, por lo que seguramente  hay mucha gente que no recibió ninguna notificación y se han enterado por las declaraciones del Comité.

La notificación también dice que, de aceptar, la persona tiene que esperar a todo el proceso de los reclamantes de Título III, en el cual son el turno 58, y que la cantidad no es garantizada. Según la JCF son 25 mil, a la cual por disposición de la Ley PROMESA, se le reduce a un 20.4 %. De ahí la cantidad de $5,100.

Añadió que sus abogados le plantearon a la JCF que no aceptaban ni rechazaban  la propuesta, sino que había que tener conversación con la clase y que esta decidiera. “Eso nunca se dio, las conversaciones se quedaron truncas”.

Ante el proceder de la JCF, los representantes legales de las familias sometieron una moción a la jueza Swain en donde objetaron la notificación indebida de la Junta, los términos prescritos y la falta de ofrecimiento de alternativas. La portavoz del Comité denunció que no ha habido una actitud de buena fe de parte de la Junta, a la que incluso le han presentado una propuesta en que ya se había trabajado dividir en fases los daños. Esta propuesta había sido aceptada por el Departamento de Educación y el tribunal. “No  es lo mismo los estudiantes del 80, 90”, reconoció, y defendió que una propuesta de dividir los daños por fases es una manera adecuada y justa, adaptada a la realidad de los daños.

La portavoz del Comité Timón del Pleito Rosa Lydia Vélez trajo el ejemplo de que una de las acciones que se ha reclamado desde el principio es que el Gobierno, como un acto de restitución, cree otros programas de servicios para los niños hoy adultos, como prepararlos para una vida independiente y proveerles servicio de amas de llaves. Describió que muchas madres solas de estos niños y niñas no pudieron trabajar, por lo que ni siquiera reciben Seguro Social, y que fuera de la asistencia del Programa de Alimentos, no reciben ninguna otra asistencia.

Muchos de los menores participantes del pleito ya se han convertido en adultos.

Múltiples informes de Kilómetro 0 apuntan a una manipulación informática

El pasado 3 de julio, la Policía de Puerto Rico detuvo a Álex Álvarez Colón en la PR-3, justo en la esquina que se interseca con la avenida Roberto Clemente. Era de noche, y la intervención policial pretendía resolver un accidente de tránsito en que la guagua de Álvarez quedó inmóvil. A 14 minutos de que llegara la Policía, el detenido yacía muerto y esposado sobre la calle, un desenlace que no se reportó a la ciudadanía.

De acuerdo con Kilómetro 0 (Km 0), quien primero señaló la intervención, el caso de Álvarez forma parte de un patrón en que la Policía “no ofrece datos desglosados ni evidencia suficiente que permita validar, confirmar o contrastar la información con otras fuentes independientes”. De hecho, la organización destacó que, cinco meses después de la detención, la Policía reconoció haber agredido a Álvarez hasta matarlo.

“Lamentablemente, el de Alex Álvarez es solo uno de muchos casos de abuso policial homicida que regularmente documentamos en Kilómetro 0 y que permanecen en absoluta impunidad. Este año, ya son al menos 16  las muertes por uso de fuerza policial que Km0 ha documentado, incluyendo la de Alex Álvarez, así como 3 suicidios de policías. Siete (7) de estas 16 personas muertas por uso de fuerza policial murieron por disparos de policías”, expresó Km 0 por escrito.

Asimismo, la colectividad recordó la justificación que la Uniformada dio para excusar la muerte de Álvarez Colón. Acusado de poseer “drogas” y estar ebrio, la Policía tuvo que “utilizar maniobras de toda naturaleza para apaciguar el descontrol total y continuo que este manifestó” mientras, desarmado, resistía la detención.

Del mismo modo, KM0 criticó el hecho de que la Policía dirija a los investigadores a bases de datos que, desde la misma agencia, se sabe que es incompleta, incorrecta y solo redundaría en un ejercicio de desinformación. Por ejemplo, en febrero de este año, KM0 comunicó a la Policía múltiples fallas en los datos que presenta en su panel y recomendó soluciones para las mismas.

“El panel de estadísticas presenta serias limitaciones, no ofrece datos desglosados ni evidencia suficiente que permita validar, confirmar o contrastar la información con otras fuentes independientes. Esto resulta preocupante si consideramos el historial de la Policía de Puerto Rico, caracterizado por una falta de rigurosidad en la recopilación y publicación de estadísticas”, elaboró el informe de la organización.

Algunas de las fallas que reportó KM0 incluyen un desajuste de 13 “muertes en custodia” (MC) desde 2022. Mientras la colectividad desglosó 27 defunciones con distintos modos de fuerza policial, la Policía apenas se limitó a reportar 14 MC. Como consecuencia de esta falta de definiciones, la Policía no puede ofrecer información categorizada en un subregistro efectivo.

Lo mismo sucede con las heridas y lesiones perpetradas por oficiales durante una intervención. Mientras, en un plazo de dos años (2022-2024), la Policía no reportó incidentes, KM0 halló 25 personas que denunciaron haber sido lastimadas con balas de la Uniformada. La mayoría de esta información que divulga Km 0 proviene de la misma Policía, a causa de una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que ordena la entrega de estos informes de fuerza policial.

“La Policía alega que los casos de muertes por uso de fuerza policial “se incluyen en las estadísticas públicas, a las que todo Puerto Rico tiene acceso”. Esto realmente es una desfachatez. Kilómetro 0 lleva todo el año 2024 tratando de que la Policía corrija las estadísticas falaces y engañosas que tuvo en su lugar web la mayor parte del año, donde hasta el mes pasado, la Agencia aseguraba no haber matado a nadie en los últimos años. KM0 tiene que analizar la información nueva que ha subido la Policía a su dashboard para analizar si las estadísticas recién actualizadas tienen alguna veracidad”, agregó la organización.

Por otro lado, la Policía argumentó que investiga “doblemente” este tipo de caso, una afirmación que KM0 desmintió porque, según los propios informes que datan desde el 2014, los supervisores justifican el uso de fuerza policial en más del 90 % de los casos. En ese mismo período de tiempo, la organización registró 116 muertes por uso de fuerza policial.

Entre 2022 y 2024, KM0 documentó: 13 muertes por disparo con armas de reglamento, cuatro muertes por otras causas durante intervenciones, cuatro muertes por suicidio policial, tres muertes bajo custodia, dos feminicidios íntimos cometidos con armas de reglamento y una muerte durante una persecución vehicular.

CLARIDAD

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La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público (CCAICP) concluyó que el informe de auditoría de la Oficina de la Contralora (OC) sobre la legalidad de la deuda pública de Puerto Rico se hizo más de ocho años tarde, es inconsistente en la revisión de los documentos,  no tomó en consideración argumentos legales y que su conclusión de que la deuda de Puerto Rico es constitucional es una sin mucha explicación.

Los señalamientos de la Comisión Ciudadana están contenidos en su análisis Observaciones sobre Informe de Auditoría de la Deuda publicado por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

“Ocho años más tarde, la Oficina de la Contralora (OC) publica este informe que deja sin respuesta las preguntas más importantes sobre la legalidad de la deuda pública y la crisis fiscal, confirmando que son pocos o ninguno los controles que existen en el gobierno para evitar que todo esto vuelva a ocurrir.”, expresó el doctor en economía, José Alameda Lozada, presidente de la Comisión Ciudadana y ex-integrante de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015 pero eliminada por el Gobierno de Ricardo Rosselló.

Según el informe de la Comisión Ciudadana, la conclusión de que la deuda de Puerto Rico es constitucional se hace sin mucha explicación, dando por ciertos los datos oficiales y sin tomar en consideración todo el litigio que se ha generado en el Tribunal Federal sobre las emisiones que se debieron considerar en ese análisis sobre el límite constitucional de la deuda, dejando así preguntas cruciales sin contestar y que  podrían dar mejores herramientas para evitar otra quiebra.

Entre otros señalamientos, la Comisión Ciudadana reparó en que esta es la primera auditoría que lleva a cabo  la OC después de más de ocho años de aprobada la ley PROMESA, nueve años desde que se aprobó la Ley 97 del 2015, que ordenó una auditoría del crédito público, y más de 10 años  desde que se realizó la última emisión de bonos del Gobierno central.

“En la Comisión nos cuestionamos por qué la OC no hizo esta auditoría mucho antes y si solo es resultado de los proyectos de ley radicados durante los pasados años solicitando una auditoría de la deuda pública”.

Entre sus objeciones al informe de auditoría de la OC,  la Comisión Ciudadana objetó que la OC revisó de manera inconsistente uno de los grupos de documentos más importantes para saber si el Gobierno cumplió con todas las regulaciones; estos son los trust agreements, (acuerdos de fideicomiso) o resoluciones que rigen los bonos.

Esta omisión, denunció la Comisión, conllevó  que no se hicieran preguntas importantes como, ¿Las emisiones de bonos cumplieron con los términos convenidos por el emisor, en particular, con el límite de deuda establecido?”, además de que el uso de estos documentos como criterio de cumplimiento parece ser inconsistente, ya que se utilizó, por  ejemplo, para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero no los mencionan para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La auditoria de la OC cubrió del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2023. En estos aspectos, dijo la OC, se examinaron transacciones de fechas anteriores relacionadas con ocho emisiones de bonos por $13,806,029,253, realizadas del 6 de marzo de 2007 al 17 de marzo de 2014, de igual cantidad de entidades.”

Las ocho emisiones de bonos  del Gobierno de Puerto Rico a través de  la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) auditadas por la OC fueron la de: Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT),  $2,184,860,553; Autoridad de Edificios Públicos (AEP) $303,945,000; Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), $669,215,000; Banco Gubernamental de Fomento (BGF), $1,796,980,000; Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) $4,118,153,700; Corporación para el Financiamiento Público (CFP), $410,665,00, y Estado libre Asociado (Gobierno Central, ELA),  $3,500,000,000.

Según el examen de la Comisión Ciudadana, aunque la auditoría de la OC hizo un análisis sobre el límite constitucional de la deuda en el contexto de la emisión de bonos de obligación general de 2014 (emitidos cuando ya  las casas acreditadoras  habían degradado el crédito público a nivel chatarra), no tomó en consideración lo que dice la Constitución de Puerto Rico de que el gobierno no puede sobrepasar el 15 % del promedio de las rentas o ingresos anuales obtenidos  durante los dos años anteriores a la emisión de deuda. Este límite constitucional, reparó la Comisión, fue clave en impugnaciones que se dieron en el proceso de quiebra del gobierno.

Otra deuda  que la Comisión señaló como ilegal, es la de CFP, debido a que esta se uso para comprarle al BGF las deudas que las distintas agencias y corporaciones públicas tenían con el banco (producto de las líneas de crédito). “La legalidad de esta deuda siempre fue sospechosa pues, aunque no se estaba contando para el margen prestatario del ELA, su repago provenía también del Fondo General, dado que la CFP no generaba ingresos propios. Los tribunales de Puerto Rico nunca pasaron juicio en torno a la constitucionalidad de esta deuda”, expuso la Comisión.

En los casos de la deuda de la AEP y de la ACT, se deja implícito que en el informe de la OC se reconoce que ambas agencias tenían problemas para pagar su deuda desde mucho antes de la crisis de deuda porque no se considera deuda ilegal. En particular, sobre la ACT se cuestionó por qué el informe  no menciona si la ACT cumplió o no con el límite de deuda que está en la Resolución 68-18 de 1968 y en la Resolución 98-06 de 1998, las cuales  rigen los bonos de la ACT.

Sobre la emisión de bonos más grande en la historia de Puerto Rico, $4.1 mil millones, la de COFINA, al igual que con la AEP y la ACT, la Comisión denunció, que el informe de la OC no señala que COFINA no generó los ingresos suficientes para el servicio de su deuda, incluyendo el año fiscal 2008; esto es, básicamente, el primer año de existencia de COFINA.

La Comisión llamó a la atención que la OC reconoce en su informe que COFINA no es considerado parte del margen prestatario del ELA de 15 %, establecido en la Constitución; no obstante , la Comisión objetó que no se haya abordado el asunto, que describió como crucial, de si el ELA puede disponer de una parte de sus recaudos para pagar los bonos de  dicha corporación en detrimento de los bonos de obligación general.

Sobre la deuda del BGF, se censuró que  la Contralor  no menciona que las líneas de crédito del banco a las agencias de gobierno y corporaciones públicas eran parte de la llamada “deuda extraconstitucional”. Esto, dice la Comisión Ciudadana, es una posible falsa jurídica, pues su fuente de repago dependía de asignaciones de fondos provenientes del Fondo General. En ese sentido, la legalidad de este esquema de financiamiento también estaba sobre una base nebulosa.

En lo que respecta a la deuda de AFI, la cual se emitió  para respaldar las operaciones de la Autoridad de los Puertos, se reconoce que fue el único caso en el que se integraron al análisis contratos. “Uno se pregunta entonces por qué no hicieron lo mismo con el Trust Agreement de la AEE. No hay consistencia en la selección de los documentos”, denunció la Comisión Ciudadana.

En conclusión, la Comisión Ciudadana objeta que aunque el informe de auditoría de la OC destaca los graves problemas financieros de muchas corporaciones públicas, no se responsabiliza ni contesta la pregunta más importante sobre el incumplimiento de todas estas agencias con su deber legal de mantener un límite de deuda a base de sus ingresos que ya tenían impuestos en sus normas internas como los trust agreements o resoluciones de sus juntas de gobierno.

Otra de sus conclusiones es que aún siendo una supuesta auditoría de cumplimiento, esta es inconsistente en el uso del marco legal aplicable y da por cierto los datos oficiales en estados financieros que su veracidad ha sido cuestionada hasta en los mismos procesos de quiebra bajo la Ley PROMESA.